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América Latina y Colombia vienen siendo el escenario de la estrategia descrita por varios académicos y juristas como guerra jurídica (lawfare en inglés), que consiste en la desviación de formas jurídicas hacia actos coordinados dirigidos al debilitamiento sistemático de la gobernabilidad, fundamentalmente de dirigentes progresistas elegidos democráticamente. Mediante la alianza de dirigentes de la oposición, actores mediáticos y hasta operadores judiciales, se ha propiciado convertir la justicia en un espectáculo, donde algún factor de la oposición funge de fiscal, juez y parte para condenar a uno u otro funcionario con el objeto expreso de deslegitimar al gobierno, restarle gobernabilidad y propinarle un daño reputacional con miras a restarle apoyo popular.

Así ocurrió con el presidente Ignacio Lula da Silva cuando el juez Moro, con apoyo de una gran campaña mediática, logró acusar y dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad al entonces candidato presidencial que encabezaba las encuestas en la contienda frente a Bolsonaro. Lula fue finalmente absuelto por la Corte Suprema de Justicia, el juez Moro puesto en evidencia cuando un periodista divulgó las conversaciones de WhatsApp que demostraban su falta de imparcialidad y Lula elegido presidente en el siguiente periodo, pero la dinámica de cambio en Brasil se modificó.

Cuando el presidente Petro habla del “golpe blando” lo sindican de exagerar o le contestan como el senador Humberto de la Calle, que “nadie de significación desea tumbar al presidente”. Pero se equivocan. El Gobierno del presidente Petro viene enfrentando un complejo asedio que busca ilegitimar el ejercicio de gobierno, impedir la aprobación de las reformas sociales e incluso se pretende anular su elección. Para ello se viene impulsando un bloqueo institucional que puede derivar en un golpe jurídico concatenado o “golpe blando” como los que afectaron al grueso de presidentes alternativos elegidos desde comienzos de siglo en varios países de Latinoamérica. Allá y aquí se manifiesta una rebeldía antidemocrática de sectores extremistas con la alternancia en el gobierno de presidentes alternativos progresistas.

Son muchos los síntomas de un rompimiento institucional en marcha para no tomarlos en serio. Basta señalar que la senadora y precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseveró, en medio de aplaudidas ofensas al Presidente Petro, que “hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años”. El entonces presidente de Acore, Cr.(R) John Marulanda habló en una manifestación de militares de la reserva que había que “defenestrar” al presidente Petro y hasta la revista The Economist afirmó en noviembre pasado que, “En Colombia, algunos creen que es poco probable que el gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente abiertamente izquierdista de ese país, dure hasta el final de su mandato en 2026”. Tratándose de una prestigiosa revista especializada en análisis político y económico, con enfoque ortodoxo neoliberal, se puede concluir que las fuentes consultadas para esa nota provienen del establecimiento empresarial, mediático y/o político y que, por su reconocida seriedad editorial, no se trata de fake news.

Una de las premisas esenciales para evitar que en la región se sigan propagando acciones de guerra jurídica es profundizar los sistemas democráticos mediante un gran acuerdo de la sociedad que respete la alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo, dejando gobernar a quien legítimamente haya ganado las elecciones. Ese es el sentido del llamado al proceso constituyente del presidente Petro. La antidemocracia debe combatirse con democracia a través de la movilización social y acciones de concientización y de pedagogía ciudadanas, para enfrentar la guerra jurídica y una de sus principales consecuencias, el denominado “golpe blando”. 

Clara López Obregón