El senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, está en desacuerdo con la petición del presidente Gustavo Petro para que el gobernador de Antioquia suspenda la ‘vaca’ para recolectar fondos para las vías 4G.
El presidente Gustavo Petro pidió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, suspender la recolección de dinero para terminar los proyectos de vías 4G que están en ejecución en el departamento.
El primer mandatario hizo esta solicitud a través de su cuenta de X, luego de conocer el comunicado del Clan del Golfo afirmando que hizo aportó recursos de 10 millones de pesos para la terminación de las obras.
Gustavo Petro propuso al gobernador de Antioquia aumentar el recaudo por valorización a las vías del departamento: «Le propongo más bien implementar con el Gobierno nacional el cobro de valorización por las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquia«.
Luego de que se iniciara la recolección de dinero promovida por la Gobernación de Antioquia para financiar la culminación de las obras para las vías 4 G, el Clan del Golfo aseguró en un comunicado divulgado en las redes sociales que participó con aportando dinero.
“De esta manera nos vinculamos con el desarrollo regional, antes de que las obras se enreden en la maraña burocrática nacional”, dice el texto.
La Gobernación de Antioquia prometió investigar si es cierto que se hicieron este tipo de aportes. El último reporte del departamento asegura que hasta el momento se han recogido alrededor de 700 millones de pesos.
En Bello, Antioquia, realizamos una audiencia pública el pasado 15 de marzo con la presencia del Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes Juan David Correa. El tema central: la cultura de paz. Una conclusión gruesa es la propuesta de las articulaciones público populares para sacar adelante las propuestas del PND.
Sin movimiento social de artistas presionando por su inclusión no van a haber avances. El compromiso es movilizar las exigencias de cara a las reformas sociales. Este Ministerio tiene la voluntad de reunirse con la organización popular, con o sin las autoridades locales, como en el Pacto Cultural por Antioquia del 31 de enero de 2024, donde concluyeron 31 municipios para suscribir este Pacto. Es la fuerza social la que transforma las realidades, no los gobernantes. “Necesito ver las organizaciones para contratarlas: JAC, organizaciones constituidas, alcaldías”.
En Antioquia se van a invertir 19.513 millones este año, pero en los territorios excluidos, a donde se irá el 70% del presupuesto del MinCultura. Se prioriza Urabá y Bajo Cauca. Esta inversión con un enfoque étnico y pluricultural: mujeres, población LGTBI, trabajadoras y trabajadores, población NARP, indígena y Room, excluidos del relato nacional.
La hoja de ruta es el Plan Quinquenal de Cultura: “cultura para el cuidado de la diversidad, la vida, el territorio y la paz. Que nuevas sensibilidades estén en el gobierno y se esté gobernando desde territorios excluidos ya es un cambio”, dice el Ministro.
También se van a apoyar las organizaciones de las ciudades y de municipios intermedios. Pero “Antioquia no es solamente Medellín y sus ciudades de influencia. Consideremos, por favor, cuando hablemos a veces con cierta soberbia, que cuando uno va a un municipio del Bajo Cauca, o del litoral pacífico, la gente ni siquiera tiene un acueducto. Las diferencias en este país son abismales y a veces a la gente de la cultura, por estar demasiado ocupada en sí misma, se le olvida reconocer a esos otros que no han sido incluidos en el relato nacional. Esos otros que se llaman negros palenquearos, Room, mestizos, indígenas, poblaciones LGTBIQ+, mujeres, trabajadores, sindicalistas y campesinos.
Se están gestionando procesos de formación y cualificación de docentes para desarrollar el enfoque de la cultura de paz. Se realizó una inversión importante en San José de Apartadó como laboratorio de paz. El ministro habló de una inversión para Bello de 290 millones de pesos en procesos de formación enfocados a la construcción de paz a través de organizaciones culturales con personería jurídica. En Antioquia se tienen alianzas con organizaciones como Nuestra Gente, Medellín. el Totumo Encantado en Necoclí, entre otras. Habría que mirar a través de qué organizaciones en Bello se puede canalizar los recursos, buscar fortalecer con las escuelas populares que ya existen y crear conjuntamente un proyecto real que pueda impactar positivamente las comunas más golpeadas por la violencia en Bello.
