En el delicado proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las recientes declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del comandante Antonio García del ELN han generado preocupaciones legítimas sobre la dirección de las negociaciones. Si bien es comprensible que existan diferencias en un proceso tan complejo, las posturas públicas de ambos líderes parecen estar contribuyendo a la erosión de la confianza mutua y al estancamiento de las conversaciones. Siguen pesando más las posiciones que el interés en respetar el anhelo de paz del pueblo colombiano y avanzar en el proceso.
Otty Patiño, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz, tiene la responsabilidad de liderar un proceso que aspire a ser inclusivo y que busque soluciones duraderas a un conflicto que ha dejado una profunda huella en Colombia. Sin embargo, sus declaraciones recientes, que en ocasiones han mostrado una rigidez y una falta de empatía hacia las posiciones del ELN, han sido motivo de preocupación. La paz no se puede construir desde la confrontación verbal ni desde la imposición unilateral de condiciones, sino desde el reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones del otro y desde la búsqueda de puntos comunes, no solo con la contraparte, sino con las víctimas que este conflicto sigue produciendo.
Patiño, al no mostrar la flexibilidad necesaria para entender las raíces históricas y sociales del conflicto con el ELN, corre el riesgo de entorpecer un proceso que requiere sensibilidad y una disposición genuina para escuchar. Es fundamental que el Alto Comisionado se enfoque en fortalecer los canales de diálogo, en lugar de cerrar puertas con discursos que alimentan la desconfianza. La mayor responsabilidad de recomponer los diálogos le corresponde al Estado colombiano en cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, y no al grupo guerrillero que claramente se declara en rebeldía y desarrolla acciones que infringen el Derecho Internacional Humanitario, y que en ocasiones se pueden calificar, por su forma e impacto, como terroristas.
Por su parte, Antonio García, uno de los líderes más visibles del ELN, ha mantenido un discurso que, si bien puede reflejar la frustración acumulada por décadas de lucha armada, también parece estar más orientado a justificar la continuidad del conflicto que a encontrar una salida pacífica. Por supuesto que en Colombia hay injusticias, que nuestra democracia es imperfecta, que la soberanía popular no se hace efectiva, que la corrupción carcome nuestras instituciones, pero se debe avanzar en un proceso que nos entregue acuerdos para ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo, a la par que se desactiva la confrontación armada, que evidentemente aporta una gran cuota al estado de cosas injustas. Su postura rígida, que a menudo critica sin ofrecer alternativas viables, amenaza con mantener al país en un ciclo interminable de violencia.
La Sociedad, el ELN, al igual que el gobierno, debe reconocer que el diálogo es el único camino hacia una paz real. Persistir en una estrategia de confrontación armada y verbal no solo prolonga el sufrimiento, sino que también desvía la atención de los logros ya alcanzados en las mesas de negociación. García tiene la oportunidad de ser un líder que contribuya a un cambio histórico, pero para ello debe abandonar la retórica que perpetúa la desconfianza y empezar a construir puentes, con todos los sectores sociales, incluido el empresariado, que nos lleven hacia una reconciliación verdadera.
A pesar de las diferencias y las dificultades inherentes al proceso de paz, es crucial que tanto el gobierno como el ELN reconozcan los avances logrados hasta ahora y trabajen para superarlos. Los logros obtenidos no son insignificantes y representan pasos importantes hacia la paz y la reconciliación del país. Sin embargo, estos avances pueden verse amenazados si las partes continúan con un discurso de confrontación y descalificación mutua.
Es en este contexto que la sociedad civil colombiana debe levantar su voz. No podemos permitir que el proceso de paz se vea truncado por la falta de voluntad o por la obstinación de sus líderes. La sociedad civil tiene el poder y el deber de exigir avances concretos, de demandar respeto a la vida y a las opiniones de todos los colombianos, de exigir el cumplimiento de los acuerdos hasta ahora pactados, en especial el primer punto de la agenda sobre participación de la sociedad y de promover un diálogo que verdaderamente aspire a poner fin a décadas de conflicto.
La paz en Colombia no es solo responsabilidad de los actores armados o del gobierno; es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es el momento de que la sociedad civil se movilice para exigir que se respeten los acuerdos alcanzados, que se avance en las negociaciones y que se ponga en el centro del debate el respeto por la vida y por las opiniones diversas. La Semana por la Paz número 37, que se celebrará durante el mes de septiembre, llama al diálogo y a la unidad para avanzar en la construcción de un nuevo país, llamado que todos y todas debemos escuchar.
