Este mes de febrero se me celebró el segundo aniversario de la Sentencia C-55 de 2022 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24 de la gestión. Esta sentencia reconoce contundentemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que forman parte de su dignidad y autonomía como personas en pie de igualdad bajo la Constitución que nos rige. Este avance se da cuando en Colombia y Estados Unidos, entre otros, avanzan las fuerzas de la reacción frente a esta conquista paradigmática del Estado social de derecho.
En la Cámara de Representantes, por ejemplo, a instancias del parlamentario conservador Luis Miguel López, la mesa directiva autorizó “un minuto de silencio en contra del aborto en el país”. En el Senado, una creciente bancada de parlamentarios de diversos partidos religiosos y conservadores han venido promoviendo, hasta ahora sin éxito, referendos y reformas constitucionales que buscan absolutizar el derecho a la vida para derogar las sentencias de la Corte que reconocen los derechos a la interrupción voluntaria del embarazo y a la muerte digna. En Estados Unidos, la conservatización de la Corte Suprema de Justicia por los nombramientos de magistrados de sucesivos presidentes republicanos ha conseguido reversar la sentencia Roe vs. Wade que prohibía a los estados de la unión estadounidense privar a las mujeres del acceso a la IVE.
Al respecto es importante aclarar en Colombia las pretensiones de las reformas constitucionales y referendos que en igual sentido se están impulsando son contrarias a la Constitución de 1991 que transformó la República en un Estado social de derecho. La palabra “social” no es un mero remoquete, sino que conlleva un profundo contenido axiológico que no admite la modificación de los elementos centrales de la fórmula de Estado como son la forma democrática de gobierno, la libertad y el pluralismo político, religioso y cultural. Estos elementos son de su esencia y constituyen la fundamentación en la dignidad humana con el haz de derechos fundamentales que le son inherentes, incluidos los del bloque de constitucionalidad contenidos en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
En consecuencia, no sería de recibo la absolutización del derecho a la vida al extremo de negar los derechos fundamentales de las mujeres o el derecho a la muerte digna. En una sentencia seminal de 1997, la Corte Constitucional empezó a estructurar el inmenso significado amplificador de la libertad y autonomía de las personas cuando estableció que “En Colombia, las políticas perfeccionistas se encuentran excluidas, ya que no es admisible que en un Estado que reconoce la autonomía de la persona y el pluralismo en todos los campos, las autoridades impongan, con la amenaza de sanciones penales, un determinado modelo de virtud o de excelencia humana” (C-239/97).
Las mujeres no pueden, ni deben ser excluidas del ejercicio de su autonomía dentro de una sabia ponderación de derechos cuando estos entren en tensión o conflicto. Es así como el deber de protección de la vida envuelve un carácter gradual e incremental, pero nunca absoluto, so pena de negar los derechos de la mujer gestante a la vida, a la autonomía y a sus derechos sexuales y reproductivos dentro de una necesaria ponderación de derechos enfrentados. Pretender reversar el avance de los derechos de las mujeres es un imposible jurídico por cuanto implicaría una sustitución de Constitución que excede las facultades reforma que competen al Congreso e incluso al pueblo mediante referendo. El minuto de silencio de la Cámara de Representantes muestra que en materia de los derechos de igualdad de las mujeres hay en curso una seria rebeldía contra la Constitución.