Es importante reconocer que la fuerza de la cultura en cada municipio es necesaria para la transformación real. Se debe reconocer que el presupuesto de cultura se triplicó en este gobierno. Se han creado enlaces territoriales del Ministerio en Medellín y se busca crear enlaces en Bajo Cauca y en el norte (municipio de Ituango). En Urabá está la alianza con la Red Cepela y el proyecto Selva Adentro.
Ya existen aliados que debemos reconocer: hay redes tejidas y no solo se pueden reconocer las redes que cada uno teje. Bello es un epicentro de la cultura y las expresiones artísticas en el Valle de Aburrá. Su movimiento social, ambiental, artístico y cultural ha forjado una resistencia alrededor de la defensa del patrimonio artístico y cultural del municipio, así como por la protección de sus bienes ambientales. Por eso realizamos allí esta Audiencia Pública, en este territorio que es cuna de artistas y de procesos de resistencia cultural.
Resaltamos la participación en esta Audiencia de organizaciones de base del Nordeste, firmantes de paz de la Nueva Área de Reincorporación (NAR Medellín), Yolombó, Bajo Cauca, San Pedro de los Milagros, Don Matías, Girardota, Copacabana, Red de Artistas Callejeros, Vigías del Patrimonio Cultural de Barbosa, Fundación Lectores a la Hamaca, de la Comuna 1, la Alianza Social LGBTI Antioquia y la Mesa de Participación Cultural de Antioquia. Una conclusión de este espacio es la importancia de la articulación de los procesos culturales desde abajo, y en esto es clave la reflexión de la Red Cepela:
“Es clave reconocer los procesos organizativos de los territorios, donde aún campea la guerra generando victimización. Se hace necesario pensar la paz simbólica para desactivar los códigos de silenciamiento. Se debe generar un gran Acuerdo Cultural que proyecte acciones a 15 años y donde se reconozcan los procesos culturales, organizativos y políticos de los territorios, donde hace más de 20 años se construyen procesos culturales y procesos políticos organizativos. El Pacífico colombiano y el Urabá chocoano aún están en guerra, se deben pensar estrategias para romper esa mirada del enemigo interno”.
Es decir, la cultura de paz como esa mano visible, anónima y colectiva, capaz de potenciar los procesos organizativos, no solamente el arte por el arte o la cultura como invitada de adorno en todos los espacios. La cultura es el centro de la transformación y de la reconstrucción del tejido social en todos los niveles.
El presidente Gustavo Petro anunció que quiere dar prioridad a la construcción de más universidades públicas, un mayor número de colegios en municipios y veredas y al suministro de agua potable, y que «se retrasarán las vigencias futuras de las 4G y los túneles de carretera«
Desde su recorrido por algunos municipios de la Región Caribe, el primer mandatario, pidió al director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, en dar prioridad a temas de educación y retrasar la entrega de grandes obras de infraestructura como las vías 4G y túneles.
“Esto es pelear con el poder económico de Colombia. Se retrasan las vigencias futuras de las 4G y los túneles de carreteras y se pone por delante la construcción de universidades y agua potable”, afirmó.
No es la primera vez que el Gobierno Nacional habla sobre la posibilidad de cambiar las vigencias futuras. El primero en mencionarlo fue el ministro Ricardo Bonilla, quien aseguró que hay que examinar los recursos previstos, teniendo en cuenta los niveles de retraso de las obras.
