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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Corrupción

Los protagonistas del escándalo de corrupción en el DPS

Los senadores Ciro Ramírez (ya en prisión), Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe y Miguel Ángel Barreto protagonizan un nuevo escándalo político por su supuesta vinculación en hechos de corrupción en el Departamento de Prosperidad social durante el gobierno del expresidente, Iván Duque.

Este mismo escándalo tiene contra las cuerdas al exdirector de Prosperidad Social del Gobierno Duque, Pierre Eugenio García Jacquier, a quien se le dictó orden de captura a través de Interpol para dar con su paradero.

De acuerdo con las investigaciones, los congresistas hicieron parte de una red de contratación en temas de infraestructura y vivienda que incluía grandes sumas de dinero, donde además estaban metidas las manos del entonces congresista, Mario Castaño.

Los contratos con los que estos congresistas buscarían su beneficio económico y político, tenían que ver con la financiación de obras de infraestructura en Tolima, Quindío y Valle del Cauca por un total de 48.000 millones de pesos.

Según lo afirma el fiscal del caso, “las reuniones se hacían en la oficina de Pierre Eugenio García, en el sexto piso del DPS, y como regla, no ingresaban equipos electrónicos. No hablaba, pues se comunicaba, era escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaba y posteriormente escribiendo en una tablet en la que borraba lo escrito”.

¿Quiénes son los congresistas implicados?

Los seis congresistas implicados en el escándalo pertenecen a los partidos políticos que apoyaron la mayoría de iniciativas del entonces presidente, Iván Duque, es decir al Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U. Sus nombres son los siguientes:

Ciro Ramírez: senador del Centro Democrático. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en derecho Minero Petrolero de la Universidad Externado de Colombia. Representante a la Cámara por Boyacá (2014-2018).

Se encuentra en prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia desde el pasado jueves 14 de diciembre. El senador presuntamente tuvo una injerencia indebida en 13 negocios para la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. Por ello, Ramírez supuestamente se benefició con el pago de coimas. El caso ha involucrado también a otras personas como el contratista Anderson González y Katherine Rivera, quien formó parte de la unidad de trabajo legislativo (UTL) de Ramírez.

Carlos Fernando Motoa: senador de Cambio Radical. Abogado de la Universidad San Buenaventura Cali, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. De acuerdo con la Fiscalía, su nombre está mezclado en un segundo grupo de políticos que tendrían intereses en contratos para algunos departamentos como el Valle del Cauca, de donde el congresista es oriundo.

Juan Samy Merheg: senador del Partido Conservador. Administrador de empresas. Se le señala de recibir beneficios de un contrato interadministrativo de 2021 por un valor de 22.000 millones de pesos.

Carlos Abraham Jiménez: Senador de Cambio Radical. Ingeniero electricista egresado de la Universidad del Valle. Los hechos ocurrieron durante el periodo 2014 – 2018 cuando Jiménez era representante a la Cámara. El congresista ya había enfrentado un escándalo en el pasado, cuando se supo que, al parecer, les habría exigido a sus empleados adscritos a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que le entregaran sus salarios, primas y prestaciones sociales con el fin de cotizar para su pensión y salud.

Juan Felipe Lemus: Senador del Partido de la U. Abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia.

Miguel Ángel Barreto: Senador del Partido Conservador. Es Contador Público de la Universidad de Ibagué. Se le señala de pertenecer a la red de contratación pública que buscaba favorecer intereses particulares con 13 contratos.  En el caso del senador Miguel Ángel Barreto, su enlace era el contratista Óscar Leyton, quien, al parecer, direccionaba los contratos en varios municipios del Tolima, incluyendo Herveo, Casabianca, Líbano, Planadas, Alvarado, Villahermosa y Rovira.

Este escándalo de corrupción incluye nombres de personas como el excandidato a la Cámara Julio César García y el exgerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera.

Enero, el mes clave para caso de Nicolás Petro por lavado de activos

Comenzando 2024, Nicolás Petro será protagonista en la palestra pública por cuenta de su caso en el que debe responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El 11 de enero es la fecha en la que el hijo del presidente Gustavo Petro tendrá la audiencia de acusación de estos delitos por parte de la Fiscalía General de la Nación según lo convocó el juez segundo especializado de Barranquilla.

La decisión se tomó en diciembre del año pasado después de que la Corte Suprema de Justicia negara que este caso fuese llevado a cabo ante un juez de Bogotá.

