La Procuraduría General de la Nación indaga lo ocurrido en los municipios de Carmen del Darién y Bojayá por el hundimiento de una embarcación cisterna que transportaba cerca de 12 mil galones de ACPM, ocurrido el nueve de noviembre en el río Curbaradó, situación que ha generado una grave afectación ambiental y sanitaria en las comunidades ribereñas.
La investigación del Ministerio Público incluye también a la Corporación Autónoma Regional del Chocó ara el Desarrollo Sostenible del Chocó.
El ente de control disciplinario investiga las medidas tomadas en el plan de trabajo interinstitucional para la contención, mitigación y restauración ambiental.
Se pidió además, dar a conocer los mecanismos de protección sanitaria y de información a las comunidades afectadas, de manera que sea posible promover su participación informada en las medidas de manejo y de contención adelantadas.
Un bebé de la comunidad indígena Emberá en Riosucio (Chocó), perdió la vida luego de caer desde el segundo piso de una vivienda hacia una calle completamente cubierta por el agua, como consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en la región durante los últimos días.
Las lluvias provocaron el desbordamiento del Rio Atrato provocando pérdidas en las casas donde llegaron las aguas.
La Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente la declaratoria de un estado de emergencia preventivo en el Chocó, debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento de los ríos Atrato y Andagueda, que han dejado más de 25 mil familias afectadas en al menos 18 municipios. La situación ha generado graves impactos en las comunidades ribereñas y rurales, que enfrentan inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas e infraestructura.
A través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó, el ente de control pidió a la gobernadora del departamento, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al IDEAM y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre otras autoridades, activar con urgencia los recursos de emergencia para atender los territorios más perjudicados.
Asimismo, la Procuraduría instó a que la Gobernación del Chocó y la UNGRD dispongan brigadas móviles de atención humanitaria y técnica en las zonas rurales más afectadas, y que se establezca un canal de comunicación permanente con las alcaldías, organismos de socorro y asociaciones comunitarias, con el fin de coordinar una respuesta oportuna y eficaz.
Las condiciones meteorológicas extremas han provocado crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso de vías terciarias y viviendas rurales, afectando gravemente la movilidad, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos. Ante este panorama, la Procuraduría advirtió sobre la necesidad de acciones inmediatas de mitigación y asistencia, para evitar que la emergencia se agrave y ponga en mayor riesgo a las poblaciones vulnerables del departamento.
Tropas del Ejército desarrollaron una operación militar en zona rural del municipio de Nóvita, departamento del Chocó, donde se encontraban aproximadamente 30 integrantes del Clan del Golfo, con quienes sostuvieron combates en donde tres de ellos fueron neutralizados.
En el operativo incautaron de dos fusiles, un revólver, más de 16 equipos de campaña, abundante material de intendencia y explosivos, elementos con los cuales esta organización ilegal pretendía continuar delinquiendo en contra de la población civil y las autoridades de la región.
De acuerdo con el Ejército, la acción militar permitió la afectación de manera directa las capacidades logísticas, de armamento y movilidad de dicha estructura criminal, debilitando su accionar delictivo en esta zona del país.
Los constantes cortes de luz en los municipios del departamento del Chocó motivaron el interés de la Procuraduría General de la Nación para inspeccionar la manera como se está prestando el servicio en la región e indagar por posibles fallas.
El Ministerio Público solicitó a la Empresa Comercializadora y Distribuidora del Servicio de Energía Eléctrica (DISPAC) en Chocó, un informe técnico detallado sobre las causas estructurales, operativas o administrativas que han generado los cortes de energía en los últimos seis meses.
Así mismo pidió a la gerente del Consorcio Multienergético de la Costa y gestora de DISPAC, María Andrea Forero, dar a conocer las acciones preventivas y correctivas que se han adoptado y el plan de contingencia vigente.
En su comunicación, el ente de control requirió las estrategias de comunicación adelantadas para mantener informada a la población sobre los cortes programados, posibles imprevistos en la continuidad del servicio y las soluciones que están en curso.
El ‘Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla’ del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio a conocer su decisión de poner fin al paro armado que tuvo con temor a gran parte de la población en el departamento del Chocó.
«A partir de las 00:00 horas del día 27 de julio se restablece la movilidad en su totalidad en todo el departamento», dice el comunicado del grupo guerrillero.
La guerrilla del ELN asegura que en el departamento del Chocó se viven situaciones de corrupción que entorpecen la labor de líderes sociales y ambientales que buscan la protección de la fauna y la flora del territorio.
