Mucha labia y tinta han corrido sobre la ejecución presupuestal. La gran mayoría de voces, incluidas las gubernamentales, han repetido que es muy baja, insuficiente y que denota incapacidad o ineficiencia del gobierno. De ahí deducen una insuficiencia de logros por parte del gobierno del cambio. Ni lo uno, ni lo otro resiste la mirada objetiva de las cifras. Veamos.
Verificados los porcentajes de ejecución, la crítica simplemente no es cierta. Una regla sencilla de evaluación es la de las doceavas partes. Con cifras a noviembre, la ejecución óptima sería de once doceavas o el 92%. Pues bien, los compromisos, que son los actos expedidos y los contratos celebrados a través de los cuales se ejecuta el presupuesto, ascienden a ese parámetro óptimo ubicándose en el 92%.
Como los promedios engañan, hay que resaltar que hay sectores con un rezago importante, al presentar ejecuciones inferiores al 50%. Tal es el caso de Presidencia,16%; Planeación, 42% y Ambiente y Desarrollo Sostenible, 49%. Cómo un mes de demora se puede medir con 8,3 puntos porcentuales de ejecución, estos sectores tienen mucho espacio para mejorar. Con todo, los cuatro sectores de mayor tamaño e impacto superan el promedio de ejecución: Educación, 98%; Salud y Fiscalía, 95%; y Defensa y Policía, 94%. La Deuda Pública excluida del total va en 95%. Otros dos sectores, con incidencia sobre la economía, son Transporte con ejecución de 81% y Vivienda con 63%, el primero con un poco más de un mes de rezago y el segundo con tres. Deficiente sí, pero no catastrófico.
En materia de obligaciones, que corresponden a los montos a pagar por la recepción de bienes y servicios por parte de las entidades, la ejecución alcanza 85% y la de pagos por bienes y servicios efectivamente recibidos, el 84%, cifras a máximo ocho puntos porcentuales del óptimo de 92%, equivalentes a menos de un mes de rezago de los pagos frente a las contrataciones, lo cual es explicable.
De ahí que, en los logros del gobierno -tan poco reconocidos- juegue su papel el gasto público. Un hito no despreciable es haber reducido la tasa de desocupación del pico de 13,7% registrado en enero a 9,0% en noviembre, la más baja para este mes en cinco años. Frente a las reducciones de la inversión privada y de la demanda por vivienda debidas a las altas tasas de interés que han provocado la desaceleración del crecimiento económico, la compensación ha venido en parte significativa del gasto público, del aumento real de seis puntos porcentuales en el salario mínimo acordado para 2023 y del impulso a la economía popular.
A ello hay que adicionar los logros en materia agraria: 56.000 campesinos adjudicatarios de títulos de propiedad, la adquisición de 212.000 hectáreas y la formalización de 1.212.000 más, en la apuesta por la reforma agraria tantas veces aplazada; la superación de la meta de indemnizaciones para 160.000 víctimas del conflicto armado, el aumento en la remuneración y el bienestar de la fuerza pública y la transición de Familias en Acción hacia la Renta Ciudadana aumentada hasta medio salario mínimo mensual a cerca de tres millones de familias, un millón más de las que tuvo Familias en Acción, entre otros.
Los avances no son de poca monta y llegan a los más necesitados. Sobre el impacto de la acción gubernamental deberíamos atenernos a los hechos, sin descuidar en la deliberación, la crítica y los reconocimientos debidos a la gestión. No hablemos paja y miremos las cifras.
