Las diferencias en torno a la puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica Ituango entre el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava pasaron de lo técnico a lo político. Una discusión donde se confunden las responsabilidades estatales de estos dos servidores públicos, con los intereses personales.
Para el Director de la UNGRD, Javier Pava, con base en dos informes, la puesta en marcha de Hidroituango pone en riesgos a los habitantes aguas abajo de la presa. “El primer informe, del Servicio Geológico Colombiano, sostiene que se identificaron problemas de inestabilidad en la presa y dificultades de erosión en áreas subterráneas, y el segundo, de un experto, se refiere a lo que podría suceder por la inestabilidad del macizo rocoso, su colapso y la posible avenida torrencial que se daría sobre la presa” https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/hidroituango-inicia-operacion-comercial-entre-advertencia-726032.
Frente a las declaraciones del director de la UNGRD, el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que los informes en los que se basan las advertencias de Pava no son sustentados en estudios, porque asegura que se demostró que el proyecto es estable, y aseguró “parecen más un ejercicio de represalia asociada al parecer a una relación política de Pava con la senadora Isabel Cristina Zuleta. Lamento que un proyecto tan importante quede metido en un tema político”.
A estos dos servidores públicos, representantes del Estado, uno nacional y otro municipal, se les olvidó que su principal obligación es garantizar la vida y bienestar de los ciudadanos. El director de la UNGRD, como representante del Presidente de la República en este tema, no solo debe advertir sobre los posibles riesgos -no es una ONG, es un representante del Estado-, sino que debe ordenar lo que sea necesario para proteger la vida de los ciudadanos. Su jefe, el presidente, es el máximo responsable de la seguridad de los ciudadanos y los alcaldes y gobernadores son subalternos del presidente en este tema. Al Gobierno Nacional le corresponde ordenar, no advertir, en una situación donde de por medio está en riesgo el derecho a la vida de los ciudadanos; derecho que debe garantizar el Presidente de la República
Si la evidencia es contundente, si las advertencias y estudios son serios, el director de la UNGRD, por orden del presidente, debe ordenar que se pare la puesta en funcionamiento de Hidroituango o como una medida preventiva debe reubicar definitivamente a los ciudadanos de la ribera del río, hasta donde crea que pueden ser afectados. Esto último, trabajando en conjunto con los alcaldes y el gobernador de Antioquia, quienes deben obedecer la orden del presidente.
De lo contrario, si pasa algo, el director y el presidente serán igualmente responsables, al igual que quienes hoy toman la decisión de poner en funcionamiento Hidroituango. Si no lo hacen, ni pasa nada, desde ya son responsable del miedo, zozobra y angustia en la que van a vivir por siempre las familias cerca al río, por las declaraciones públicas que han hecho hasta ahora.
Por favor doctor Pava y alcalde, asuman las responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad y trabajen en equipo, es lo que les corresponde.
