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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: CREG

¡Vísperas de mucho y día de nada!

La convocatoria de una Cumbre en el Palacio de Nariño con la bancada parlamentaria y de los gobernadores de la región Caribe, presidida por el Presidente de la República, para abocar el espinoso tema de las desmesuradas alcas de las tarifas de energía despertó mucha expectativa. La misma estuvo precedida de un anuncio de un paro legislativo en el evento de que el Gobierno Nacional no les prestara atención.

Al término de la reunión dijo que había propuesto “tres grandes acciones”, la principal de ellas el “cambio de la fórmula tarifaria en la CREG”, porque, a su juicio “la tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio”. A este respecto acotó el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho sobre “la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”. Y ello, porque según él “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

 

Desde el 24 Congreso de ANDESCO, que tuvo lugar en septiembre de 2022 en Cartagena, en su discurso de clausura, el Presidente Gustavo Petro viene planteando su intención de cambiar la fórmula tarifaria y hasta ahora, 18 meses después seguimos sin que se revele cuál es la propuesta. El desconcierto de los convocados fue total, pues esperaban respuestas concretas a la exasperación de los usuarios del servicio que ven cómo mes a mes se les incrementa el valor de la factura y no fue así.

Hasta ahora, que se sepa, la Superintendencia de servicios públicos no ha sancionado a la primera empresa por prácticas de abuso de posición dominante, si ha habido lugar a ello. Luego, no se entiende el alcance de su afirmación cuando tácitamente le atribuye las alzas tarifarias al hecho de que la “tarifa de generación” debe reflejar “precios de libre competencia y no de monopolio”. Tampoco es inteligible la afirmación del Ministro cuando afirmó que “hay consenso sobre la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”.

Porque hasta donde sabemos el Presidente Petro no se ha retractado de lo dicho en su discurso pronunciado tras su elección, en el sentido de que “vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque se trata primero de superar la premodernidad en Colombia”. Este es un verdadero galimatías, pues esas son las reglas del capitalismo, tal como lo establece la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, la misma que dicen abominar, inexorablemente se tendrán que seguir “cargando el peso de los costos (eficientes) de la energía en las facturas”. No hay otra alternativa!

En mi concepto, sin perjuicio de los cambios que requiere la formación del precio en Bolsa de la energía, para evitar distorsiones y malas prácticas por parte de los generadores, mientras no se destraben y acelere la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, que están súper atrasados. A guisa de ejemplo, de los 6.608 MW nuevos de expansión de la capacidad instalada de generación que han debido entrar en 2023 sólo lo hicieron 1.141 MW, el 17%. Y de contera, también se registran atrasos considerables en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía, los cuales han abocado a la región Caribe, como lo ha afirmado la firma XM, que opera el sistema interconectado nacional (SIN), a tener “demanda no atendida”, que es el eufemismo usado para no hablar de racionamiento.

Y mientras tanto la demanda, que viene creciendo a un ritmo endiablado de 7.8%, de 224.5 GWHD supera la Oferta de energía en firme(OEF), en promedio, de solo 221.8, con un margen de maniobra que no supera el 10%, lo cual redundará en que el SIN seguirá estresado y presionando al alza el precio en Bolsa y por consiguiente las tarifas de energía.

Lo más grave es que mientras se anunció por parte del Presidente Petro que el “cambio de la fórmula tarifaria en la CREG”, ésta está devuelta a la interinidad a la cual ya nos tiene acostumbrados, sin quorum para tomar decisiones, por la terquedad de no nombrar en propiedad 5 de los 6 expertos comisionados, como se lo ha solicitado reiteradamente la Procuraduría y se lo ordenó el Tribunal administrativo de Cundinamarca9. Hasta la Corte Constitucional debió terciar, pronunciándose a raíz de la demanda incoada ante la misma pretendiendo que los expertos comisionados pudieran ser removidos sin fórmula juicio por parte del Presidente de la República. En su fallo la Sala plena declaró constitucional el literal d) del artículo 44 de la Ley 209 de 2021, que fija en cuatro años el período de los expertos de la CREG es constitucional. Qué más hace falta para que se provean dichos cargos como lo manda la Ley y la Constitución.

Amylkar D. Acosta M

De vuelta la interinidad de la CREG

La Comisión de Regulación de energía y gas (CREG) ha venido dando tumbos, zarandeada por decisiones desatinadas que han venido prolongando su interinidad, entorpeciendo su normal funcionamiento. Como se recordará, el presidente Petro intentó, sin éxito, hacerse a las competencias propias de la CREG mediante la expedición del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, a lo cual se interpuso el Consejo de Estado dejándola sin efecto, a través de un fallo en respuesta a la demanda del mismo. .

Se procedió, entonces, a designar los expertos comisionados ante las vacantes que generó la decisión del Consejo de Estado al declarar la nulidad del nombramiento de varios de ellos por parte del Presidente Duque. Pero dichos nombramientos no lo fueron en propiedad sino en calidad de encargados, a contrapelo de lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que les establece un periodo fijo de 4 años, para así garantizar la independencia administrativa que le atribuye a la CREG el artículo 69 de la misma.

 

Esta interinidad de la CREG llegó al extremo de tornarla inoperante, a tal punto que el 5 de octubre del año anterior, al vencerse los términos del encargo de los expertos comisionados encargados, se quedó sin quorum para decidir, conduciendo inexorablemente a un apagón regulatorio.

Tuvo que intervenir la Procuradora general Margarita Cabello, quien mediante Oficio 678 del 10 de octubre pasado, le requirió al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho proveer las plazas de los expertos comisionados, el cual tuvo por respuesta el nombramiento de 4 de los 6 expertos comisionados, pero solo uno de ellos (Omar Fredy Prías) en propiedad.

