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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Acuerdo de Paz

¿De qué hablaron Petro y las exfarc?

El presidente Gustavo Petro se reunió este lunes en la Casa de Nariño con dirigentes del partido Comunes para evaluar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, con miras al informe que el Gobierno colombiano presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El jefe de Estado indicó que con los dirigentes de Comunes también se habló de los cambios que requiere la implementación del Acuerdo, “que deben ser discutidos por el pueblo para llegar a un Acuerdo Nacional, como dice la declaración unilateral de Estado, que es vinculante y nos compromete ante la humanidad”.

Además del mandatario, en la reunión participaron –por parte del Gobierno– el designado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el canciller Luis Gilberto Murillo; el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

Por el partido Comunes estuvieron presentes en el encuentro Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Pastor Alape.

Al término de la reunión, Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, aseguró que desde la colectividad se analiza los logros alcanzados hasta el momento con el Acuerdo de Paz y las falencias.

“Estamos hablando de lo que dice el acuerdo que discutimos en La Habana y que ratificamos aquí en el Teatro Colón, donde está planteado un gran acuerdo nacional para sacar la violencia y las armas del ejercicio de la política, eso es lo fundamental, los mecanismos los vamos construyendo”, afirmó.

Petro invitó a los exfarc a evaluar el Acuerdo de Paz para presentar informe a la ONU

El presidente Gustavo Petro invitó a los líderes de las extintas Farc a reunirse para evaluar el cumplimiento o no del Acuerdo de Paz, celebrado hace ocho años con el Estado colombiano, con el fin de presentar una declaración conjunta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Yo creo que tenemos que reunirnos porque en este momento las altas partes contratantes del Acuerdo de Paz son usted y yo. Y ya han pasado ocho años. Creo que tenemos que hacer una evaluación seria sobre cifras y realidades y tenemos que hacer una declaración conjunta ante la humanidad, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, precisó el mandatario.

Durante el encuentro con beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con el Gobierno Nacional, al que acudieron 171 líderes representantes de todas las regiones del país, en el Hotel Tequendama de Bogotá, el jefe de Estado consideró que todo lo tratado en este evento “es parte de lo que tiene que informarse” a la ONU.

Indicó que el Acuerdo de Paz “se puede extender a otras organizaciones armadas, cada vez más degradadas, porque las economías ilícitas van chupando completamente la energía misma que nos está llevando a la violencia y se vuelve una inercia”.

Ahora Petro habla de implementar la paz por la vía de decretos

Durante el acto de posesión del contralor Carlos Hernán Rodríguez, el presidente Gustavo Petro habló de la necesidad de implementar el proceso de paz, especialmente en lo que se refiere a una reforma agraria, tema que debe pasar por la aprobación del Congreso de la República en donde el ambiente no le es favorable al Ejecutivo.

El presidente recordó que hay iniciativas como estas por ejemplo, que no son del agrado de muchos de sus adversarios y que durante su debate encuentran un ambiente que amenaza con hundirlas y que por esto es necesario pensar en caminos que le sean alternos, como los decretos gubernamentales.

«El Acuerdo de Paz en el centro de esa discusión, dice como declaración unilateral de Estado. Para cumplir sus objetivos las altas partes contratantes harán un acuerdo nacional para que cambien las normas cuando se oponga. Esto no significa Asamblea Nacional Constituyente, en el discurso maniqueo de la prensa. Esto significa cambiar las normas, si es necesario, y el cambio de las normas tiene diversas instancias. A veces es un decreto gubernamental», dijo.

Dijo además que cuando habló de llegar a un Acuerdo Nacional no se refería a una Asamblea Nacional Constituyente.

La implementación del capítulo étnico en el 8 informe del Instituto KROC

Estos informes del Instituto KROC de la Universidad de Notre Dame, han servido para analizar el procesos de implementación en su integralidad con datos cuantitativos y cualitativos sistematizados en la Matriz de Acuerdos de Paz que analiza 34 Acuerdos de Paz en el mundo. Esto permite un ejercicio de análisis comparativo de avances y retrocesos de nuestro proceso de paz, a 7 años de su firma.

Se resalta la estrategia del KROC de desarrollar barómetros regionales en las subregiones PDET para ahondar en el análisis y seguimiento a la territorialización de la implementación, siendo el primer barómetro Urabá y Chocó (https://peaceaccords.nd.edu/barometer/colombia-reports?lang=es).

A nivel general el informe arroja que los Puntos 3 (Fin del Conflicto) y 6 (Implementación, Verificación y Refrendación) tuvieron mayores niveles de implementación; en contraste, los Puntos 1 (Reforma rural Integral) y 2 (Participación Política) que tuvieron menores niveles de aumento. En lo que se refiere a los Puntos 4 (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) y 5 (Acuerdo sobre Víctimas), se ubicaron dentro del promedio dentro del estado general del proceso de implementación. El informe analiza 578 disposiciones o compromisos y se cruzan don diferentes variables en una matriz.

En lo relacionado con el enfoque étnico, se mantienen rezagos en la dinámica de la implementación general. De las 80 disposiciones con enfoque étnico, no se había iniciado el 13% a noviembre de 2023. Se encontró en estado mínimo el 61%. En estado intermedio se ubicó el 14% y sólo el 13% se había completado.
Se resalta que a la fecha se adjudicaron para licenciamiento 68 emisoras étnicas.