Al respecto, la oposición tomó cartas en el asunto citando al ministro de Transporte, William Camargo, a debate de control político, especialmente a la bancada antioqueña en el Senado, por la financiación de las obras de infraestructura en las vías 4G.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le gustó la idea del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de acudir al pueblo antioqueño para financiar la terminación de las grandes obras de infraestructura como el Túnel del Toyo por ejemplo.
Desde su cuenta de X , el expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso que un millón de antioqueños contribuyan, cada uno, con un millón de pesos para superar los desafíos que enfrenta la conclusión de estas carreteras.
La construcción del túnel del Toyo comprende dos tramos con una extensión total de 37,67 kilómetros, que incluye 30 puentes, 18 túneles y 16,72 kilómetros de vías a cielo abierto.
El mandatario local teme que proyectos como estos terminen por convertirse en un elefante blanco que desemboque en sobrecostos. Según el gobernador, faltan alrededor de 3 billones de pesos para la culminación de estos proyectos que son vitales para el futuro del departamento.
El próximo martes 12 de marzo, la Universidad de Antioquia hará una consulta interna preguntando por la persona que ocupará la rectoría, en donde una mujer podría llegar a este cargo por primera vez en la historia del alma mater.
Se trata de Natalia Gaviria, ingeniera electrónica, egresada de la misma universidad que aspira a dirigir para demostrar no solo su capacidad intelectual sino además que como mujer tiene toda la disposición para trabajar por la formación profesional de hombres y mujeres que ingresan a este centro de educación superior a estudiar una carrera, posgrado o maestría.
Su disciplina y rigor para abordar los temas que debe trabajar lo aprendió de su padre, el exmagistrado, excongresista y excandidato presidencial, Carlos Gaviria, uno de los hombres con mejor recordación en el país, que enseñó a Colombia que la política se puede ejercer sin prestarse a manejos oscuros.
Si bien el nombre de Natalia Gaviria y su trayectoria se han hecho a pulso, no deja de ser recurrente la mención a su padre y lo que significa. Desde luego ha estado aprovechando esto como mensaje de integridad y de compromiso.
Natalia Tiene como propuestas para ser elegida como la primera mujer Rectora del Alma Mater, descentralizar la U DE A en todas las regiones del Departamento con personal idóneo y capacitado, un mejor trabajo conjunto en la parte Administrativa y Educativa y que la Universidad vuelva a tener ese nivel académico y de presencia en todos los ámbitos.
El próximo martes 12 de marzo se hará la consulta en la universidad, la cual no es vinculante, pero que seguramente dará luces para saber qué tanto el espíritu y nombre del exmagistrado, exsenador y excandidato presidencial, cobijan a Natalia y la impulsan para convertirse en la primera mujer rectora de la Universidad de Antioquia.
Al menos dos personas han muerto en un último enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo registrado en una zona rural del municipio antioqueño de Cáceres, el norte de Colombia.
Por el momento, se desconoce la identidad de estas dos personas fallecidas, si bien ambas vestían uniformes de las fuerzas de seguridad colombianas cuando sus cuerpos fueron encontrados en la vereda El Tigre, en Cáceres.
A pesar del uniforme que vestían, las autoridades creen que los fallecidos formaban parte de alguno de los citados grupos armados. En los últimos años han aumentado los casos de robo de material militar, incluido la venta ilegal de la vestimenta que utilizan los soldados colombianos.
Este suceso tiene lugar en medio de los temores de las comunidades locales por la posibilidad de un aumento de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa de los réditos de las economías ilegales, después de una relativa calma.
«Te muestra un escenario muy preocupante sobre posibles avanzadas y fortalecimientos territoriales, o planes de expansión que ponen en riesgo a la población civil», ha explicado Óscar Yesid Zapata, uno de los líderes locales.
En Antioquia nos encontramos con un extraño caso donde el gobernador y el alcalde de Medellín parecen querer copiar todas sus acciones. Como si se llamaran antes de dar cualquier declaración, cada vez que uno sale a criticar al Gobierno Nacional sale inmediatamente su contraparte a repetir el mismo discurso.
