Estamos ante un escenario de reactivación económica pos-pandemia, algunos sectores van logrando repuntar luego de las graves afectaciones que trajo al mundo la Covid-19, pero otros renglones de la economía siguen aún rezagados esperando por volver a la normalidad y recuperarse tras más de año y medio de crisis.
En el caso del sector agropecuario, hay que destacar en primer lugar, que durante toda la pandemia fueron ellos quienes nos garantizaron la seguridad alimentaria, a pesar de los pesares, nuestros campesinos trabajaron todo el tiempo por producir los alimentos y proveer el sustento a la mesa de los colombianos.
No obstante, nuestro sector agropecuario ha venido teniendo un trato poco digno y displicente por parte de los gobiernos de turno. Es un renglón que tiene que hacerle frente a fenómenos como el contrabando, los TLC, los intermediarios, los factores climáticos, la poca asignación de recursos dentro del presupuesto general de la nación y ahora, por si fuera poco, enfrentar los costosos precios de los insumos y fertilizantes agropecuarios.
Precisamente, sobre éste último tema, estuvimos recientemente sesionando en Tunja, Boyacá con la Comisión Quinta del Senado, junto al Ministro de Agricultura, gremios, academia y demás actores para analizar de fondo lo que está sucediendo en Colombia desde hace mucho tiempo con los onerosos costos de los insumos para el campo, situación que tiene en jaque al campesinado y a los productores colombianos porque los afecta directamente en su economía familiar.
Es un sector que se ha visto muy golpeado por el Estado y en general, por la sociedad colombiana desde hace más de 40 o 50 años, cuando la estrategia social y económica de los gobiernos decidieron que, el punto estratégico fundamental del país era la industria, la minería y los hidrocarburos, por supuesto, muy importantes también, pero eso había que desarrollarlo sin abandonar el campo colombiano, pero así se hizo de manera práctica, igualmente en la apertura económica, en los Tratados de Libre Comercio, el sector agropecuario como todos lo sabemos fue el sector que entrego la política colombiana con negociaciones con países en el extranjero y a cambio de esos recibió unas ventajas para sectores poderosos en Colombia, como sectores industriales que si los necesita el país para la economía, para la empleabilidad, pero no había que entregar el sector fundamental que emplea a muchos millones de colombianos y sigue generando fuentes de trabajo, a pesar de que los gobiernos le han dado la espalda.
Ya todos sabemos del diagnostico gravísimo de la subida de precios de los insumos, un fenómeno que no es nuevo y que es absolutamente exagerado, desmedido y para minimizar ese impacto buscan meternos cuentos de que los puertos, que los contenedores, que el transporte, ha complicado un poco el comercio exterior, eso es cierto, pero no a esos niveles y el componente de transporte no es tan elevado en el precio final de los insumos, entonces no pueden alegar que el puerto de Buenaventura o los contenedores son los culpables de esta subida del 82% del precio de los abonos 10-30-10 o el Triple 15 o de la urea. Ahí nos ha fallado los mecanismos de control por parte de las entidades del gobierno como el Ministerio de Agricultura o el DANE, pero sobre todo de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Aquí ha habido una falla de la Superintendencia en materia de control de precios y en segundo lugar de luchar contra la competencia y controlar los precios en favor de los usuarios y los consumidores que son los campesinos.
Hace unos seis o siete años vimos una Superintendencia beligerante con los poderosos en Colombia, en esa época la SIC sancionó al gremio de azucareros por confabulación en materia de precios y subida de precios artificiales, una conspiración contra los consumidores, sancionó también a los carteles del cemento, de los pañales y del papel higiénico y de esa manera controlo esa codicia de los poderosos en Colombia, en este caso es necesario también hacerle el llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio porque está fallando, pero sí está haciendo bien la tarea tramitando una patente que sería el acabose del gremio panelero en Colombia, patente a la cual nos hemos opuesto de forma contundente.
Definitivamente este país requiere empezar a que los gobiernos apliquen mecanismos de aranceles, de cláusulas de salvaguarda, de diálogo con los países ricos del mundo para la renegociación de los TLC, no hay salida sino lo hacemos, es más, el Papa Francisco manifestó que en la pandemia había que sentar a las naciones poderosas con las más pobres a renegociar créditos, intereses, pago de la deuda y por supuesto de las relaciones comerciales entre naciones, eso tiene que hacer el Presidente de la República, que promueva ante la OEA, el Grupo de Lima o la CAN una posición de liderazgo suramericano regional con Centroamérica para que definitivamente empecemos a hablar de estos controles en precios internacionales, pero también de comercio exterior.
El gobierno debe poner en práctica de manera efectiva importantes iniciativas que hemos tramitado en el Senado, como la Ley 1876 que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, para que nuestros campesinos se vuelvan empresarios del campo, donde puedan tener accesos a ciencia y tecnología, asistencia técnica integral que hoy es de tan solo el 12% según el último censo nacional agropecuario, lo mismo que la ley 2056 que organiza el nuevo Sistema General de Regalías, por primera vez contemplo el tema del desarrollo agropecuario sostenible y mayores recursos para los entes territoriales, porque hoy es precario el presupuesto del agro que tiene menos del 1% del presupuesto general de la nación, y también una ley muy importante la 2046 de 2020 que promueve las compras públicas en Colombia, para que la alimentación escolar, la alimentación de la fuerza pública, de la población carcelaria y los programas para la población vulnerable compren a los campesinos y a las asociaciones campesinas de cada municipio por lo menos el 30% de esa alimentación.
Ojalá, que algún día logremos que el PAE, ese sistema que todo el mundo excluimos y censuramos porque promueve unas dietas absolutamente indignas, sea cambiado por una lonchera popular y campesina, es decir, que sean nuestros campesinos de las veredas y municipios, junto a las instituciones educativas las que suministren la alimentación escolar digna con los productos locales de cada región.
El campesino es un productor, es un actor económico, es una fuerza social importante en nuestro país, entonces tenemos que empezar a ponernos en la dirección de valorarlos, de apoyarlos, de acompañarlos, de comprarles sus buenos productos a precios justos.