El bajo nivel de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz (AFP) se evidencia en que de 13 compromisos que los componen, según la metodología del Instituto, dos no habían iniciado, ocho estaban en avance mínimo, dos en estado intermedio y solamente se completó uno. Esta es una tendencia similar en las otras 67 disposiciones del enfoque étnico y durante 2023 no se evidenciaron cambios cuantitativos con relación a 2022.

Así mismo, el Informe señala los hallazgos de la Contraloría General de la República con relación al bajo nivel de asignación de recursos para el enfoque étnico. Señala que entre 2018 a 2022 se destinó el 4,1% del total de recursos del Presupuesto General de la Nación al AFP. El Instituto insiste en “la necesidad de articular los instrumentos de planificación territorial” con el AFP, de manera integral.

Es de resaltar que sigue siendo clave el papel de la comunidad internacional para poder concentrar el respaldo político y financiero de la cooperación internacional en la implementación en acciones que fortalezcan la territorialización del principio de integralidad, mediante la formación de capacidades locales, de modo que la formulación y ejecución de los planes de desarrollo territoriales estén alineados con el Acuerdo Final. Esto es clave para territorializar la implementación en su integralidad, como quedó contemplado en el Acuerdo.

Finalmente, es clave señalar que los 8 conflictos territoriales que el Instituto señala afectan en gran medida a los pueblos étnicos y a la implementación en los territorios. De alguna manera la declaración de estado de cosas inconstitucional frente a la no implementación del Acuerdo le da un impulso a la implementación en estos territorios. Seguiremos luchando por que se cumpla lo pactado.

Pedro Baracutao

¿Llego la hora de renegociar el Acuerdo de Paz?

Una polvareda levantó el presidente Gustavo Petro esta semana. Esta vez con relación al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz entre la Ex guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano. “Yo no puedo decir mentiras”, sentenció. Advirtió que iría él mismo a la Organización de Naciones Unidas para reconocer que “el Estado de Colombia no quiere cumplir el Acuerdo de Paz que firmó”. Y remató afirmando que “Se trataría del primer país en el mundo en incumplir una declaración unilateral de Estado suscrita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. El presidente enfatizó en los incumplimientos en el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz como tribunal de cierre del conflicto en materia de verdad y justicia; y lamentó la lentitud en la implementación de la jurisdicción y la reforma agraria.

No le falta razón al jefe de Estado en su preocupación por los incumplimientos del Acuerdo de Paz más abarcativo, ambicioso y completo de los firmados en Colombia y quizás en América Latina. Para algunos resultaría exótico que un Estado en palabras de su propio jefe con resignación reconozca su impotencia e imposibilidad para honrar ante el mundo un Acuerdo de esta magnitud. El Magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, reaccionó calificando la declaración de Petro como una “autoincriminación”. “Es como un auto denuncia, que produce un estado de desconcierto en la comunidad internacional”. Sin embargo, más allá de las responsabilidades que pueden ser atribuibles al gobierno nacional, las instituciones y funcionarios encargadas de cumplir lo pactado con la ex guerrilla, el presidente Petro seguramente hace alusión a las resistencias, frenos de mano, contraordenes y saboteos que ocurren al interior de un aparato estatal que sigue siendo un campo de batalla ideológico y político entre el cambio y el pasado.

Y no es para menos. El octavo informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notra Dame de mayo del 2024, entidad designada por las partes en el Acuerdo como soporte técnico para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los mismos, advierte que, aunque la de implementación de las 578 disposiciones o compromisos que se derivan del texto del Acuerdo Final de Paz no se ha detenido, su estado actual merece especial atención. Según el informe, en noviembre del 2023 y a 7 años de su firma, solo el 32 % de las disposiciones del pacto de paz completaron su implementación, el 19% se encuentra en estado intermedio, el 30% en estado mínimo y el 10% no había iniciado su cumplimiento. “Es decir que luego de 7 años, el 49% de los compromisos se encuentran en nivel mínimo y no iniciado, sobre los cuales no se cuenta con evidencias que demuestre su viabilidad para ser completados antes de que se venza el plazo establecido para ello”, advierte el Instituto Kroc en su informe.

Puntualmente, en el punto de tres de “Fin del Conflicto”, registrado por la misma fuente como uno de los de mayor avance, los compromisos de Cese al Fuego, desmovilización o dejación de armas por parte de las exFARC se cumplieron en un 97%, mientras que los compromisos en reincorporación económica, social y política, aunque alcanzan un destacado nivel de ejecución del 66%, un 34% continuaba en proceso de implementación (en estado mínimo, intermedio o sin iniciar). Llama la atención que se afirme en este reporte que “durante el último año de implementación se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio Duque (1998-2022), el presidente que se propuso “volver trizas los Acuerdos”.

El presidente y su Gobierno en el marco de su Política de Paz Total, contrario al Uribismo, han dado muestras de su compromiso con el Acuerdo de Paz. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida ordena la articulación de sus 5 ejes transformacionales con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial pactados en el Acuerdo y asigna la cifra sin precedentes de 50.4 billones de pesos. También se avanzó en la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz para articular toda la acción institucional orientada a una mayor celeridad en su cumplimiento.

