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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Anticorrupción

La estrategia anticorrupción que sí serviría

La posición anticorrupción del presidente Petro

Recuerda la Silla Vacía que la bandera que definió al entonces congresista estrella Petro durante décadas fue su aguerrida posición contra la corrupción, pero que prácticamente había desaparecido de sus discursos desde que se alió con políticos corruptos en el tramo final de su campaña. Nueva estrategia anticorrupción del gobierno carece de dientes (La Silla Vacía, 2024)

 

Después del escándalo de corrupción en la UNRDG con los tristemente famosos carrotanques, ahora el presidente dice que “tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano” (recientemente en Barranquilla).

También recuerda el artículo que en el Plan de Desarrollo de Petro quedó la obligación de formular la estrategia anticorrupción a partir de un diagnóstico sobre la capacidad que tienen hoy las entidades públicas para planear y llevar a cabo estrategias efectivas para evitar el desvío de recursos públicos.

La estrategia anticorrupción del Gobierno Petro

El secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, le explicó a la Silla Vacía que no había alcanzado a hacer ese diagnóstico.  Y sacaron un decreto “lo más implementable posible” producto de las mesas de trabajo con los ministerios y otras entidades, que en resumen tiene tres medidas clave:

* Instalar capacidad en las jefaturas de control interno de hacer auditorías forenses para identificar los esquemas que utilizan los corruptos para quedarse con la contratación.

* Levantar todas las restricciones que tienen hoy los ciudadanos para acceder a la información pública.

* Tener un estándar de debida diligencia en todo el gobierno para que cuando haya una denuncia de corrupción no se termine engavetando el caso.

También reseña el artículo que hacer las auditorías forenses quedó a voluntad de cada entidad y sin la obligación de apropiar un presupuesto para hacerlo (no hubo estudio de impacto fiscal al decreto por parte del ministerio de Hacienda) y que cada entidad los va a establecer en el marco del plan contra la corrupción que tienen que adoptar como sector. 

El decreto obliga a las entidades a poner toda la información sobre sus contratos en su correspondiente página web para que la gente pueda hacer una veeduría más directa sobre los recursos públicos. Sobre esto, Transparencia por Colombia y otras organizaciones prestigiosas opinaron que volver a dejar en cada entidad la responsabilidad de publicar contratos en cambio de seguir fortaleciendo la centralización de la información contractual en el Secop sería un gran retroceso (dice el artículo). En síntesis, esta estrategia se ve floja y como dice su autora, sin dientes.

Los expertos citados por la Silla Vacía hablan de:

* Construir una estrategia a partir de las realidades políticas que existen en los territorios.

* Meterle la ficha a una verdadera reforma política y una que garantice la independencia de los órganos de control y de la justicia. 

* Fortalecer el tema del empleo en el Estado y el servicio público (basado en que “la precarización del servicio público es la oportunidad para la corrupción”)

* Apostarle a la descentralización.

No es por ahí

Durante ya varios años hemos señalado desde esta columna los problemas que hay que solucionar lo antes posible, que producirían una mejora sustancial. Como se verá, hay una brecha grande con la estrategia del Gobierno e incluso con lo que dicen los expertos citados.

A continuación, se puede observar.

El arsenal de reformas en la legislación de la contratación pública para enfrentar la corrupción (Fonseca, 2021)

Expusimos las mejoras necesarias del marco jurídico de la contratación pública en el país, la mayoría de corto plazo y algunas a través de resolución; otras que deben pasar por el Congreso, lo cual es la gran talanquera.

* Cortar la fuerte conexión entre financiación de campañas y contratación pública.

* Mejoras en la propia Ley 80 y en los Pliegos Tipo.

* Prohibición expresa de eludir la Ley 80 limitando las excepciones y completamente acotadas.

* Retorno de las empresas de servicios públicos estatales al régimen de la Ley 80.

* Modernización de las entidades estatales parar realizar la contratación a través de una única Oficina de Gestión de Proyectos, práctica segura usada en los países desarrollados.

* Prohibición de la mal denominada práctica de apropiación de los diseños en caso de construcciones.

