El presidente Petro propone que las tarifas del transporte público masivo sean gratuitas para los habitantes de las grandes ciudades del país en tanto es un servicio público financiado por todos los ciudadanos. Pretende buscar alternativas para que el transporte público masivo sea más eficiente, menos costoso y más sostenible para las ciudades. Propone además que sea financiado en parte con una contribución de los hogares de las grandes ciudades, y que esta contribución sea distribuida equitativamente.
Sorprende la reciente opinión favorable y complementaria de Claudia López a esta propuesta cuando este mismo año el alza de la tarifa de Transmilenio de esta Alcaldía violó el derecho a la movilidad y el derecho a la igualdad de las personas con menores ingresos en Bogotá porque disminuyó el descuento de la tarifa plena del 32.6% al 18.2% en el servicio zonal y del 32.1% al 18.2% en el servicio troncal para la población más vulnerable. La alcaldesa no tuvo en cuenta que, con la tarifa actual una persona en condición de pobreza monetaria con ingresos mensuales aproximados de $ 560.000, emplea al menos el 25% de su ingreso mensual en transporte.
La propuesta del presidente Petro se puede complementar con la búsqueda de nuevas fuentes robustas de financiación: aumentar capturas de rentas por la valorización del suelo, aumentar la explotación comercial del Transmilenio. En Francia hay ejemplos orientados a lograr una ciudad con mayor justicia social y justicia ambiental. En Dunkerque desde 2018 la ciudad aprobó el acceso gratuito para todos sus habitantes. Esta medida redujo las emisiones de carbono y se financió con un impuesto a las empresas. En Paris, se implementa para menores de 18 años, estudiantes y personas que se encuentran buscando empleo y se proyecta ampliarla para toda la población a partir de 2026. La medida se cubriría con impuestos a los vehículos más contaminantes y a los gigantes tecnológicos como Amazon[1].
Pero más allá de la financiación del transporte el debate debe ser sobre quiénes deben operar el transporte. La operación debe ser pública, no podemos seguir subsidiando las ganancias de los privados. Proponemos que la operación de TM deje de ser concesionada y pase a ser contralada por la ciudad (de manera gradual, pero en corto tiempo). Por dos razones:
1. Las ganancias de los operadores privados son extraordinarias y le cuestan mucho a la ciudad: La utilidad neta de los 4 grupos empresariales que controlan 33 de los 34 contratos vigentes en 2021 fue de 122 mil millones. El promedio de rentabilidad sobre el patrimonio de esas empresas, es decir, la utilidad neta, equivale al 47 % de su capital, ni siquiera el sector financiero se les acerca, pues su rentabilidad sobre patrimonio es del 12 %.
2. La operación pública ha mostrado ser menos costosa que la privada: mientras que los costos operativos de los operadores privados son en promedio el 94 % de los ingresos, los costos operativos del operador público son del 76 % de los ingresos.
En el actual contexto electoral el pronunciamiento del presidente fortalece la democracia deliberativa y coloca en el debate público un tema álgido: ¿cómo el sistema de transporte masivo aporta a una ciudad con justicia social y justicia ambiental? Un sistema de transporte masivo con tarifa gratuita (o tarifa 0) tiene enormes beneficios: fortalece el uso masivo del transporte, libera enormes recursos que se pueden usar para mejorar calidad y seguridad en el sistema; pero además liberaría recursos para fortalecer el gasto social con otros fines: educación, salud, y cultura.
