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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Antioquia

El senador Trujillo comienza a mostrar sus fichas para las alcaldías de Antioquia: Diego Torres en Itagüí la primera

Los políticos de Antioquia comienzan a mostrar cuales serán sus fichas con las que se han de mover en la campaña para alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos. Tal es el caso del senador Carlos Andrés Trujillo, quien desde ya se declaró a favor de la candidatura para la Alcaldía de Itagüí del exfiscal antinarcóticos, Diego Torres.

Trujillo dio a conocer su preferencia por la candidatura de Torres, muy a pesar de que este último lanzó su aspiración respaldado por el grupo significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos.

 

 Torres cuenta con el apoyo de 15 de los 17 concejales, para aspirar a la alcaldía de Itagüí, la segunda ciudad más importante de Antioquia. También lo respaldan la mayoría de los partidos: Verde, Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical, entre otros.

Diego Torres es abogado y especialista en Derechos Humanos, además se ha desempeñado como personero delegado en Itagüí, fiscal antinarcóticos y acompañó la lucha frontal contra la delincuencia en esa ciudad, que en los últimos 10 años pasó de ser una de las más violentas del país a un referente nacional en seguridad.

 

 

Once policías heridos en Yondó, Antioquia

Un ataque con varios explosivos en medio de un procedimiento de desalojo en el municipio de Yondó, Antioquia, en un predio que pertenece a Ecopetrol, dejó un número de once policías heridos.

De acuerdo a la información preliminar suministrada por las autoridades, en el momento en que el grupo de uniformados ingresan al lugar para cumplir con la labor, les arrojaron un artefacto explosivo, dejando a cuatro de ellos heridos.

 

En el momento en que ingresó un segundo grupo de policías les arrojan otro artefacto explosivo dejando siete lesionados más.

De inmediato se dio traslado a los agentes a un centro médico de la zona mientras las autoridades hacen presencia en la zona para controlar la situación.

 

Granizal, víctimas que quieren votar pero no tiene un puesto cerca

Hoy quiero hablarles de la Vereda Granizal, ubicada en el municipio de Bello, Antioquia, el segundo asentamiento informal más grande del país y el más grande del departamento, poblado hace 27 años, y que cuenta con aproximadamente 30 mil habitantes. Este asentamiento es producto del desplazamiento forzado durante el conflicto armado colombiano.

Los habitantes de este territorio, son en su mayoría (aproximadamente el 90%) víctimas de la guerra, que casi tres décadas después siguen viviendo las consecuencias del abandono estatal y que siguen sin ser reparadas. El otro porcentaje de los habitantes es población migrante, en su mayoría venezolanos que han llegado a este asentamiento.

 

En este territorio hay una serie de problemáticas por resolver: agua potable, centro de salud o mejores condiciones de infraestructura para la escuela de la zona. Sin embargo, hay una en la que quiero hacer énfasis y es el hecho de que en la vereda no hay un puesto de votación para la comunidad lo que significa que en este territorio se está vulnerando su derecho a elegir y ser elegido.

Y este hecho implica que la logística el día de las votaciones para los habitantes es complicada. Primero porque el asentamiento pertenece a Bello, pero para los habitantes es más fácil movilizarse por Medellín, lo que implica que ese día para ellos llegar a su lugar de votación es muy complicado y esto es aprovechado por algunos grupos políticos para influenciar el voto a cambio del transporte.

Es por ello que en aras de ofrecer garantías para este territorio he iniciado una serie e conversaciones con el Registrador Alexander Vega para hacer que las comunidades tengan derecho a votar dignamente lo más cercano a su sitio de habitación y profundizar de esta manera la democracia.

Después de una fructífera reunión y de hacer el puente con el registrador del municipio de Bello, se ha designado una comisión de alto nivel que ya realizó una visita de avanzada al lugar y levantó unas actas que se convierten en insumo principal para la gestión. Actualmente se está a la espera de conceptos por parte de otras entidades como el Tránsito, la Policía y Gestión de Riesgos, pero se está avanzando en garantizar este derecho para la comunidad.