Estrategias Anti-Corrupción compiladas por Fedesarrollo, luces de esperanza (Fonseca, 2021)

El documento de Fedesarrollo (compilación de una fuerte comisión de expertos) señala sin ambages todo lo necesario mediante tres elementos principales de la relación sistémica de la corrupción nacional: la captura de la política y el sistema electoral; la captura del sistema de justicia y control, la captura de la operación del estado en sus componentes de compra pública, empleo público y regulación y la formulación e implementación de la regulación y política pública. Y hace recomendaciones a mediano y largo plazo con una hoja de ruta para lograr soluciones.

Incluye los aspectos de la financiación estatal de las campañas, con todo y los desafíos que desde su enunciado plantea en torno a la misma corrupción, la precariedad del diseño del Consejo Nacional Electoral, su inoperancia y su composición politizada y sesgada, los efectos de la proliferación de candidatos independientes y el debilitamiento de los partidos, hasta la ausencia de fondos necesarios para implementar la financiación de las campañas.

Por fin la ley Anti-Corrupción (Fonseca, 2022)

Resume las malas prácticas en contratación estatal que empiezan con el “direccionamiento” en los procesos de selección de contratistas a través de reglas “amañadas” en los criterios de experiencia y capacidad financiera, la adjudicación de puntos con criterios subjetivos como el plan de obra o el sistema de calidad y la celebración de contratos interadministrativos a entidades que tienen régimen privado, para eludir, no solo el proceso de selección por licitación pública, sino la aplicación de pliegos tipo, que ya se conocen ampliamente con el nombre de “contrataderos”. (Los contrataderos: así se roban a Colombia, Sigue la W, 2024)

La lista de puntos a reformar, elaborada por el equipo asesor que preparó el proyecto de ley, Rodrigo Fernández y Ernesto Matallana, incluía:

* Eliminar los incentivos para acceder a los recursos públicos por parte de servidores públicos y contratistas corruptos.

* Fortalecer la maduración de proyectos para garantizar el principio de planeación.

* Fortalecer los medios de control y vigilancia de las entidades estatales frente a sus contratistas.

Contrataderos, la burla planificada desde la ley para facilitar la corrupción (Fonseca, 2023)

Lo más curioso es que el mismo secretario Andrés Idárraga había señalado el año pasado en Sigue La W  que “hay que acabar con los regímenes especiales para evitar que continúen los ‘contrataderos’ en las regiones del país”. Es decir, ya tenía el diagnóstico claro.

La palabra “CONTRATADERO” fue acuñada en 2020 por el ingeniero Rodrigo Fernández como resultado de su seguimiento a la gestión contractual de las Entidades Públicas y las Entidades Territoriales, en el que protuberantemente encontró que Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de origen ordenanzal o de acuerdo municipal, vienen siendo utilizadas masivamente por las Entidades Territoriales para eludir la Ley 80 de 1993 y los Pliegos Tipo.

En ese artículo incluimos un listado de 31 contrataderos para ayudarle al secretario a identificar a dónde tenía que dirigir sus esfuerzos.

Y para seguir colaborando, en esta lista de artículos se encuentran análisis, ideas y propuestas:

Mal hecha la ley para que quepa la trampa (ConfidencialColombia, 2023)

Corrupción de alto nivel (ConfidencialColombia, 2023)

Corrupción, solo 500 años de experiencia (ConfidencialColombia, 2023)

Balance desolador pero bien conocido: corrupción e impunidad (ConfidencialColombia, 2023)

Asambleas Populares, mal remedio para una enfermedad mal diagnosticada (ConfidencialColombia, 2023)

Estrangulando a los pequeños y medianos contratistas de ingeniería en el PND (ConfidencialColombia, 2023)

¿Cualquier reducción de la corrupción pasa por la reducción del Estado? (ConfidencialColombia, 2022)

8 reformas estructurales que deberíamos estar viendo en los debates presidenciales (ConfidencialColombia, 2022)

El cuento con el Gobernador del Chocó y otros cuentos de corrupción enorme (ConfidencialColombia, 2022)

Politiquería y corrupción, ahora en versión naranja (ConfidencialColombia,2021)

Cómo impacta la corrupción a su bolsillo (ConfidencialColombia, 2021)

¿Priorizando la corrupción? Caso: Centro de Eventos Histórico y Cultural de la Música (ConfidencialColombia, 2021)

La lucha contra la corrupción, en solitario (ConfidencialColombia, 2021)

La crisis de la verdad. Nuevo episodio: licitación MinTIC (ConfidencialColombia, 2021)

¿Elefantes blancos o proyectos turbios? (ConfidencialColombia, 2021)

