El Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, lograron el rescate de 71 empleados de una mina, en zona rural de Maripí, Boyacá, quienes había sido secuestrados en su lugar de trabajo por un grupo criminal.
63 trabajadores mineros y ocho miembros de la empresa de vigilancia, recuperaron su libertad tras el despliegue de un completo dispositivo de seguridad de las Fuerzas Militares y la Policía.
Los captores, durante su maniobra ilegal destruyeron el sistema de videovigilancia de la mina, tras la ruptura intencional de la fibra óptica, dificultando la labor de las autoridades.
Sin embargo, en la madrugada de este sábado 13 de diciembre se produjo el rescate de los ciudadanos, sanos y salvos.
De igual manera fueron capturados ocho individuos, de los cuales cuatro fueron trabajadores de la empresa. A ellos les fueron incautadas siete armas de fuego, equipos de comunicaciones, explosivos y herramientas.
Momentos de fuerte tensión se vivió en Tunja, capital del departamento del Boyacá, cuando las autoridades y la comunidad del barrio Prados de Alcalá detectaron una camioneta que fue abandonada cerca a las instalaciones del Batallón Simón Bolívar con objetos sospechosos en su interior.
Cuando los efectivos del Ejército y la Policía revisaron el vehículo se encontraron con que estaba cargado de explosivos. De inmediato evacuaron el lugar para ejecutar la detonación de manera controlada.
Los reportes entregados por las autoridades indican que la afectación en el Batallón ocurrió cuando la volqueta fue ubicada frente a la unidad militar y que algunas de las cargas salieron disparadas hacia el complejo, cuando el personal experto en desactivación de explosivos ejercía su labor, provocando las afectaciones a la instalación militar.
«En el momento en que el técnico antiexplosivos adelantaba la inspección para la desactivación del sistema, se produjo la activación de la carga, expulsando cilindros en dirección al Batallón, dejando como resultado preliminar dos soldados lesionados», dijo una fuente al diario El Tiempo.
El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en todo el país. Así mismo, hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de este tipo de acciones.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, citó a un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público en el departamento y tomar medidas al respecto. Así mismo, ordenó citar a reuniones regionales extraordinarias de seguridad para revisar y actualizar la información de inteligencia, enfocada en prevenir cualquier atentado terrorista
En el occidente del departamento de Boyacá, un grupo de jóvenes está aprendiendo a hablar, a liderar y a transformar su territorio, cuidando del medio ambiente, fortaleciendo procesos de convivencia sana y participando de los diferentes procesos que viven sus territorios.
El frío de la mañana cala suave en los huesos y el sol dorado comienza a abrirse paso entre las montañas de San Miguel de Sema. En la vereda El Charco, el silencio del campo se mezcla con el bullicio de más de setenta jóvenes que despiertan entre carpas y mochilas. Se oyen risas, voces, gritos de saludo, instrucciones del equipo de Boyapaz y el movimiento constante de quienes empiezan un nuevo día.
No están en vacaciones ni en un retiro religioso: están en el campamento “Parche Motivando Sueños”, una iniciativa del Programa de Desarrollo y Paz del Occidente de Boyacá —Boyapaz— que cada año reúne a decenas de jóvenes para fortalecer sus habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.
El campamento se desarrolla en una institución educativa rural de San Miguel, donde los participantes asumen todo: desde la preparación de los alimentos y la organización de las carpas hasta el aseo de los espacios y la planificación de actividades. Cada acción se convierte en una lección de convivencia y corresponsabilidad.
Entre ellos, una joven de Coper sonríe mientras organiza sus materiales. Está alegre por participar, pero con la incertidumbre de no saber qué la espera. Las actividades del día girarán en torno a la comunicación, y pronto descubrirá que hablar, escribir o contar una historia también son formas de transformar su entorno.
El occidente de Boyacá es una tierra fértil y herida. En los años más duros de las llamadas guerras verdes, las esmeraldas definieron la suerte de miles de familias. De esas heridas nació, en 2016, Boyapaz, una organización que acompaña a comunidades, mineros, mujeres y jóvenes para construir paz desde la acción local.
“Boyapaz surge de la memoria de un territorio que decidió apostarle a la vida”, explica Karoll García, directora ejecutiva de la corporación. “Nuestro trabajo con los jóvenes es clave porque ellos son quienes pueden transformar la historia de sus municipios desde la participación, la comunicación y la esperanza”.
