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Las marchas del pasado Primero de Mayo no solo conmemoraron el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, sino que también se consolidaron como una masiva expresión de respaldo a las reformas sociales, a la profundización de la democracia participativa y a la construcción de paz. Desde las principales ciudades hasta los rincones más apartados del país, miles de colombianos y colombianas salieron a las calles no solo para exigir mejores condiciones laborales, sino también para reclamar una democracia más viva, descentralizada, directa y comprometida con la paz.

Los manifestantes no marcharon únicamente por derechos laborales como el trabajo digno, la jornada justa y las garantías sindicales. También alzaron la voz a favor de reformas que reconozcan el papel protagónico del pueblo en la toma de decisiones. La propuesta presidencial de convocar una consulta popular para desbloquear reformas sociales frenadas por el Congreso puso de relieve una verdad más profunda; la necesidad de entregarle a la ciudadanía el poder de decidir, de manera directa, sobre los asuntos públicos. Esa posibilidad de decisión y protagonismo también es una apuesta por la paz, entendida como una transformación estructural de las relaciones de poder en favor de la justicia social.

Este Primero de Mayo debe entenderse también como un llamado colectivo a profundizar la democracia directa en los municipios y departamentos. Esto implica ir más allá de la participación simbólica o consultiva para construir espacios reales de poder ciudadano. Estas manifestaciones masivas crean las condiciones para que se reconozcan e institucionalicen formas organizativas y de soberanía del pueblo, como el Gobierno Propio de los pueblos étnicos o las asambleas ciudadanas territoriales constituyentes, donde se reúnen y complementan todas las demás formas de participación contempladas en la Constitución y la ley. En esas formas de autogobierno y planeación colectiva también se siembran las bases de una paz territorial, sostenible y democrática.

Una de las mayores oportunidades para avanzar en ese camino es el Acto Legislativo 03 de 2024, por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios. Sin embargo, esta transformación participativa requiere completarse con la urgente aprobación de la Ley de Competencias, que distribuya clara y equitativamente las responsabilidades, los recursos y las capacidades entre la Nación y los entes territoriales. Sin esta ley, los municipios y departamentos seguirán atados a un modelo centralista y asfixiante, que impide la autonomía real, la participación efectiva y una paz construida desde abajo.

Fortalecer la participación ciudadana y el poder de decisión del pueblo no es una consigna vacía, es una necesidad concreta para la democracia y para la paz. La elaboración de Planes Prospectivos de Vida municipales, regionales o departamentales a dieciséis o veinte años, así como de Planes de Desarrollo y Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT y EOT), debe contar con una participación amplia, incidente y vinculante de las comunidades. De lo contrario, seguirán siendo planes técnicos, dispersos, elaborados desde escritorios centralizados, sin anclaje en las realidades, los dolores y las esperanzas de los territorios que han vivido el conflicto armado.

La presupuestación participativa es otro pilar de esta transformación. Permitir que la ciudadanía decida en qué invertir los recursos públicos, priorizando necesidades locales, no solo fortalece la democracia, sino que mejora la eficacia y la transparencia de la gestión pública. También contribuye a reducir tensiones sociales y territoriales que, cuando no son atendidas, alimentan escenarios de conflicto. En tal sentido, se requiere el fortalecimiento y respaldo del control social y de la veeduría ciudadana autónoma y transparente.

No se trata solo de reformar leyes o cambiar normas, se trata de redistribuir el poder. Las movilizaciones del Primero de Mayo son una clara señal de que la ciudadanía está dispuesta a asumir ese rol. La democracia directa, la movilización social, la planeación participativa, la descentralización efectiva y el control social constituyen un ecosistema político que empodera al pueblo y aporta significativamente a la construcción de paz en los niveles local, regional y nacional, lo cual requiere garantías y apoyo decidido del Estado.

Colombia está en una encrucijada histórica. O profundiza su democracia con participación real y poder popular desde abajo, o sigue atrapada en un modelo centralista, corrupto, clientelista y excluyente. El Primero de Mayo nos recuerda que el camino hacia un país más justo y pacífico solo puede construirse con el protagonismo activo del pueblo, desde los barrios, veredas y comunas, hasta los departamentos y la Nación.

Luis Emil Sanabria D.