De la politiquería a la política ética (ConfidencialColombia, 2021)

¿Cómo poder explicar la crisis estructural colombiana? (ConfidencialColombia, 2021)

¿Por qué somos corruptos? (ConfidencialColombia, 2021)

La apropiación de los diseños, ¿buena o mala práctica en la construcción de obras públicas? (ConfidencialColombia, 2021)

¿Qué fue primero, la pobreza o la corrupción? Y por qué importa tanto (ConfidencialColombia, 2021)

La pequeña y mediana ingeniería está muriendo por la endemia de la corrupción en la contratación pública (ConfidencialColombia, 2021)

Corrupción tipo (ConfidencialColombia, 2020)

La ética reinante engendra la corrupción, (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

Antes de hablar sobre competitividad, ¡erradique la corrupción! (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

¿Es la corrupción la causa raíz de todos nuestros males? (ElMundoEsNuestraMeta, 2013)

La primerísima solución es cerrarles el paso a estos regímenes especiales: todo dinero público invertido debe pasar por los controles de la Ley 80 y los pliegos tipo, al menos.

Lo que sí puede hacer el Gobierno de inmediato es introducir dentro de los convenios interadministrativos en los que asignan recursos del presupuesto nacional, la obligación, para el beneficiario del recurso, de ejecutarlos con arreglo a la ley 80 de 1993. Así, los contrataderos ya no les servirían a los corruptos y podríamos cerrar esta vena rota con la que se nos están robando al país a plena luz del día.

Rafael Fonseca Zarate

Expertos de la ONU regresarán a Honduras para continuar con la creación de una misión anticorrupción

Un grupo de expertos de Naciones Unidas volará el domingo a Honduras para continuar con el proceso para la creación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Según ha detallado en sus redes sociales el ministro de Exteriores hondureño, Enrique Reina, el equipo de expertos de Naciones Unidas visitará el país durante casi una semana, desde el 13 hasta el 19 de agosto.

 

«Avanzamos de conformidad a lo establecido por la presidenta, Xiomara Castro», ha añadido el ministro Reina, recordando así que esta fue uno de los compromisos adquiridos por la mandataria durante el proceso electoral de noviembre de 2021.

Expertos de Naciones Unidas ya viajaron a comienzos de julio al país centroamericano para evaluar el establecimiento de una CICIH. En aquel entonces mantuvieron varios contactos para verificar si Honduras cumple con las condiciones para dicha instalación.

La presidenta hondureña y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, suscribieron en 2022 un memorándum para la creación de la CICIH y más tarde Castro estableció los términos para que un grupo de expertos visitase el país para sentar las bases de la comisión.

Le puede interesar:ONU exige liberación de Niger

Más de 1.000 bienes han sido confiscados como parte de la operación anticorrupción

Las autoridades de Venezuela han incautado más de 1.000 bienes en el marco de la operación anticorrupción ‘Caiga quien Caiga’, entre los que se encuentran seis edificios, 38 apartamentos de lujo, 28 mansiones, 16 oficinas, cuatro grandes terrenos y siete empresas, entre otros.

«Cada uno de esos bienes que se hayan incautado irán al servicio público, al servicio de nuestro Pueblo, al servicio de la salud, de la educación, de la protección social, tengan la seguridad de eso», ha declarado este viernes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según el diario ‘El Universal’.

 

Este mismo viernes, Maduro ha promulgado una ley que permite «identificar, localizar y recuperar los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas», así como que pasen a manos del estado para «resarcir el daño ocasionados», ha publicado el diario ‘Globovisión’.

«Hagan todo lo que tengan que hacer en el marco de la Constitución y las leyes, pero además de estos bienes incautados, nosotros tenemos que conseguir todo el dinero que esta gente se robó del pueblo de Venezuela lo hayan metido donde lo hayan metido, donde esté, todo el dinero, es un reto para nosotros conseguir todos esos recursos que le pertenecen al Pueblo», ha manifestado el presidente venezolano.

El número de funcionarios detenidos por su presunta vinculación a tramas de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es de 80 hasta el momento — uno de ellos se suicidó presuntamente en su celda –, sumando un total de 172 redadas.

Autoridades venezolanas afirman que recluso en la operación anticorrupción se suicidó

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este viernes que el detenido en el marco de la operación anticorrupción del país, identificado como Leoner Azuaje Urrea, se suicidó en su celda.