Seguiré atento al desarrollo de esta gestión y ratificó mi compromiso con la Vereda Granizal para hacer que tengan condiciones de vida más dignas y justas, en las que se respeten sus derechos.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

 

Encuentro con las comunidades mineras de Campamento (norte de Antioquia)

Campamento es la cuna de la Independencia de Antioquia, allí se dio la batalla de Chorros Blancos con el liderazgo de José María Córdova, en un combate definitivo que selló la liberación de España. Este municipio histórico del norte de Antioquia, siglos después de la liberación del imperio español, padeció el conflicto armado durante varias décadas, y aunque no es PDET tiene todas las condiciones para serlo.

Hoy sus comunidades campesinas (cocaleras, mineras, paneleras) sienten la falta de implementación integral de los Acuerdos de Paz, principalmente los acuerdos de sustitución (PNIS) que no se han cumplido y dejaron a la gente en una situación bastante crítica.

 

El Carriel, Tijeras y Venteadero son veredas mineras asentadas sobre el río Nechí. Allí barequean entre 300 y 500 mineros. Estas comunidades vienen movilizándose desde el Paro Agrario del 2013, y en los sucesivos paros del nordeste y Bajo Cauca hasta llegar al del 2023. En este momento las comunidades sienten que el gobierno las escucha, por la presión de los paros, y que en el Congreso encuentran voces que los pueden representar en la lucha por la formalización minera con garantías para los pequeños y medianos mineros, y para defender sus territorios y oficios ancestrales.

Exigen pues que se respeten los acuerdos y conquistas de sus movilizaciones. Aparte de la defensa de su minería, también plantean la defensa de paneleros y cultivadores de hoja de Coca. También disputan los derechos por la concesión Las Brisas, en entre las veredas La Solita y Norizal, una mina de asbesto que dejó de operar y que ahora pretenden volver a explotar como cantera para extraer talcos.

En el marco de la reforma al Código Minero hemos realizado más de 25 audiencias públicas en diferentes territorios de la geografía nacional, escuchando a la minería mediana, pequeña y artesanal. Sin embargo, hay territorios que no han sido escuchados y merecen serlo, como es el caso de Campamento. Cerca de 50 mineras y mineros se acercaron para poner de manifiesto su inconformidad con la estigmatización, criminalización y quema de maquinaria. Se sienten perseguidos, ilegales, maltratados, negados.

En este municipio que linda con Anorí, Yarumal y Angostura, se necesita la conformación de una organización minera del territorio para que pueda representar a mineros y mineras que practican el barequeo. Lo que expresan algunos líderes es que “estamos cansados de que el gobierno solo llegue con glifosato para la coca y candeleo para nuestra maquinaria”. También exigen “acuerdos comunitarios porque nosotros podemos ser más amigables con el medio ambiente que las mismas multinacionales, porque nosotros sí nos duele el territorio, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos”.

Desde que fundamos el Partido Comunes nos acercamos a este pueblo para aportar en el fortalecimiento de organizaciones paneleras (https://www.facebook.com/omar.comunes/videos/768795027389420/). Se realizó un diagnóstico panelero en donde las familias se quejaban de que solo se mirara a los grandes ingenios y no a los entables paneleros. También se trabajó con las familias cultivadoras que se acogieron al PNIS y con el sindicato de la mina de asbesto a través de acompañamiento y asesoría jurídica. En este escenario de labores legislativas volvemos a escuchar a la gente de Campamento, esta vez frente al tema minero. No habían sido escuchados por actores institucionales y merecen serlo de cara a la reforma del Código Minero y a la defensa del modo de vida campesino como una forma de salvaguardar la vida y la biodiversidad en el territorio.

Las comunidades manifiestan que se puede verificar que el desastre ecológico de la minería es más fuerte en las concesiones que tienen las multinacionales y que ellas pueden concertar soluciones al daño ambiental sin necesidad de que las criminalicen, las estigmaticen y les quemen su maquinaria. La defensa del territorio es con su gente y en beneficio de las comunidades que siempre lo han habitado. El temor más grande sigue siendo el despojo en favor de las multinacionales y en nombre de una “legalidad” que afecta a los más pequeños, criminalizándolos y dejándolos sin el sustento que les da la explotación minera ancestral o que siempre han hecho en el territorio.