Tan anómala situación llevó al Tribunal administrativo de Cundinamarca el 25 de enero de este año a ordenarle al Presidente Petro que “dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la Sentencia se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la CREG con 6 expertos en asuntos energéticos DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, nombrados por el Presidente de la República PARA PERÍODOS DE 4 AÑOS”.

A pocos días de cumplirse el plazo perentorio establecido por el Tribunal de Cundinamarca para el cumplimiento de su Sentencia, en lugar de su cumplimiento el Gobierno la recurrió ante el Consejo de Estado. Entre tanto,

se les venció el encargo de los tres comisionados designados en tal calidad, sin abandonar su vinculación laboral con la UPME y con el Despacho del Ministro (José Medardo Prieto, Antonio Jiménez y Manuel Peña Suárez) volvió a quedar la CREG en interinidad y sin quorum para tomar decisiones, ya que para ello se requiere contar con al menos 4 de los 6 expertos comisionados que la integran. Y ello, en momentos de alta tensión del sector eléctrico por cuenta de la severidad del fenómeno de El Niño que ha venido afectando los embalses de las hidroeléctricas cuyo agregado a la fecha está en un 46,7% y el crecimiento de la demanda de energía registra un preocupante 7.8%!

Esto es inaudito y es una pésima señal a los agentes de la cadena del Sistema, cuando más se requiere inspirarles confianza y garantizarles mayor seguridad jurídica, que se ha visto conturbada en estos días por la propuesta contemplada en el anunciado proyecto de ley que presentará el Gobierno para su trámite en el Congreso de la República para reformar la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, mediante el cual se le atribuirían al Presidente de la República las funciones y competencias que hoy están en cabeza de la CREG y de la Comisión de regulación de agua potable (CRA).

En el artículo 40 del borrador del proyecto se propone un cambio drástico en materia regulatoria, al establecer que “la regulación de los servicios públicos estará a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley o delegarla en las comisiones de regulación”. Y para que no quede duda sobre las intenciones del Gobierno, se prevé en el artículo 131 del mismo que las funciones delegadas en la CREG podrán ser ejercidas si y sólo sí el Presidente de la República así lo dispone, “de lo contrario, dichas funciones deberán ser ejercidas directamente por el Presidente”. Más claro no canta un gallo!

Su sólo anuncio ha causado escozor y está minando la confianza entre los inversionistas por los temores a los cambios en volandas de las reglas de juego que han regido con éxito la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ininterrumpidamente, durante tres décadas. Y de contera, al pretender darle a la Superintendencia de servicios públicos poderes discrecionales y funciones jurisdiccionales, ello puede dar pábulo al abuso y a la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y competencias.

Amylkar D. Acosta Medina

El presidente no puede regular los precios de energía

Si bien es cierto que se debe hacer un control político y reformar el monopolio que se tiene en los servicios públicos, darle alcance al presidente que lo haga de manera directa no soluciona nada de fondo, al contrario, el valor político del privado en las campañas políticas pasaría a hacerse de manera directa y a dedo sin contemplar elementos técnicos, económicos y sociales.

El borrador menciona que “El presidente podría regular directamente los servicios públicos o delegar esa responsabilidad a las comisiones de regulación” actualmente, el presidente no tiene la capacidad de hacer una regulación específica.

 

Lo que, si el presidente debiera asumir, es señalar toda la política general delegada a la Creg, no de carácter regulatorio, pues ningún presidente lo ha hecho, y también podría tomar la ocupación al señalar políticas generales de administración y control de los servicios públicos, la cual fue encargada a la Creg por el decreto 2253 de 1994.

Al hacerlo, lo puede manifestar a través de políticas, fijándole un procedimiento a la Creg y a la Cra (la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico), sobre cómo administrarlo, controlarlo y sin restringirle la autonomía de autoridad tarifaria.

En el artículo 23 de la ley 143, se señala que la Creg es la que debe definir las tarifas a través de unas fórmulas tarifarias complejas, así, el presidente Petro, no puede decirles a los generadores de energía: ahora la generación vale 200 pesos el KW hora mes, porque eso desborda sus facultades, tampoco establecer una metodología tarifaria especifica.

De esta manera el gobierno podría señalar un protocolo, para que se logren tarifas justas y razonables, buscando una estructura real del mercado, viabilizando los costos y rentabilidades desde las comisiones de regulación.

El borrador también menciona sobre la instauración de tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios, y es importante precisar que las alzas de tarifas tampoco son un problema generalizado del país, están especialmente concentradas en la Costa atlántica, donde, de acuerdo con el senador Marcos Pineda para la W, en menos de un año el valor del kilovatio hora aumentó en un 33% y las facturas han visto alzas de hasta un 40%. En otros lugares del país no se ven quejas generalizadas por las tarifas.

Frente a la Creación de empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliario (EICE E.S.P): considero, que el modelo mixto funciona bien, encontrando empresas públicas y privadas que prestan sus servicios, donde el estado está en todo su derecho de regulación y fiscalización que garantice el ejercicio y la operación.  

El volvernos a lo público podría ser un problema, y mirando espejos, podría pasar lo que sucedió en México antes de la reforma constitucional que cambio el modelo, que destinaba gran parte del presupuesto nacional para realizar las inversiones en el sector.

Iván Santisteban

La comedia de la CREG en seis actos

Desde el comienzo de la actual administración la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) ha estado en la mira y la ojeriza del Gobierno, atribuyéndole la responsabilidad del alza desmedida de los precios y las tarifas de energía que se ha venido dando sobre todo en los últimos dos años, superando el 20% anual, más del doble de la tasa de inflación. El cuestionamiento a la CREG se extiende la estructura del Sistema energético, que se sustenta en las leyes 142 y 143 de 1994 de servicios públicos y eléctrica, respectivamente. Por ello el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho le dio la bienvenida a “las propuestas, al debate para mejorar el modelo, para superar el neoliberalismo y para garantizar la seguridad energética del país”.