Ese propósito se materializa cada año en el campamento “Parche Motivando Sueños”, que en su duodécima versión reunió a 73 jóvenes de 20 municipios para hablar de liderazgo, trabajo en equipo y poder comunitario.
Entre los asistentes está Juan José Moreno, de Muzo. “Yo trabajo en la mina”, dice con orgullo. “Entro ochenta metros bajo tierra con pala y carretilla”. Pero su mirada revela otra ambición: quiere ser piloto y seguir siendo líder juvenil en su comunidad.
En el campamento, los talleres de comunicación lo atraparon de inmediato. “En la mina uno casi no habla; aquí aprendí que comunicarse también es trabajar”, cuenta mientras acomoda su plato en la cocina comunal. “Ser minero no es malo, pero quiero algo más. Quiero representar a mi gente y que en mi pueblo haya más oportunidades”, dice.
Sara Vanessa: salir de la monotonía y comunicar lo que existe
Sara Vanessa Merchán, de Coper, tiene 16 años y una energía vibrante. “En mi pueblo no hay mucho por hacer”, dice. “Los jóvenes casi no salen. Solo parque y celular. Pero aquí uno aprende que hay otras formas de vivir.”
Durante el campamento, participó en ejercicios orientados al fortalecimiento de las habilidades de comunicación, como presentar noticias, relatar historias y entrevistar a otros compañeros sobre lo que ocurría en el campamento. “Fue difícil al principio, pero me gustó”, confiesa. “Aprendí que lo que no se comunica no existe, y que la comunicación también se demuestra con acciones”.
Sara Vanessa comprende que la palabra puede ser una herramienta de cambio: “Quiero organizar actividades en mi municipio y motivar a otros jóvenes. Que se den cuenta de que liderar no es mandar, sino escuchar y participar”.
En el otro extremo del campamento está Sara Valentina Rincón, de Nobsa. A sus 18 años, ya fue consejera de juventud y lidera procesos ambientales en su región.
“Todo es político”, afirma. “Las decisiones que tomamos, lo que comemos, lo que callamos. Aquí aprendí que un buen líder es el que escucha y construye con los demás.”
Para ella, los campamentos de Boyapaz son un laboratorio de ciudadanía: “Si entre líderes no nos escuchamos, ninguno crece. Estos espacios nos enseñan a comunicarnos y a reconocer el valor de cada voz.”
A lo largo de los días, los ejercicios fueron diversos: desde identificar procesos de comunicación en sus comunidades hasta contar historias en diferentes formatos, como crónicas, dramatizaciones y simulaciones de noticieros.
Cada dinámica reforzaba una idea esencial: lo que no se comunica no existe, y la comunicación debe ser tangible, visible, puesta en práctica.
Los jóvenes descubren que saber hablar, escuchar y trabajar juntos también es construir paz. “Cuando ellos se expresan, se reconocen”, dice una de las facilitadoras. “Y cuando se reconocen, dejan de sentirse solos.”
Al caer la tarde, el sol se filtra entre los árboles y las voces se confunden con el canto de los pájaros. Los jóvenes empacan sus mochilas, cansados pero distintos. Juan José promete volver con más amigos; Sara Vanessa ríe con su grupo; Sara Valentina anota sus últimas ideas en un cuaderno.
En esta tierra donde por décadas se buscó riqueza bajo la montaña, hoy el brillo proviene de otro lugar: de las voces que se levantan. Voces que aprenden a hablar, a escuchar y a construir comunidad. Voces que, con el tiempo, podrían cambiar el destino del occidente de Boyacá.
Porque Boyapaz sigue cumpliendo su propósito: fortalecer a los jóvenes para que sean los nuevos líderes de su territorio, no con piedras preciosas en las manos, sino con palabras firmes, ideas claras y sueños compartidos.
La Fiscalía General de la Nación identificó a siete personas que estarían involucradas en el entramado ilegal que utilizaba una academia de conducción en Villa de Leyva (Boyacá) para de manera fraudulenta expedir certificados de idoneidad a personas que no cumplían los requisitos de formación.