No sorprende este nivel de coordinación sabiendo que, aunque los dos se presentaron por movimientos políticos distintos, responden al mismo jefe natural. Es por esto que tampoco debe sorprender que Andrés Julián Rendón le haya copiado a Fico una de sus maniobras favoritas para pagar favores: nombrar en cargos claves a quienes aportaron a su campaña.
Revisando a los financiadores de la campaña a la gobernación de Rendón aparece en tres ocasiones el nombre de la señora Ana María Mejía Bernal, la cual le otorgó a la campaña tres créditos: uno por $840 millones de pesos, otros por $160 millones y el de menor monto, por $18 millones. Un total de $1.018 millones de los $3.382.689.555 pesos que reportó en Cuentas Claras el gobernador Rendón como recursos recibidos por concepto de contribuciones, donaciones y créditos que realizaron particulares a la campaña.
El 30% del dinero recaudado para la campaña vino de los créditos de la señora Mejía, por lo que uno solo puede preguntarse de dónde viene tan pujante persona. Durante la alcaldía de Rendón en Rionegro, la ingeniera Ana María Mejía Bernal fungió como Secretaria de Desarrollo del municipio, e incluso actuó como Alcaldesa encargada en el 2019.
Fue tan bueno su trabajo en la Secretaría que, además de otorgarle la capacidad financiera para dar créditos por más de mil millones de pesos a su antiguo jefe, le valió una investigación de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación del sistema de transporte público de Rionegro, Sitirio.
Rendón, siempre magnánimo, ha decidido pagarle su aporte financiero y su excelente gestión nombrándola como Secretaria Privada de la Gobernación desde donde deberá, entre otras cosas, monitorear los proyectos priorizados por el gobierno departamental para identificar riesgos, generar alertas tempranas y acompañar a los organismos y dependencias en las estrategias para su continuidad. Queda la duda de cuál es la capacidad de identificación de riesgos de una funcionaria que ya tiene una investigación en curso por irregularidades en contratación.
El gerente de la campaña fue Luis Fernando Begué Trujillo, quien también otorgó un crédito a la misma por un poco más de $9 millones de pesos. Begué Trujillo no es nuevo en el sector público, su último cargo había sido la gerencia general de Renting S.A.S, empresa de economía mixta con una participación mayoritaria del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, aunque su cargo más destacado fue la gerencia del Indeportes entre 1998 y el 2000.
Fue justamente esta entidad la recompensa dada por el Gobernador Rendón a Luis Fernando Begué por su trabajo en la campaña y su valioso aporte económico a la misma, al nombrarlo como el nuevo Gerente de Indeportes. Le dejó a su cargo una institución con un presupuesto de más de $1.500 millones de pesos, dejando claro lo mucho que valora a quienes lo financiaron.
El Clan del Golfo ha azotado al departamento de Antioquia por más de 16 años. Este grupo es conocido como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas, especializándose en actividades como el narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado a menores, despojo de tierras.
La sólida estructura del Clan, arraigada en actividades legales y compuesta por más de 1,900 miembros, representa un desafío significativo para nuestra Nación. Esta organización delictiva ha logrado establecerse en la región, aprovechando su conexión con actividades legítimas para disfrazar sus operaciones ilegales. Su presencia se extiende a 107 municipios en Colombia y abarca más de 28 países, configurando alianzas con las principales mafias a nivel mundial, incluyendo los Carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, las mafias Calabresa y Silicina, así como Los Balcanes.
Recientemente, las operaciones del Clan del Golfo han protagonizado violentos eventos en Segovia, Antioquia. Desde el 7 de febrero, intensos combates entre las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han sacudido la zona rural, resultando en el acuartelamiento de familias locales y el desplazamiento forzado de aproximadamente 800 de ellas, además de pérdidas lamentables de soldados. En respuesta a estos miserables hechos, Entidades Gubernamentales y cooperantes internacionales han tomado medidas para aliviar la escasez de alimentos y medicinas, proponiendo incluso la apertura de un corredor humanitario para llevar ayuda a las familias confinadas.