Desde el comienzo de la actual administración la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) ha estado en la mira y la ojeriza del Gobierno, atribuyéndole la responsabilidad del alza desmedida de los precios y las tarifas de energía que se ha venido dando sobre todo en los últimos dos años, superando el 20% anual, más del doble de la tasa de inflación. El cuestionamiento a la CREG se extiende la estructura del Sistema energético, que se sustenta en las leyes 142 y 143 de 1994 de servicios públicos y eléctrica, respectivamente. Por ello el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho le dio la bienvenida a “las propuestas, al debate para mejorar el modelo, para superar el neoliberalismo y para garantizar la seguridad energética del país”2.

 

En este contexto, en lo que va corrido del cuatrienio del presidente Gustavo Petro los tropiezos y desvaríos de la CREG, que es considerada el eje del Sistema y de la institucionalidad del sector, más parece una comedia, que ha puesto en entredicho su funcionamiento, dando señales que afectan la confianza y generan incertidumbre, exponiendo al sector energético a un grave predicamento. Veamos:

Primer acto: finalizando el año 2022, ante la creciente inconformidad y la protesta por parte de los usuarios debida a la espiral alcista de las taifas de energía, el presidente Petro, en la clausura del XXIV Congreso de ANDESCO anunció y ordenó al ministro de Minas y Energía “asumir funciones de la CREG para intervenir el mercado de energía eléctrica”.

En efecto, el 16 de febrero de 2023 se expidió el Decreto 227, mediante el cual el Presidente Petro, apelando al artículo 68 de la Ley 142, para según el “reasumír” las funciones “delegadas” en la CREG. No obstante, a poco andar el Consejo de Estado suspendió dicho Decreto al considerar que “la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG”. No podía, entonces, el Presidente “reasumir” funciones que no habían sido “delegadas”.

Segundo acto: el mismo Consejo de Estado que dejó sin efecto el desafuero del Decreto 227, concomitantemente, anuló la designación por parte del expresidente Iván Duque de 4 de los 6 expertos comisionados. Así las cosas, la

CREG le quedó servida en bandeja de plata para que el Presidente procediera a nombrar sus reemplazos, ya no requería “reasumir” sus funciones puesto que además de los expertos comisionados tienen asiento permanente y por derecho propio en la misma los ministros de Hacienda y Minas y Energía, amén del Director del DNP. Empero, en lugar de nombrarlos en propiedad lo hace pero en calidad de encargados, designando para el efecto funcionarios del Despacho del Ministerio de Minas, tornando nugatorio el cumplimiento de lo dispuesto en el 44 de la Ley 2099 de 2021, que establece que dichos comisionados tienen, además de dedicación exclusiva, período fijo de 4 años y convirtiendo a la CREG en un mero apéndice del mismo.

Tercer acto: Como el encargo no puede prolongarse por más de tres meses prorrogables por otros tres meses, concluidos los cuales se generaba la vacancia en el ejercicio del cargo, ello abocó a la CREG a una situación de interinidad a todas luces inconveniente. Tal situación condujo a que el pasado 5 de octubre la CREG no contara con el quorum suficiente para tomar decisiones, a tal punto que su director ejecutivo José Fernando Prada manifestó que estábamos en presencia de “un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. La situación y el funcionamiento de la CREG, entonces, se tornaron críticos, tanto más en cuanto que él se vio precisado a renunciar por vencimiento de su período y la CREG, entonces, quedó al garete, acéfala, a partir de su retiro el 6 de noviembre.

Cuarto acto: A todas esas la Procuradora General Margarita Cabello, mediante Oficio 678 del 10 de octubre, le había hecho el requerimiento al Ministro de Minas Andrés Carreño para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos. Pese a ello y de manera contumaz, ante la virtual parálisis de la CREG por sustracción de materia y en respuesta al clamor de los gremios y los agentes del sector se procedió por parte del Gobierno a proveer 4 de las 6 plazas de expertos comisionados, pero sólo uno de ellos fue nombrado en propiedad, el resto en calidad de encargo.

Quinto acto: después de anunciar y amagar reiteradamente con la intervención del mercado mayorista de la energía, finalmente el 18 de diciembre del año anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió, a través de la CREG, para comentarios, la Resolución 701 028, mediante la cual se estableció como precio tope de la energía en Bolsa $532 el KWH. Ello, so pretexto de impedir el ejercicio del abuso de posición dominante en el mercado de energía en donde prima un oligopolio de generadores.

No se entiende por qué el Gobierno anda con rodeos, porque para prevenirlo está la Superintendencia de servicios públicos y para sancionarlo si llega a darse está la Superintendencia de industria. Desde luego que la CREG debe regular el mercado para evitar distorsiones en la formación de precios de la energía en Bolsa, basado en el esquema marginalista, que afectan al usuario final, dado que el despacho por méritos da lugar a ello, en virtud de que los generadores hídricos en no pocas ocasiones terminan vendiendo su energía equiparando su precio con el de las térmicas sin incurrir en los mayores costos de estas, derivando de dicha operación pingües e injustificadas utilidades. Convendría abrir este debate, así como la conveniencia de optar por otro esquema basado en los costos marginales, reconociendo una tasa de retorno acotada, razonable, al generador.

Sexto acto: Finalmente, el Tribunal administrativo de Cundinamarca le puso coto a la situación anómala de la CREG el 25 de enero y en respuesta a una demanda incoada contra el Departamento administrativo de la Presidencia, de manera perentoria ordenó que “dentro de los de treinta (30) días siguientes a la notificación de la Sentencia, si aún no se ha hecho, se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas

– CREG con seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años”. Así de claro.

Por fortuna, el sistema de pesos y contrapesos del Estado social de derecho que rige en Colombia funciona y desmanes o entuertos como el que nos ocupa, cometidos por el ejecutivo, puedan frenarse y de esta manera se defiende la institucionalidad, evitando males mayores como lo es la pérdida de la confianza por parte de los agentes de la cadena.