El presidente Petro debería repensar su mensaje ante las Naciones Unidas. Más bien debería incrementar el compromiso estatal con el Acuerdo de Paz. Una especie de renegociación o ajuste del Acuerdo en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación CSIVI, a instancias de la comunidad internacional (ONU y países garantes) podría permitir aclarar dudas y precisar los alcances de la JEP como tribunal de cierre, comprometer al conjunto del Estado y todos los poderes públicos en acelerar el cumplimiento del mismo en materia de desarrollo rural, derechos de las víctimas, reforma política, nueva política de sustitución economías ilícitas o transformar las caóticas 120 mil iniciativas de los 170 municipios PDETs heredados por este gobierno en proyectos de transformación territorial en las zonas de violencia financieramente viables y mayor impacto.

Antonio Sanguino

Sin egoísmos o posturas mesiánicas

La transición de una sociedad que padece un Conflicto Político Armado Interno con más de sesenta años de existencia, degradado y alimentado por fenómenos delincuenciales como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de especies, el tráfico de armas y municiones, la trata de personas y el lavado de activos, entre otros, hacia una sociedad pacífica, democrática, transparente, justa y equitativa, debe contemplar, además de una acción coordinada del Estado y los gobiernos para erradicar las causas estructurales que le dieron origen y lo retroalimentan, un profunda y decidida estrategia de Estado que instale en la conciencia y los corazones de la gente, una cultura de paz que nos conduzca a la reconciliación, el reconocimiento, la protección y la defensa de los Derechos Humanos.

A buena hora, las organizaciones de la sociedad civil y algunas entidades de gobierno que trabajan por la paz, dinamizadas por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, decidieron convocar y organizar la Cumbre Nacional de Experiencias de Pedagógicas de Paz. Un hermoso acontecimiento, en este mar de violencias y señalamientos, que pasó desapercibido para los medios de comunicación y seguramente para las y los tomadores de decisiones sobre el presente y el futuro del país. Del 24 al 26 de abril, se dieron cita en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, más de 100 experiencias locales y nacionales de organizaciones e instituciones que a diario y sin descanso, han tomado en sus propias manos e iniciativa, la construcción de pedagogías, de didácticas, y de acciones que hacen posible que la paz, más allá de las definiciones académicas, sea una vivencia de las comunidades.

Delegaciones de casi todos los departamentos del país, artistas y académicos reconocidos de diferentes partes de América y Europa, juntaron sus experiencias, para que, en un futuro cercano, se fortalezca, como es necesario, un programa nacional de Cultura para la Paz. Delegaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de población LGBTIQ+, de población con discapacidad, de comunales y campesinos, de firmantes de los acuerdos de paz, expusieron sin el más mínimo asomo de egoísmo o de posturas mesiánicas, sus propuestas, sus avances, sus dificultades y lo profundamente solos que se sienten, en medio de una sociedad que prefiere voltear la cara y olvidarse de la importancia de construir un nuevo ser humano para la vida y la armonía.

Me atrevo a afirmar, luego de escuchar y observar las diferentes propuestas y de resaltar la decisión final de mantenerse coordinados en una plataforma pedagógica nacional para la paz, que existe entre las experiencias una inquebrantable decisión por instalar una amplia y generosa acción pedagógica que, anide en los corazones de las colombianas y los colombianos, el amor, la solidaridad, el respeto a la vida, la dignidad, la justicia y la equidad, que hagan posible que emerja un torrente arrollador de voluntades, capaces de transformar las violencias en convivencia y convertir el dolor en alegría, la tristeza en felicidad y la angustia en esperanza.

Decididos a recrear los sueños, recuperar la creatividad y convocar desde la fragilidad de la esperanza a la utopía de un mundo mejor, este colectivo, que no representa a todas las experiencias pedagógicas de paz que transversalizan el país, pero si una importante muestra, manifestó en todas las conversaciones, algunas más optimistas que otras, la disposición de declararse, desde la fuerza de los corazones descalzos, en desobediencia transformadora frente a los formatos y las competencias individualistas. Han reafirmado que, saldrán a cantar con toda su fuerza, enredados con los hilos del amor, como tercos sinsontes, para que su poesía sea escuchada en todos los rincones, para que su mirada sea aceptada y sus abrazos recibidos.