Pedro Baracutao

Representante a la cámara

 

¿Qué hacía el exsecretario de Gobierno de Aníbal Gaviria junto a Juan Guillermo Villegas?

El exsecretario de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien aspira a la Gobernación de Antioquia fue visto en compañía de Juan Guillermo Villegas Uribe, hecho que llamó la atención de las personas que se encontraban presentes al tratarse de un personaje que ha sido mencionado en diferentes casos judiciales por presuntos hechos de paramilitarismo.

Villegas fue retratado junto al actual candidato en San José del Nus, donde queda la hacienda las Guacharacas, lugar que de acuerdo a los relatos judiciales fue el sitio donde se fundó el grupo Los Doce Apóstoles, y que además fue propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

 

Luis Fernando Suarez confirmó a Confidencial Colombia que durante el pasado fin de semana hizo un recorrido por Cisneros, San Roque, San José del Nus. “Allí había una feria mular con muchos participantes de diferentes municipios. El Señor Villegas estaba allí presente”, precisó.

Suarez negó que Juan Guillermo Villegas esté respaldando su candidatura o le esté otorgando algún apoyo. “Entiendo que es el tío de Alejandro Villegas candidato a la alcaldía de San Roque”, puntualizó.

 

Petro ordena a la Fuerza Pública copar zonas mineras donde está el Clan del Golfo

Al finalizar el consejo de seguridad en el municipio de Caucasia, el Presidente Gustavo Petro ordenó a la Fuerza Pública copar los territorios afectados por las acciones de violencia de la agrupación ‘Clan del Golfo’, con el fin de apoyar a los pequeños mineros que son víctimas de intimidación y de confinamiento en el Bajo Cauca antioqueño.

“Hemos realizado un consejo de seguridad para evaluar el desarrollo, hasta este momento, de la acción del Estado y de la Fuerza Pública. Mantendremos la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio que estos días ha sido objeto de violencias por parte del ‘Clan del Golfo’, que manipula las necesidades de una población minera, sujetándolas, incluso, con su propia hambre”, dijo el Jefe de Estado al concluir un consejo de seguridad en Caucasia (Antioquia).

 

El Mandatario, asimismo, afirmó que el ‘Clan del Golfo’ también somete a la comunidad minera “a una especie de confinamiento poblacional y a una instrumentalización para salvar lo que no es el interés de la pequeña minería, que es la gran minería ilegal”.

Agregó que a partir de la explotación ilegal del oro este grupo criminal “está lavando activos y dólares que provienen de la actividad narcotraficante, con una destrucción del territorio, que no se podría calificar de otra manera, que de pavorosa”.

Censo de maquinaria minera

En el mismo contexto, el Presidente Petro anunció un censo nacional de maquinaria para formalizar y fomentar la pequeña minería en el país.

“Convocamos a la Cumbre Nacional Minera. Vamos a iniciar un censo de la maquinaria para formalizar la actividad de la pequeña minería, incluso con titulación, si es posible, para que cooperativas de la pequeña minería se puedan empoderar en este territorio. Iniciaremos esa actividad para que el oro no sea de los grandes lavadores de dólares y del narcotráfico, sino que sea de la población que habita el territorio”, resaltó el Jefe de Estado.

En tal sentido, el Mandatario enfatizó que el Gobierno Nacional no está persiguiendo a la pequeña minería.

“Nosotros no estamos persiguiendo la pequeña minería, de hecho vamos a avanzar en la construcción de un distrito minero, pero también agrario y productivo en todo el territorio. Todos los activos de la SAE, todos los activos que tienen tierras la unidad de víctimas, hay que ponerlas al servicio del campesinado y de las víctimas del territorio, para producir alimentos”, indicó.

 

 

Cae alias ‘El Flaco’

Soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles,  lograron en los últimos días la captura de alias El Flaco y el sometimiento a la justicia de otro sujeto, presuntos integrantes del Clan del Golfo, en los municipios de Cáceres y Tarazá, Antioquia.