Termina la función y cae el telón!

Riohacha, febrero 2 de 2024

www.amylkaracosta.net

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Una mala y otra buena

Amylkar D. Acosta M1

El niño no es un juego

 

El mes de noviembre se nos vino con dos noticias de gran impacto para el sector energético del país, una mala y otra buena. Comencemos por la mala. Esta corrió por cuenta del Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), oficializando el advenimiento del fenómeno de El Niño. Así lo dejó establecido su directora Ghisliane Echeverri, al advertir que “se cumplen los criterios técnicos para esta declaratoria oficial”2, aunque se sabía que se venía gestando desde el mes de mayo.

Como es bien sabido El Niño se asocia con el verano, la sequía, por ello causa desconcierto que dicho anuncio coincida con lluvias torrenciales que causan inundaciones en gran parte del país. Según el subdirector de meteorología del IDEAM, “el territorio nacional está afectado por otros fenómenos meteorológicos que causan precipitaciones en el corto plazo”3.

Esta aparente paradoja nos lleva a precisar el concepto del Cambio climático, que por muchos años se caracterizaba como el calentamiento global. Si bien es cierto, como lo reveló el Panel de expertos de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), creado en 1988, existe una estrecha correlación entre las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales el dióxido de carbono (CO2) representa el 80%, cuyas emisiones se atribuyen a las energías de origen fósil y la temperatura global, la cual se ha elevado hasta xxx con respecto a la era preindustrial. En los último años se ha venido superando un record tras otro y se pronostica que este año se batirán todos los records desde que se tienen mediciones meteorológicas (¡!).

En rigor debería hablarse más bien de variabilidad o desorden climático, pues nada impide que se presenten sequías y altas temperaturas mientras transcurre la Niña y temporadas de pluviosidad, acompañadas de bajas temperaturas en medio del Niño. Estos fenómenos extremos de la Niña y el Niño revisten tres características, de las cuales hay que tomar nota, a saber: no son cíclicos o estacionales, son impredecibles, son cada vez más recurrentes y por último son cada vez más fuertes y duraderos. Eso sí, ningún Niño se parece a otro

Niño y ninguna Niña se parece a otra Niña, cada cual tiene sus propias peculiariedades.

Después de la Niña de 2010 – 2011, acaba de registrarse una más prolongada, que duró tres años (2021 – 2023). En efecto, según el más reciente reporte del IDEAM, la probabilidad de que esta vez el fenómeno de el Niño sea fuerte se ubica entre el 75% y el 85%. Se espera que se prolongue hasta el mes de junio de 2024, siendo los meses de noviembre de este año hasta enero del año entrante el período de su mayor intensidad. Tiene toda la razón la Ministra de ambiente y desarrollo sostenible Susana Muhamad al aseverar que el Niño no es un juego!

¡El precio en bolsa a la baja!

La otra noticia, la buena tiene que ver con el desplome del precio de la energía en Bolsa. Después de superar el precio de escasez, según XM, la empresa que administra el mercado mayorista, su cotización pasó de $1.479,18/KWH el 24 de octubre a $371,72/KWH el 29 del mismo mes.

Ello se explica por dos factores: el primero de ellos la entrada en operación otras dos unidades, para completar cuatro de ocho del megaproyecto de generación de HIDROITUANGO y la repotenciación de TERMOCANDELARIA. Estas dos nuevas turbinas en operación, en el primer caso, le incorporan la Sistema interconectado nacional (SIN) 600 MW de potencia adicionales. Por su parte TERMOCANDELARIA amplió y modernizó sus plantas, las cuales pasaron de 2 unidades de ciclo simple a 3 en ciclo combinado, elevando su eficiencia del 34% al 53% (¡!). Ello se tradujo en la incorporación de 252 MW adicionales al SIN. Sumados, estamos hablando de una mayor oferta de energía de 852 MW, lo cual permite contar con una capacidad instalada de generación total de 19.929 MW de potencia.

Esta mayor oferta de energía viene a aliviar el stress al cual está sometido el SIN por cuenta del atraso en la ejecución de múltiples proyectos de generación y ello ha venido presionando al alza los precios de la energía en Bolsa. De hecho, en 2023 sólo ha entrado en operación el 16% de la nueva generación de energía que se proyectó. Deberían haber entrado 6.608 MW de nueva capacidad, pero hasta la fecha sólo se han conectado 1.062 MW. Bien dijo la Gerente del Mercado de energía de XM Cecilia Maya que “las estadísticas no ayudan” 4 . Hoy por hoy, gracias a la entrada en operación de esa mayor capacidad de generación el margen de maniobra entre oferta y la demanda pasó del 2.7% al 5%. A propósito, conviene recordar que, en 2015, cuando estuvimos a punto del racionamiento de energía por cuenta de El Niño se

tenía una holgura del 6.39% y sólo nos pudo salvar el ahorro del 5% del consumo gracias a la campaña, que resultó exitosa de “apagar paga”. De modo que hay que precaverse de no caer en la trampa de la autocomplacencia.

El segundo factor que explica la caída en picada de los precios de la energía en Bolsa radica en el comportamiento de las precipitaciones con lluvias torrenciales en el último mes y el subsiguiente aporte hídrico a los embalses. Según las declaraciones del director ejecutivo de la Asociación Nacional de empresas generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, “mientras que en septiembre y en los primeros días 15 días de octubre veníamos con unas lluvias que correspondían más o menos a 53% de la media histórica. Es decir, si se saca el promedio de los últimos 50 septiembres, estábamos a 50% de ese promedio, entonces estábamos muy bajitos. Hoy en día subió y estamos como a 75%, entonces digamos que está llegando un poco más de agua a los embalses y los agentes hidráulicos lo que hacen es aflojar los precios y comenzar a disminuir el valor del precio en la bolsa«5. Si algo caracteriza el precio en Bolsa es su volatilidad y a ella nos tendremos que atener, qué le vamos a hacer, lo que hay que tratar de contener es la espiral alcista.