El caso de Nicolás Petro por supuesta recepción de dineros ilícitos a la campaña de su padre en 2022 se ha reactivado en las redes sociales después de que se conociera que Arturo Char quedó en libertad. Líderes de opinión de oposición y afines al gobierno han comparado ambos casos.

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*Foto: X @nicolaspetroB

Arturo Char queda en libertad

El exsenador, Arturo Char, saldrá de prisión en las próximas horas por vencimiento de términos, de acuerdo a la orden emitida por el juez sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, quien concedió el recurso de habeas corpus que interpuso la defensa.

En la petición del abogado, Iván Cancino, defensor del exsenador barranquillero, considera que han pasado 120 días sin que se haya resuelto su situación jurídica.

Arturo Char enfrenta un proceso judicial dentro del caso de corrupción electoral por el que fue condenada, la exsenadora, Aída Merlano. Su caso se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir.

La razón por la que Jorge Iván Ospina fue suspendido

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, fue suspendido por la Procuraduría durante cuatro meses debido a irregularidades de un contrato que hizo para la Feria de Cali de 2020.

La contratación irregular equivaldría a $ 11.955’020.000 y también fue destituido por nueve años al secretario de Cultura, José Darwin Lenis, que fue delegado por Ospina para dicho contrato.

«La Entidad evidenció que el secretario de Cultura no proyectó unos estudios previos serios, integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito con Corfecali, dado que hizo el análisis de costos teniendo en cuenta los precios de ferias presenciales, a pesar de ser un evento virtual por las condiciones de aislamiento social», explicó la Procuraduría.

A Jorge Iván Ospina lo suspendieron específicamente por no ejercer acciones de «vigilancia, control y seguimiento sobre las actividades adelantadas por Lenis Mejía para determinar la cuantía del futuro convenio, ni asumió la responsabilidad que le correspondía como ordenador natural del gasto».

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Pierre García, exfuncionario del DPS, fue imputado por corrupción

Por un caso de corrupción en contratación, la Fiscalía General de la Nación imputó a Pierre García, exsubdirector de programas y proyectos del DPS (Departamento para la Prosperidad Social) durante la administración de Iván Duque.

«El exfuncionario habría aprovechado el cargo que ocupaba para asignar irregularmente un contrato superior a los 48.000 millones de pesos y 27 contratos más derivados de este», expuso la Físcalía.

Según el ente acusador, García habría recibido dádivas correspondientes a mil millones de pesos que involucra a la Empresa para el Desarrollo Territorial ‘Proyecta Quindío’.

Vale la pena señalar que entre los investigados también figuran un senador, otros funcionarios públicos particulares y contratistas

A García le imputaron los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, pero él no los aceptó.

«El material de prueba da cuenta de que el exfuncionario habría aprovechado su cargo y participación en los comités de contratación del DPS, en 2021, presuntamente para orientar irregularmente la celebración del contrato interadministrativo No. 670 de 2021, suscrito entre el DPS y ‘Proyecta Quindío’, por 48.660 millones de pesos; y otros 27 proyectos relacionados con este proceso contractual», explicó la Fiscalía.

Este otro proyecto contemplaba la financiación de obras en los departamento Tolima, Quindío y Valle del Cauca. El dinero de las dádivas de mil millones habrían sido compartidas con un congresista.

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*Foto: prosperidadsocial.gov.co

La corrupción en Bogotá vive

El término «carrusel de la contratación» se ha utilizado en varios contextos para describir esquemas corruptos en los que se manipulan procesos de licitación y contratación pública, para beneficiar a ciertos actores de manera indebida.

El Grupo Nule, liderado por los hermanos Miguel, Guido y Manuel Nule, fue objeto de una investigación y condena en Colombia debido a su participación en varios casos de corrupción relacionados con contratos de obras públicas en Bogotá. El entramado del Grupo Nule implicó una serie de prácticas ilegales que afectaron la transparencia y legalidad en la contratación pública.

El Grupo Nule estuvo involucrado en la ejecución de proyectos de infraestructura y obras públicas en Bogotá, incluyendo la construcción de la fase III de la Troncal de la Caracas, la troncal de Transmilenio por la Avenida El Dorado (Calle 26) y otras obras de gran envergadura.

El mecanismo del carrusel de contratación del grupo Nule que facilitó el éxito de sus prácticas fraudulentas incluyo: Manipulación de licitaciones, sobrevaloración de contratos, incumplimiento de contratos y relaciones de corrupción con funcionarios públicos.

Además de las prácticas corruptas, el Grupo Nule también enfrentó acusaciones de incumplimiento en la ejecución de los proyectos, lo que llevó a demoras y problemas en la entrega de las obras.