Alias El Flaco fue capturado en el corregimiento Puerto Bélgica, del municipio de Cáceres. Este individuo tenía en su poder un artefacto explosivo, con el cual constreñía a comerciantes y a los habitantes del casco urbano, obligándolos a participar en las manifestaciones mineras; también se desempeñaría como cabecilla urbano de la subestructura Yeison Leudo Chaverra de mencionado grupo ilegal. Así mismo, sería el responsable de secuestros y del reclutamiento forzado en la región.

 

De la misma manera, estaría encargado de ordenar a dos de sus subalternos en los corregimientos de Puerto Bélgica y Jardín Tamaná, del municipio de Cáceres, a que constriñeran a la población civil, obligándolos a salir a las marchas, al igual que al cierre de los locales comerciales.

Por otro lado, en el municipio de Tarazá, Antioquia, se logra el sometimiento voluntario a la justicia de un individuo, el cual se desempeñaba como integrante del componente criminal focalizado de la misma subestructura del GAO Clan del Golfo, en el municipio de Cáceres, Antioquia, este sería el encargado de adelantar actividades delictivas contra la fuerza pública, además de constreñir a la población para cerrar sus negocios y participar en las manifestaciones por el paro minero.

 

Clan del Golfo deja sin agua a Tarazá

El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter confirmó que integrantes del Clan del Golfo destruyeron las tuberías de agua potable del acueducto en el municipio de Tarazá, Antioquia.

 

Esta acción criminal, de acuerdo con el primer mandatario se habría ejecutado en el marco de la violencia con la que se ha ejercido el paro minero en la zona del Bajo Cauca y los municipios del sur de Córdoba.

El jefe de Estado alertó de un rompimiento del cese al fuego por parte del Clan del Golfo.

A este hecho se suma la quema del peaje en el municipio de Taraza y el ataque a dos ambulancias que trasladaban a personas enfermas.

 

La acusación de Petro al Clan del Golfo por el paro minero

El Bajo Cauca antioqueño vive horas de zozobra por cuenta del paro minero en el que se han presentado fuertes enfrentamientos con la fuerza pública.

Según el presidente Gustavo Petro, el Clan del Golfo le paga a jóvenes para hacer daño a la población civil y «pasar esa violencia como paro social».

 

«Estos jóvenes no han recibido estudio y por ello ni saben que se convirtieron en violadores de derechos humanos. Dañan a su propio pueblo y a su familia», expresó Petro en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, Hélder Fabián Giraldo, comandante de las fuerza militares, señaló que se aumentará el pie de fuerza con la llegada de un batallón para restablecer el orden público.

«Mientras persistan los bloqueos, la posibilidad de que nosotros regresemos a la mesa es nula. La afectación a la población está siendo supremamente delicada”, anunció la semana pasada sobre las negociaciones Alfonso Prada, ministro del Interior.

Ya son 11 días desde que inició el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Debido al escalamiento de algunos focos de violencia la fuerza pública intenta priorizar su accionar en la zona.

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Fuerza Pública destruye cuatro dragas usadas para minería ilegal

Cuatro dragas que acababan los ríos del Bajo Cauca y Sucre fueron destruidas”, confirmó este sábado el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, precisó que la Policía Nacional, con el apoyo del Ejército, “acaba de destruir en el Nordeste de Antioquia cuatro grandes dragas que alimentaban las finanzas del Clan del Golfo”.

 

El Ministro indicó que el Director de la Policía Nacional, general Henry Armando Sanabria Cely, “personalmente dirige los procedimientos de policía en la región del Bajo Cauca Antioqueño, realizando tareas conjuntas para brindar las condiciones de seguridad a los habitantes de estos municipios”.

Alrededor de 2 mil unidades policiales están en esta subregión del Bajo Cauca desarrollando operaciones helicotransportadas de embarque y desembarque de unidades policiales y comandos, para proteger los puntos de intervención y la vida de los uniformados que desbloquean y mantienen la movilidad y las caravanas de abastecimiento de la población.