Lo anterior, muy a pesar de que el ELN se nutre de las rentas criminales en el departamento como la explotación ilegal de madera; minería ilegal; procesamiento de hoja de coca; tráfico de armas y tráfico de migrantes.
La Gobernación del Chocó rechazó las acciones armadas del grupo ilegal y pidió al Gobierno Nacional garantizar la tranquilidad de la población.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este miércoles un paro armado a partir de este viernes de 48 horas de duración en el departamento de Chocó, en medio del aumento de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad colombianas después del fiasco de las negociaciones con el Gobierno.
El ELN ha explicado que la nueva medida de presión está relacionada con los supuestos atropellos cometidos por el Ejército en parte del municipio de Lloró, ubicado en esta selvática zona del noroeste de Colombia.
El frente de guerra Ogli Padilla ha afirmado que se trata de una respuesta al secuestro llevado a cabo por efectivos de las fuerzas colombianas el pasado domingo de una docena de personas no combatientes en la comunidad de Chiriquí Alto Atrato.
Asimismo, la guerrilla ha denunciado que estas personas han sido forzadas a participar en las acciones del Ejército, lo que ha puesto en peligro sus vidas, según un comunicado del grupo armado publicado en redes sociales.
A su vez, también ha denunciado las torturas sufridas por un vecino de la zona y el hurto a muchos otros por parte de las fuerzas de seguridad. Todo ello «bajo el silencio cómplice» de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, a quien afean no haber escuchado «nunca» hacer referencia a la presencia de los grupos paramilitares.
«El terrorismo de Estado es una práctica naturalizada y permanente en Chocó«, ha acusado el ELN, que apela a las organizaciones de Derechos Humanos a denunciar el «genocidio étnico que se esconde en el departamento».
El paro armado obligará a miles de personas a permanecer encerradas en sus hogares todo el fin de semana. El ELN ha hecho un llamamiento a la población para que se abstenga de circular por vía terrestre y marítima.
Gracias a un operativo articulado por la Fiscalía General de la Nación, fue desmantelada una organización delincuencial conocida como ‘Los Mexicanos’, señalada de haber ejecutado al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo en distintos municipios del Chocó. El grupo habría logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos entre enero de 2023 y marzo de 2025.
En el marco de esta investigación fueron judicializados 26 presuntos integrantes de la banda, quienes habrían cumplido distintos roles para ejecutar los delitos, especialmente en sectores de Quibdó. Las autoridades sostienen que los implicados actuaban en células organizadas que se coordinaban el mismo día del hurto para seleccionar a las víctimas, asignar funciones y ejecutar los robos.
El modus operandi iniciaba en entidades bancarias donde un integrante, conocido como el marcador, simulaba hacer una transacción para identificar a personas que realizaban retiros cuantiosos. Luego alertaba al resto de la banda, que seguía a la víctima, la intimidaba con armas de fuego y le arrebataba el dinero. Posteriormente, el dinero era entregado a otros miembros de la estructura para dificultar su rastreo por parte de las autoridades.
Uno de los casos más impactantes atribuidos al grupo es el robo de 334 millones de pesos a un directivo de un ancianato en Condoto. Otro hecho relevante fue el hurto de 233 millones de pesos retirados por funcionarios de la Alcaldía de Río Iró.
La operación que permitió estas capturas incluyó 20 diligencias de registro y allanamiento, entre ellas dos locales comerciales dedicados a la venta y reparación de equipos electrónicos. Durante los procedimientos fueron incautados tres celulares de alta gama reportados como robados y dos armas de fuego.
Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores en la comisión de delitos, y porte ilegal de armas de fuego. En audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar posibles cómplices y determinar si esta red tiene vínculos con otras estructuras criminales del país.
Una juez penal especializada de Quibdó (Chocó) condenó al exnotario de San Jacinto (Bolívar), Alberto Jacinto Vásquez Vásquez, por autorizar con su firma trámites irregulares para justificar la usurpación de tierras por parte de estructuras paramilitares.
El exnotario deberá pagar una pena de nueve años y dos meses de prisión como responsable de los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir, y una multa superior a los 2.988 millones de pesos.
Mientras ejerció el cargo de notario, Vásquez Vásquez dio apariencia de legalidad a la ocupación violenta de tierras realizada por la autodenominada ‘Casa Castaño’, el bloque Élmer Cárdenas y el bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), entre 1996 y 2001.