Como resultado de las investigaciones, en 2013 los hermanos Nule fueron condenados por delitos como peculado por apropiación, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, y otros cargos relacionados con corrupción. Estas condenas representaron un hito en la lucha contra la corrupción en Colombia y llevaron a un escrutinio más estricto de los procesos de contratación pública en el país.

Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, una de las líderes de la consulta anticorrupción, no ha podido deshacerse del fantasma de los Nule y sus tentáculos siguen captando recursos públicos en el Distrito Capital.

Los mecanismos que utiliza actualmente el grupo Nule para contratar en Bogotá son complejos e incluyen el uso diferentes testaferros, cambio de nombre y razón social de las empresas, establecimiento de nuevas uniones temporales y consorcios, rotación de accionistas y representantes legales, y cambio de domicilio, entre otros. Así, empresas que estuvieron involucradas en el carrusel que desfalcó a Bogotá en la época de Samuel Moreno siguen operando y contratando con el distrito.

Según la Corte Suprema de Justicia la empresa Obras de Ingeniería Guadalupe SAS (antes Tecniciviles) recibió anticipos por más de mil millones de las empresas del Grupo Nule en el marco del carrusel de contratación.

Además, Obras de Ingeniería Guadalupe tiene un historial de incumplimientos e irregularidades: en 2022 la Contraloría obligó a esta y otras empresas a devolver $4 mil millones por la construcción irregular de un colegio en Santander que hoy se encuentra abandonado, y en el 2017 el Invias multó a esta y otras empresas por $3 mil 600 millones por el incumplimiento del contrato de construcción del Túnel de la Línea.

En 2018 la asamblea de accionistas de Tecniciviles modifica el nombre de la empresa y cambia su domicilio. Pasa de Bogotá a Barranquilla y desde ese momento se empieza a llamar Obras de Ingeniería Guadalupe SAS, con el mismo NIT. Así pueden presentarse nuevamente a licitaciones conservando la experiencia, lo que les da un buen puntaje en los procesos de licitación y contratación.

Hasta 2019 los dueños de Obras de Ingeniería Guadalupe SAS eran Martha Isabel Fonseca  (ahora ex esposa de Mauricio Galofre Amin) y Rodrigo José Piedrahita Amin quien también es el dueño de Roccia SAS. Mauricio Galofre Amin, fue condenado a 13 años de prisión por pagar millonarios sobornos para que las empresas de los Nule recibieran contratos en la Alcaldía de Samuel Moreno.

Actualmente loscontratistas de los cementerios y del mantenimiento a la malla vial comparten orígenes en el carrusel que desfalcó a Bogotá en la época de Samuel Moreno y que se relacionan con Marcela Sofía Alíes Fuentes, la mujer que pagando una condena por corrupción, y que participa en los contratos del distrito como ficha de los Nule.

El Consorcio Tecni Malla Vial 2021 conformado por Obras de Ingeniería Guadalupe SAS y Roccia SAS, tiene actualmente un contrato con el Distrito de Bogotá por un costo inicial de $22.000 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria y vehículos para mantenimiento vial y que terminó costando $35.000 millones por cuenta de dos adiciones presupuestales de $13 mil millones. Es decir, adiciones extraordinarias por más de la mitad del valor del contrato.

Resulta que la empresa Obras de Ingeniería Guadalupe SAS antes del 2018 era Tecniciviles, empresa que comparte historias con la empresa Tecniconsulta SAS y los protagonistas del carrusel de contratación. 

Marcela Alíes Fuentes, quien paga actualmente una condena por corrupción, y Mauricio Galofre Amin fueron socios accionistas (cada uno con el 25% de las acciones) entre el 2009 y el 2011 de Tecniciviles, una empresa con un objeto social similar a Tecniconsulta SAS que fue fundada en el 2006 también por la familia Castillo Baute y en la que desde 2007 hasta el 2011 Marcela Alíes y su familia (sus hermanos, su mamá y su papá) fueron los miembros de la junta Directiva, y en la que además durante este mismo periodo Marcela Alíes fue representante legal.

Tecniconsulta SAS está vinculada al menos a siete procesos de responsabilidad fiscal, sobre los que la Contraloría General de la República advierte un presunto detrimento patrimonial por más de $28 mil millones.

Otro caso de un contrato que se ejecuta actualmente con la Ciudad de Bogotá es el del Consorcio San Marcos 2021. Se trata de un contrato de interventoría sobre la concesión que opera los cementerios distritales por $6 mil 900 millones (UAESP-508-2021) y un plazo de 5 años y 3 meses, en el que participa con un 25%, Tecnologías y Consultorías Ambientales y de Gestión SAS (TECNICONSULTA SAS. NIT:00.218.054-1) de propiedad de Marcela Sofía Alíes Fuentes, la ficha clave del Grupo Nule a la que nos referimos antes.