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Caracol – radio. Noviembre 4 de 2023

3 Ídem

4 El Tiempo. Noviembre, 4 de 2023

Bogotá, noviembre 8 de 2023

www.amylkaracosta.net

La CREG al garete II

Amylkar D. Acosta M1

El fallido intento de toma de la CREG

 

La Comisión de regulación de energía, gas y combustibles (CREG) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley eléctrica 142 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad vigente por casi 30 años. El desempeño de esta arquitectura ha merecido las más altas calificaciones del Foro económico mundial (FEM) y gracias a ella el sector eléctrico ha sido capaz de soportar y sortear con éxito tres fenómenos de El Niño sin verse abocado a la necesidad de racionar el servicio de energía. El último de ellos en 2015.

El año anterior, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento y las protestas de los usuarios, el Presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso anual de la Asociación nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones (ANDESCO), anunció la intervención de la CREG con el objeto de asumir sus funciones. En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la CREG, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas no son delegadas por parte del Presidente, sino que son propias de la CREG por ministerio de la Ley que la creó.

Pese a ello, ha podido más la tozudez y la contumacia, el Ministro insiste y persiste en arrogarse las funciones de la CREG expidiendo resoluciones suplantándola, es el caso de la Resolución 40611 del 11 de octubre “por la cual se adoptan medidas para darle continuidad a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica durante el período de baja hidrología y eminente (SIC!) llegada del fenómeno del Niño”. Otro tanto ocurre con la Resolución 40619 del 14 de octubre “por la cual se adoptan medidas transitorias para las exportaciones de electricidad durante el fenómeno de El Niño 2023-2024” y el proyecto de Resolución publicado el 26 de octubre para comentarios por medio de la cual “se adoptan medidas de carácter transitorio para otorgar alivios a los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración con contratos de suministro de energía y almacenamiento de energía con baterías, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño y se adoptan otras disposiciones”.

La CREG en manos del presidente Petro

El mismo Consejo de Estado que tumbó el Decreto de marras, posteriormente, terminó anulando el nombramiento que había hecho el presidente Iván Duque de

varios de los expertos comisionados que integraban la CREG, quedando esta prácticamente desmantelada y en manos del Presidente Petro. No obstante, este en lugar de proceder a nombrar en propiedad y por el período de 4 años, como manda la Ley, sus reemplazos, dispuso más bien encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a estos se les terminó el encargo la CREG quedó sumida en una total interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se acaba de reemplazar con el nombramiento de Omar Prías Caicedo.

Lo cierto es que la CREG se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar con el qüorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su Director ejecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. Ello es muy grave, porque, como se lo hizo saber oportunamente la CREG al Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho “la Comisión tiene en proceso de estudio y aprobación varias medidas regulatorias, las cuales consideramos relevantes para el funcionamiento de los sectores regulados”2, sin poder avanzar ni decidir.

Posteriormente, la CREG, a través de un Boletín reiteró la “necesidad de mantener una regulación actualizada y flexible que pueda adaptarse a las demandas cambiantes”3. Y no es para menos, porque como lo sostuvo Prada “la regulación debe ser un habilitador que acompañe el desarrollo de nuevas alternativas sin condicionar o limitar su desarrollo”4. Ni mas ni menos.

La CREG a la deriva

Y para rematar, luego vendría lo peor. El Director ejecutivo de la CREG José Fernando Prada, quien al terminársele su período renunció ante el despacho del Ministerio de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley sin que se la aceptaran, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el día 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete, desoyendo de paso la alerta emitida por parte de la Procuradora general Margarita Cabello, quien con fecha 10 de octubre, mediante Oficio 678, le hizo el requerimiento al Ministro para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos, de los cuales, como ya quedó dicho, sólo ha nombrado a uno de ellos.

Así se ha venido prolongando la parálisis de la CREG, siguen vacantes las otras 5 plazas por cuenta de la desidia y el desdén del Gobierno. En un hecho sin precedentes, la propia CREG se pronunció a través de una circular, cuyo texto más

parece el canto del cisne, “informa que las solicitudes y peticiones mediante las cuales se eleva una consulta y las de interés general o particular…sólo podrán ser atendidas cuando haya al menos 3 expertos comisionados en ejercicio de sus funciones5. Y remata advirtiendo que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”6. Ello es inaudito!

Los usuarios pagaremos los platos rotos

Y todo ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la semana anterior la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla. Las consecuencias de esta abulia gubernamental no se han hecho esperar. Como lo pudo constatar el Contralor General Carlos Mario Zuluaga, al expirar el Pacto tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y las empresas comercializadoras en septiembre pasado, tendiente a pausar las alzas tarifarias, “la ausencia de expertos en la CREG impide tomar decisiones para diferir el impacto por el vencimiento de la opción tarifaria7.

De ello se sigue que las empresas operadoras de red, que son las que prestan el servicio, quedaron con las manos libres para incrementarlas e iniciar la recuperación por esa vía de los saldos por concepto de la opción tarifaria, que ya superan los $5 billones. El proyecto de Resolución de la CREG que contempla un mecanismo alternativo, que procura limitar dichos aumentos, ante la parálisis de la CREG, se quedó en el tintero. En consecuencia seremos los usuarios quienes terminaremos pagando los platos rotos por semejante dislate.

Como lo reveló el Delegado para Minas y Energía de la Contraloría General Germán Castro “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1, 2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”8. Y ello, de contera, pondrá en aprietos a las empresas comercializadoras que verán postergado el reintegro por parte del Gobierno de los subsidios reconocidos y descontados por parte de ellas a sus usuarios en sus facturas.

