Un año nuevo suele provocarme reflexiones sobre mi pasado y lo que me puede traer el futuro. Nací en Barranquilla en el año santo de 1950, cuando la iglesia católica concede ciertas gracias espirituales a sus fieles. Mi mamá, religiosa practicante, me decía que, por eso el que escribe estaba destinado a grandes cosas en la vida. Pienso que su creencia religiosa le funcionó ya que estoy contento con mi vida personal y profesional.
Escribir sobre La Arenosa no es fácil, es el mundo de la cumbia, la “batalla de flores” en el carnaval; las tertulias de los 50 con Félix Fuenmayor, Ramón Vinyes, Gabo, Cecilia Porras y Álvaro Cepeda; “las cuatro fiestas” escrita por Adolfo Echeverria en diciembre del 61 con la voz de Nury Borrás; el mar y las palmeras, el río Magdalena y los caños; los puertos; la industria y el Junior del 67 con los brasileros Dida, Cuarentinha y Garrincha.
Mi mamá estudió hasta primaria, porque a pesar de que su familia tenía los medios económicos para ello, el patriarcado le impidió ser bachiller y profesional, le tocó ser ama de casa, que es un aporte sustancial en el hogar. Mi papá estudió derecho en la Universidad de Cartagena y obtuvo el título de abogado. Era la época en la que el hombre corría con todos los gastos familiares. Trabajó la mayor parte de su vida profesional en la judicatura, pero no logró pensionarse. Siendo liberal, quienes le tendían la mano eran los conservadores.
Recuerdo la inmensa alegría de mi mamá cuando salió a votar con el trapo rojo por primera vez el 1 de diciembre de 1957, en el plebiscito de reforma constitucional para validar el Frente Nacional. También están grabadas en mi mente las fiestas del 11 de noviembre en Cartagena con las reinas populares y los “buscapiés”- y en Sabanalarga, Atlántico, los 31 de octubre, día de los Santos Inocentes, cuando pedíamos dulces con el estribillo “ángeles somos, del cielo venimos pidiendo dulces para nosotros mismos”.
En enero de 1971 me trasladé a Bogotá a estudiar derecho, quedando atrás la disputa regional entre cartageneros, samarios y curramberos. Aquí la rivalidad fue entre cachacos y costeños, que duró muy poco porque el estudiantado universitario, como en Fuente Ovejuna, “todos a una”, nos tomamos las calles para marchar y protestar. En ese ambiente, y en el entorno de la Universidad Nacional me formé como libre pensador y humanista, sin militancia en ningún partido o movimiento político, solo en los derechos humanos.
Sigo siendo partidario de la legitimidad democrática de las marchas, paros y protestas pacíficas de jóvenes y estudiantiles en todo el país, como las que se originaron el 28 de abril de 2021 en contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Duque. Comparto la política del presidente Petro al designar 10 líderes sociales y estudiantiles como nuevos Voceros de Paz el 10 de diciembre de 2022, que se suman a 7 más que habían sido nombrados semanas atrás, amparado en la Ley de Orden Público (2272 de 2022). Entre las personas liberadas, están la estudiante de veterinaria Daniela Pérez Genitiva, y Kevin David García Mosquera vinculado a un caso por protestar en Neiva, Huila, los dos son defendidos por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR.
Mi corta carrera de sindicalista comenzó en agosto de 1978 en la Superintendencia Bancaria, hoy Super Financiera, como cofundador del Sindicato que fue exterminado por el superintendente bancario Francisco Morris, quien despidió a la gran mayoría de los integrantes, bajo la administración del presidente Julio César Turbay Ayala, con su Estatuto de Seguridad. También integré la Cooperativa de los Empleados y junto con Rafael Vergara Navarro y otros compañeros, sacamos a las directivas de la rosca elitista y patronal. Renuncié en octubre de 1978 ante los hostigamientos y ofrecimientos burocráticos indignos e ingresé al equipo jurídico de la Asociación Nacional de Profesionales “ASONALPRO”.
En ASONALPRO, me dediqué a la defensa de presos y perseguidos políticos y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Estuve hasta enero de 1980, cuando allanaron su sede y nació el CAJAR, que desde ese entonces tiene su sede en Bogotá, pero con trabajo a nivel nacional, siguió con dichas tareas. A partir de ese año, participé en el Consejo de Guerra del Siglo contra integrantes del M-19 en la penitenciaria la Picota de Bogotá. En 1985 defendí a Gustavo Petro por porte de un arma de fuego en la Brigada XIII de Bogotá, quien luego fue amnistiado por su militancia en esa organización guerrillera.
El litigio estratégico del CAJAR en lo nacional me llevó a conocer los dolores de Colombia en todos los rincones del país. Se concentró en las graves violaciones a los derechos humanos en casos como las masacres de Los Uvos y Caloto, Cauca; las torturas y desaparición forzosa de Luis Fernando Lalinde, en Andes, Antioquia; y las desapariciones y asesinatos de los trabajadores de Sintrainagro, en el Urabá antioqueño, entre muchos más. El caso de destitución e inhabilidad de 15 años impuesta por el procurador Alejandro Ordoñez a Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, mostró una nueva estrategia estatal de violación de derechos que culminó en instancia internacional con sentencia condenatoria de la Corte Interamericana contra Colombia, la del 8 de julio de 2020 que el Estado todavía no ha cumplido.
En los años 90 me convertí en ciudadano del mundo, con las conferencias en San José, Costa Rica y Quito, Ecuador, preparatorias de la Conferencia Mundial de Viena en 1993 donde se creó la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Posteriormente ayudé a impulsar en Ginebra, Suiza, la creación de la Oficina Permanente en Colombia. En esta misma época arrancamos nuestro trabajo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, labor que me ha llevado a Washington, D.C., San José, Costa Rica, y varios capitales de países vecinos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de su retraso procesal de 25 años, litigamos, entre otros, los asesinatos del dirigente del M-19, Carlos Pizarro León-Gómez; de Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble, Sucre; del periodista Jaime Garzón en Bogotá; y del sindicalista y el defensor derechos humanos Jesús Ramiro Zapata en Segovia, Antioquia. Hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguimos con el litigio de casos estratégicos, como el de la Nación U’wa y de los integrantes del CAJAR. Y no debo dejar por afuera mis dos episodios de exilio, en 1994 y 1999, en Bruselas, Bélgica, y Washington, respectivamente.
Me siento orgulloso de lo logrado por el movimiento de derechos humanos del que he sido parte con profesionalismo y también con mucha esperanza frente lo que se pueda lograr con el gobierno del cambio, todavía empezando. Me anima a que rompa con el esquema tradicional de defensa a ultranza del Estado, que dé un paso real y significativo pro-víctima, allanándose a las demandas, buscando más soluciones amistosas, con reconocimiento sincero de responsabilidad internacional. Que cumpla y acate las sentencias, entre ellas, la del Petro vs. Colombia. He trabajado toda la vida en pro de un estado social de derecho con justicia plena. En este año nuevo de 2023, siento que se pueda alcanzar.
Rafael Barrios Mendivil