Las actividades investigativas continuaron y pusieron al descubierto los bienes que habrían sido utilizados para dinamizar la actividad ilícita.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de dispositivo sobre una sociedad y 13 vehículos, así como la toma de posesión de bienes y haberes de dos establecimientos de comercio, que superan en valor los 4.800 millones de pesos.
Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional en Villa de Leyva y Samacá (Boyacá).
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, firmó la asignación de de $172.664.137 para los estudios y diseños que permitirán la optimización de las redes de aducción y de la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Tinjacá.
esde la vereda Los Arrayanes, en el pozo profundo que en su primera gobernación construyó para mitigar los efectos del Fenómeno del Niño en el sector rural, y junto con el alcalde Ciro Castellanos, el gobernador anunció:“En el futuro podremos contar aquí con un tanque que construiremos en los próximos meses, para garantizar siempre la disponibilidad de agua y llevar este recurso al sector rural cuando sea necesario”, dijo el mandatario local.
Para concretar este proceso, la la Gobernación de Boyacá aporta $115.615.787 y el municipio $57.048.349, recursos que se traducirán en agua de calidad, salud, dignidad y progreso para los habitantes.
Un operativo articulado del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, tuvo lugar en el predio La Lomita, ubicado en la vereda Firita Peña Arriba, en jurisdicción del municipio de Ráquira, donde se venía adelantando explotación subterránea de carbón de piedra sin contar con título minero ni licencia ambiental.
De acuerdo con la CAR Cundinamarca, en el suelo se evidenció una afectación directa al recurso suelo por la remoción de cobertura vegetal en un área estimada de aproximadamente 6.400 metros cuadrados, en la que también se hallaron depósitos de material estéril sin manejo técnico.
“Esta disposición inadecuada representa una amenaza significativa para la estabilidad del terreno y la calidad del suelo, al provocar pérdida de nutrientes y facilitar el arrastre de sedimentos hacia fuentes hídricas por efecto de las lluvias”, explicó director regional de la CAR Chiquinquirá, Yiber González.
También se halló condiciones inadecuadas en el manejo de aguas residuales provenientes de la actividad minera, las cuales eran vertidas al suelo sin control de sustancias químicas generando riesgos potenciales de contaminación sobre el entorno y afectaciones al recurso hídrico cercano.
Esta actividad ilegal estaba causando deterioro en el paisaje ambiental rural producto de la alteración del relieve, la exposición del subsuelo y el abandono de residuos sólidos.
“Estos impactos influyen en la fragmentación del ecosistema y ocasionan un desequilibrio en la biodiversidad, afectando no solo al entorno físico, sino también a las dinámicas sociales y productivas de la región”, agregó el director González.
La CAR Cundinamarca impuso medida preventiva consistente en la suspensión de toda actividad minera en el sitio, con el fin de evitar la continuidad del daño ambiental.
La protesta liderada por mineros boyacenses fue levantada en la noche del 7 de agosto gracias a las negociaciones que se dieron en Paipa, entre el Gobierno nacional y los líderes de la manifestación.
Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, escribió el presidente de la república, Gustavo Petro.
Dentro de los puntos conversados se encuentran: seguridad jurídica para el sector, cesar la criminalización de la minería del carbón y establecer una transición energética “responsable y consensuada con los actores.
“Los compromisos alcanzados incluyen garantizar que no se imponga IVA ni nuevos gravámenes a pequeños productores de carbón, establecer acuerdos de pago para pequeños mineros que adeuden saldos de renta anticipada, revisar la metodología de cálculo de regalías, conformar mesas técnicas para el seguimiento a trámites ante la Agencia Nacional de Minería e iniciar una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales”, anunció el primer mandatario.
En las negociaciones que permitieron el levantamiento del paro participaron integrantes del gremio del carbón de Boyacá; el gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron oficialmente la convocatoria “Humedales por la Biodiversidad”, una iniciativa orientada a la restauración y conservación de ecosistemas hídricos mediante un modelo de gobernanza participativa. Esta propuesta busca involucrar directamente a las comunidades locales en la protección de más de 30 humedales ubicados en 27 municipios de Cundinamarca y Boyacá.
