Ha pasado casi desapercibida la importante propuesta que el presidente Gustavo Petro le envió de manera confidencial a la guerrilla del ELN. No se trata solo de utilizar un mecanismo que es muy útil en momentos de crisis, como es la confidencialidad en la búsqueda de salidas posibles a los estancamientos o dificultades de los diálogos entre partes enfrentadas; se trata también de una valiosa idea en términos de participación, que seguramente incorporaría un actor y un nivel diferente y decisivo a la hora de buscar salidas prácticas a este largo conflicto.
La propuesta confidencial del presidente Gustavo Petro al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para dialogar con los empresarios sobre la política económica del país representa un esfuerzo audaz para superar décadas de conflicto armado en Colombia. Esta necesidad, que se planteó por sectores sociales en los preencuentros y encuentros de participación promovidos por el Comité Nacional de Participación, es un intento genuino de integrar a todos los actores relevantes en la construcción de una paz duradera, pero también plantea importantes interrogantes sobre la disposición del ELN para participar en un diálogo constructivo que priorice los intereses populares.
El conflicto armado en Colombia ha estado profundamente arraigado en desigualdades socioeconómicas y en la exclusión social, fenómenos que se han exacerbado bajo políticas económicas neoliberales. Estas políticas, que priorizan la liberalización del mercado, la privatización y la reducción del gasto público, han beneficiado a sectores privilegiados mientras que han marginado a amplias capas de la población. Dialogar sobre estas políticas permite abordar las causas estructurales del conflicto, proporcionando un camino hacia la equidad y la justicia social, que son esenciales para la paz duradera.
La conversación entre el ELN, el Gobierno y los empresarios, en la cual se involucraría a las organizaciones ciudadanas, es una oportunidad para repensar el modelo económico colombiano, buscando uno que no solo favorezca el crecimiento económico, sino que también promueva la inclusión social y el desarrollo equitativo. Un modelo económico más inclusivo puede integrar las demandas de los sectores más vulnerables y asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos, reduciendo así las tensiones sociales que alimentan el conflicto. Un avance en este sentido fortalecería la democracia y la capacidad popular para avanzar en futuras transformaciones.
Las políticas neoliberales han generado una gran polarización en la sociedad colombiana, donde sectores enteros se sienten excluidos del proceso de desarrollo. Este sentimiento de exclusión ha sido uno de los motores del conflicto armado. Si las partes involucradas en el diálogo logran consensuar una política económica que considere las necesidades de todos, se podría reducir significativamente la polarización, creando un clima más propicio para la reconciliación y la paz.
Un acuerdo en este sentido hará posible multiplicar los beneficios de la implementación de un acuerdo de paz, no solo en términos económicos, sino también en materia política y social. Cerrar filas conjuntamente entre empresarios, gobierno, población civil y futuros firmantes de paz podría aportar sustantivamente a superar fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal o el cambio climático.
Los intentos de negociación con el ELN han estado marcados por la desconfianza mutua y la rigidez ideológica de la guerrilla, que ha mantenido un discurso de confrontación contra las élites económicas. La propuesta del presidente Petro busca romper este ciclo al invitar a los empresarios al diálogo, un gesto que reconoce la importancia de un consenso económico amplio para la construcción de una paz sostenible. Este enfoque integral es innovador y necesario, ya que sitúa la economía en el centro del proceso de paz, algo que ha sido largamente ignorado en negociaciones anteriores.
La importancia de este diálogo radica en su capacidad para abordar las causas estructurales del conflicto, pero para que tenga éxito, el ELN debe mostrar una apertura real al cambio. No basta con sentarse a la mesa; es necesario que la guerrilla reconozca la necesidad de un modelo económico que equilibre las demandas de justicia social con el crecimiento y la estabilidad económica. La pregunta es si el ELN está dispuesto a hacer concesiones en esta dirección o si continuará aferrándose a su agenda política y económica.
Por otro lado, los empresarios colombianos tienen ahora la oportunidad de jugar un papel proactivo en la construcción de la paz. Si bien la propuesta de Petro les invita a la mesa de negociación, también los coloca en una posición incómoda, obligándolos a enfrentar sus propias responsabilidades en la perpetuación de las desigualdades que han alimentado el conflicto. Su participación es crucial, pero también debe ser crítica, reflexiva y generosa, asegurando su disposición en la construcción de una sociedad más justa.
Los elenos deberían reconsiderar su posición, escuchar más a las comunidades y considerar la invitación que hace la Semana por la Paz – 2024, cuando pone al centro de su accionar el lema “Uniendo Voces Construimos País”. Solo en el diálogo, el logro de acuerdos y el cumplimiento de estos, estará la salida para avanzar en la paz integral. Descongelar las conversaciones, revisar el cumplimiento de lo acordado sin otra pretensión diferente a la búsqueda de la paz, retomar el Cese al Fuego Bilateral y la agenda de la participación, seguramente nos llevará a puerto seguro.