«La conclusión de la autopsia dió como resultado que el ciudadano muere por asfixia mecánica por constricción de cuello por ahorcamiento. Experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público en el lugar de los hechos: determinó que el ciudadano se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido», ha asegurado Saab en su cuenta de Twitter.

 

Además, su compañero de celda «ha confirmado el suceso» y su psicólogo ha asegurado que sufría de trastornos de ansiedad, confirmados por mensajes de su WhatsApp personal en los que se lamentaba de su situación psicológica.

Las autoridades han encontrado cartas dirigidas a sus familiares informando de su decisión y en las que asumía su error.

«No es creíble la versión ‘oficial’ del suicidio de Leoner Azuaje. La tortura y asesinato de presos es una práctica recurrente de la dictadura; matan sin impunidad a los que encarcelan, así sean de su propio entorno. Su familia y la de toda víctima merece justicia», ha afirmado el opositor venezolano Juan Guaidó en Twitter, y ha recordado que once personas han muerto bajo custodia, lo que indica «un patrón recurrente»

Por su parte, la ONG pro Derechos Humanos PROVEA ha denunciado que el «presunto suicidio demuestra que en Venezuela persisten condiciones de reclusión que no garantizan la integridad y la vida de personas», y han exigido una investigación independiente.

Azuaje Urrea fue detenido este martes, cuando el fiscal informó que había subido a 80 el número de funcionarios detenidos por su presunta vinculación a tramas de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sumando un total de 172 redadas.

Las operaciones para frenar la corrupción fueron puestas en marcha el pasado 17 de marzo. Desde entonces, la Policía Anticorrupción ha llevado a cabo una serie de investigaciones y detenciones de altos cargos y empresarios vinculados con empresas estatales.

Fallece un detenido en la operación anticorrupción

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este jueves el fallecimiento de uno de los detenidos en el marco de la operación anticorrupción del país, identificado como Leoner Azuaje Urrea.

Saab ha indicado que ha instruido a varios fiscales para que investiguen «el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión».

 

Asimismo, ha indicado que ha ordenado a la unidad criminalística del Ministerio Público junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y autopsias de ley.

Azuaje Urrea fue detenido este martes, cuando el fiscal informó que había subido a 80 el número de funcionarios detenidos por su presunta vinculación a tramas de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sumando un total de 172 redadas.

EE.UU. solicita a Venezuela investigar las actividades anticorrupción

Imagen de AP

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha pedido a Venezuela que investigue de forma tan «sensata, transparente y creíble» como sea posible en una rueda de prensa.

 

Además, ha mostrado el apoyo de Estados Unidos a cualquier acción que intente combatir la corrupción, incluidas las llevadas a cabo por el Gobierno de Venezuela. «Vamos a vigilar la situación a medida que se desarrolle», ha añadido Kirby.

También ha afirmado que la transparencia y la independencia son dos características que el Gobierno de Estados Unidos espera de cualquier investigación.

Las autoridades venezolanas detuvieron el pasado 22 de marzo a 19 altos funcionarios, jueces y alcaldes en el marco de una operación anticorrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y aseguraron que esperan más detenciones a medida que la investigación avance.

En referencia a Chevron, empresa petrolera estadounidense con permiso para producir en Venezuela, Kirby ha señalado que «aliviaron» las sanciones temporalmente para «restaurar la democracia» y para «aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano», y ha asegurado que PDVSA no se verá beneficiada por ello.

Por fin la ley Anti-Corrupción

En días pasados el senador Rodolfo Hernández radicó el proyecto de ley # 207 Senado que busca reformar la famosa Ley 80 de 1993. La importancia de esta reforma se puede medir en los recursos que intenta proteger para que no se los roben los corruptos en la contratación estatal: 50 billones de pesos, ¡más de 2 reformas tributarias! (la cifra de 50 billones fue citada años atrás por la Contraloría General de la República, pero es un estimado; algunos expertos piensan que puede ser muy superior). Por supuesto, no deja de tener razón su autor cuando afirma que este proyecto de ley es más importante que la reforma tributaria.

