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La administración de Carlos Fernando Galán ha supuesto un preocupante retroceso en la política social de Bogotá. Aunque el discurso oficial habla de modernización y ampliación de la cobertura, lo que se evidencia en la práctica es un desmonte sistemático de los servicios sociales integrales que caracterizaban a la ciudad de derechos. Se está reemplazando el acompañamiento psicosocial, pedagógico y nutricional por simples transferencias monetarias, perdiendo la integralidad de la política social y debilitando la intervención estatal en territorios y poblaciones históricamente excluidas.

Durante las últimas dos décadas, Bogotá construyó un modelo de política social que trascendía la pobreza monetaria y se basaba en un enfoque de derechos. Alcaldes como Lucho Garzón y Samuel Moreno fortalecieron programas como los comedores comunitarios y apostaron por más presupuesto para educación y salud, que brindaban alimentación y atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Gustavo Petro, con Bogotá Humana, consolidó servicios para la juventud, la comunidad LGBTIQ+ y los habitantes de calle y puso en marcha la estrategia de atención a la primera infancia con el programa “1000 días para cambiar el mundo”. Claudia López, por su parte, impulsó la consolidación del Sistema de Cuidado, priorizando la atención integral a personas mayores, mujeres cuidadoras y niños y niñas.

Estos programas no solo entregaban recursos: también fortalecían capacidades, generaban redes comunitarias y, sobre todo, dignificaban a las personas. Hoy, bajo la administración de Galán, se observa un desmantelamiento de estos logros, en favor de un modelo asistencialista que reduce la política social a simples transferencias monetarias a través del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

El proyecto de inversión 7938, que canaliza cerca de 2 billones de pesos en transferencias monetarias, ha convertido la política social en un mecanismo de distribución de recursos sin la debida integralidad. El 78% de las personas atendidas entre enero y abril de 2025 han recibido únicamente transferencias, mientras los programas de acompañamiento psicosocial y de inclusión productiva han sido relegados. Esta cifra revela la naturaleza asistencial y fragmentada del modelo de Galán, que ignora las causas estructurales de la pobreza y refuerza la dependencia.

El SISBÉN IV, utilizado como único criterio de focalización, excluye a miles de personas que enfrentan la pobreza multidimensional en la ciudad. Las cifras lo demuestran: según el DANE, la pobreza multidimensional en Bogotá aumentó 1.8 puntos porcentuales entre 2023 y 2024. La pregunta es clara: ¿cómo piensa esta administración garantizar que las transferencias no solo alivien el hambre temporal, sino que generen condiciones reales y sostenibles para superar la pobreza?

En servicios fundamentales como la atención a personas con discapacidad y personas mayores, la administración Galán ha debilitado los programas que proporcionaban acompañamiento integral. Estos sectores, que requieren más que un giro monetario, han quedado atrapados en la lógica de la transferencia sin acompañamiento, lo que profundiza la exclusión y niega el carácter transformador de la política social.

Además, no se puede pasar por alto que quienes más se benefician de este modelo no son necesariamente los hogares más pobres, sino el sector financiero, que cobra tarifas por cada giro a través de las billeteras digitales como Daviplata, Nequi, Bancolombia a la Mano y Dale. Mientras tanto, la Secretaría de Integración Social, con décadas de experiencia en la construcción de políticas para la inclusión social, queda reducida a un rol secundario y meramente operativo.

La política social debe ser mucho más que una política de transferencia de recursos. Debe ser una herramienta de transformación estructural que garantice derechos, fomente la inclusión y fortalezca las capacidades de las personas. Bogotá ya demostró que otro modelo es posible. La ciudad de derechos que se construyó con programas como los comedores comunitarios de Lucho Garzón, la consolidación de jardines infantiles de Samuel Moreno, el Sistema de Cuidado de Claudia López y la estrategia de atención integral a la infancia de Petro son prueba de que la inversión social puede ser integral, humana y transformadora.

Por eso, hoy más que nunca, es necesario exigirle a esta administración que recupere el acumulado institucional y humano de la ciudad. Que no lo deseche, sino que lo ponga al servicio de una política social que combine las transferencias monetarias con servicios de calidad, acompañamiento psicosocial y territorialización real. Solo así podremos tener una Bogotá que no solo reparta recursos, sino que también reparta oportunidades y dignidad.

Quena Ribadeneira