Óscar Sevillano
No he tenido la oportunidad de revisar bajo que Gobierno en Colombia se aceptó el planteamiento de la Corte IDH que obliga a los países firmantes, a no sancionar disciplinariamente a los funcionarios elegidos por voto popular, si no hay una condena judicial que medie.
Nada mejor para quienes llegan a la función pública con el ánimo de saquear al Estado a manos llenas, que no se les pueda controlar. Estoy seguro que esto hubiese sido un gran regalo para Samuel Moreno, su hermano Iván y toda su banda de ladrones que llegaron con ellos a tomarse los recursos públicos de la capital del país.
Ni hablar de quienes actúan de manera deshonesta en las alcaldías municipales, que al no ser tan visibles, pasan de agache todos los actos de corrupción política y administrativa que cometen.
Si Colombia fuese un poquitico parecida a Dinamarca, no dudo que esta medida se podría aplicar sin ningún problema, pero lamentablemente, los niveles de corrupción en nuestro país son enormes, y no hay forma de acabarla. En primer lugar, porque esta suele sofisticarse de tal modo, que es difícil detectarla, y en segundo lugar, porque el sistema político está diseñado para que en lugar de combatir la deshonestidad, se la proteja.
Inocentemente la Corte IDH le hizo un regalo a la corrupción en Colombia con esta medida, que entiendo, se hizo para proteger los derechos políticos de quienes injustamente resulten sancionados, el problema es que de paso, protegió también la intención de quienes ven al Estado como una mina de oro que hay que saquear.
No sería extraño que Samuel Moreno acuda a este organismo internacional y de paso también, los que han sido sancionados por la Procuraduría General de la Nación por actuaciones indebidas o por malos manejos, que sin estar relacionados con temas de corrupción, generen daño a la Administración, como fue el caso de Gustavo Petro.
Al exalcalde y senador no se le destituye y se le inhabilita por corrupto, sino por mal funcionario y porque sus decisiones no estaban atendiendo las advertencias de los órganos de control, que fue lo que sucedió con el cambio de modelo en el manejo de las basuras en Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación no puede convertirse en una figura decorativa, que no pueda actuar sobre aquel que no siga la normatividad para ejecutar algún proyecto o idea y haga las cosas como dicen los jóvenes “a la maldita sea”, que es la manera como Gustavo Petro gobernó a Bogotá, y que además, tampoco pueda sancionar cuando la corrupción actúe a sus anchas.
Algo hay que hacer al respecto. Espero que el Gobierno de Iván Duque lo entienda y actúe, si es que puede.