Resulta más que preocupante que hoy en día el grupo Nule aún cuente con la capacidad y la aprobación de los funcionarios de la alcaldía de Bogotá para seguir contratando con el Distrito.

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Jorge Iván Ospina recibirá imputación de la Fiscalía por contratación de alumbrado en 2020

A pocos días de finalizar su administración en la Alcaldía de Cali, la Fiscalía le imputó cargos a Jorge Iván Ospina y a otros funcionarios que hicieron parte de su mandato.

«Los hechos materia de investigación están relacionados con la firma de un contrato interadministrativo celebrado el 26 de agosto de 2020, el cual tenía como objeto implementar el alumbrado navideño en el Distrito Especial de Santiago de Cali para el 2020 por un valor de $10.334.292.032″, explicó la Fiscalía.

Según el ente acusador hay pruebas de irregularidades en la celebración del contrato como el desconocimiento las normas aplicables a la contratación pública.

Además de Jorge Iván Ospina también serán imputados el ex director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Marco Aurelio Vera Díaz, y el ex gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La audiencia de imputación fue programada para el 29 de enero del 2024.

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Centro Democrático se pronunció sobre captura de Ciro Ramírez

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por actos de corrupción.

El congresista estaría con medida de aseguramiento mientras se lleva su proceso en contra. Los delitos de los que es señalado por el alto tribunal son concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

«Frente a los graves hechos relacionados con el senador Ciro Ramírez somos respetuosos de las instituciones, esperamos que la justicia opere y respete la presunción de inocencia del senador. Que la investigación sea ágil, se determinen responsabilidades y las respectivas consecuencias», señaló el Centro Democrático en un comunicado.

Según amplían la información en varios medios de comunicación colombianos, al senador lo investigaban por irregularidades en la contratación del Departamento de Prosperidad Social y la compañía Proyecta en 2021. Él tendría abierta investigación por la Corte Suprema relacionada con el escándalo de las Marionetas de Mario Castaño.

Hasta este jueves 14 de diciembre en horas de la noche, Ciro Ramírez venía levantando su voz de protesta desde el Senado contra las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro como las reformas a la salud y la laboral. Por el momento, el congresista no ha dado declaraciones públicas al respecto.

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*Foto: X @CIROARAMIREZ

El enredo de la Alcaldía de Manizales por altos gastos en publicidad

Por posible violación a la austeridad en el gasto por publicidad, la Procuraduría abrió indagación en contra de varios funcionarios de la Alcaldía de Manizales.

Esta indagación prospera después de que varios medios de comunicación locales denunciara que dicha administración destinó un presupuesto anormal para publicitar la imagen del alcalde Carlos Mario Marín.

«El ente de control adujo que el gasto en que supuestamente se incurrió, que incluye negocios jurídicos con al menos dos agencias, pudo contrariar el deber de austeridad que estipula el estatuto anticorrupción», dijo la Procuraduría.

Por estos hecho, lo que el ente de control busca es individualizar el mal accionar de los posibles responsables de la supuesta violación a la austeridad y definir si si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

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*Foto: Procuraduría (fronterainformativa.wordpress,com)

Imputan cargos a exgobernador del Vaupés

La fiscalía general de la Nación imputó al exgobernador de Vaupés, Jesús María Vásquez Caicedo, los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, con ocasión de varias irregularidades detectadas en el trámite y celebración de tres contratos que buscaban garantizar asistencia técnica agropecuaria para la población indígena del departamento. 

Los contratos investigados fueron celebrados entre marzo de 2018 y febrero de 2019, superaron en valor los 11.069 millones de pesos, y se ejecutarían con comunidades de Mitú, Carurú y Taraira. 

De acuerdo con las investigaciones,  el proceso de contratación habría sido direccionado para que quedara en manos de la Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Familia de Mitú (AMCAFAMI). Se pudo determinar además que en la fase previa a la celebración de los contratos, no se realizaron las concertaciones o consultas previas con los pueblos indígenas que serían beneficiados, tampoco se gestionaron los permisos ambientales, ni se hicieron los estudios de mercado de rigor para tener claridad sobre el presupuesto de regalías que sería destinado. 

