Reforma tributaria: otra burla a la movilización ciudadana

“El mejor modo de decir, es hacer” José Martí.


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Wilson Arias

Previo a la jornada de paro nacional del 21 de noviembre, Iván Duque, los funcionarios de su gobierno y los defensores de su gestión pregonaron hasta el cansancio que los promotores del paro lo habían justificado con mentiras, pues el gobierno no había radicado proyecto de ley alguno en contravía de las demandas que están siendo exigidas hoy en las calles. Pues bien, el pasado martes los congresistas de las comisiones terceras de Senado y Cámara, reunidos en sesión conjunta, aprobaron en primer debate la Ley de crecimiento –la rechazada por la corte la habían bautizado como Ley de financiamiento–, nombres con los que este gobierno pretende llamar eufemísticamente a la reforma tributaria en trámite.

Varios de ellos habían dicho ante los medios que no lo harían y otro Partido, el Liberal, había publicitado su voto en contra. A lo Martí, el mejor modo de decir esto, sin el barniz mediático, era hacer que el proyecto se hundiera. De nuevo le mintieron a la ciudadanía. Los $2.400 millones de Sarmiento Angulo y los $3.958 millones de Ardila Lule, con que financiaron respectivamente a las campañas del Centro Democrático y Cambio Radical, además del 65% de la financiación de la campaña de la fórmula presidencial Iván Duque – Martha Lucia Ramírez por parte de Sarmiento Angulo, no se podían perder. Solo los votos negativos, honrosos y loables de Gustavo Bolívar, Iván Marulanda, Katherine Miranda y David Racero, y la abstención de algunos como Andrés Cristo, estuvieron a tono con los tiempos de indignación que recorren las calles colombianas.

Si a lo anterior se le suma el Decreto presidencial 2111 de 2019 que crea el holding financiero llamado “Grupo Bicentenario”, la aprobación en primer debate del proyecto de ley “Andrés Felipe Arias” en la comisión primera del senado, e igualmente la aprobación en primer debate al Proyecto de ley de reforma laboral del partido de gobierno en la Comisión séptima del senado, no cabe duda de que estamos frente a una gran farsa, digna se ser parte de una antología de la mentira y el engaño, luego de que Iván Duque, obligado por la gran movilización ciudadana del 21 de noviembre, anunciara “una agenda social con todos los sectores” y el inicio de una conversación nacional.

Y es que precisamente la reforma tributaria, el holding financiero, la reforma laboral y pensional y la corrupción, hacen parte de las más sentidas preocupaciones del pueblo colombiano, todas ellas recogidas en el petitorio del Comité Nacional de Paro. A continuación, algunas consideraciones respecto al primero de estos puntos.

Incremento de impuestos a los pobres y clases medias, reduccion de impuestos a los poderosos

La Ley de crecimiento económico en trámite tiene el mismo propósito que tenía la de financiamiento, hundida por la Corte: cubrir el déficit fiscal, producido por el otorgamiento de un variado menú de beneficios y exenciones tributarias a un puñado de poderosos, que en lo aprobado en primer debate, están por el orden de 10 billones de pesos. Exenciones y beneficios que se han justificado en las sucesivas reformas tributarias de este periodo neoliberal, inaugurado desde aquel bienvenidos al futuro Gavirista, con la tesis de que las cargas tributarias del empresariado son muy altas desestimulando así la inversión y por ende la creación de empleo. Esta falacia, que de tanto repetirse por décadas ya hace parte del sentido común, se ha soportado en las tasas de tributación nominal, cuando la verdad monda y lironda es que las tasas efectivas, reales, que paga el gran empresariado, dicen lo contrario. Dos ejemplos tomados del libro “Dinámica de las desigualdades en Colombia” de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, de reciente publicación: las 447 empresas donde están los más poderosos del país, solo tributan efectivamente (es decir, con exenciones y beneficios) 4.5% y no los 33% nominales que tanto repite tramposamente el Ministro Carrasquilla, y la reducción del impuesto de renta nominal a las empresas, del 33% al 30%, reduce la tasa efectiva de tributación del 1 % de las empresas más ricas que hoy está en 3,93%.

Esta reforma contempla la posibilidad de deducir el 100% del IVA de inversión en bienes de capital, esto beneficia a esas mismas empresas que son las que tienen el músculo para hacer inversión intensiva en bienes de capital; la supresión gradual del impuesto por renta presuntiva, desde 1,5% al 0%, esto beneficia a las personas jurídicas que tienen activos improductivos, en especial a los latifundistas improductivos; la tarifa del 0% de impuesto de renta para las inversiones millonarias en el sector agroindustrial durante 10 años, que beneficia directamente a Sarmiento Angulo e Ingenios azucareros; el beneficio tributario a las megainversiones de más de 340 millones de dólares –Corficolombiana, Sarmiento Angulo – de pagar 27% de renta en lugar de 33%; la deducción del 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF); el régimen especial para empresas Holding –nuevamente Sarmiento Angulo – y la resurrección de los controvertidos contratos de estabilidad jurídica, que permiten a las grandes empresas tener privilegios tributarios durante el periodo pactado, dejando de contribuir al país grandísimos recursos, tanto que por uno de estos contratos Odebrecht pagó un soborno por 3 millones de dólares; eliminación de la tarifa al impuesto de patrimonio para patrimonios superiores a 5 mil millones, este último beneficio viene en combo con el régimen de zonas francas. Además, deducción de regalías dentro del impuesto de renta desde el 2005 hasta el 2017 gracias a un concepto emitido desde la DIAN en 2005 cuando Carrasquilla era también ministro de Hacienda, a pesar de que una sentencia del Consejo de Estado (2017) dice que no se puede deducir las regalías en el impuesto de renta. Esto último beneficia directamente a MINEROS S.A, GRAN COLOMBIA GOLD MARMATO, financiadores del Centro Democrático y Cambio Radical. Y la tapa que sella el desprecio de este gobierno por el trabajo digno y un abuso con los trabajadores; la tributación de un de 19% a los contratos de prestación de servicios que afecta a miles de contratistas.

Como era de esperarse, esta reforma tributaria contiene propuestas “gancho” que permite ser vendible ante la opinión: reducción de las retenciones por seguridad social en salud que actualmente se le hace a los pensionados, beneficios tributarios a empresas que vinculen jóvenes, tres días sin IVA al año, devolución del IVA a sectores pobres, impuestos al sector de bebidas azucaradas, impuestos a los dividendos de los socios de las grandes empresas, sobretasa al sector financiero, impuestos a las remesas de utilidades al exterior.

Pero la impugnación de inequitativa que seguimos haciendo a esta reforma, es al resultado que después de sumas y restas que beneficia a los poderosos del país agrupados en el decil 10 de las empresas más ricas que concentran el 94% de los ingresos, dejando el 6% a miles de empresas grandes, medianas y pequeñas

De ahí la importancia de parar para avanzar; parar la reforma actualmente en trámite y avanzar en una verdadera reforma estructural que sea equitativa, progresiva y eficiente.

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