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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

La Defensoría del Pueblo ha presentado una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, pues han incumplido sus compromisos.

La jefa del organismo, Iris Marín, ha explicado que esta figura del gestor viene en la Ley de Justicia y Paz que promovió el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a los paramilitares, pero no coincide con la función que el Gobierno pretende darle a estas personas, cuya interacción con las comunidades afectadas puede vulnerar los avances logrados.

 

Bajo este nuevo estatus, se «abre la posibilidad de que estas personas estén saliendo de los centros penitenciarios» para llevar a cabo «actividades que no tienen ninguna regulación ni supervisión judicial», ha alertado Marín.

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En ese sentido, en la queja presentada se hace mención a una posible extralimitación de las funciones del presidente Gustavo Petro a la hora de habilitar estos nombramientos y pide al Gobierno que el uso de esta figura no acabe favoreciendo la expansión de grupos armados, como las disidencias de las FARC.

Defensoría confirma la muerte de seis menores de edad en bombardeos a las disidencias

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores de edad en la operación militar efectuada esta semana contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, un ataque que se saldó con 19 fallecidos y ha desatado un aluvión de críticas contra las autoridades.

Tras asumir este viernes que habría menores entre los fallecidos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tuvo que salir al paso de las denuncias afirmando que fue la operación fue «totalmente legítima» y que «quien se involucra pierde toda protección».

 

«En este conflicto hay una realidad muy cruda que debemos rechazar: el reclutamiento de menores, es un crimen de guerra», condenó Sánchez, asegurando que la orden de bombardear es siempre la «última opción» que se baraja y que en este caso existía una «amenaza inminente» para un grupo de veinte soldados.

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En su comunicado de este sábado, la Defensoría confirma «el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar», en lo que describe como «un hecho profundamente lamentable» antes de recordar que el Derecho Internacional Humanitario establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades.

«El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque», lamenta la Defensoría.

Sin embargo, también achaca la responsabilidad última de la muerte de los menores de edad en los grupos armados que los reclutan, en este caso las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

En cualquier caso, la Defensoría simplemente zanja que «odo esto es lamentable» y describe toda la operación como un ejemplo de «la guerra en su despliegue doloroso e inhumano», que siempre acaba alcanzando a los más vulnerables, esto es, «los menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares».

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En general, ha lamentado el organismo dirigido por Marín Ortiz, «ilustra el lugar degradado de los principios de humanidad, dignidad, necesidad y proporcionalidad» en el que se encuentra ahora mismo Colombia antes de recordar que su misión no es la de «legitimar» actos de guerra, sino la de «rechazarlos para construir la paz».

Defensoría del Pueblo emite preocupante Alerta Temprana de Tibú (Norte de Santander)

En la reciente Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo se advierte sobre los riesgos por violación de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en la cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander, así como en su zona rural, derivó en la emisión de la Alerta Temprana de
Inminencia.

El riesgo que advierte el Ministerio Público se hace sobre las poblaciones de las veredas de Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, también para sus veredas Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio, Chiquinquirá, Km 19, Km 25, Km 28, Palo Quemado y Llano Grande.

 

La Defensoría considera que el peligro se da por la intensificación de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos grupos disidentes de las extintas Farc, como el ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’.

Dice además la entidad que la disputa territorial, se presenta por la coexistencia de economías legales e ilegales, que incluyen una alta concentración de cultivos de uso ilícito, convirtiendo a Tibú, por su extenso límite fronterizo con Venezuela, en un corredor estratégico de importante valor para los actores armados al margen de la ley. El segundo factor obedece a la consolidación del control territorial y social ejercido por el ELN.

La Defensoría del Pueblo indica que el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes ha crecido en los últimos meses. Con corte a julio de este año se han presentado 35 casos con subregistro, aseguran las cifras del Ministerio Público.

El órgano de control pide al Gobierno Nacional implementar medidas integrales efectivas que disuadan, mitiguen y alejen el riesgo, con enfoque diferencial.

