Con la decisión de retornar a la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, se ratifica la coherencia política e ideológica del gobierno de Gustavo Petro de encaminarse hacia la integración latinoamericana. Colombia dejó de ser parte de la organización regional en agosto de 2018, cuando el recién posicionado presidente, Iván Duque, considero que esta institución era creación de la izquierda latinoamericana impulsada por Hugo Chávez y que era cómplice de la dictadura venezolana. Aunque en sus inicios (2008) contó con la participación de 12 naciones independientes, el ‘giro conservador latinoamericano’ de los últimos años devino en que países influyentes como Brasil y Argentina, se retiraran. Recientemente, hay determinación de algunos gobiernos de reactivar Unasur ¿Cuáles serán los retos que enfrentará el ‘gobierno del cambio’ en este nuevo escenario de política regional?
El Tratado Constitutivo de Unasur -que entró en vigencia en 2011- planteó la posibilidad de servir de puente y conexión entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur. Entre los objetivos más relevantes que propuso el Tratado está la “determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas”, el desarrollo social y humano con equidad para erradicar la pobreza y el analfabetismo, la integración energética, el desarrollo de una infraestructura que conecte la región, la integración financiera, la protección de la biodiversidad, la cooperación en materia de migración, la integración industrial y productiva y la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas.
A pesar de estas magnas intenciones, los inconvenientes y dificultades para que el funcionamiento de Unasur los han puesto los gobiernos de la región, con su marcada ideologización y el deseo de llevarle ese sello al organismo. Entre 2018 y 2020 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú decidieron suspender su participación en el organismo por tiempo indefinido debido a la falta de “resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización” y al viraje que presentaron varios de estos gobiernos hacia la derecha. Contrario a la desvendada, en abril de este año Argentina y Brasil manifestaron su intención de reintegrarse a Unasur y Colombia hizo lo propio con la reciente decisión de Gustavo Petro.
El primer reto que tiene el “gobierno del cambio” es liderar, junto con Brasil, Argentina y Venezuela (que son los países más influyentes), la reactivación de Unasur como institución de integración latinoamericana. No la tiene fácil, pues con la elección del derechista Javier Milei en Argentina, es posible que la política regional del país austral se alindere a los intereses norteamericanos entorno a la OEA y a la perspectiva panamericana.
El segundo reto tiene que ver con aspectos medioambientales y pago de la deuda externa de los países suramericanos. La propuesta de Gustavo Petro de pagar deuda externa con el avance en objetivos para combatir el cambio climático ha empezado a tener incidencia a nivel mundial. Si este discurso se posiciona en la coalición de países latinoamericanos, Unasur podría convertirse en una institución que establezca acciones climáticas orientadas a cumplir compromisos de emisiones planetarias con el fin de redirigir o renegociar sus servicios de deuda actuales. Escenario nada despreciable para países que están ofuscadamente endeudados con la banca multilateral.
Por otro lado, la reconfiguración del tráfico de drogas se convirtió en un problema que desbordó las fronteras colombianas. Con la reducción de la demanda de cocaína en Estados Unidos y el aumento del fentanilo, la búsqueda del mercado europeo y asiático por parte de narcotraficantes ha llevado a que se involucren países como Ecuador, Venezuela y Brasil como epicentros de exportación de drogas ilegales. Unasur puede ser un escenario clave en el combate de las drogas ilegales y en concebirse la problemática del narcotráfico como un desafío regional.
La integración energética regional para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos de la región es otro espacio en el que Colombia puede cooperar o incluso liderar. Ya lo está haciendo con Ecuador con la venta de energía eléctrica en el marco de la crisis del fenómeno del niño y con la asociación a la que se llegó entre Ecopetrol y PDVSA para explotación de petróleo y gas en Venezuela. También, la búsqueda de energías alternativas y el cuidado de la Amazonía rescatado en la Cumbre de Belém do Pará en agosto de este año, se convierte en una ventana de oportunidades para la reactivación de la organización suramericana.
Finalmente, el enigmático tema migratorio adquiere una inesperada relevancia en materia de integración. La propuesta de unir la carretera panamericana -a la cual solamente le faltan 70 kilómetros- en el Tapón del Darién con el fin aminorar la crisis humanitaria que viven millones de latinoamericanos es otra de las ‘puntas de lanza’ que puede aprovechar el gobierno Petro para impulsar la integración regional.
Aunque actualmente Unasur cuenta con Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela como países integrantes y la intención de Brasil, Argentina y Colombia de reintegrarla, un buen diseño institucional puede llevar a la despolitización de esta organización y posicionarla como un espacio real de integración regional.