Que paren los feminicidios en el Valle de Aburrá

El 8 de marzo se conmemoró en las calles el día internacional de los derechos de las mujeres, masiva y colorida manifestación. Pero en la mañana de ese mismo día, fría y lluviosa, densa por los tacos, varias personas se acercaron al Búnker de la Fiscalía de Medellín para exigir justicia por un caso de feminicidio en total silencio e impunidad. Eso hasta ese 8M cuando familiares y amigos de la víctima hicieron público su dolor y clamor de justicia. Un cartel de papel periódico al estilo trapo de barra de fútbol decía la consigna: “No Más Feminicidios”.

Natalia Mejía Sánchez fue víctima de feminicidio el 28 de junio de 2022, en su propia casa ubicada en Bello. Su familia la encontró muerta en su cama, después de haber “rematado” la fiesta en su casa el día que Nacional quedó campeón. Pensaron que era muerte natural y quedaron desconcertados cuando la Fiscalía les dice que había sido un asesinato.

 

Cuando le preguntamos a la señora Madre (Adriana Sánchez) quién era Natalia Mejía, ella de manera serena y pausada describe a su ser querido: “trabajaba con deportes, con grupos de la tercera edad, el último año había emprendido su propio negocio, tenía una Academia de Baile, le daba clases de ballet a los niños, y clases de todo tipo de baile…”

Aquí la madre hace una pausa para seguir relatando y la indignación sale a flote:

“mi hija fue asesinada dentro de su propia casa (…) Cuando la encontramos ella había sido asesinada desde la noche anterior, la persona que lo hizo fue alguien muy allegado, muy conocido puesto que entró libremente a la casa, sin necesidad de forzar. Yo no tengo todavía ninguna información valiosa de la Fiscalía. Y lo digo porque ellos hasta el momento lo único que nos dicen es que es difícil detener a alguien cuando no hay una prueba contundente pero ellos tienen el celular de Natalia donde vieron mensajes, llamadas (…) tienen acceso a las cámaras del sector que son muchas. Estoy segura de que mi hija había recibido amenazas por medio del celular (…) A mí me parece muy extraño que pasados 8 meses la Fiscalía no de resultados de ninguna clase cuando todos los días se cometen este tipo de feminicidios y casi que de inmediato capturan al agresor, así no haya una prueba contundente, pero capturan a la persona, solamente el caso de mi hija para la Fiscalía al parecer es imposible. Yo no quisiera pensar que hay alguna razón por la que todavía no se ha esclarecido la muerte de mi hija, porque creo que ellos ya tienen suficientes elementos para poder decir quién fue el que la asesinó para que esta persona salga a la luz y la puedan detener”.

Como vemos en este relato, la impunidad sigue siendo la regla en lo que respecta a la investigación y sanción cuando los casos llegan al escenario judicial.

Natalia Mejía tenía 29 años, era madre de un niño de 8 años, hermana mayor, bailarina y profesora de danza (https://www.instagram.com/natimejia_s/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D). Su caso sigue en total impunidad porque como afirma su madre y hermana menor “no era famosa ni adinerada”. La hermana menor, Catalina Mejía, para poder contarnos la historia enciende un cigarrillo, la situación la desborda pero se ve firme en su lucha: “Tenemos material probatorio, indicios, y hay mucha lentitud, exigimos que cambien a la persona que está investigando para que agilice el proceso”.

La justicia en estos casos sigue siendo un privilegio de clase. A esta conclusión llegó la familia al ver que con el caso de su Natalia Mejía no pasaba nada, mientras que en casos más sonados como el de la DJ en Bogotá se resuelven con total celeridad, por su fama, estatus y ruido mediático. Justicia selectiva.