La estrategia prioriza territorios como Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Tocancipá, Soacha y Ubaté, entre otros, donde se espera beneficiar a al menos 24 organizaciones de base comunitaria. Estas organizaciones, incluyendo Juntas de Acción Comunal, fundaciones, cooperativas y asociaciones locales, podrán recibir hasta 130 millones de pesos para ejecutar proyectos ambientales centrados en la recuperación de humedales, conservación del agua y fortalecimiento de los servicios ecosistémicos.
Entre las actividades financiables se encuentran la siembra de árboles nativos, el control de especies invasoras, la recuperación de espejos de agua y el fortalecimiento del ecoturismo. Además, se promoverán encuentros educativos sobre temas ambientales, monitoreo de biodiversidad y la implementación de jardines para polinizadores, con el objetivo de consolidar prácticas sostenibles lideradas por las comunidades.
Según Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, esta estrategia busca empoderar a las comunidades para que se apropien del territorio y lideren su protección. “Queremos que los ciudadanos se conviertan en los principales guardianes de sus humedales, con herramientas y recursos que les permitan gestionar estos ecosistemas de manera sostenible”, afirmó.
La iniciativa, que cuenta con una inversión superior a los 8.000 millones de pesos, es resultado del convenio entre la CAR y el PNUD, establecido tras la participación de la entidad ambiental en la COP-16 de 2024. Para Jimena Puyana, gerente de Desarrollo Sostenible del PNUD en Colombia, el proyecto representa una oportunidad clave para consolidar procesos locales de conservación, fortaleciendo las capacidades comunitarias y garantizando la sostenibilidad ambiental a largo plazo.
El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CINTEL), a través de su iniciativa CINTEL SMART CITIES en colaboración con la Alcaldía de Paipa, realizarán el taller colaborativo denominado ”Paipa Inteligente”, para impulsar la transformación digital del municipio hacia una ciudad inteligente e identificar posibles problemáticas en áreas como el turismo, movilidad, seguridad, medio ambiente, gobernanza, servicios públicos, entre otros.
El evento reunirá a actores clave del municipio, incluyendo autoridades locales, empresarios, ciudadanos, representantes de instituciones educativas y organizaciones sociales, quienes trabajarán conjuntamente para identificar los retos locales y proponer soluciones innovadoras.
«Las ciudades verdaderamente inteligentes no son las que implementan más tecnología, sino las que la utilizan estratégicamente para resolver sus desafíos específicos. Primero debemos entender las necesidades reales de cada territorio antes de proponer soluciones digitales», señaló Fernando Sánchez, experto en ciudades inteligentes en CINTEL.
La información recopilada durante el taller servirá como uno de los tres insumos fundamentales para la creación de una estrategia integral que permita a Paipa convertirse ciudad inteligente. Los otros dos componentes son un modelo de madurez desarrollado por CINTEL Smart Cities y la visión local plasmada en el plan de desarrollo municipal.
Fernando Sánchez, experto en ciudades inteligentes en CINTEL, resaltó el enfoque colaborativo del taller, donde los participantes «explorarán problemáticas del municipio en pro de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y visitantes de Paipa con el objetivo de «fomentar el pensamiento creativo y la construcción de una visión compartida para el municipio.»
La jornada de co-creación denominada «Desarrollo de Paipa Inteligente» se llevará a cabo hoy lunes 7 de abril de 2025, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Hotel Sochagota de Paipa.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre de 23 años, señalado de estar involucrado en la desaparición y posterior muerte de una niña de 11 años en zona rural de Sogamoso (Boyacá), el pasado 25 de diciembre de 2024.
Inicialmente, el procesado fue imputado por desaparición forzada, cargo que no aceptó en la audiencia del 17 de enero. Sin embargo, en una nueva comparecencia, reconoció su responsabilidad. Con base en nuevas pruebas, la Fiscalía amplió la imputación y le sumó el delito de feminicidio agravado.
Las investigaciones indican que la menor salió de su casa en la madrugada tras una discusión familiar y no regresó. Al parecer, el acusado, un familiar de la víctima, la encontró en el sector de Vanegas y, a bordo de una motocicleta, la llevó hasta la vereda El Ciral, donde presuntamente le causó la muerte de manera violenta, abandonando luego su cuerpo en una zona boscosa.
El hombre fue capturado el 17 de enero en su vivienda en la vereda Cartagena, en Firavitoba (Boyacá), y desde entonces permanece en un centro carcelario bajo medida de aseguramiento.