También dice el senador Hernández que es una reforma política, específicamente electoral. Tampoco se equivoca en esto si se tiene en cuenta que semejante cantidad de recursos económicos se pierde entre la maraña de trucos que se le hacen a la ley en la contratación estatal por parte de mafias conformadas entre algunos congresistas, gobernadores, alcaldes, directores de entidades, contratistas, etcétera, que han encontrado la forma de no cumplir con lo que establece la Ley 80 y hacerse a los sagrados dineros públicos desviándolos para su enriquecimiento personal ilícito y compra de votos, lo cual crea un mecanismo para su reelección permanente basado en varios actos ilícitos (corrupción en la contratación del Estado y compra de votos). Unos verdaderos traidores al país y a los colombianos. Lo peor es que sucede “a plena luz del día” y al frente de las entidades de control, cuya eficacia es reconocidamente baja. Con esta reforma a la ley 80 se estaría depurando el congreso, las asambleas y los concejos, ipso facto. Una verdadera reforma política, ¡sí!

 

¿En qué consiste el proyecto de ley radicado?

Reformar la Ley 80 de 1993 es el objetivo del proyecto, porque ese Estatuto de Contratación de la Administración Pública fue concebido con buenas intenciones pero dejó rendijas por las cuales los actores de la contratación en todos los niveles del Estado han ido implementando malas prácticas para saltarse sus prohibiciones y limitaciones, y hoy ya son verdaderas troneras por la que se pierden los enormes recursos de los colombianos.

En resumen, esas malas prácticas consisten en el “direccionamiento” en los procesos de selección de contratistas a través de reglas “amañadas” en los criterios de experiencia y capacidad financiera, la adjudicación de puntos con criterios subjetivos como el plan de obra o el sistema de calidad y la celebración de contratos interadministrativos a entidades que tienen régimen privado, para eludir no solo el proceso de selección por licitación pública, sino la aplicación de pliegos tipo (lo que ya se conoce con el nombre de “contrataderos”).

A continuación la lista de puntos a reformar, elaborado por los propios miembros del equipo asesor del senador, Rodrigo Fernández y Ernesto Matallana:

Eliminar los incentivos para acceder a los recursos públicos por parte de servidores públicos y contratistas corruptos

Se obliga a las entidades estatales que tienen régimen privado en su contratación, que cuando ejecuten recursos que provengan de una entidad sometida a la ley de contratación, también apliquen el Estatuto de Contratación, tanto en el trámite de selección del contratista como en los pliegos tipo (art. 1º del proyecto)

Se prohíbe a las entidades estatales que ejecuten recursos públicos a través de convenios de cooperación con organismos de cooperación o ayuda internacional  (art. 5º del proyecto)

Se incluye una nueva causal de inhabilidad para aquellos proponentes que se cartelizan colusionándose con otros proponentes para direccionar el proceso de selección a favor de alguno de ellos, en contra de los otros proponentes en fraude a las normas de competencia (art. 2º del proyecto).

En el proceso de selección por licitación pública se regula un plazo para preparar y presentar propuesta que no puede ser inferior a diez (10) días hábiles. (art. 6º del proyecto)

Adicionalmente se regula que si la adjudicación se obtuvo por medios ilegales y ya se perfeccionó el contrato se debe dar por terminado anticipadamente el contrato y adjudicarse al segundo en orden de elegibilidad, siempre que la ejecución del contrato no haya superado el cincuenta por ciento (50%) del mismo. (art. 6º del proyecto)

En las licitaciones públicas de obra cuando se presenten ofertas artificialmente bajas, se determinará su habilitación antes de la determinación de la formula aleatoria para adjudicar los puntos de la oferta económica (art. 6º del proyecto)

Se regula la naturaleza jurídica del anticipo y el pago anticipado, y en todos los contratos de obra se pactará como mínimo un veinticinco por ciento de anticipo (art. 7º del proyecto)

Se prohíbe a las entidades estatales autorizar la cesión del contrato si hay procedimientos sancionatorios en curso (art. 8º del proyecto)

Se limitan las causales para declarar la urgencia manifiesta a situaciones relacionadas con los estados de excepción y para conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas. (art. 9º del proyecto)

Se pasa el control de legalidad de los organismos de control fiscal a la jurisdicción de contencioso administrativo, que debe resolver en diez días sobre la legalidad del acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta y ordenar la terminación anticipada de los contratos (art. 9º y 10º del proyecto)

Se establecen criterios uniformes para seleccionar al contratista en la experiencia general y especifica, en indicadores financieros, y un límite máximo de la inscripción en hasta cinco códigos de Naciones Unidas pudiéndose cumplir con alguno de los cinco.