Y mientras tanto el Ministro, que dice estar “del lado de los usuarios”9, se hace el de la vista gorda, afirmando que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años10. Será esta una de esas profecías autocumplidas? Porque, ni el mejor modelo funciona apropiadamente si se opera mal o de mala fe. Por lo demás, no es dable invocar el propio desatino para exculpar su responsabilidad por los estragos causados.

Nota relacionada: ¡La CREG al garete!

Bogotá, noviembre 11 de 2023

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¡La CREG al garete!

Es el colmo de los colmos, la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), después de su desmantelamiento, al designar encargados como expertos comisionados, en reemplazo de sus titulares, a todos los cuales se les terminó el encargo y solo a uno de ellos se reemplazó por Omar Prías Caicedo, se ha tornado inoperante porque desde el 5 de octubre no cuenta con el qüorum para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su director ejecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”.

Y para rematar, luego vendría lo peor. El director ejecutivo de la CREG José Fernando Prada, quien renunció ante el despacho del ministro de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo sin que se la aceptaran, apelando silencio administrativo hizo efectivo su retiro el día de hoy por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete, desoyendo de paso la alerta emitida por parte de la Procuradora general Margarita Cabello, quien con fecha 10 de octubre, mediante Oficio 678, le hizo el requerimiento al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Carreño, para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos, de los cuales, como ya quedó dicho, sólo nombraron a uno de ellos.

 

Y ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla. No hay derecho!

Amylkar Acosta

Bogotá, noviembre 7 de 2023

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1 Ex ministro de Minas y Energía

Les llego el respiro a las comercializadoras de energía

Después de la grave crisis financiera con la que cuentan varias comercializadoras por cuenta de la opción tarifaria, y, dada con el objetivo de mantener estables las tarifas de energía y que va en su fase de recuperación de saldos dejados de cobrar en periodos anteriores, no han logrado dar los frutos esperados.

Ante esto, la Creg ha firmado el decreto 1637, que habilita la línea de crédito por 1 billón de pesos con Findeter para apoyar el hueco en la caja de las comercializadoras.

 

Entre las 26 empresas afectadas por no pagar sus obligaciones a tiempo están: Air-E, Centrales Eléctricas de Nariño, Electrificadora de Caquetá, Empresa de energía de Arauca y Empresa de Energía de Boyacá.

Estas empresas fueron advertidas el pasado 26 de septiembre por XM, que de no ponerse al día el 18 de octubre, se iniciaría una limitación a los usuarios en el servicio de energía, que atienden, en promedio, el 80 por ciento de la demanda de electricidad del país.

Con este decreto, les da un alivio y respiro a la situación actual, donde tendrán cerca de 7 meses para generar una recuperación prolongada y les permitirá una continuidad a los usuarios frente al fenómeno del niño hasta abril del próximo año.

Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), mencionó, que la deuda a diciembre de 2023 podría ascender a los 10 billones de pesos que equivalen a 3,5 años de ingreso anual por parte de las comercializadoras.

La mayor deuda la tiene Afinia, por 1,5 billones de pesos, luego aparecen Aire (993 millones, EPM con 703 millones, Celsia con 463 millones y Enel Colombia con 366 millones.

Mas allá del panorama, XM, siendo el operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, debería meterse la mano al dril, apoyando de cierto modo la situación del mercado y que por un lado hay desfinanciamiento, pero por el otro y más triste aun, el que pagará los platos rotos es el usuario quien sin mediar objeción se les generará el cobro.

Además, será un alivio temporal que no conllevara a la solución, el alza del precio en bolsa supero el precio de escases que ponen a temblar a empresas de energía como la del Bajo Putumayo, Ruitoque o electrificadora del Huila por su altísima exposición.

El acelerador está en el avance de las obras y mejora de sus considerables retrasos de más de 12 años, de lo contrario, el panorama será pañitos de agua tibia y emergencias sucesivas como las que desafortunadamente enfrentamos.

Iván Santisteban

Exministros piden a Gustavo Petro acciones urgentes para evitar un apagón

Un grupo de exministros de Minas y Energía enviaron una carta al presidente de la república, Gustavo Petro, solicitando medidas urgentes ante un eventual apagón energético en el país.

En la carta le recuerdan al primer mandatario la advertencia que hizo la firma XM sobre un posible apagón en Colombia y los efectos que una situación como estas puede generar en la economía.

 

«El operador del mercado XM en su último análisis de riesgo financiero del mercado de energía, 17 comercializadores que atienden casi el 40% de la demanda comercial del país se encuentran en serias dificultades financieras que podrían contagiar a 19 agentes adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por $827 mil millones», señalan en el texto.

Piden además prestar atención al manejo que ha tenido la Comisión de Regulación de Energía y Gas a quien se le ha rellenado con comisionados encargados y «subordinados al gobierno».

Los exministros preguntan al presidente si su gobierno está preparado para enfrentar una crisis como estas y piden respuestas inmediatas a lo que podría generar la llegada del fenómeno del Niño.

«¿Está preparado el gobierno—en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y del Ministerio de Hacienda—para asumir la intervención de un número significativo de empresas sin afectar la calidad del servicio y sin que se ocasionen los elevados costos fiscales que traen intervenciones de este tipo?«.

También piden definir incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo vía programas de respuesta a la demanda, incentivos reales y de precios para vincular a la demanda en la entrega de excedentes de energía de autogeneración y, en esta coyuntura, mantener y asegurar la provisión de combustibles para la generación térmica.

Los firmantes de la carta son los exministros Amylkar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia.

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Acabar control de precios

Se le atribuye a un dictador africano decir que las elecciones son un referendo sobre el precio de los combustibles y la comida. Este gobierno ha hecho once alzas consecutivas del precio de la gasolina, casi $4,500, que equivalen a un incremento del 47% frente al año anterior.  La irresponsabilidad de dejar crecer la brecha entre precio internacional y nacional, le costó al país $37 billones el año pasado. El control de precio a la gasolina es fiscalmente irresponsable, aumenta la desigualdad y daña el medio ambiente. Así como la nación dejó de fijar precios agrícolas hace décadas, es hora de acabar la dañina práctica que el gobierno fije el precio de la gasolina.