El Ejército Nacional dispuso de sus capacidades para readecuar un puente en el municipio de Macanal, Boyacá que se derrumbó el pasado mes de mayo en la denominada Transversal del Sisga, que comunica el departamento de Boyacá con Casanare.
Con 22 hombres de Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N.º90 se instaló un puente tipo 3SBRIDGE de 42,70 metros de longitud, con una capacidad portante de 52 toneladas y un ancho de calzada de 4,20 metros de un solo carril, con el fin de brindar una solución segura, confiable y eficiente a los habitantes del sector.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dispuso de dicha estructura mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Vial Transversal del Sisga dispusieron los recursos para su instalación.
Este puente beneficia cerca de 100 mil habitantes y más de tres mil vehículos que transitan por esta vía, contribuyendo así al restablecimiento de la economía del departamento.
El veedor del sector energético en Colombia, Hermann Garrido, instauró una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al Alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, y a los Concejales que aprobaron el acuerdo municipal que según el, «el costo del servicio de energía del alumbrado público en este territorio».
El Veedor Hermann Garrido instauró dos quejas formales ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al Alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, y a los concejales que aprobaron el acuerdo que en efecto causará el aumento del costo de energía eléctrica.
«Instauré esta queja porque como lo denuncié en su momento, si el alcalde no tiene los estudios para crear la empresa de economía mixta, él no puede saber con certeza que no van a subir las tarifas en un proceso de modernización, pues carece de los estudios demostrativos de viabilidad. En este orden de ideas, al hacer inversiones que no tengan respaldo y estudios técnicos pues seguramente desconoce la norma que sostiene claramente que las tarifas son las que recuperan esos costos de inversión, siendo el usuario final el más afectado; incurriendo en una falla disciplinaria, la cual tendrá que investigar la Procuraduría», concluyó Garrido.
Para el Veedor tanto el Concejo como el mandatario hicieron de manera irregular la propuesta y es por esta razón que se advierte de un posible incremento indiscriminado en el recibo de la luz.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Miguel Ángel Pinto Quintero, exregistrador del municipio de Cubará (Boyacá), tras comprobarse que mientras ocupó el cargo expidió actas de defunción a registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y otros documentos falsos para integrantes de las estructuras del ELN que tiene injerencia en el oriente del país.
Los elementos de prueba indican que, entre 2007 y 2018, el exfuncionario habría emitido documentación espuria, la cual fue utilizada por cabecillas y subalternos del frente de guerra oriental del ELN para ocultar su verdadera identidad o hacerse pasar como muertos, de tal manera que evadieron la acción de las autoridades.
El exfuncionario deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público; y supresión, alteración o suposición del estado civil, cargos que no fueron aceptados.
El Gobierno Nacional logró un acuerdo con mineros y campesinos de los departamentos de Boyacá y Santander, luego de seis días de bloqueos en las vías principales que comunican a estos territorios con el resto del país.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, felicitó a las partes por llegar acordar soluciones prontas y destacó la importancia de la firma. Esto se dio en medio de un desayuno en horas de la mañana.
Con estos acuerdos se espera el desarrollo de actividades mineras y de agricultura en la región sin que se vea afectado el medio ambiente, especialmente en la zona de páramos como el de Santurbán. La protesta dejó pérdidas en el sector lechero principalmente.
El organismo de control comprobó que la empresa presentó incumplimientos a la regulación del servicio público domiciliario de energía.
La investigación demostró que esta empresa que presta sus servicios en los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Sucre, calculó incorrectamente el ajuste anual del Porcentaje de Administración, Operación y Mantenimiento a Reconocer (PAOMR), durante los años 2018 a 2020, con lo cual se apartó de las disposiciones que rigen el régimen tarifario.
El PAOMR es un indicador clave dentro del marco regulatorio, se calcula anualmente y refleja los costos asociados al uso de las redes de distribución eléctrica. Este valor es fundamental para evaluar el rendimiento de los operadores de red y determina las tarifas que los consumidores deben pagar por el servicio de energía, contribuyendo así a la calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico.
La Superintendencia de Servicios Públicos emitió el fallo dando respuesta a un recurso de reposición interpuesto por la empresa. La decisión se encuentra en firme.