Frente a esta cruda realidad, nuestro presidente ha condenado los recientes ataques perpetrados por el Clan del Golfo. En sus declaraciones, expresó el firme compromiso del Estado de enfrentar y desmantelar estos grupos delictivos, así como de golpear la economía asociada al oro ilícito y la cocaína. Subrayó que, de manera constante, se están llevando a cabo operativos que resultan en la incautación diaria de decenas de toneladas de cocaína.
El propósito inequívoco del presidente y las Fuerzas Militares es el restablecimiento del orden público en el país. Para alcanzar esta meta, se ha implementado un despliegue militar estratégico que involucra al Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial. Este operativo tiene como objetivo central la captura de los principales cabecillas, conocidos como alias de Azul y Chuzo, quienes lideran la estructura criminal en el nordeste antioqueño.
Estos individuos no solo son señalados como autores intelectuales y materiales de acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población de Segovia, sino que también se les atribuye imponer toques de queda, amenazar líderes sociales, restringir el transporte y ejercer control sobre las empresas mineras líderes en la región, antes estas atrocidades las autoridades ofrecen una recompensa con el fin de dar con su captura y cesar la violencia en Segovia Antioquia.
La violación sistemática de los Derechos Humanos es una realidad que ha desencadenado una respuesta unificada a nivel nacional e internacional. Tanto el Comité Internacional de Derechos Humanos, líderes sociales y las autoridades nacionales han expresado su contundente rechazo, uniendo esfuerzos para poner fin a las hostilidades en la región y abordar las raíces del problema. La cooperación internacional, la atención humanitaria y la recompensa ofrecida por las autoridades son pasos cruciales para mitigar el impacto en la población afectada y avanzar hacia la erradicación de la violencia y el crimen organizado en Segovia, Antioquia.
Tenemos plena confianza en el gobierno y nuestras Fuerzas Militares, reconociendo el esfuerzo conjunto para rescatar al pueblo forjado en oro y preservar la riqueza cultural de esta plaza, moldeada por la extracción minera que define la riqueza e identidad del Municipio.
Un soldado profesional del Ejército colombiano murió tras la detonación de una de las minas instaladas por el del Clan del Golfo en una zona rural de Segovia, en el noreste del departamento de Antioquia.
«Con profundo dolor, rechazamos el cobarde asesinato de nuestro soldado profesional Diego Fonseca, quien murió por el efecto de un campo minado instalado por el Clan del Golfo para atentar contra la vida de la tropa y los campesinos de Segovia, Antioquia», han informado las Fuerzas Militares de Colombia en un mensaje en X, antes Twitter.
Otros dos soldados profesionales resultaron heridos por la detonación y han sido trasladados para recibir atención médica. «Continuamos firmes con el desarrollo de la Operación Fortaleza, con el propósito de proteger a los habitantes de esta región, con el despliegue de todas nuestras capacidades, atacando las amenazas a la población civil y la institucionalidad», ha concluido el comunicado militar.
Los militares estaban desarrollado operaciones para salvaguardar la vida e integridad de la población civil de la región en la que tiene presencia este grupo armado ilegal.
En las últimas horas ha habido combates entre militares y miembros del Clan del Golfo que suman ya cinco fallecidos tras las cuatro muertes de militares el pasado viernes.
Uno de los militares heridos el viernes, el capitán Javier Leal, salvó la vida gracias a que una bala le impactó en el teléfono móvil que portaba en el pecho.
Tras las últimas muertes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha condenado estos actos que son la respuesta a las acciones que está adoptando el Gobierno para derrotarlos. «En esa misma medida, estos grupos van a accionar contra el Gobierno y la población. Es el efecto de una eficacia en la lucha contra la economía ilícita por parte de Gobierno», ha argumentado.