El exnotario avaló enajenaciones de predios a precios inferiores de los avaluados, en la modalidad de compraventa forzada, soportadas con documentación falsa y suscritas en medio de presiones e intimidaciones armadas contra los propietarios y tenedores originales, que tuvieron que abandonar sus tierras para instalarse en otros municipios.
Los predios se utilizaron para generar proyectos agroindustriales de palma de aceite y realizar ganadería extensiva. Estas actividades ocasionaron un impacto negativo en algunas zonas declaradas como reserva forestal.
La Policía Nacional capturó a 26 integrantes de la estructura criminal ‘Los Mexicanos’, implicados en más de 80 hurtos por $7.800 millones.
Estas personas deberán enfrentar cargos por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tráfico de armas de fuego y reclutamiento ilícito de menores de edad.
La operación incluyó 19 órdenes de registro y allanamiento, incluidos 2 establecimientos comerciales en los que se incautó 2 armas de fuego tipo pistola incautadas; 13 teléfonos celulares y 5 celulares con reporte de hurto.
Esta organización utilizaba niños y adolescentes para identificar víctimas que retiraban grandes sumas de dinero de entidades bancarias, quienes luego eran asaltadas bajo la modalidad de fleteo.
Se estima que cometieron más de 80 hurtos con un perjuicio económico superior a los $7.800 millones de pesos, los cuales fueron realizados desde enero del año 2023 hasta la fecha.
Al presidente de la República, cada día es más difícil encontrarle una verdad; lo que indica que cada vez es más fácil encontrarle una mentira. Su capacidad de hacerlo realmente asombra: lo hace sin temor hacer descubierto, pero esto se hace más cruel, cuando se trata de la población más pobre que tiene Colombia, mi amada tierra del Chocó.
Esta semana en su aburridora trasmisión de televisión, lanzó otra mentira. Reclamó de manera hipócritamente enérgica, y comparándose con Duque, por la inversión realizada en mi departamento, mostrando una preocupación aparente, y que irónicamente aparece cuando faltan escasos 10 meses para elegir su reemplazo; una demostración que este señor utilizará, toda las artimañas conocidas y no conocidas para timar y embaucar.
Pero en su mentira el presidente, por alguna razón no se imagina que sus datos son fáciles de cotejar. Así que me hice a la tarea de buscar la verdad de las inversiones de este gobierno en el Chocó, en los tres años que lleva. Fue así como me fui a Planeación Nacional y conseguí las siguientes cifras.
En este gobierno se han comprometido 2,6 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (Única Bolsa Nacional), distribuidos de la siguiente manera:
De los anteriores datos llama la atención la gran diferencia que hay entre lo aprobado y lo ejecutado, si hacemos un cálculo matemático simple, nos damos de cuenta que el índice de eficiencia es del 48%, es decir el índice de ineficiencia es del 52%.
Por otro lado y de acuerdo a los datos que arroja el Departamento Nacional de Planeación, durante los 8 años del presidente Santos, la inversión en el Chocó llegó a un monto de 4.0 billones de Pesos, en los cuatro años de Duque fue de 4,6 billones de pesos, y en lo que va de este desgobierno, a duras penas sobre pasa la mitad de la inversión del gobierno pasado (2,6 Billones).
A esta cifra de 2,6 billones hay que hacerle la siguiente aclaración, esta representa el total de lo aprobado, no, de lo ejecutado.
En el gobierno Santos la ejecución de lo aprobado llegó al 75%, en el gobierno Duque al 92%, en lo que va corrido de este gobierno 48%.
En una cosa si dice la verdad el Sr. Petro, el Pacífico votó mayoritariamente por él, casi el 80% de los votos contados; lo que convierte a este gobierno en el mayor burlador y timador de los sueños de los habitantes de esa región. Solo para tenerlo en cuenta: en el gobierno de Duque se invirtieron 44.1 billones en toda la región, cifra récord en todos los gobiernos de Colombia.
Presidente: Es bueno estudiar, los datos no mienten y provienen de su mismo gobierno, evite tratar de engañar, siempre habrá alguien que lo haga quedar en ridículo.
Tropas de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sostuvieron combates en la vereda Pueblo Nuevo, del municipio de Tadó, Chocó, contra integrantes del Frente Cacique Calarcá, del ELN, donde se obtuvo como resultado la captura de cuatro sujetos y un menor de edad recuperado.
Esta estructura ilegal es la responsable de extorsiones a transportadores, quienes eran intimidados con la incineración de buses y tractomulas en la vía que conduce de Tadó a Quibdó. Entre sus víctimas también figuran comerciantes de tiendas de cadena asentadas en la región.
