La sorpresa electoral de la primera vuelta fue la derrota de las élites políticas tradicionales, que vieron cómo la candidatura de Federico Gutiérrez se hundía en las urnas el 29 de mayo, mientras el ex alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández conseguía entrar a disputar la segunda vuelta con poco menos de seis millones de votos.

El discurso de Hernández se basó en un mensaje sencillo -casi simplón- con el que respondía a cualquier interrogante que se planteara sobre cualquier asunto de la vida nacional: parar la corrupción. Sobre esa premisa construida sobre la base de su absoluta e incuestionable honradez, Colombia estaría bien. Bastaba con “darle la chequera” para que las finanzas del estado le permitieran satisfacer las más importantes demandas de los ciudadanos.

Sin embargo, detrás del mensaje sencillo y la imagen -cada vez más cuestionada- de servidor público transparente, Rodolfo Hernández representa un inmenso peligro para la democracia colombiana, por cuenta de una visión absolutamente reduccionista y economicista de la administración pública y del entendimiento de la vida social, política, económica y cultural del país; y un absoluto desprecio por el estado de derecho. Vamos por partes.

1) Estado de conmoción: el candidato Hernández publicó en Twitter borradores de sus primeros decretos en los que toma distintas medidas. No obstante, vale la pena concentrarse en el borrador de decreto en el que anuncia la entrada del país a un estado de conmoción interior, con el objetivo -dice él- de poder tomar medidas inmediatas para luchar contra la corrupción.

Hernández hace el anuncio aún sabiendo de la ilegalidad de sus acciones. De hecho, en entrevista con SEMANA, asegura desafiante que “ese decreto tiene que estar revisado por la Corte Constitucional pero mientras que lo revisa queda en firme, mientras que lo tumba, si es capaz de tumbarlo la Corte, vamos a ver”.

2) El reduccionismo: según Hernández, buena parte de los asuntos más importantes que debe enfrentar el próximo presidente son “resueltos” en una sola frase a través de propuestas que no resisten el más mínimo análisis. Tal es el caso de su propuesta para abordar un eventual proceso de paz con el ELN. Según el programa de gobierno de Hernández resolver el conflicto armado con el ELN es bastante fácil: “basta un otrosí en el que se incluya a esta organización como firmante del acuerdo (de paz firmado con las extintas FARC-EP)”.

Reducir la necesidad de alcanzar un acuerdo de paz con un grupo armado como el ELN a la firma de un otrosí, es equivalente a anunciarle a las personas que viven en los 136 municipios y los 15 departamentos donde hacen presencia, que la sangre y las balas seguirán presentes en sus vidas; es comunicar que continúa la barbarie de la guerra.

El próximo 19 de junio las colombianas y colombianos decidirán entre dos posibles caminos, y es cada vez más claro que el que propone Hernández -cada vez más rodeado del uribismo y los sectores más reaccionarios- es uno en donde el estado de Derecho y la democracia se pueden debilitar profundamente junto con la institucionalidad.