A pesar de las dificultades logísticas, producidas por la escasez de recursos y otras consideraciones, me atrevo, con las disculpas anticipadas a la cumbre, a afirmar que en general la asistencia se comprometió en mayor o menor medida a:

a)            Promover nuevas pedagogías que hagan posible la inclusión, el amor, el respeto y la dignidad, reconociendo la importancia de la otredad, la diversidad étnica, cultural y espiritual, para construir, un acuerdo nacional de vida que haga posible la felicidad en el territorio;

b)            abrazar la noviolencia para generar didácticas, metodologías y procesos ciudadanos, que coadyuven a la construcción de una sociedad sin violencias físicas, económicas, sexuales, sociales, psicológicas o políticas;

c)            acompañar, ampliar y fortalecer, con sus experiencias y pedagogías, los procesos ciudadanos que quieran comprometerse con la construcción de un país en paz, respetuoso de la vida, la diversidad y los Derechos Humanos;

d)            poner a disposición de la sociedad, del Estado y los gobiernos, todas sus capacidades y recursos materiales e inmateriales, para poner fin a las violencias que nos afectan, en especial, aquella que se ejerce en contra de las niñas, los niños y adolescentes;

e)            promover la democracia y el poder ciudadano para generar las transformaciones pacíficas de los conflictos sociales, políticos, económicos y culturales, colocando al centro el diálogo y la escucha, que construye soluciones y crea compromisos;

f)            aportar a la construcción de una cultura de paz libre de armas, promoviendo el rechazo social al uso de la violencia armada y al armamentismo en Colombia y el mundo;

g)            acompañar los procesos de diálogo social y político para la construcción de paz integral, y las estrategias de vinculación de los y las firmantes de paz, a la vida social, política y económica.

h)            fortalecer los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, desde un enfoque psicosocial, de memoria transformadora, verdad y justicia, para fortalecer el tejido social golpeado por las violencias.

Finalmente, resalto las afirmaciones y el llamado de la cumbre, para que los gobiernos locales, las instituciones del Estado y el Gobierno Nacional, apoyen y respalden con recursos económicos, logísticos y garantías a la vida, los planes, programas y proyectos pedagógicos que buscan, desde la comunidad, construir una sociedad en paz, garante de los Derechos Humanos y reconciliada. Ojalá se continue por este camino, y que la cooperación internacional vea en estos colectivos, el germen que hará posible a largo plazo y en constante articulación con los programas que buscan superar las causas estructurales del conflicto, el surgimiento de una paz estable y duradera.

Luis Emil Sanabria D

Salvemos este barco de la paz

El 21 de agosto del 2018 le escribí una carta al entonces presidente Iván Duque, con copia a organizaciones internacionales, países garantes, Congreso de la República, Alto Comisionado de Paz, organizaciones sociales, Naciones Unidas y medios de comunicación. En esta carta se evidencia que nuestra voluntad de paz sigue intacta, y en el momento actual, como firmantes de paz con una experiencia acumulada, ofrecemos nuestros oficios para apoyar otros procesos de paz.

A continuación, la carta:

Señor Presidente, desde que se inició el proceso de conversaciones en la Habana Cuba, los que en ese momento estábamos al frente de las tropas en terreno nos desgastamos todos los días haciendo pedagogía de paz, socializando lo que en la Habana se iba acordando. Todo con el objetivo de que las unidades guerrilleras en ese entonces entendieran la realidad que estábamos viviendo y la coyuntura de gran importancia que se avecinaba para nuestro país.

Fue así como desde el 2012 por iniciativa propia, con el resto de direcciones de los frentes 34 y Aurelio Rodríguez, comenzamos a concentrar las tropas en grupos pequeños y grandes de acuerdo a las condiciones de la región. En ese entonces se dio la orden de levantarnos todos los días a las 4:30 A.M. a estudiar para que fueran entendiendo esta tarea de cambiar la página de la guerra y que se asumiera el compromiso de la verdadera paz que el país requería.

Esto lo mantuvimos durante todos estos años hasta llegar a los Puntos de Reagrupamiento Temporales (PPT). Pasamos a los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), donde llegamos todos completos para asumir la responsabilidad de la verdadera paz que soñábamos nosotros y añorada por todos los colombianos, asumíamos esta responsabilidad con seriedad, rectitud y lealtad a nuestros principios, fueron duros los debates que nos tocó dar en las aulas de estudio porque existían los incrédulos, como era apenas normal, pero dado el nivel de confianza en la direcciones de los Frentes y la Dirección Nacional todos asumimos esta responsabilidad de la dejación de las armas con mucha responsabilidad. Pero siempre con la duda y con la preocupación de las advertencias del Camarada Manuel Marulanda Vélez: “que las armas siempre serían el garante de los compromisos que se asumieran con el gobierno nacional”.

Gracias a todo lo anterior, usted puede corroborar que en esta región del Chocó y Antioquia no hay disidencias, y es esto lo que quiero que evitemos. Todavía estamos a tiempo, no quiero perder mi trabajo de tantos años. Mostramos un punto de confianza para el eventual diálogo con el ELN. Si la reincorporación de los de las FARC-EP es incierta ellos están en terreno y están escuchando y viendo esta situación real.

Al año de la dejación de las armas, los exguerrilleros nos sentíamos conejeados, traicionados por parte del Gobierno Nacional. No ha comenzaban los proyectos productivos, a los exguerrilleros les tocó salir organizadamente en las estructuras del Partido a refugiarse donde su familia, a la espera de una oferta institucional. Esto se hizo, cada quien buscando su lugar de origen, no hay un plan de vivienda digna para nadie. La salud es incierta, la educación mediocre, los gobiernos municipales y departamentales les toca uno el tema y le dicen que sí pero nunca asumen compromisos, siempre con el pretexto que es un asunto del Gobierno Nacional. Las agencias creadas para la reincorporación hacen hasta donde pueden.