Además ha subrayado que el Clan del Golfo no mantiene ningún tipo de negociación con el Gobierno. «Nosotros vamos a responder. Si no son capaces de desmantelar a sus grupos, como hemos solicitado, simplemente serán destruidos por el Estado», ha advertido.
El nordeste de Antioquia es escenario de combates entre las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en alianza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Clan del Golfo para controlar la extracción ilegal de oro que deja millonarias ganancias.
Este conflicto ha provocado desplazamiento de población en la Vereda Cañaveral de Chicamoqué y Mina Nueva, en el municipio de Santa Rosa del Sur
Con la presencia de lideresas y líderes del movimiento Ríos Vivos, habitantes “cañoneros” del norte, occidente y bajo Cauca del departamento de Antioquia, concejales y delegados de la alcaldía del Municipio de Toledo (Antioquia), motivados con el entusiasmo de la Senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, el acompañamiento y compromiso de delegados y delegadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, y la presencia de la Directora General de Corantioquia Liliana María Taborda, se realizó el miércoles 7 de febrero, un encuentro deliberativo, buscando soluciones a los graves problemas que ha dejado la instalación en la región de proyectos mineros y energéticos, incluido por supuesto el impactante y violento Hidroituango.
Luego de los saludos de rigor, de los abrazos de reencuentro, de los actos simbólicos que recuerdan la historia y la vida de la comunidad antes de que llegara la muerte violenta, el desalojo, el dolor y la desesperanza, impuestos tanto por los grupos armados ilegales, como por la irresponsabilidad, la persecución de las empresas y su concepto de desarrollo, que desconoce las mínimas condiciones que deben ser respetadas y garantizadas de tal forma que prevalezca y se sustente a corto, mediano y largo plazo, las mínimas condiciones para llevar la vida con dignidad, se dio inicio sin protocolos a la conversa sincera y constructiva.
Poco a poco, sin descanso, pero con la voz firme y la decencia intacta, fueron tomando la palabra las y los voceros de las organizaciones municipales y regionales. Nadie se quedó con la palabra en la boca, todas y todos denunciaron las graves condiciones económicas y sociales a que han sido sometidos, tanto por la exclusión y las políticas de empobrecimiento ligadas a la economía centralista y a la corrupción, como por los proyectos que se adelantan por empresas nacionales y extranjeras, que venden al mundo una falsa condición idílica de las comunidades.
“Nosotros no cuidábamos el rio, era el río el que nos cuidaba, nos alimentaba, nos daba vestido, recreación y alegría. Cuando su garganta fue cerrada y su cauce secuestrado, la subienda de peces desapareció, no pudimos volver a pescar, no pudimos volver a sembrar y a cosechar, el hambre se apoderó de nuestros hogares, y nadie aún nos pregunta, cómo estamos haciendo para evitar que la desnutrición y el dolor minen de malos pensamientos a nuestros jóvenes, cómo sobrevivimos, siendo tan pobres en medio de la riqueza que otros se llevan, en medio de la alegría que nos secuestraron y se llevaron a otras mesas. Las crecientes no volvieron, y con ellas se fueron los regalos de navidad, desechados río arriba y que recogíamos de las playas río abajo, para ser limpiados, arreglados y entregados a nuestros niños y niñas. El puente que nos comunicaba con los pueblos vecinos, pero que también fue testigo de asesinatos y desapariciones, descansa sumergido bajo las aguas represadas. Con el puente y los caminos se fue la arriería, las visitas a nuestros seres queridos y las historias de amores y desamores”.