El Plantón

Llegamos a las 9AM al Búnker de la Fiscalía y ya la mole gris estaba cercada por policías y tanquetas del Esmad. Eso no amedrentó a la poca gente que iba llegando, amigos, amigas, familiares. Entraban y salían personas capturadas por infinidad de delitos menores, jóvenes esposados de a dos, sus rostros y cuerpos ajetreados, una mañana fría, funcionarias entaconadas entrando y saliendo, la indiferencia del poder. La gente se concentró a las afueras, desplegaron las consignas, trataron en varios momentos de conectar un bafle para “hacer más bulla”, denunciaron el hecho ante los medios regionales y algunos alternativos que hicieron presencia. Ni Caracol ni RCN. La prensa hegemónica es igual de ciega a la justicia, que no llega ni cojeando. Aún así la gente que asistió se  hizo sentir (https://youtu.be/cLQUGxruQH8). El dolor de su madre y hermana,  estallaron para exigir justicia y plantar una lucha que apenas comienza hasta obtener justicia.

El Plantón se hizo bajo las consignas de “Ni una más”; “Pedimos justicia por Natalia”; “Si tocan a una, nos tocan a todas”; “No más feminicidios”. Como Congresista de un partido nacido del Acuerdo de Paz, y consciente de que el cuidado de la vida es el centro de nuestro proyecto, ponemos nuestra curul a disposición para que la familia de Natalia pueda denunciar las demoras en este caso y exigir celeridad y su resolución. También “somos la voz de Nati” y acompañaremos esta lucha.

Feminicidio en cifras

En lo que va corrido del año en el Valle de Aburrá se han cometido siete feminicidios, principalmente por parejas o exparejas sentimentales. Como expresa el XX Informe sobre la situación de violación de derechos humanos de mujeres en el Valle de Aburrá y Antioquia, “la hostilidad y el desprecio misógino siguen siendo regla en la sociedad colombiana en general y en la cultura Antioqueña en particular” (Vamos Mujer y Mujeres que Crean, 2022, p. 57).

Según cifras del Observatorio colombiano de Feminicidios, en el Valle de Aburrá se presentaron 42 feminicidios entre enero y diciembre del 2022, en el 2021 fueron 50. Medellín fue el lugar con mayor registro de casos en el país, lo que da cuenta de una sociedad enferma  que ha normalizado estos feminicidios como “asuntos pasionales”. Generalmente van antecedidos de amenazas y agresiones.

En cifras de la Policía Nacional en Medellín, Bello muestra una tendencia a ser el municipio con más feminicidios en el Valle de Aburrá (8 entre 2002-2003), solamente superado por Medellin (30).  Estas cifras siguen siendo una mera foto de un problema complejo que no podemos normalizar. Mientras tanto seguiremos acompañando esta caso en cada plantón, por ahora uno cada 28 de mes, exigiendo justicia. “!Ni una más¡”

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Diálogo entre mineros de Antioquia y gobierno sigue sin producir resultados

Foto: Alcaldía de Caucacia

Mineros de Antioquia y representantes del Gobierno nacional y departamental se levantaron de la mesa diálogo sin llegar a ningún acuerdo que permita levantar el bloqueo.

 

Los manifestantes se levantaron de la mesa de diálogo afirmando que las propuestas de los ministros no son claras.

En la cita se encontraban los ministros de Medio Ambiente, de Defensa y el del Interior, junto con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y los  representantes de los  pequeños y medianos mineros de la región.

Quienes lideran la manifestación piden al Gobierno Nacional la creación de un distrito minero. también exige que inicie lo más pronto posible el plan único de formalización y el respeto al uso de la maquinaria.

La protesta mantiene el bloqueo en las vías de 12 municipios de Antioquia.

Esteban Restrepo corrió por Antioquia

Con una maratón que partió desde el barrio La Floresta de Medellín y llegó hasta el Centro Administrativo Distrital de La Alpujarra, en la que participó un nutrido grupo de personas, el exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, inició su campaña por la Gobernación de Antioquia.

En el ejercicio atlético de 5 kilómetros, el candidato estuvo acompañado de personas de diferentes edades de varios municipios de Antioquia que llegaron a Medellín para correr junto al candidato en el acto que marcó el inicio de su campaña política.