Para pagar este esfuerzo que hemos hecho durante estos últimos años, el Presidente saliente con base en información falsa, de los funcionarios de las agencias, suprime el ETCR de Vidri, dejando a los 471 exguerrilleros que estaban ubicados en ese lugar a la intemperie, sin casa y los envían al rebusque por todas las regiones. Y pese al esfuerzo que hicimos para que esto no se diera, lo hicieron.

En la pagina 77, punto 3.3. del Acuerdo Final, quedó escrito lo siguiente:

“Los excomandantes, guerrilleros/as, integrantes de los órganos directivos de la nueva fuerza política que surja del tránsito de las FARC-EP a la legalidad tendrán la obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil de forma integral, para lo cual, entre otras obligaciones derivadas del Acuerdo Final, realizarán tareas de explicación de dicho Acuerdo y de resolución de conflictos que respecto al cumplimiento del Acuerdo Final pudieran surgir en cualquier municipio del país entre los antiguos integrantes de las FARC- EP o entre los miembros del nuevo movimiento político.”

Como ven, este es un compromiso que lo he venido asumiendo, por ética revolucionaria y lo pueden corroborar en la región. Por un deber moral con los 471 integrantes que hicimos dejación en Vidri.

Por la atención prestada muchas gracias.

Pedro Baracutao

No olvidar la historia

No podemos ingenuamente seguir pretendiendo culpar al gobierno de Gustavo Petro de los hechos que están ocurriendo a raíz del conflicto armado en Colombia. Como firmante el Acuerdo de Paz e integrante de las extintas FARC-EP, recuerdo muy bien que en el tercer punto del Acuerdo quedó clara la responsabilidad del Estado colombiano con todas sus instituciones de hacer esfuerzo por el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo y todas aquellas expresiones que amenazaran la implementación del Acuerdo de Paz.

Ahora bien, de forma reiterada fuimos insistentes en la responsabilidad del gobierno para el cabal cumplimiento de los Acuerdos, esto conllevaba al cubrimiento con el monopolio de la fuerza en los territorios donde antes operaba la antiguas FARC-EP, hecho este notorio del incumplimiento por parte de los dos presidentes que antecedieron a Gustavo Petro. Así las cosas, no podemos seguir aceptando que sigan engañando a los colombianos y colombianas queriendo mostrar una política de paz total fallida, cuando tan solo el gobierno del cambio lleva 15 meses en ejercicio.

No podemos seguir engañando a nuestra población y engañándonos nosotros mismos como líderes de opinión, digamos la verdad: siempre se recoge lo que se cosecha. Pensaron los enemigos de la implementación del Acuerdo de Paz que le hacían un daño con esto a los firmantes o al nuevo partido que surgió después de la firma, hoy estamos viendo los resultados de esa mala lectura política, mezquina, que lo que hace es perpetrar el odio y que entre colombianos nos veamos diferentes e impulsemos políticas para destruirnos.

¿Acaso no es cierto que hubo entrampamiento para judicializar a algunos líderes principales del nuevo partido? ¿Acaso no es cierto que engavetaron el Acuerdo de Paz y no lo implementaron? ¿Acaso no es cierto que fueron mezquinos en hacer un trabajo pedagógico para que los colombianos y las colombianas conocieran la importancia de ese Acuerdo de Paz y cuáles serían sus beneficios? ¿Acaso no es cierto que las víctimas según serían el centro de la implementación¿ ¿cuál fue la política para el cabal cumplimiento? ¿Acaso no es cierto que a los firmantes de Paz creyendo en la palabra empeñada nos tocó que construir nosotros mismos las zonas transitorias de normalización?

¿Acaso no es cierto que hoy en día los firmantes ni siquiera tienen tierras y no cumplieron lo que quedó en el punto 3 que según el censo realizado por la Universidad Nacional se crearía el programa para la vivienda de los firmantes y hasta el sol de hoy, a 7 años no se ha visto la materialización de esto? Así podría enumerar cantidades de incumplimientos, y a esto le sumamos el robo de la plata de la implementación a través de la corrupción.

Como dicen en mi tierra: se las dejo ahí, así que hagamos análisis objetivos y saquemos conclusiones reales y comencemos a implementar políticas concretas en función de acabar el odio, la desigualdad social y mejor hagamos el esfuerzo por aportar nuestro grano de arena en la reconciliación para poder construir la paz, y de esa forma acompañemos   al gobierno para poder sacar buen provecho de esta oportunidad que nos dimos en el plan nacional de desarrollo de buscar la paz total. Si seguimos sin reconocer la realidad del país, nos veremos  evocados a quién sabe cuántos años más de guerra, es hora de pararla, para eso tenemos que hacer todos y todas mayores esfuerzos.

Los que mueren en la guerra son los hijos de las personas más humildes, de los campesinos de la Colombia profunda, o los pobladores de los barrios más humildes de las ciudades. Porque los hijos de los encorbatados nunca van a la guerra, pero sí les es muy fácil impulsarla desde las oficinas e incluso desde los recintos del Congreso. La reconciliación es el mejor camino para poder avanzar en la construcción de las paces.

Pedro Baracutao

¿A qué vino la delegada de la ONU a Colombia?

