Últimamente varios economistas han opinado en las redes que cualquier reducción de la corrupción pasa por una reducción del Estado. Taxativamente. En esta columna hemos dedicado varios artículos al análisis de las causas de la corrupción con base en la observación de la realidad y las correspondientes posibles soluciones, pero esta tesis no ha sido parte de las conclusiones.
En las discusiones esos economistas explican que la corrupción se genera en el Estado y por lo tanto si el Estado es pequeño, menor corrupción habrá. Parece lógico y simple. Pero no es cierto. Y hay ejemplos recientes que lo demuestran con facilidad; uno de bulto es lo ocurrido con Odebrecht como socio del concesionario de la Ruta del Sol III, en la que el Estado estaba en su mínima expresión a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y eran los privados los que prestaban el servicio (diseñan, construyen, operan, mantienen la autopista). No hay una mayor reducción posible del Estado en este caso, y por lo tanto la tesis no funciona para todos los casos como lo que sugiere su redacción. No funciona porque olvida que la corrupción en el Estado se genera también en una interrelación entre lo público y lo privado, así el Estado ya no tenga como reducirse más, como el caso anterior. Pero tampoco funciona en los casos en que privados (del poder económico) logran condicionar al poder político (que representa lo público, el Estado), para que legisle a su favor (menores impuestos, barreras a competidores) a cambio de unas dádivas o de haber financiado la campaña correspondiente, mecanismo que hemos explicado en detalle (ver artículo) y que tampoco tiene nada que ver con el tamaño del Estado. Tampoco funciona la tesis en la operación muy extendida de verdaderas mafias que asaltan la contratación pública, que como la que al parecer comandaba el senador Castaño (ver artículo), actualmente investigado por la fiscalía por cobrar coimas para los contratos que “gestionaba” articulando programas del Gobierno Nacional con administraciones locales y con contratistas previamente escogidos a través de pliegos “sastre” en las licitaciones. Ninguno de estos ejemplos de protuberante corrupción se acabaría reduciendo el Estado. La tesis no tiene asidero real.
La reducción del Estado se refiere a que no haga nada de lo que podrían hacer los privados; parte del conocido manifiesto neoliberal, que incluye la globalización, la privatización de todo lo posible, la desregulación y la mínima intervención de lo público.
Al respecto, un documento del BID “Corrupción y Modernización del Estado” de Orrego Larraín (2000), analizó esto profusamente y concluyó asuntos realmente importantes para esta discusión.
En uno de sus apartes dice: “La generalizada idea de que una de las principales causas de corrupción en países en desarrollo es la excesiva injerencia económica del Estado, ha hecho que muchos vean en las políticas de desregulación económica y privatización de empresas y servicios públicos una respuesta inmediata y efectiva a este problema… La ausencia de un marco jurídico-institucional adecuado y la falta de transparencia, especialmente en el caso de las privatizaciones, han sido los factores claves para el surgimiento de casos de corrupción en la implementación de dichas políticas. Las dos formas más comunes han sido la manipulación de las normas de privatización a cambio de comisiones ilícitas, y el aprovechamiento de la discreción y rapidez con que muchas se han llevado a cabo para entregar información privilegiada a compradores privados a cambio de ciertas comisiones o sobornos”. Dicho en forma resumida, durante el proceso de reducción del Estado se genera corrupción debido a las falencias institucionales existentes, y por lo tanto, de arranque la tesis no es correcta.
Mas adelante se encuentra: “Otra situación conflictiva ha sido lo ocurrido con posterioridad a las privatizaciones. Muchas de las empresas privatizadas pasaron de ser monopolios públicos a monopolios privados, sin que el Estado tuviera una estructura jurídica ni la claridad conceptual acerca del tipo de regulaciones que dichas empresas requerían, tanto desde el punto de la eficiencia económica como desde el de la equidad social. Este último es particularmente importante ya que muchas de las empresas privatizadas son servicios de utilidad pública como energía, agua o teléfonos. En este ámbito se engendra un enorme potencial de irregularidad (corrupción). Si el Estado tenía antes poder debido a su influencia como productor en la economía, éste es aún grande cuando se trata de dictar regulaciones que implican sumas millonarias para las empresas reguladas. La ausencia de mecanismos jurídico-institucionales adecuados para cumplir esta función es fuente potencial de graves irregularidades, ineficiencias o iniquidades”. Tal cual hemos observado esto, que en parte es el meollo de la argumentación en contra: no por reducir el Estado se garantiza que se reduce la corrupción; en estos casos citados es al revés, se aumenta. La tesis entonces resulta falsa.
También apunta que la estrategia de reducción del Estado después de la crisis económica de los 80 trajo unos resultados inesperados: “Samuel critica fuertemente este excesivo acento en la disminución del tamaño del Estado, ya que a su juicio la forma como éste se ha llevado a cabo ha traído consigo cierto desmedro en la eficiencia y eficacia públicas, ambas piezas claves en la lucha contra la corrupción”. Es decir, el efecto contrario. Por reducir el Estado, se debilita y contribuye a que se genere corrupción. Por este lado, tampoco resulta cierta la tesis.
En otro punto, cita: “Como explica Samuel (1989), si uno sostiene que las burocracias tienen una tendencia natural hacia la búsqueda de rentas, y además cree que esto trae perversos efectos para la eficiencia y eficacia del sector público, entonces parece lógico sugerir un Estado mínimo y una fuerte reducción de la burocracia para mejorar el desempeño del Estado. Esta visión contó con numerosos adeptos entre economistas y agencias internacionales, sin embargo sus efectos fueron en parte neutralizados por la acción correctiva de la nueva economía institucional”. Sugiere que el asunto ya fue superado. Fue una tesis de los años 80.
Como sabemos, la campaña electoral atiza la polarización y con ella todas las expresiones ideológicas en todos los temas de los extremistas. Como todos los candidatos han hablado de lucha contra la corrupción, y al mismo tiempo el candidato de la izquierda puede representar un aumento del tamaño de Estado como resultado de algunas de sus estrategias en sus propuestas, es posible que estén exhibiendo la tesis como una forma de atacar a ese candidato, relacionando la lucha contra la corrupción con la reducción del Estado. De seguro, una tesis sacada de una teoría que se recita en la facultad, pero que como otras en economía, no resultan estrictamente ciertas en la realidad. La lucha contra la corrupción es el asunto más complejo y de mayor impacto negativo que tenemos prácticamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad y de nuestro Estado. No se pueden aceptar reduccionismos y falacias como la de esta tesis, sin importar el tinte politiquero de donde provengan. El primer paso para solucionar un problema es comprender bien el problema.
