Estas últimas semanas hemos sido sorprendidos por el aumento de los atracos a mano armada en Bogotá, y en otras ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Cali y Medellín. Bandas de delincuentes comunes, que no son de cuello blanco, ingresan amenazantes, portando armas de fuego o de fogueo, a restaurantes y locales comerciales, para despojar de sus bienes, a ciudadanos atemorizados. En algunos de estos lamentables hechos, cuando el arma es de verdad, o cuando la policía o algún civil armado, no logra diferenciar un arma verdadera de una de juguete, ya que es casi imposible hacerlo, y menos en estado de alerta, de miedo o de desespero, ocurren enfrentamientos que pueden terminar en la muerte de una o varias de las personas atracadas, de agentes de policía, o de delincuentes.
Los hechos son grabados e inmediatamente difundidos, el pánico y la desesperanza van cundiendo a la sociedad, por la gravedad de los hechos ocurridos y por la forma en que se presentan las noticias. No es para menos, la sociedad se siente acorralada en su casa u oficina, y más aún, cuando, en la mayoría de las ciudades, el único esparcimiento, para muchos y muchas, es salir a compartir un almuerzo, una cena, o pasear en un centro comercial, ya que los parques, o han sido privatizados o han sido tomados por bandas dedicadas al tráfico de sustancias psicoactivas.
Aunque, en relación con algunos de los delitos que más afectan a las y los habitantes de las ciudades, las cifras han disminuido, no en el porcentaje que quisiéramos o se necesita para elevar los niveles de crecimiento que, generen mejores ingresos para toda la sociedad, es necesario llamar la atención sobre el aumento por parte de las bandas criminales, de su nivel de efectividad, de coordinación para actuar y copar superficies de negocios y comunidades, así como de causar dolor y daño, lo que demostraría, un mejoramiento en su capacidad de inteligencia y de acceso a armas letales y municiones, algunas de ellas de uso privativos de las Fuerzas Armadas y de Policía.
Según la Agencia de Periodismo Investigativo (2023), delitos como el hurto a personas aumentó entre los años 2022 y 2023, lo mismo que el hurto a residencias, mientras otros delitos, como el hurto de vehículos (-3%), motocicletas (-1%), comercio (-26%), entidades financieras (-40%), piratería terrestre (-24%), presentaron reducción. Para la fundación Insight Crime, apoyándose en los informes del Ministerio de Defensa, el número de homicidios en 2023 se redujo en relación con el 2022, reportándose 13.432 casos, lo que indica una tasa de 25,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, levemente inferior al 2022 (26,1), ubicando a Colombia en el cuarto lugar, con la tasa de homicidios más alta de América Latina y el Caribe, que a su vez se ubica como una de las regiones más violentas del mundo.
Estas cifras que indican, disminución de algunos de los delitos que más afectan a las ciudades, no necesariamente señalan que, estas obedecen a planes estratégicamente elaborados y coordinados entre los gobiernos territoriales y el gobierno nacional, o a estrategias de instituciones como la Fiscalía General de la Nación, que como lo hemos indicado en otras oportunidades, es la mayor responsable, de que, los niveles de impunidad estén rondando el 95%, desalentando las labores de captura por parte de la policía, y el nivel de colaboración y denuncia de la ciudadanía. Los resultados, pueden deberse a comportamientos seguramente relacionados con otras políticas sociales, o a los acuerdos de cese al fuego en el marco de la de Paz Total, o en relación con las políticas de persecución del narcotráfico.
Lo peor que nos puede ocurrir, ante este panorama, es que propuestas apoyadas en estrategias exclusivamente represivas apegadas a la Ley, o en su defecto, que propendan por la implementación de modelos claramente violatorios de la Constitución en relación, por ejemplo, con el monopolio exclusivo de las armas por parte del Estado, y que han demostrado ser peores que la enfermedad, a la cual dicen atacar, adquieran mayor fuerza, frente a otras propuestas, un poco más elaboradas estratégicamente, apegadas a la Ley y al Estado Social de Derecho, pero menos efectivistas, en términos de la urgencia que exige, garantizar la vida, la honra y los bienes de todas y todos.
Se equivocan quienes insisten en armar a la ciudadanía, ya sea promocionando el porte y tenencia de armas de fuego y municiones de forma individual, o promoviendo la creación de estructuras armadas para brindar una supuesta seguridad en calles y parques, en lugar de dedicarse, aprovechando la obligación de construir los Planes de Desarrollo Territoriales, a elaborar estrategias civilistas que pongan al centro la vida y la lucha a corto, mediano y largo plazo, contra las causas estructurales que originan el fenómeno de la delincuencia, las cuales, combinadas con alianzas estratégicas que involucren holísticamente a la ciudadanía, a la policía, a los gobiernos y a las instituciones del Estado, pueden dar resultados sustentables.
Ante la grave crisis de violencia que afecta a las ciudades, y como parte de la solución, se debe fortalecer a la policía, aumentando el número de agentes y de oficiales, mejorando el uso de tecnología de la informática y las comunicaciones, y la capacidad de inteligencia e investigación, sin olvidar que su formación no debe tomarse a la ligera (como actualmente ocurre), de tal forma que, se mejore su preparación en términos del uso de autoridad y entrenamiento para responder al delito, su capacidad de actuar como agentes conciliadores que ayudan a la transformación pacífica de conflictos cotidianos, como responsables de velar por los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, niñas y adolescente, los derechos de la población LGBTIQ+ y de los pueblos indígenas, entre otros, y su asesoría y conducción frente a los deberes ciudadanos.
Con la ciudadanía se debe hacer lo propio, fortaleciendo las capacidades de los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal y los Consejos de Propiedad Horizontal, rescatando y fortaleciendo los comités de Derechos Humanos, fortaleciendo las iniciativas ciudadanas de paz, convocando y fortaleciendo los Consejos Territoriales de Paz, mejorando la cobertura y la calidad en la educación, implementando las cátedras de paz, de historia, de valores ciudadanos, de convivencia en la escuela, y promoviendo programas y estrategias para superar la indigencia, la pobreza, la desigualdad y el hambre. Hay que poner a funcionar la Ley 2272 de 2022, en relación con la promoción de la Cultura de Paz, de desarme ciudadano y de convivencia ciudadana. Recordemos que más de 4.000.000 de armas y de cartuchos, están en poder de civiles.
No es promoviendo estructuras paramilitares o parapoliciales, no es armado irresponsablemente a la ciudadanía y fracturando el monopolio del uso de las armas por parte del Estado, no es deslegitimando o debilitando la institución Policial, como vamos a superar los altos índices de violencia societal, es con programas apegados a la Constitución y la Ley, buscando desarticular la delincuencia, aplicar justicia, y a mediano y largo plazo, superar las causas estructurales, incluidas la corrupción y el narcotráfico, que alimentan el crecimiento de las bandas delincuenciales, como lograremos superar esta calamitosa situación.