La experta en Derechos Humanos Antonia Urrejola, designada para identificar y verificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz colombiano, llegó este miércoles a Colombia.

La exministra de Exteriores de Chile y excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará en el país hasta el 8 de septiembre, periodo en el que celebrará varias reuniones.

«Durante su visita, la experta se reunirá con altos funcionarios gubernamentales y otras altas autoridades. También sostendrá reuniones con entidades de la ONU, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad diplomática», reza un comunicado de Naciones Unidas.

Tras esta visita, que es la primera de la experta desde que fuera nombrada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, Urrejola realizará una declaración final con las conclusiones de sus encuentros.

La presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU, Barbara Woodward, comunicó a finales de julio que los miembros habían reiterado «su pleno y unánime» apoyo al proceso de paz en Colombia, destacando la importancia de garantizar la implementación integral del Acuerdo Final de Paz.

Los miembros del organismo de Naciones Unidas acogieron «con beneplácito» el impulso continuo en la implementación del acuerdo de paz y animaron a las autoridades del país a «seguir avanzando» en este sentido.

Así, dieron la bienvenida a los esfuerzos del Gobierno de Colombia para buscar una paz más amplia a través del diálogo y reconocieron los esfuerzos de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.

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Asesinan a firmante del acuerdo de paz

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha informado este sábado de la muerte de Luis Aníbal Martínez Higuita, agricultor que formaba parte de un proyecto asociativo-productivo y firmante del Acuerdo de Paz en 2016.

«Adelantó su proceso de reincorporación en Santa Lucía, donde hizo parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia. Era agricultor y actualmente hacía parte de un proyecto productivo asociativo», ha señalado la organización en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, las autoridades del municipio colombiano de Dabeiba han precisado que el firmante del acuerdo fue «atacado por cuatro encapuchados cuando se trasladaba en un autobús, junto a otras personas, que atravesaba en ese momento por el puente de Urama en el sector La Garrucha», según ha recogido la cadena de televisión Telesur.

El senador del Partido Comunes, Omar Restrepo, ha pedido en su cuenta de Twitter que se acabe con la violencia: «¡A los actores armados, les decimos basta! No podemos permitir que la violencia siga cobrando vidas de quienes han decidido trabajar para construir un nuevo país».

Indepaz ha informado que desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016 han sido asesinados 375 firmantes y 19 en lo que va de año.

 

Reportan reclutamiento de más de 900 menores desde 2017

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) del Gobierno de Colombia denunció que 919 menores de edad han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales desde la firma en 2017 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La segunda edición del informe Datos para la Paz de la UARIV actualiza los registros de las personas víctimas del conflicto armado y «demuestra las consecuencias que sigue teniendo para niños y adolescentes que son reclutados», ha resaltado la directora de la unidad, Patricia Tobón, según recoge la emisora RNC.

«Los datos revelan que hay un total de 9.512 niños, niñas y adolescentes han sido incluidos en el Registro Único Víctimas por vinculación a grupos armados. De éstos, 293 fueron vinculados más de una vez, el 66 % son niños y el 34 % son niñas», explicó Tobón.

A lo anterior se suma que, de acuerdo con las declaraciones recibidas por la Unidad para las Víctimas, los rangos de edad de entre 12 a 17 años son los de mayor vinculación a los grupos armados.

El boletín denuncia además que Bogotá y Cali reciben un 45 % de las víctimas de desplazamiento forzado, que suman 8.452.997 víctimas en total.

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El Acuerdo de paz en el PND “Colombia, potencia mundial de la vida 2022-2026”

Como firmantes de paz celebramos que el PND recoja la implementación integral del Acuerdo de Paz. Y que la planeación del desarrollo se articule con el ordenamiento del territorio alrededor del agua como primer eje de transformación dentro del plan. Una propuesta de cuidado de la “casa común”, paz y buen vivir para el pueblo colombiano.

Por fin un proyecto político en nuestra era republicana que pone una agenda de cambio con la paz en el centro. Proyectos, políticas y programas para la construcción de la paz (Cap.1) se encuentran previstas en las Bases del PND. Así mismo, resaltamos que brinde las facultades al ejecutivo para la compra de tierras de cara a la Reforma Rural Integral y para la reparación de víctimas.

Los ejes de transformación del PND son el ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización, acción climática y convergencia regional (Art.3). Esto da cuenta de tres cosas fundamentales: 1) que la vida humana y la defensa de la biodiversidad son la prioridad, 2) que el plan es modernizar el país superando el centralismo y dándole poder a las regiones, y 3) Colombia en el planeta como un actor fundamental para mitigar el cambio climático.

Otro aspecto clave a mencionar son los ejes transversales del PND: la paz total, los actores diferenciales para el cambio, la estabilidad macroeconómica y la política exterior con enfoque de género (Art.4). Una apuesta por superar la violencia estructural, por superar las brechas ocasionadas por el conflicto armado y por tumbar el grueso muro que separa lo urbano y lo rural. “Actores como las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, las víctimas, las niñas y los niños, las comunidades étnicas, los jóvenes, las personas con discapacidad y la comunidad campesina son parte integral de las transformaciones propuestas por este Plan”.