De igual forma, se incautaron 5 armas cortas, un arma larga, 3 granadas de mano, 4 granadas hechizas, una mina antipersonal; además de municiones de diferentes calibres, proveedores e intendencia. Este material junto a los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de judicialización.
En hechos que son materia de investigación, dos integrantes más de este grupo armado organizado resultaron heridos; sin embargo y de forma tumultuaria, 200 personas de la región llegaron al punto de la operación e intervinieron, obstruyendo los procedimientos de captura de estos sujetos, y, adicionalmente, se apropiaron del material de guerra que poseían, contaminando la escena de los hechos. Por esta situación se instaurarán las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes.
En esta operación militar lamentablemente fue asesinado el Cabo Primero Miguel Ángel Martínez.
Alias Mechas, presunto integrante de la Subestructura Leónidas de la Rosa Vásquez de la Estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo del GAO Clan del Golfo decidió entregarse a las fuerzas militares y someterse a la justicia en medio operaciones del Ejército adelantadas en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.
Este sujeto con aproximadamente ocho años en la organización, al parecer ocupaba el cargo de cabecilla de zona, teniendo como sectores de influencia los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó. Así mismo, era el encargado del control de las economías ilícitas, rutas de narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros; también la organización de los componentes armados, logísticos y las redes de apoyo entre las subestructuras, así como el suministro de material de guerra.
Entre las acciones delictivas adelantadas estaba el constreñimiento a la población civil, reclutamiento forzado e inteligencia delictiva a la Fuerza Pública.
en zona rural del municipio de Riosucio, dos sujetos más, integrantes de la Subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva, se presentaron ante las tropas con el firme propósito de someterse a la justicia y buscar nuevas oportunidades de vida. Estas personas al parecer hacían parte del componente criminal focalizado y eran los encargados de realizar labores de inteligencia delictiva.
A su vez, en la vereda La Borrera del municipio de Novita, desertó de las filas del Gao Clan del Golfo un hombre que manifestó ser integrante de la Subestructura Jhon Fredy Orejuela, quien se entregó de manera voluntaria ante los soldados de la Décima Quinta Brigada y a su vez realizó la entrega de un fusil, cinco proveedores, munición calibre 5,56 mm y un material de comunicaciones.
En cuanto al menor de edad recuperado en el municipio de Riosucio, quien llevaba un tiempo aproximado de un año de haber sido reclutado por esta estructura, fue entregado al personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para activar la ruta de atención y el restablecimiento de sus derechos.
El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar su proceso de judicialización.
El exgobernador del Chocó, Jefferson Mena, habló en entrevista para Confidencial Noticias narrando las motivaciones que le llevaron a escribir el libro Una Nueva Estrategia Para el Pacífico Colombiano.
En el texto Mena describe las diferentes situaciones por las que atraviesan los municipios y veredas de los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que conforman esta región y va más allá de cualquier diagnóstico proponiendo las situaciones que estas requieren para que la población logre disfrutar de un desarrollo económico, sin que necesariamente esto implique la destrucción de sus riquezas naturales.
El exmandatario regional deja claro que en ningún momento el texto propone acabar con las reservas naturales con las que cuenta el territorio y que tanto le caracterizan. Propone además un diálogo social y abierto con las comunidades que lo habitan, dejando claro que en ningún momento implique la destrucción de sus tradiciones y costumbres.
Jefferson Mena desde muy joven viene prestando sus servicios profesionales como asesor político en el Partido Liberal, lo mismo que en la Fundación Buen Gobierno. Fue además asesor de la oficina del Alto Comisionado Para la Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos; coordinador de despacho en el Ministerio de Defensa; Coordinador de Consejos de seguridad Presidencial, encargado con Funciones consulares del Consulado de Colombia en Vancouver; director del despacho del Ministerio de Agricultura y ocupó el cargo de procurador delegado de Asuntos Étnicos en la Procuraduría General de la Nación.
Tropas de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, en colaboración con la Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia de 12 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Mexicanos, quienes serían responsables de diversas acciones criminales registradas en Quibdó (Chocó).
La captura incluye a 10 hombres y 2 mujeres quienes tenían en su poder 7 armas de fuego, proveedores, municiones de diferentes calibres, material de intendencia y comunicaciones.
Estas personas tienen antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, homicidio, hurto, extorsión, amenaza y desplazamiento forzado, y, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización.
Entre los capturados se encuentran alias Fercho y alias Alexánder, sujetos que al parecer se habían fugado del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Quibdó La Victoria, el pasado 15 de abril, y eran requeridos judicialmente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