También se acreditó que fue escogida una asociación que no tenía por objeto la prestación de servicios de asistencia técnica rural o de extensión agropecuaria, ni figuraba en el registro de usuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. AMCAFAMI no estaba capacitada para cumplir con las actividades exigidas para orientar el desarrollo proyectos productivos. 

Las evidencias permitieron identificar sobrecostos en los tres contratos por más de 3.263 millones de pesos, producto de erogaciones que superaron los precios promedio del mercado. 

Declaran culpable a Juan Carlos Abadía por corrupción

 La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia declaró culpable al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por hechos relacionados con corrupción durante su periodo como mandatario local.

El máximo tribunal de la justicia en Colombia lo encontró responsable por celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía.

Abadía fue declarado culpable por firmar un contrato de cooperación con la Fundación Calimío, representada por Luz Delly Martínez, celebrado en enero de 2010 por un valor de $1.072 millones de los cuales $1.000 millones serían aportados por el departamento y el resto por la fundación. La investigación determinó que la gobernación para la época de los hechos habría contratado con el oferente de menos experiencia

Exsenador Mario Castaño falleció en La Picota

Mientras cumplía una condena de 15 años por el caso de corrupción llamado Las Marionetas, el exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño, murió.

Según información del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) el político falleció producto de un infarto en la cárcel La Picota.

Él fue el responsable del caso Las Marionetas siendo la cabeza principal de un entramado en el que desviaba recursos de contratación en departamentos como Chocó, Risaralda, Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Tolima en detrimento del estado colombiano.

Castaño tenía 51 años y en junio de este año la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 15 años y 9 meses por 19 delitos entre los que destacan el concierto para delinquir, peculado por apropiación o estafa agravada.

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María Isabel Urrutia queda bajo lupa de la Procuraduría

Por la firma irregular de 95 contratos, la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos a la exministra de Deporte del gobierno de Gustavo Petro, María Isabel Urrutia.

«El organismo de control reprochó que la funcionaria cancelara los bilaterales aduciendo motivos personales de los contratistas y 24, 48 o 72 horas, firmara nuevos contratos con los mismos particulares e idénticos objetos contractuales, solo ampliando el plazo de ejecución hasta finalizar la presente vigencia», argumentó la Procuraduría.

La Procuraduría explicó que Urrutia pasó por alto el cumplimiento de los objetivo del Ministerio del Deporte y formó esos contratos pese a haber renunciado dos días antes para favorecer a terceros.

De manera provisional, la Procuraduría calificó la acción de la también excampeona olímpica como una falta gravísima cometida a título de dolo, o sea, con pleno conocimiento. Ahora ella deberá defenderse y justificar su accionar.

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*Foto:

A la cárcel Álvaro Cuello, exgobernador de La Guajira

Este miércoles la Corte Suprema de Justicia dio a conocer la condena de 6 años de cárcel a Álvaro Cuello, exgobernador de La Guajira entre 1997 y 2000.

El exmandatario fue condenado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. También se absolvió al exmandatario Hernando Deluque por un hecho similar.

«La Sala Especial de Primera Instancia halló a Cuello Blanchar responsable de irregularidades registradas en el trámite y celebración del denominado Convenio de Cooperación entre la Gobernación y la Constructora Limos, para construir 150 viviendas de interés social (II Etapa de la urbanización Villa Sharín) en Riohacha, en la vía a Valledupar», señaló la Corte en un comunicado.

La Corte Suprema explicó que Álvaro Cuello transgredió los principios de planeación, transparencia y selección objetiva de cara a la suscripción del contrato. Además el proyecto de viviendas de interés social carecía de alcantarillado, siendo esta una de las irregularidades.

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*Foto: El Heraldo

Mayor retirado del Ejército denunció red criminal en la institución

El escándalo del uso de contrainteligencia por parte del Ejército en contra del profesor de inglés de la esposa del general Luis Ospina tomó un rumbo que lo agrandó. Ahora el mayor retirado Jorge Castillo denunció una red criminal en la institución.

Lo hizo con una serie de publicaciones en un hilo que puso en su cuenta personal de X. Él habla de pruebas falsas, carpetas falsas, redes inventadas, poligrafías irregulares y perfiles falsos.

Entre sus denuncias más graves se encuentras: «Perfilan oficiales y suboficiales que denuncian la corrupción o saben de esta red» y «arman organigramas, cuadro de contactos y carpetas para hacer falsos positivos de Contrainteligencia».

Jorge Castillo es un mayor retirado que es experto en contrainteligencia. Su denuncia se suma a las investigaciones de Fiscalía y Procuraduría al general Luis Ospina por el uso irregular de la contrainteligencia del Ejército.

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