El sistema de salud colombiano es un gran logro nacional construido sobre una propuesta normativa del Partido Liberal. También lo es el sistema de servicios públicos que se fortaleció normativa e institucionalmente desde 1991.
El marco regulatorio de nuestro sistema de salud, como el de servicios públicos y muchos otros expedidos desde la constitución del 91, surgió en el contexto de la caída de la unión soviética y del fin de una década de los 80 “perdida” en Latinoamérica por el poco crecimiento. Se presentaba la crisis del estado de bienestar europeo, y en Latinoamérica la crisis en la prestación de todo tipo de servicios públicos por parte del estado. Esto llevó al replanteamiento de la sustitución de importaciones y otras recetas proteccionistas, junto con la creación marcos regulatorios que generaban una simbiosis entre iniciativa privada y regulación técnica pública, que aprovechara las ventajas del mercado y las señales de los precios como mecanismos de creación y adjudicación de bienes y servicios en la sociedad mucho más efectivos que la planificación central y la burocracia que se probaba fallida.
Se transformó así el sistema de pensiones y la prestación del servicio de energía que había colapsado hasta el punto del racionamiento en el año 91. Se disminuyeron los aranceles, y se transformó el sistema de salud, entre otras iniciativas. Fue una ola regulatoria que desde el liberalismo se conoció como “la tercera vía”, y recibió otros nombres desde el conservadurismo como “el fin de la historia”, o desde la izquierda como “neoliberalismo”, etiquetas todas que simplifican de sobremanera el fenómeno institucional que mal que bien generó en los últimos 30 años de Colombia importantes logros prácticos y de bienestar tangible en la sociedad. Resulta más interesante señalar que al final no fue una de las teorías marxista o capitalista la que se impuso sobre la otra en nuestro diseño institucional, sino que, bajo la figura del Estado Social de Derecho, se generó una síntesis de los postulados teóricos enfrentados durante el siglo XX, de libertad individual y de mercado, por un lado, versus responsabilidad social e intervención estatal en la economía por el otro.
Para el caso puntual de la salud, pasamos del sistema del Seguro Social estatizado, con muy pobre desempeño y cobertura de apenas el 29%, a un sistema de competencia vigilada entre IPS (prestadoras) y EPS (aseguradoras contenedoras del gasto) públicas y privadas, en donde la cobertura actual es casi total, del 99%. El sistema es ampliamente respaldado por más del 85% de los usuarios; el gasto de bolsillo es uno de los menores del mundo; cubre enfermedades de alto costo, y el sistema de subsidios cruzados lo hace uno de los más solidarios del mundo. Desde antes de la ley estatutaria en salud y por control judicial fue mandado que ambos los regímenes, subsidiado y contributivo, accedieran al mismo paquete de medicamentos y procedimientos, constituyéndose nuestro sistema en uno igualitario, equitativo y progresivo. Es un sistema que ha resistido y salido fortalecido, como pocos en el mundo, de los embates casi simultáneos de fenómenos como la migración venezolana y el covid 19, y permitió una muy exitosa campaña de vacunación contra todo tipo de enfermedades, así como el desarrollo de la mejor infraestructura médica del continente americano con entidades como la Fundación Valle del Lili, Santa Fé, Imbanaco y más recientemente el Centro de Tratamiento e investigación contra el Cáncer CTIC.
Por supuesto, el sistema debe recibir ajustes periódicos, como toda política pública, y son varios los aspectos por mejorar: sigue habiendo muchas barreras excesivas para acceder a los servicios de salud que requieren los pacientes de acuerdo al médico tratante, y muchos siguen viéndose obligados a interponer acciones de tutela para poder acceder a servicios contenidos en el Plan Básico de Salud. La asignación de citas es muy demorada, y si es con un especialista la espera es aún mayor. Los médicos y especialistas no siempre cuentan con las herramientas diagnósticas en su consultorio o instalaciones próximas, de suerte que acceder a un procedimiento diagnóstico implica para los pacientes una cita adicional a la del médico tratante que se traduce en más semanas o meses de espera.
En el caso de la energía y servicios públicos pasamos de tener apagones en 1991, a ser potencia energética de la región, exportar electricidad y tener una de las matrices energéticas más limpias del mundo. La cobertura ha aumentado, aunque falta bastante por completar, y la continuidad de servicio se garantiza en buena parte del país, salvo en la costa caribe, donde el prestador que incumplió con sus deberes de inversión fue sancionado, intervenido y vencido por el estado colombiano en juicio internacional. Este incumplimiento del prestador, frente al cual el sistema ya ha tomado acción, es lo que explica en buena parte las tarifas tan altas de la región caribe, pero de ninguna manera justifica alejarse de parámetros técnicos al momento de regular el sector.
Los ajustes de nuestras instituciones de servicios públicos (incluido el de salud, que es definido como tal por la constitución, sin desconocer que también es un derecho fundamental autónomo desde la sentencia T-760 de 2008), deben plantearse dentro de un análisis que reconozca los contextos históricos, las lecciones aprendidas, los logros y los pendientes de nuestras instituciones, y no tanto desde etiquetas que pertenecen al siglo pasado y que se quedan muy cortas para analizar y resolver nuestros problemas públicos contemporáneos.
El Partido Liberal analizará las reformas propuestas en materia de salud, seguridad social y servicios públicos, desde la mirada amplia y rigurosa que lo llevó a impulsar y concretar las regulaciones que han generado buenos resultados en las últimas tres décadas, y que hoy requieren de ajustes puntuales para generar más bienestar.