Facultado por decretos entre 1974-1975, el gobierno creó la fórmula del precio de la gasolina. Puede que, en los 70s, cuando existía un monopolio estatal, tuviera lógica una metodología para definir precios. Al final del día, la posición dominante, aunque sea estatal, se presta para abusos. También existía la necesidad de fijar planes de abastecimiento que no contaban con la ayuda de la mano invisible del mercado.

 

En siete modificaciones sustanciales e innumerables reglamentaciones, en todos los casos se generó un desequilibrio, usualmente fiscal. A través del tiempo, el precio de la gasolina tuvo una multiplicidad de propósitos: fondos viales, IVA, financiación municipal, almacenamiento, márgenes en la cadena, subsidios, evaporación, sistemas de transporte masivo, etc. Sobra decir que todo este proceso es altamente subjetivo, poco transparente y político. No hay un mandato claro con tantos propósitos, nunca sale bien.

Con el tiempo, diferentes coyunturas crearon incentivos para utilizar el precio de la gasolina como oportunidad fiscal. Especialmente, en la época donde Ecopetrol estaba vinculado al ejercicio, con precios altos se podían llenar de ingresos los gobiernos, recibiendo su dividendo, sin pasar por el congreso. También está el riesgo fiscal de esconder populismo previo elecciones con la excusa de bajar la inflación o “lo social” con precios bajos, como ocurrió recientemente.

El debate se empezó a mejorar parcialmente al transparentar los costos implícitos a través del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. A pesar de esto, la verdad es que los gobiernos no se aguantan las ganas de meterle sus prioridades, así como no tenemos control de precios ni para el pan ni el café, no tiene sentido tenerlo para la gasolina.

En la actual coyuntura, el costo de $37 billones en subsidio de gasolina no es defensable. Sobra decir que, en materia de política social, los que tienen carro tienden a ser más prósperos que los que van a pie o están en transporte público. La plata puede ser invertida en alimentación infantil o en educación. Adicionalmente, en momento de lucha contra el cambio climático, fomentar el consumo de hidrocarburos va en contra vía de nuestras metas de emisiones.

Es verdad que al inicio del diseño de un esquema de control de precios existían intenciones virtuosas y la esperanza de un comportamiento técnico de los gobiernos. Desafortunadamente, las tentaciones son grandes, lo mejor es que las cosas valgan lo que tienen que valer por oferta y demanda. Si hay externalidades, estas pueden ser resueltas por regulación e impuestos.

Simón Gaviria

 

 

 

 

De nuevo sube el precio de la gasolina

El precio de la gasolina en las diferentes ciudades del país sube, en promedio, 600 pesos, lo que deja el galón de este combustible  en 13.564 pesos, anunció el Gobierno nacional.

De acuerdo con la CREG, estas medidas pretenden disminuir el significativo impacto fiscal en el Gobierno nacional por la dinámica de los precios internacionales de los refinados, los cuales frente a los precios locales presentan una brecha significativa. Cabe recordar que el déficit del FEPC en 2022 correspondió a $36,7 billones de pesos y se estima que en 2023 sea de $17,8 billones, del cual 77% correspondería a ACPM.

 

Para agosto de 2023, el precio promedio de venta al público de la gasolina en el país se ajustará en $600 pesos, ubicándose en $13.564 por galón.

Por su parte, el precio promedio de venta al público del ACPM a nivel nacional se mantiene sin ajustes en $9.065 pesos por galón. Es importante resaltar que, incluyendo este ajuste, Colombia sigue teniendo uno de los precios de la gasolina más competitivos de América Latina.

Aumenta el precio de la gasolina

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) el aumento en el precio de la gasolina, que tendrá una variación promedio de $600 por galón a nivel nacional, para el mes de mayo.

El precio promedio de venta al público del ACPM a nivel nacional, se mantiene en $9.065 pesos por galón, mientras Bogotá tendrá uno de los precios de gasolina por galón con un costo promedio de $12,173, seguido de Medellín ($12.111) y Cali ($12.111). La capital de Nariño continúa con la gasolina más barata del país con un valor de $9.916 por galón.

 

Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta se mantendrán por debajo de los $12.000 por galón de gasolina.

El ACPM en Bogotá seguirá en $9.357, Medellín $4.792 y Cali continua con uno de los precios más altos de ACPM con un precio de $9.484.

Petro luchará por asumir el control de las tarifas de los servicios públicos

Desde que su cuenta de Twitter, el presidente de la república, Gustavo Petro anunció que su gobierno apelará la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que le facultaba para intervenir las tarifas de los servicios públicos.

 

«Mi Gobierno respetará, como es lo básico en un estado de derecho, la decisión del magistrado Serrato de suspender mis funciones constitucionales respecto a los servicios públicos. Sin embargo, utilizaremos todos los recursos jurídicos que dispongamos ante el Consejo de Estado», indicó Petro.

El primer mandatario hace este anuncio luego de conocer la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto en donde se faculta al presidente de la república para decidir de manera temporal sobre las tarifas de los servicios públicos en Colombia.

 

La petición de la Andesco a Petro con la CREG

Esta semana se dio a conocer la firma del Decreto 0227 por tres ministros y la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En él se señala que Gustavo Petro, presidente de Colombia, reasumirá algunas funciones de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).

Desde Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones), le piden al presidente que su criterio se ciña más técnico que a lo político.

 

Petro podrá asumir hasta mayo funciones en las comisiones de regulación de Energía y Gas y la de Agua Potable y
Saneamiento Básico.

El gremio señala que para que se cumpla con una prestación de servicio adecuada, es inevitable que se conserven principios para suficiencia financiera.