 

“No va a ser fácil, que un joven antioqueño de Itagüí, sin jefes ni partidos políticos, que no ha sido ni alcalde ni gobernador, que no ha sido congresista, ni tiene el apoyo de los grupos económicos, ni de las maquinarias en los municipios pueda ser gobernador de Antioquia, por esto esta carrera no la decidí hacer sólo, la decidí hacer con ustedes, porque esta carrera la ganamos si estamos juntos”, aseguró el ahora precandidato en la carrera de lanzamiento de su postulación.

Restrepo será candidato por el movimiento Independiente y aspira a contar con el apoyo del Pacto Histórico.

Esteban Restrepo, además de secretario de Gobierno de la Alcaldía de Daniel Quintero Calle durante el periodo 2020 – 2022, coordinó también la campaña presidencial de Gustavo Petro en Antioquia.

 

 

Gobierno culpa a grupos armados del paro minero en Antioquia

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, culpó a organizaciones armadas ilegales del paro minero que afecta al Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia.

 

Estos grupos habría «engañado» o «intimidado» a los mineros y ha señalado que estas organizaciones serían las más perjudicadas por la destrucción de las grandes dragas que han operado ilícitamente en esa y otras regiones del país porque pierden una fuente de ingresos.

«Acabar con la gran minería ilegal debilita a esos grupos», ha apuntado Velásquez en su cuenta en Twitter.

En septiembre se alcanzó un acuerdo con las comunidades para suspender las operaciones contra las minidragas hasta que esté listo un protocolo que permita identificar y caracterizar la tecnología, máquinas y sustancias químicas autorizadas en la minería artesanal.

Pero durante la vigencia de ese acuerdo se multiplicaron las explotaciones en las microcuencas que abastecen los acueductos en los municipios del Bajo Cauca antioqueño.

«Lastimosamente tenemos información del aumento de al menos 16 nuevos frentes de explotación ilícita en la región, que viene afectando a la ciénaga Colombia y el río Nechí. Se están utilizando retroexcavadoras sin formalización y, de manera ilegal, el mercurio que hace mucho daño a nuestros ecosistemas», ha explicado el director de Carabineros de la Policía Nacional, el coronel William Castaño.

Por eso, hace unas semanas se reactivaron las operaciones de las fuerzas de seguridad, pero contra la gran minería ilegal, es decir, contra las barcazas de 300 metros cuadrados, conocidas como dragones, y retroexcavadoras.

«La idea es que estas personas las respeten, como la ciénaga de Colombia y algunos afluentes hídricos que surten el acueducto del municipio de Caucasia. Los que no se acojan a estas medidas, serán objeto de la acción de la Fuerza Pública», ha advertido Castaño.

«Para extraer un gramo de oro se necesitan otros cinco de mercurio, dependiendo de la zona del país. Eso contamina más de 500 mil litros de agua. Entonces, dentro de los protocolos, queremos que la minería que se vaya a hacer sea sostenible y sustentable, respetando al medio ambiente», ha añadido Castaño.

Vigía del Fuerte reclama la implementación integral del Acuerdo de Paz

Cuando se vuelven a recorrer los corregimientos y caseríos de la Antioquia profunda, colindante con Chocó, queda la sensación de que la gente no puede vivir en un paraíso natural, lleno de riquezas y biodiversidad, sin condiciones de vida digna. Este es el caso de  Vigía del Fuerte, que sigue reclamando por la implementación del Acuerdo de Paz y especialmente del Capítulo Étnico

Cuando el gobierno desmonta el espacio territorial “Héroes de Murrí”, en Vidrí (Vigía del Fuerte), los cerca de 450 firmantes de paz del Frente 34 y del frente Aurelio Rodríguez de FARC-EP allí concentrados se esparcen en 4 departamentos del noroccidente colombiano (Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda) y se desactiva la posibilidad de una reincorporación colectiva e integral con arraigo territorial. Cabe recordar que este espacio territorial fue desmontado de manera unilateral por el anterior gobierno.

 

Actualmente en Vigía del Fuerte han estallado conflictos relacionados con la ausencia del Estado y la falta de inversión social, en un municipio priorizado como PDET, con comunidades indígenas y Consejos Comunitarios Afro a la espera de que se implemente el Capitulo Étnico del Acuerdo de Paz.