Es clave la apuesta de una política exterior con enfoque de género como política de Estado, orientada a promover y garantizar la igualdad de género en la política bilateral y multilateral. Se le da mucho juego en la política de paz total a la Cancillería en cabeza de Álvaro Leiva.

La paz tiene presupuesto

Hay esperanza real de paz al aprobar el Plan de Inversiones Públicas (1.154,8 billones) que incluye el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz (PPI), el cual se estima en un valor de 50,4 billones a pesos constantes de 2022 para los próximos cuatro años por $50,4 billones (Art.5) distribuidos por punto del Acuerdo de Paz así:

cifras by Confidencial Colombia on Scribd

Así mismo, al garantizar la implementación integral del PNIS y compromisos del mismo con pueblos y comunidades étnicas y campesinas (art. 10 y 11), se avanza en el ejercicio de volver a construir acuerdos con familias cultivadoras a las que el gobierno anterior les incumplió en su intento de hacer trizas el Acuerdo de Paz.

Un PND para la reconciliación y las garantías de no repetición

Otro aspecto clave para la reconciliación y la transición hacia la paz es el “proceso de acompañamiento a miembros activos y retirados de la fuerza pública durante la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (Art.18). En este sentido también es clave el Plan de Acción para la aceleración de pago de indemnizaciones administrativas (Art. 8). “El Gobierno nacional implementará un plan de eficiencia en el gasto público a fin de acelerar el pago de las indemnizaciones para las víctimas del conflicto”.

En términos generales se resalta de este PND su perspectiva de planeación participativa y su capacidad de articulación institucional para mejorar la gestión pública y superar la ineptitud burócrata de anteriores gobiernos.

En ese sentido se resalta el Sistema Nacional de Reincorporación (Art.19) como instancia de articulación y coordinación de la oferta interinstitucional de orden territorial y nacional para las personas exintegrantes de las FARC-EP, incluyendo también a sus familias. Así mismo el Programa de Reincorporación Integral, dirigido a generar capacidades en sujetos y colectivos en proceso de reincorporación social, económica y comunitaria orientadas hacia el alcance del buen vivir y la construcción de paz (Art.20).

La Agencia de Renovación del Territorio -ART- estará adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Art.14), lo cual también da cuenta de esa modernización institucional de cara a la implementación de los Acuerdos.

Finalmente, no deja de ser un tropiezo la no implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Una deuda histórica de la “oligarquía”, temerosa de los relatos múltiples de la verdad. Esa clase que como decía Gaitán “concentra en su excluyente interés los poderes económicos como medio de influencia política, y la influencia política como medio de ventajas económicas”.

 

 

 

Asesinato de excombatientes se redujo durante los primeros cien días del Gobierno Petro, según MinInterior

El Ministro del Interior, Alfonso Prada,  informó que durante los casi 100 días de Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro se ha disminuido en un 58.4% el asesinato de excombatientes y resaltó la importancia de la nueva Ley 2272 de 4 de noviembre de 2022 o la reforma a la Ley 418 de 1997, conocida como la Ley de Paz Total, que permitirá buscar la paz con todos los actores del conflicto del país.

“La política de paz será una política de Estado en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar. Así como a los procesos de paz en curso y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, agregó Prada.

El jefe de la cartera política destacó la puesta en marcha de los Puestos de Mando Unificado por la Vida con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de las personas que lideran y promueven actos de paz en sus territorios. “Que tienen la característica de incluso haberle incorporado el nombre de la vida: Puestos de Mando Unificado por la Vida. 177 en nuestros primeros 100 días con un despliegue en el territorio enorme”, sostuvo.

El alto funcionario resaltó que este mecanismo de los PMU por la Vida posibilitó reducir hechos de violencia contra líderes, lideresas y gestores de paz, que se venían presentando en las zonas más afectadas por la confrontación de actores armados ilegales. “El mes de septiembre fue un mes de mucho aliento porque logramos bajar más del 40, casi el 46, 47% de los asesinatos de líderes porque octubre no fue un buen mes”, señaló el ministro del Interior.

El Ministro Prada reafirmó el compromiso del Gobierno del Cambio con la NO estigmatización: “Hemos lanzado una campaña en la que no hay una sola reunión donde así estamos nosotros en la que no lancemos un mensaje muy fuerte de respaldo a la actividad que hacen los líderes y las lideresas en territorio en relación con la defensa de los derechos humanos”.

Finalmente, anunció que el próximo 25 de noviembre en el departamento del Chocó el Gobierno instalará el primer piloto del programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas, con el fin de prevenir riesgos y brindar protección colectiva a las organizaciones de las que también hacen parte mujeres firmantes de paz y en proceso de reincorporación.

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Llamado de la Procuraduría al Gobierno Nacional para que avance en la adjudicación de tierras

La Procuraduría General de la Nación hizo el llamado al Gobierno Nacional para que se avance en la implementación de la adjudicación de tierras a campesinos establecido en el Acuerdo de Paz.

En el ente de control dijo que solo se ha cumplido con el 16 % de la meta fijada, lo que significa que hasta ahora se han entregado 485.349 hectáreas de un total de tres millones de hectáreas.