Se implementan una prohibiciones relacionadas con exigir años en ejercicio profesional como persona natural o de existencia para la persona jurídica, de exigir acreditación de ítems específicos de obra, de exigir cupo de crédito; de calificar programa de trabajo, programa de obra, rendimiento en ejecución de contratos de obra, factor de calidad, flujo de inversión, plan de calidad, agregar demanda cuando se trate de contratos de obra o de consultoría, y la adjudicación de puntos por mejoramientos técnicos.

Para los contratos de PAE, no se pueden utilizar procesos de subasta o bolsa mercantil.

Para la contratación de consultoría en régimen excepcional tampoco deber calificar el precio como factor de selección.

Para el proceso de selección abreviada de menor cuantía la manifestación de interés debe ser documentada y evaluada.

Frente al recurso humano solo será habilitante, y para obra solo será válida la exigencia de especialización, para consultoría máximo maestría. (art. 11º del proyecto)

Se disminuyen puntos por sanciones contractuales de multa y cláusula penal pecuniaria hasta el veinte por ciento (20%) del total de puntos. (art. 11º del proyecto)

Y la visita a la obra no genera puntos ni se considera requisitos habilitantes, ni la no petición de anticipo tampoco debe generar puntos (art. 11º del proyecto)

Fortalecer la maduración de proyectos para garantizar el principio de planeación

Se modifica el artículo 87 de la ley 1474 de 2011 incluyendo la obligación para la selección de contratos de obra, consultoría y concesión de aplicar metodologías de trabajo colaborativo, tales como el modelaje digital de información de la construcción (BIM) e incorporación de metodologías de gestión de proyectos siguiendo el estándar PMI; y finalmente para proyectos de alta complejidad y de mas de cinco mil salarios mínimos legales vigentes, la solicitud de validación del proyecto por parte de entidades técnicas idóneas y expertas sin ánimo de lucro (art. 3º del proyecto).

Fortalecer los medios de control y vigilancia de las entidades estatales frente a sus contratistas

Modificar el artículo 14 de la ley 80 para establecer que todos los contratos estatales salvo donde se encuentre prohibido, la aplicación de las cláusulas excepcionales al derecho común como la terminación, modificación e interpretación unilaterales, caducidad del contrato, multas y hacer efectiva la cláusula penal; y la cesión unilateral del contrato (art. 4º del proyecto).

Con este proyecto de ley se le cerraría el paso a una gran parte de la corrupción, con sus efectos importantísimos en la depuración de la política y el impacto enorme y positivo sobre las finanzas del Estado. Pero sus enemigos en el mismo proceso son muchos de quienes estamos hablando de depurar de la política, por lo que se debe esperar que sea muy difícil de lograr su aprobación. Es necesario que el gobierno se la juegue toda para este propósito. Fue una promesa de campaña. Debe ser cumplida presidente Petro. Si hay un legado importante que dejar, si hay un cambio definitivo por hacer, si hay una mejora radical para el país, ¡este es, no hay nada más importante!

*@RafaelFonseca

Artículos precedentes recomendados para quien esté interesado en el tema #AntiCorrupción que explican detalles de la trascendencia de este proyecto de ley.

¿Cualquier reducción de la corrupción pasa por la reducción del Estado? (ConfidencialColombia, 2022)

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¿Cómo poder explicar la crisis estructural colombiana? (ConfidencialColombia, 2021)

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La apropiación de los diseños, ¿buena o mala práctica en la construcción de obras públicas? (ConfidencialColombia, 2021)

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La pequeña y mediana ingeniería está muriendo por la endemia de la corrupción en la contratación pública (ConfidencialColombia, 2021)

Corrupción tipo (ConfidencialColombia, 2020)

La ética reinante engendra la corrupción, (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

Antes de hablar sobre competitividad, ¡erradique la corrupción! (ElMundoEsNuestraMeta, 2014)

¿Es la corrupción la causa raíz de todos nuestros males? (ElMundoEsNuestraMeta, 2013)

 

La Alianza Verde está promoviendo una consulta popular anticorrupción

Este martes un Comité Promotor conformado por importantes voceros de la Alianza Verde, entre los que se encuentran Claudia López y Antonio Navarro, presentó ante la Registraduría Nacional la Consulta Anticorrupción. Ésta busca poner a consideración de la ciudadanía siete temas para prevenir y castigar duramente a los políticos y contratistas corruptos en todo el país.

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