Sobre las peligrosas confusiones conceptuales del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la supuesta patria potestad del Estado sobre los menores, no solo se constituyen en un desacierto retórico, sino que revelan una peligrosa concepción del rol estatal que merece ser confrontada con la mayor firmeza. Cuando un alto funcionario sugiere que el Estado puede arrogarse facultades parentales, está cruzando una línea roja que nuestras leyes y nuestra Constitución han trazado con claridad meridiana. 

La Patria Potestad en Colombia cuenta con un sólido desarrollo constitucional, legal y jurisprudencial, consagrada en el artículo 42 de la Constitución Política, se fundamenta en la familia como núcleo esencial de la sociedad y debe ejercerse en consonancia con el interés superior del menor (Art. 44), garantizando su desarrollo integral. La Corte Constitucional (Sentencias C-262 de 2016, T-705 de 2016) ha precisado que se trata de una función protectora –no un derecho absoluto–, sujeta a límites cuando colisiona con los derechos de los niños, y ejercida de manera compartida por ambos padres (Art. 288 del Código Civil). Comprende deberes irrenunciables de cuidado, educación y sustento, siempre bajo los principios de dignidad humana y corresponsabilidad parental (Ley 1098 de 2006).

El marco normativo colombiano es claro: la Patria Potestad, regulada en el Código Civil (arts. 253 y 288) y en el Código de la Infancia, corresponde primordialmente a los padres, mientras el Estado asume un rol subsidiario de protección cuando las familias incumplen su función. Esta delimitación no es un mero formalismo, pues  constituye el equilibrio entre un Estado social de derecho –que respeta la autonomía familiar– y un sistema autoritario que pretenda suplantar este espacio fundamental de la vida privada.

Lo preocupante no es solo el error conceptual -en la medida que es muy grave que lo diga  quien ocupa un cargo de tanta responsabilidad ministerial-, sino el mensaje que envía a la sociedad. Cuando el ministro sugiere que las decisiones sobre los hijos corresponden al Estado, está destruyendo la confianza en la institución familiar que es la célula básica de la sociedad y pretende normalizar una visión expansiva del poder estatal que nuestros jueces han rechazado reiteradamente. La Corte Constitucional ha sido clara en recalcar que la familia es «el núcleo fundamental de la sociedad» y cualquier intervención estatal debe ser excepcional, proporcional y sujeta a control judicial. 

El ministro parece olvidar que el Estado no es un padre autoritario, sino un administrador temporal de lo público. Su rol es crear condiciones para que las familias ejerzan sus derechos, no expropiarlos. En lugar de declaraciones que evocan viejos totalitarismos, el gobierno debería enfocarse en lo urgente: mejorar el maltrecho sistema de protección infantil, donde miles de niños esperan años por una decisión judicial mientras el ICBF colapsa. 

Hay una ironía aberrante en que el gobierno nacional habla de asumir la patria potestad estatal, mientras no puede garantizar un mínimo vital a millones de menores. Antes de pretender sustituir a los padres, el ministerio debería demostrar que puede vacunar a tiempo, reducir la mortalidad infantil o atender la desnutrición crónica. El verdadero desafío no es concentrar más poder, sino fortalecer a las familias para que ejerzan mejor sus derechos.

Las palabras del ministro merecen más que crítica: exigen rectificación. Porque cuando un funcionario confunde protección con control, no está defendiendo a la infancia: está poniendo en riesgo los cimientos de nuestra democracia. Esto requiere políticas públicas serias, no eslóganes peligrosos. Colombia necesita un Estado que proteja, no que pretenda sustituir; que acompañe, no que decida por todos. 

Luis Fernando Ulloa