«Esta asunción de funciones, de momento, no afecta la suficiencia financiera de las empresas ni la prestación del servicio, esperamos que las decisiones que el presidente Petro tome desde allí se mantengan en el componente técnico y no político», señaló Andesco por medio de un comunicado.

Andesco subraya que debido a su carácter técnico, las comisiones reguladoras permiten que las compañías que prestan servicios lo hagan de una manera eficiente. El comunicado señala que el gremio está abierto a seguir trabajando con el gobierno para que se consolide el sector de los servicios públicos.

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Receta para la construcción de institucionalidad

Recientemente se conoció en contenido del proyecto de Decreto que pretende quitarle a la CREG las funciones en ella delegadas por los gobiernos de turno desde 1994, el cual ha generado preocupación en diferentes círculos del sector energético.

Para juzgar el impacto de esta potencial medida es necesario entender el papel que cumple la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG desde su creación y los motivos que la inspiraron.

 

Hasta inicios de la década de 1990 el desarrollo del sistema eléctrico colombiano recaía sobre el Estado, a quien se le debe reconocer sus esfuerzos por cumplir sus obligaciones constitucionales en la materia y los logros alcanzados hasta entonces. Sin embargo los pobres resultados de su gestión en términos sociales y financieros estaban caracterizados por la baja cobertura e ineficiencia en la prestación del servicio, mínimos niveles de inversión e inexistencia de competitividad; la realidad financiera de la época está referida en la publicación del BID (Entre el Mercado y el Estado, Millan, Jaime, 2006): para la época el sector eléctrico era responsable de 30% de la deuda externa total y del 33% del déficit del sector público no financiero, estaba en bancarrota.

Precedido de un fuerte fenómeno del Niño, cuyas prolongadas sequías redujeron a niveles críticos los embalses del país, se puso en evidencia la fragilidad del sistema con el costoso apagón de 1992, explicado en la demora y sobrecostos de entrada en operación de proyectos hidroeléctricos como el del Guavio. Con acierto el gobierno creo un marco legal (leyes 142, 143 y posteriormente la 1715) capaz de adoptar una política nacional de generación, transmisión, interconexión y distribución de fuentes alternativas, así como la regulación técnica para todos los energéticos que derivó en el desarrollo del mercado eléctrico que hoy conocemos.

La piedra angular del sistema es la CREG que apoyada en los cargos por confiabilidad, la remuneración a los agentes y del funcionamiento del mercado, bajo criterios técnicos, ha garantizado que los prestadores del servicio cuenten con suficiencia financiera y el cumplimiento de las inversiones a lo largo de toda la cadena de servicio, asegurando su expansión, en franca competencia entre actores locales y extranjeros así como públicos y privados, capaz de responder a la demanda energética nacional.

La CREG como órgano técnico independiente, cuyas funciones entre otras, consisten en establecer un modelo tarifario que refleje los costos de inversion, así como de operación, administración y de  mantenimiento de la misma, asegurando la confiabilidad requerida en la operación del sistema, velando por la transparencia del sector y propendiendo por unos precios eficientes en la prestación del servicio, ha permitido la sostenibilidad económica necesaria para lograr la financiación de las inversiones en materia de generación, transmisión y distribución, cerrando la brecha de cobertura pasando de un poco más de 70% de la población a inicio de los 90, a más del 97% en la actualidad (Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica-PIEC 2019-2023, UPME). Es justo reconocer que existen retos por superar, máxime aún cuando ese 3% restante se encuentra disperso por todo el territorio nacional.

Con el anterior panorama no deja de sorprender la intención del gobierno plasmada en la publicación del citado proyecto de Decreto. En una opinión muy personal se me ocurren dos hipótesis que la explicarían: i) intervenir la política tarifaria en determinados grupos poblacionales como alivio inflacionario o ii) limitar el campo de actuación de los miembros independientes de la CREG, cuya mayoría es producto de las “jugaditas” finales del anterior gobierno por mantener el control de dicho órgano.

En ambas situaciones o cualquier otra explicación al margen de las hipótesis (sin demostración), la intención del gobierno contenida en el proyecto de Decreto es innecesaria debido a que éste tiene asiento en la CREG con los Ministros de Minas y Energía, Hacienda y el Director Nacional de Planeación, sin contar con los mecanismos mediante los cuales el gobierno puede participar de las modificaciones que bajo su criterio sean necesarias en el marco de la política energética nacional con el consenso de sus miembros.

Respecto a las medidas de control a la inflación, existen mecanismos apropiados en el mismo marco, como la política de subsidios que se viene otorgando a los usuarios de los estratos uno, dos y tres y que requiere ser focalizada urgentemente no solo por su impacto fiscal sino a los errores de inclusión del sistema de estratificación.

En caso contrario, la entrada en vigencia del proyecto de Decreto, será considerado como una intervención indebida del gobierno en la CREG, que acarreará con la pérdida de la confianza inversionista, desmejorará el perfil de riesgo de los agentes de la cadena calificadas, limitará su financiamiento por vía del costo de la deuda, deteniendo la expansión del sector y la confiabilidad del servicio dándole la espalda a los legítimos intereses de los consumidores.

Considero muy acertado la comunicación conocida el lunes 13 de febrero suscrita por un número plural de ex altos funcionarios de estado y ex comisionados de la CREG quienes claman por la no intervención.

El gobierno nacional debe velar para que la convivencia entre la inversión pública y privada y las regulaciones del sector público se mantenga al margen de las posiciones y diferencias políticas.

Permítanme a manera de corolario la siguiente reflexión: “La construcción de institucionalidad es un arte difícil. No hay una receta; es siempre un ejercicio de persuasión y construcción de confianza antes que uno de autoridad. Y es ante todo un ejercicio de voluntad, perseverancia y visión” (Entre el Mercado y el Estado, Millan, Jaime, 2006).