La hidroeléctrica de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín- EPM, estandarte del “desarrollo” económico regional y nacional, ni siquiera cumple con su obligación de limpiar del “buchón” o jacinto de agua, que prolifera en las aguas represadas, en lugar de retirarlo utilizando la mano de obra local, prefieren contra toda regla ambiental, rociarlo con glifosato, contaminando las aguas represadas que son luego liberadas, denuncia la comunidad. “Río abajo del muro, nos persiguen, nos impiden barequear, nos dañan las herramientas, nos golpean, y nos quitan el poco oro que logramos sacar artesanalmente, y que antes de instalada la represa, se encontraba con menos trabajo. La EPM, es quien da la orden, como si el rio y sus playas, fueran propiedad de ellos”.
El Cauca ya no es el entusiasta dador de vida en la región, se muestra afligido y abandonado, ya no late su corazón con la fuerza de la amistad y el amor de las comunidades que, a lado y lado se instalaron durante años. El río ahora separa, lo obligaron a abandonar a su gente y a sus peces, lo sometieron, lo encadenaron para chuparle la energía. “Nosotros lo necesitamos como al aire, como a la tierra y a la comida, como a la música y a la poesía”. Ese amoroso caudal que “daba trabajo sin pedir hoja de vida, sin exigir contratos”, rugiendo por las faldas de las montañas, solo pide que sus amigos de antaño, vuelvan a gozar de su riqueza, de su alegría y de su dignidad.
Pero no es solo Hidroituango el que se lleva la riqueza de la región, sin devolver algo más que las regalías, para ser invertidos en el buen vivir o desarrollando programas de responsabilidad social empresarial que hagan posible que los habitantes de esta zona, rehagan su vida y se garantice el desarrollo sustentable de la región; también están las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, señaladas de estar captando un mayor caudal de agua que lo permitido para mover sus turbinas, o destruyendo caminos por donde transitan los estudiantes. Es preciso, que las empresas y las comunidades, establezcan espacios de diálogo permanentes, en donde se estudien las problemáticas y se construyan soluciones; las empresas deben valorar los impactos tanto económicos, como sociales y culturales que se generan sobre la comunidad y el ambiente, y las formas más expeditas y amigables, de mitigar, prevenir o solucionar los conflictos que se crean, buscando que la convivencia, el respeto por los Derechos Humanos y la justicia social, sean un horizonte permanente.
Al cañón lo está rompiendo la megaminería del oro, causando un profundo impacto en el ambiente. Las comunidades señalan que, algunas quebradas se secan, se construyen grandes túneles, se contaminan las vertientes de agua con combustibles y mercurio, sin que se realicen programas de mitigación de la mano de los y las campesinas de la zona. Todo el cañón está concesionado a las mineras, principalmente extranjeras, de esta situación se aprovechan los grupos armados herederos del paramilitarismo, para presionar el desplazamiento de la gente o para destruir zonas de reserva ambiental, que las mismas campesinas y campesinos, a través de sus propias formas organizativas, han cuidado y fortalecido.
Ante la gravedad de los hechos, el tribunal superior de Medellín, falló a mediados de 2019, a favor de los derechos del río y de las generaciones futuras. El fallo designa amparos específicos para el río como fuente de biodiversidad, agua y sustento, y reconoce a las generaciones futuras como un grupo en posesión de derechos fundamentales a la dignidad, el agua limpia, la seguridad alimentaria y el medio ambiente sano, en ese sentido, será necesario desatar un ambicioso programa prospectivo, que participativamente reconozca las iniciativas comunitarias y fortalezca la labor de los Guardianes del Río, ya que no se registran mayores avances en la implementación de la sentencia. Este plan requiere, adicionalmente, un programa de autocuidado, autoprotección y garantías para la permanencia de las organizaciones en el territorio.
Estos conflictos se pueden solucionar con un poco de voluntad del Estado, de los gobiernos municipales, departamentales y nacional, de las corporaciones autónomas regionales, y principalmente de las empresas nacionales y extranjeras. El respeto a la vida y al planeta, no solo es responsabilidad de la gente del común, debe ser también el fruto de acuerdos nacionales y territoriales, que hagan posible, que el beneficio que genera el desarrollo económico, sea equitativo, responsable y justo.
