Por: Ximena Lombana Millán*
En la primera semana de marzo se expidió el decreto que da vía libre a los Proyectos Piloto de Investigación Integral -PPI/ sobre Yacimientos No Convencionales – YNC, asociados a los procesos de fracturamiento hidráulico o Fracking.
El detallado proceso institucional que habrá de desarrollarse en adelante lleva a preguntarse sobre su horizonte de ejecución y los riesgos y oportunidades para el país de su resultado.
¿Cuáles son?
Si el proceso de los PPII avanza hacia la explotación permanente por esta modalidad, el país podrá incrementar de manera importante las reservas de petróleo y gas y aumentar el volumen de exportación petrolera, compensando con cantidad la alta volatilidad de los precios en los últimos años.
Si los pilotos confirman la viabilidad de este proceso, sería una buena noticia desde la perspectiva de los ingresos petroleros, que representan un porcentaje importante de los ingresos fiscales y permitirán financiar además de muchos programas el proceso de transformación energética que ya se encuentra en marcha.
Este cambio es más producto de una evolución natural hacia la construcción de nuevos sustitutos a nuestras exportaciones, cuando en los próximos 30 años todos los países cambien sus matrices energéticas y reduzcan su consumo de combustibles fósiles reduciendo la demanda mundial de hidrocarburos o haciendo menos rentable su producción en el largo plazo.
Pero de momento la transformación energética va un ritmo moderado en todo el mundo por que las tecnologías y sus costos aún no están suficientemente desarrollados y los gobiernos muestran, incluso en los países desarrollados, diversas disposiciones y ritmos para realizar estos cambios.
Por el momento, el mercado global del petróleo muestra una tendencia contraria, en la cual los grandes productores aumentan su volumen de producción acaparando porciones cada vez mayores del mercado y los pequeños productores pueden mantenerse en un entorno de precios no tan altos aumentando su volumen de producción con un trabajo permanente en eficiencia y ampliando sus reservas y capacidad de producción.
El texto del decreto publicado el martes pasado busca construir los acervos técnicos asociados al proceso de Fracking y sus impactos, dando una especial relevancia a la construcción de indicadores que permitan ver los impactos ambientales y sociales de este proceso y de herramientas a todos los actores para generar discusiones y un balance útil para el país sobre el tema.
El proceso establecido en el decreto involucra la participación de actores técnicos, institucionales, académicos y sociales y asigna la responsabilidad en las secretarías de salud territoriales de construir diversas líneas de base para hacer seguimiento de impactos y resultados de estos procesos.
En los diversos comités establecidos por el decreto participan actores nombrados en distintas instancias como los entes territoriales, la academia y la sociedad civil. Se establecen mecanismos de transparencia y escenarios de socialización en las tres etapas que abarcarán estos proyectos, así como una página web donde se publicarán los desarrollos en las distintas facetas de los proyectos.
En un esquema que genera un importante número de tareas, se identifican varios procesos que se deberán surtir para iniciar o dar la dinámica apropiada a los PPI como en el caso de la ANH, que deberá establecer los requisitos para los PPII o el de Ministerio de Minas y Energía que deberá establecer los requisitos técnicos.
Las entidades deberán realizar un diagnóstico de su capacidad institucional en la gestión de los PPII e identificarán los ajustes institucionales que deban realizar para el desarrollo de los YNC (hidrocarburos no convencionales) durante todo el proceso de los pilotos.
El Ministerio de Ambiente deberá expedir los términos de referencia para la licencia ambiental de los PPI y las secretarías de salud deberán definir las líneas de base generales en las que estos se desarrollen.
Así mismo el IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano deberán definir las líneas de base de aguas superficiales y las de sismicidad, el Ministerio del Interior las sociales y el Ministerio de Minas determinar el término durante el cual deberá adelantarse el dimensionamiento del yacimiento para proceder a la evaluación.
La Asociación Colombiana de Petróleo señala que los PPII implicarán inversiones aproximadas de US$ 650 millones por lo que es importante que existan las condiciones para su implementación.
Del decreto se concluye que debido al número importante de procesos que deben desarrollarse los pilotos registrarían sus primeros resultados desde la segunda mitad de 2021 o el 2022.
Pero si bien la implementación de esta tecnología permitiría tener un cambio importante en los indicadores estructurales del sector hidrocarburos, el país cuenta con otras fuentes de crecimiento para el sector como los proyectos costa afuera y el recobro mejorado de los campos actuales.
Mientras el proceso de los proyectos costa afuera ya registró resultados en términos de prospectividad en gas y se avanza en los aspectos normativos de su desarrollo, los procesos de recobro han permitido resultados económicos positivos en los últimos años.
Probablemente, la principal oportunidad de este proceso es la de generar dinámicas de desarrollo y conocimiento en donde participan diversos actores de los ecosistemas institucionales, sociales y de la naturaleza, un ejercicio que representará una avance para la sociedad en su conjunto.
*Directora de Economía Aplicada