Desde el Capitolio hasta el territorio

Salimos desde Quibdó, y Atrato abajo, a dos horas más adelante, cogimos el río Arquía (Vigía del Fuerte) y en sus riveras visitamos los corregimientos de Vegaéz, Puerto Medellín y Puerto Palacio. Realizamos en Vegaéz una asamblea con cerca de 50 reincorporados con el objetivo de conformar una Nueva Área de Reincorporación (NAR) que permita garantizar los derechos de la población firmante.

A 6 años de la firma del Acuerdo, las comunidades siguen esperando que la paz sea más que un discurso o un mero Acuerdo entre dos partes. La plataforma con la que hacíamos trabajo desde la organización político-militar que eran las FARC-EP decía “por un gobierno de transición y reconciliación nacional”. Ése gobierno es el que tenemos hoy y que apoyamos como una apuesta de cambio histórico y de modernización política.

Aún con 355 firmantes de paz asesinados (entre los que se cuentan 48 afrocolombianos, 11 mujeres y 33 indígenas) tenemos esperanza. No hemos tenido paz ni nosotros los firmantes, porque nos han estado matando la gente, ni la comunidad porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz en el territorio: no han llegado las vías de penetración que quedaron contempladas en el Acuerdo, el cambio o mejoramiento en la salud de la población, no ha llegado la inversión del Estado en el territorio. Mientras eso no suceda no nos vamos a ver cobijados en ese Acuerdo de Paz, que por fortuna no se pudo desbaratar en el gobierno que salió. Necesitamos luchar desde los territorios y desde los diferentes liderazgos para que se cumpla ese Acuerdo, de lo contrario no va a cambiar nada.

 Encuentro con Consejos Comunitarios de la cuenca del río Arquía

El Arquía nace en el Alto de Pavarandó, perteneciente a Urrao, Antioquia, pasa por Taitá, dos resguardos indígenas, el resguardo de Guaguandó y los Consejos Comunitarios de Puntas de Ocaidó, Isleta, Belén, Vegaéz, Vidrí, Puerto Palacio, Puerto Medellín y Palo Blanco. Estos Consejos expresan que se hace necesario la construcción de una carretera que conecte a Vigía del Fuerte con Murindó y Urrao.

También se hace necesario que a las comunidades llegue la electrificación rural,  que ha llegado desde Urrao hasta Puntas de Ocaidó, pero de allí no se ha podido extender hasta Isleta, a solamente 9 km, y poder conectar Puntas de Ocaidó, Isleta, Belén, Vegaéz, Vidrí y de allí en adelante las dos comunidades indígenas Guaguandó, Puerto Palacios, Puerto Medellín y conectarse con Palo Blanco

Si la interconexión eléctrica se hace por Urrao se beneficia el 98% de las comunidades de Vigía del Fuerte ubicadas en le cuenca del río, incluyendo a las comunidades indígenas. Pero se hizo por el norte y todas las comunidades de la cuenca del río mencionadas están sufriendo la falta de un fluido eléctrico eficiente.  Como bien lo expresa un líder comunitario: “con la electrificación la mujer podría tener su lavadora, que la mujer no tenga que cansarse y sufrir de la espalda y de la columna. Con el fluido eléctrico se mejoraría la parte social, cada familia es digna de hacer cualquier emprendimiento…”

Para las comunidades indígenas y afro del territorio sería un alivio que se convierta en realidad el Acuerdo de Paz que tanto anhelaba el pueblo después de 50 años de conflicto. Así lo expresan:  “se consolidó la paz, pero apenas se dio un pañito de agua, no lo tenemos en vivo, el conflicto, esas circunstancias, pero sí tenemos el conflicto del hambre, de necesidades como salud, educación, transporte y electrificación”.

La paz o las paces, pasa entonces  por la dignificación de estas comunidades: alimento, vías, salud, electrificación. Un reclamo mínimo de la modernidad que da cuenta del estado de atraso, precarización y vulnerabilidad de las comunidades rurales, que viven como en el siglo XIX en pleno XXI.

Pedro Baracutao

Representante a la Cámara