En la entrega del Cuarto Informe sobre el estado del Avance en la Implementación del Acuerdo de Paz, indicó que también se debe avanzar en este punto, pues de siete millones de hectáreas solo se han regularizado 2’612.983, es decir el 37 %.

Igualmente, enfatizó en que se deben reforzar las medidas de seguridad y protección de quienes se encuentran en proceso de reincorporación, así como las de los defensores de DDHH y líderes y lideresas sociales.

Señaló que se debe actualizar la caracterización de la población en reincorporación y de sus familias, tanto de quienes aún se encuentran en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -AETCR- como de aquellos que ya no se encuentran en esos lugares, con el fin de optimizar la ejecución del procedimiento.

Sobre las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, recomendó aumentar la cobertura de las acciones de rehabilitación en las zonas rurales, dinamizar los procesos de reparación colectiva, y brindar acompañamiento a los de retorno y reubicación, en articulación con la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, considerados como elementos clave para la consolidación de una paz estable y duradera.

¡No parimos hijos para la guerra, parimos hijos para la paz!

Esta fue la exigencia   que escuché  , de parte de   las mujeres,  a lo largo y ancho de la Colombia profunda cuando en mi condición de Co-presidenta de la Comisión  de paz de la Cámara de Representantes con el apoyo del Programa de Naciones Unidas en Colombia  , universidades y organizaciones sociales recorrimos muchos lugares de nuestro país , con el propósito de escuchar  las propuestas que desde las regiones , diferentes actores sociales tenían sobre el Acuerdo de paz que se negociaba en la Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP, hoy partido de los Comunes.

Estas propuestas fueron discutidas, sistematizadas y enviadas a la Habana en lo que llamamos “Una enciclopedia para la paz “. Se pretendía promover un proceso participativo en un país roto por la guerra, y que este proceso participativo y propuestas presentaran permitieran tejer vínculos entre estas distintas “Colombias” que hemos habitado por décadas. También se buscaba enriquecer el contenido de 4 de los seis puntos del Acuerdo de paz: Reforma rural integral, participación política, programa de sustitución de cultivos lícitos y atención a las víctimas. Realizamos 9 mesas regionales, incluyendo a Bogotá las cuales contaron con la presencia de 2990 personas. Destaco de manera especial la amplia y activa participación de las mujeres.

Las mesas las realizamos durante el año 2012. Una de las propuestas que se presentaron en algunas de las mesas, hacía referencia   a la desmilitarización de la sociedad, el respeto a los derechos humanos y a la protesta social. Dicha propuesta incluía “reemplazar el servicio militar obligatorio por un servicio social para la paz en las zonas afectadas por la guerra”.  Se buscaba que la juventud colombiana pudiera convertirse en una juventud para la construcción de la paz y de esta manera se lograría que la relación de estos jóvenes mayores de 18 años para contribuir al avance del país   , no tuviera que pasar por portar obligatoriamente  un fusil .

Con el senador Iván Cepeda, iniciamos desde el 2011 en la Cámara de Representantes   un retador trabajo con los movimientos de jóvenes objetores de conciencia quienes sentían que el servicio militar obligatorio, violentaba su propósito de ciudadanía plena y de querer aportar a la paz.  A través de las   audiencias realizadas en el Congreso de la República y en algunas universidades, recogimos aportes para presentar el proyecto que hiciera realidad tanto la aspiración de estos jóvenes, como las propuestas que habíamos escuchado en las mesas regionales por la paz.

Nunca pudimos lograr que el proyecto avanzara durante los dos períodos de gobierno de Juan Manuel Santos. El compromiso del presidente de no tocar la fuerza pública, como parte del Acuerdo, pasaba por dejar intacta la obligatoriedad del servicio militar. Esta era una de las grandes frustraciones   de los jóvenes en Colombia, que en un gobierno que buscó hacer la paz como el de Santos mantuvo esa dolorosa obligación. Obligación que como lo muestran muchos estudios, cumplen en especial los jóvenes pobres de Colombia.

Por todas estas razones, cuando hace algunos días literalmente se salvó el artículo 10 del proyecto de ley sobre la paz total, sentí una enorme alegría. Dicho artículo invoca como fundamento el artículo 11 de la Constitución que establece el derecho y el deber de vivir en paz. De igual manera presenta el servicio social para la paz como complementario al servicio militar.  Establece 12 meses de duración y 11 modalidades para ser asumido por los jóvenes. Entre algunas de las   modalidades están: promover la alfabetización en zonas rurales y urbanas, promover la política pública de paz, convivencia y no estigmatización, trabajar por protección de la naturaleza y la biodiversidad, trabajar en la reforma rural integral, ser vigía del patrimonio cultural, ser cuidador de personas en condición de vulnerabilidad. Este servicio social será reconocido como experiencia para el primer empleo y se pretende sea remunerado.

Increíble este sueño hecho realidad. Millones de mujeres de la Colombia profunda, estarán celebrando una lucha que por décadas han librado ellas y sus hijos: parar esta guerra atroz y crear oportunidades para que estos hijos de la guerra , sean por fin las y  los gestores de la paz.

Como siempre habrá quienes nos quieran “aguar “esta celebración. Las aves de mal agüero, los guerreros de siempre.  No lograrán hacerlo.   No pasarán.