La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez envió este jueves una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidiéndole que «no se olvide» de «los presos políticos de Bolivia» y de otros países.
«Llamo su atención y, a través suyo, a los gobiernos y las instituciones democráticas del continente, señor Almagro, para que los presos políticos de Bolivia y del continente no sean olvidados», expresó Áñez en una carta dirigida al OEA y publicada en su cuenta de Twitter.
En la misiva, escrita el pasado 13 de septiembre y posteriormente remitida a la delegación de la Red de Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), la exmandataria boliviana ha recordado que permanece en prisión desde el 13 de marzo de 2021.
«La prisión política que sufro desde el 13 de marzo de 2021, debería llamar la atención y la preocupación de la OEA, sus organizaciones políticas, sus instituciones democráticas y de defensa de los derechos humanos», demandó la expresidenta de Bolivia.
Aseguró que su país ha sido el «primer país de América en privar de libertad a un expresidente acusada por terrorismo», argumentando que sus actos y «la esencia de su mandato» surgieron de la «sucesión constitucional de 2019 por la renuncia, el abandono del país y de sus funciones de las autoridades de gobierno, en ese entonces Evo Morales y Álvaro García Linera».
En este sentido, agregó que el Gobierno de Luis Arce «no difiere en sus conductas autocráticas» de las «tiranías que se implementan en Cuba, Nicaragua o Venezuela».
«La justicia para ellos, es la aprehensión y el encarcelamiento de quien no responda a sus doctrinas, su ideología y sus intereses políticos», sostuvo Áñez en la misiva.
La expresidenta, –en prisión preventiva desde marzo de 2021– está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, abandonó el cargo. Dos días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió la Presidencia de Bolivia.
Ya a mediados del pasado junio, la exmandataria fue sentenciada a diez años de prisión por el ‘Golpe de Estado II’, uno de los casos que tiene abiertos en su contra por lo ocurrido en 2019, y en el que se le acusaba de actuar contra la Constitución boliviana al autoproclamarse presidenta.
