Después de la incursión pérfida de un grupo de militares encapuchados en la vereda Bocas del Manso, ubicada en el municipio de Tierralta, el presidente Petro lanzó una hipótesis que generó alarma en todo el país: se trató de militares que, auspiciados por “otras fuerzas”, es decir, actuando en conjunto con sectores oscuros de la política o de la violencia, atacaron a la población con el objetivo de provocar que el miedo desencadenara una petición unánime para el retorno del paramilitarismo.
Después de esto, y como es usual en el último año, el debate se dividió entre quiénes le creen y quiénes no al presidente, quiénes vaticinan escenarios apocalípticos, quiénes piden mesura y quiénes ponen el espejo retrovisor para recordar que esto también ha pasado en gobiernos anteriores. En medio de todo, algunas organizaciones de Derechos Humanos piden actuación firme (y necesaria) para brindar justicia y reparación a la población víctima de este hecho deplorable.
Pero la hipótesis del presidente no es la única. Aunque puede verse como lógica y perfectamente plausible, en estos momentos el control territorial de la zona ya lo tienen las Autodefensas Gaitanistas que se abrogan un carácter político que está a medio camino entre las demandas regionales, la amnistía de capitales, la inversión territorial y el reconocimiento de su poder local. A las AGC no les interesa inflarse porque su poder ya es considerable, ni tampoco presionar la adhesión social porque su influencia ya es determinante y menos amedrentar a los pobladores de zonas propias. Es decir que la probabilidad de que este grupo haya estado detrás del asunto, en alianza con el ejército y otros sectores es bastante improbable.
La zona de la incursión, si bien se ha registrado presencia esporádica de frentes del EMC en Córdoba, en esta área son dueños y señores, con profundos vínculos con distintos niveles institucionales. Pueden tener a nivel local la interlocución política y económica que quieran y con quién quieran. Bloquean cuando les apetece, y son más que un grupo armado una gran red de capitales que han hecho exitoso el modelo de expansión de la combinación entre armas, dinero y política. Un gana-gana. En caso de que un sector de la clase política y la economía quisiera revivir el paramilitarismo tendría que hacerlo con ellos. Y ellos no están interesados. Por el contrario, este año se han registrado tres combates con la fuerza pública en el municipio de Tierralta. Pero, además, y este es el argumento más fuerte: los hostigamientos a esa comunidad venían desde el 2021.
Por eso traigo otra hipótesis que he confrontado con algunas fuentes en terreno: la tradición de hostigamiento. Las fuerzas armadas no tienen hoy en día otra manera de medir su éxito o su fracaso que la generación de incentivos perversos como los positivos en capturas, combates, bajas o información, y además con un actor con el que poco se combatía. En el pasado únicamente se habían realizado capturas que no tuvieron resultados, y los golpes de este gobierno están enfocados en las interdicciones. Aún en las fuerzas militares hay quien piensa que no es posible ganar una guerra irregular con métodos irregulares, y el favorito de la historia de Colombia ha sido la presión indebida y la utilización de civiles. Así que es posible que eso haya pasado, tal y como lo aseguró Luis Mauricio Ospina y se haya perdido el control de la tropa.
Esta hipótesis que lanzo en esta columna también resuena con la información que recopilé desde el 2018 sobre la génesis de este nuevo ciclo de violencia en Colombia, cuando el país vio renacer grupos armados sin que se les prestara atención. También en ese entonces ya se había perdido el control de la tropa en departamentos como el Putumayo, por no hablar de la negligencia en el Cauca durante el resurgimiento de las disidencias. También en ese entonces se prefirió no actuar.
Si esto resulta cierto, es imperativo que el Ministerio de Defensa revise no solamente este caso, sino todos los casos posibles, pero también en lograr que las fuerzas armadas puedan hacer presencia territorial e incluso adelantar sus operativos sin tener que recurrir o justificar métodos irregulares y violaciones a los DDHH que ahí sí, nos llevaron a décadas de barbarie paramilitar.