En zona rural del municipio de Sonsón oriente del departamento de Antioquia, el Batallón Especial Energético y Vial N.º 4, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional localizaron y destruyeron un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína.
Labores de inteligencia del Ejército y la Policía Nacional, permitieron llegar hasta el lugar, donde se adelantaron operaciones que dieron como resultado el hallazgo y destrucción de un laboratorio con capacidad de producir alrededor de 928 kg de clorhidrato de cocaína y 135,3 kg de pasta base de coca, con un valor aproximado en el mercado de $7.668.000.000.
En el lugar también se encontraron 2175 kg de insumos químicos sólidos y 2722 galones de insumos químicos líquidos para la fabricación del alcaloide. Material este que entró a cadena de custodia por parte de la Fiscalía general de la Nación.
Adicionalmente se encontraron, 2 torres de destilación, 15 construcciones en madera, 2 moldes en acero, una prensa hidráulica de 20 toneladas, 3 motobombas, un transformador, un refrigerador, una lavadora, una cocina industrial, 2 mesas de filtrado, un gusano de 12 cavidades, 8 hornos microondas, una empacadora al vacío, 3 cilindros de 40 libras, 60 rollos de cinta transparente, 20 rollos de vinipel, material que también pasó a control del ente investigador.
Con este golpe asestado por las autoridades a la Estructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, se impactan las finanzas de este grupo criminal.
En la ciudad de Medellín, un juez condenó a una pareja de esposos que abusaban y explotaban sexualmente de sus hijos menores de edad, en hechos acaecidos en la capital antioqueña y el municipio de Bello.
Los condenados accedían carnalmente a sus hijos, con edades entre los 3 y 7 años, y los obligaban a ver como tenían relaciones sexuales, para después realizarles tocamientos de carácter sexual. Así lo determinó la investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), estos hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2017.
Durante la investigación se logró demostrar los vejámenes a los que la madre sometía a sus hijos, como era obligarlos a estar desnudos, golpearlos, y negarles alimentos por varios días.
Según el fiscal de Caivas, se pudo demostrar que la madre tenía encuentros sexuales con otros adultos y al finalizar los mismos daba su autorización para que sus hijas fueran abusadas sexualmente o se les realizaran tocamientos a cambio de dinero. Hechos que se realizaban en casas y locales comerciales en Medellín y Bello Antioquia.
La mujer detenida fue sentenciada a 22 años de cárcel, mientras que su pareja fue condenado a 210 meses de prisión. Los delitos que se les imputaron fueron los de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento agravado, proxenetismo con menor de 18 años agravado y violencia intrafamiliar agravada.
En esta misma investigación se logró la captura de dos hombres, uno hombre de 69 años, y una mujer de 31 acusados de actos sexuales con menor de edad. Hechos estos, bajo el beneplácito de la madre de los niños. }
Los investigados fueron detenidos por la Policía Nacional, llevados ante la Fiscalía, dónde no aceptaron los cargos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.
El Ejército Nacional, en un trabajo interinstitucional con el CTI, encontró abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones que pertenecería a la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del grupo armado organizado Clan del Golfo, en la vereda El Pescado, jurisdicción del municipio de Segovia, Antioquia.
Durante la operación se capturó a alias el Diablo, presunto integrante de esta Subestructura, quien llevaba cuatro años en este grupo armado, y era sindicado por los delitos de tráfico y fabricación de porte de armas de fuego, utilización ilícita de redes de comunicación con fines terroristas y concierto para delinquir agravado.
Además, se hallaron, 3 pistolas, 2 proveedores, 246 cartuchos, 4 radios, 8 cargadores, 4 cartillas alusivas al Clan del Golfo y una repetidora, la cual era utilizada para la comunicación entre los integrantes de esta Subestructura.