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Es innegable que el avance hacia una paz sostenible sigue siendo incierto y demasiado lento. A pesar de los esfuerzos, persisten serios problemas en la búsqueda de la paz integral, lo que genera frustración y desconfianza en los sectores que han apostado por la reconciliación.

Aunque la Ley 2272 de 2022 definió los principios clave para la negociación y la implementación de acuerdos con grupos armados, el Estado no ha avanzado con la celeridad requerida en su desarrollo. Esto ha dejado vacíos jurídicos y operativos que afectan directamente los procesos de negociación y desmovilización, así como la implementación de programas de reinserción y garantías de seguridad para los excombatientes y las comunidades afectadas por la violencia.

Un aspecto preocupante es la falta de impulso a la cultura de paz. No basta con establecer mesas de diálogo y firmar preacuerdos si no se trabajan los cambios estructurales en la sociedad que permitan que la paz sea vivida y abrazada. La creación de un ambiente social proclive a la paz, el fortalecimiento de valores democráticos y el reconocimiento de la memoria histórica son fundamentales para transformar una sociedad que ha sufrido la violencia armada por décadas. Sin embargo, estos aspectos han sido relegados en las políticas públicas, y la promoción de la cultura de paz, en el mejor de los casos, sigue siendo dispersa y fragmentada.

En este contexto, es esencial diferenciar entre la paz territorial y la paz nacional. La paz territorial implica estrategias que reconozcan las realidades locales, respetando las dinámicas de cada región y protegiendo los liderazgos comunitarios. Sin embargo, esta visión ha sido poco desarrollada, y las comunidades han manifestado que los procesos de paz no han aterrizado en sus territorios de manera efectiva. Por otro lado, la paz nacional requiere una articulación clara entre las entidades de gobierno y las políticas de seguridad y desarrollo, y así crear condiciones que permitan avanzar hacia una estabilidad duradera. Sin una integración efectiva entre estos dos niveles de construcción de paz, el país seguirá enfrentando ciclos de violencia y reconfiguración de actores armados.

La política de paz del actual gobierno, ha minimizado la experiencia y los aportes de la sociedad civil en la construcción de paz. Organizaciones comunitarias, colectivos de víctimas, movimientos de mujeres y redes de derechos humanos y paz de carácter nacional y regional han jugado un papel crucial en la resistencia pacífica y la reconciliación. Sin embargo, sus propuestas y conocimientos han sido marginados en el diseño e implementación de políticas de paz, lo que limita el impacto de las iniciativas gubernamentales y genera una desconexión con las realidades locales.

Por otro lado, la falta de coordinación entre las organizaciones que trabajan por la paz es otro de los grandes desafíos. A pesar de los esfuerzos de muchos actores, la ausencia de una estrategia conjunta reduce la efectividad de las iniciativas y dificulta la incidencia en políticas públicas. Se requiere un mayor esfuerzo para articular acciones, compartir experiencias y generar sinergias entre las organizaciones de paz para movilizar, incidir, rodear, presionar y mantener los espacios de diálogo para la paz.  Es imprescindible que el Gobierno diseñe una política de paz que involucre de manera activa y estructurada a las organizaciones sociales, garantizando su participación en la toma de decisiones y asegurando que sus esfuerzos sean complementarios y no paralelos a las iniciativas estatales.

Una de las mayores falencias del proceso de paz es la falta de una estrategia integral que no solo guíe el accionar del Estado, sino que también permita una coordinación efectiva con la sociedad civil, la comunidad internacional y las políticas gubernamentales de cambio. Sin una hoja de ruta clara e integral, las acciones quedan dispersas, sin continuidad y sin impacto real en las comunidades. Es urgente una mayor voluntad política, un compromiso real con la sociedad civil y una estrategia clara que articule todos los esfuerzos. Sin estos elementos, la paz seguirá siendo un horizonte inalcanzable para muchos colombianos y colombianas.

Luis Emil Sanabria D.

Luis Emil Sanabria Durán

sluisemil@yahoo.es
Profesional Universitario con posgrado Gerencia Social. Docente universitario. Con estudios de maestría en administración pública, convivencia ciudadana, cultura de paz, DD.HH., D.I.H., atención a la población víctima de la violencia política. Experiencia pública y privada. Cofundador de REDEPAZ y actualmente copresidente nacional.

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