Alerta de la Defensoría del Pueblo por riesgos electorales en más 600 municipios

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026 en la que advierte que gran parte de los municipios del país se encuentran con fuertes riesgos electorales.

De acuerdo con el Ministerio Público, 62 municipios requieren atención inmediata y la intervención urgente del Estado; 162 municipios se encuentran con riesgo alto y una probabilidad elevada de alteraciones al orden público; 425 municipios con tienen riesgo sostenido que requiere la presencia permanente de las entidades del Estado y 216 municipios presentan riesgo medio que igual necesita la debida atención.

 

En medio de la presentación del informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expuso los mapas con los análisis que demuestran los riesgos encontrados por la entidad.

Marín aclaró que ninguno de los riesgos identificados por la Defensoría implica la imposibilidad de realizar elecciones en estos municipios.

«Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

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Los reparos de la Defensoría del Pueblo al proyecto de sometimiento a la justicia

La Defensoría del Pueblo hizo sus primeros comentarios para el proyecto de sometimiento a la justicia que presentó a consideración del Legislativo, el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Dentro de los principales aspectos que considera importante la Defensoría del Pueblo está el relacionado con las víctimas de los grupos criminales, a quienes el órgano de control pide garantizar la reparación y la participación en los procesos de verdad.

 

La Defensoría considera que es necesario que el proyecto deje la claro cuantas y como deben ser las convocatorias a audiencias regionales y adelantar consulta previa con comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom.

Dice además que el proyecto carece de definiciones claras sobre cómo se garantizará la reparación colectiva e individual, especialmente frente a víctimas de la criminalidad organizada, que hoy no cuentan con un programa de reparación administrativa. La concesión de nuevos beneficios penales a responsables de crímenes debe estar sujeta a una reparación a víctimas que hoy se encuentra desfinanciada.

El Ministerio Público no ve con buenos ojos que se otorguen nuevos beneficios a personas reincidentes en delitos graves y/o relacionados con el narcotráfico.

También considera que no se debe otorgar excarcelación sin cumplimiento de condiciones de aporte a
la verdad, a la reparación, a la justicia y a las garantías de no repetición.

Para la Defensoría del Pueblo, este proyecto carecería de legitimidad si no va a acompañado de un verdadero componente de participación de las víctimas en los procesos judiciales y además si no se les garantiza el acceso a la verdad y no se les otorga la reparación por el daño.

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Defensora del Pueblo exige a los seguidores de Álvaro Uribe respetar a la jueza Sandra Heredia

Las reacciones en contra y a favor por la condena a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, a través de las redes sociales y los medios de comunicación por parte de los seguidores y contradictores del exmandatario, motivó el llamado de la defensora del Pueblo, Iris Marín, para que se respete las decisiones de la justicia y la honra de la jueza Sandra Heredia.

«Hoy el país observa con atención un proceso judicial de gran trascendencia que involucra al expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez. Es una oportunidad de oro para dar paso a la justicia expresada en la decisión proferida por la jueza Sandra Liliana Heredia. Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional».

 

La jefe del organismo control recordó a los colombianos que las decisiones judiciales se pueden debatir pero por la vía del Estado de Derecho pero por la vía de los medios legales establecidos.

«No es admisible atacar a quien profiere las decisiones judiciales, ni insinuar su parcialidad. No sin fundamento porque este no es un debate político ni electoral», afirmó Marín.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo el llamado para que se respete el Estado de Derecho y a las partes expresarse siguiendo las buenas formas en la democracia.

Alerta de la Defensoría del Pueblo por ola de violencia en Chiriguaná (Cesar)

Foto: https://elpilon.com.co

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la grave situación de violencia que viven los habitantes del municipio de Chiriguaná (Cesar) como consecuencia de la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo.

 

En este territorio también hace presencia el Frente 41 Cacique Upar, disidente de las extintas Farc que no formaría parte de ningún grupo mayor de las actuales disidencias con resonancia nacional; tendría interés en consolidarse en el lugar. Y a lo mencionado se suma el hecho de que grupos delictivos organizados tienen conexiones con estructuras del crimen de alto impacto.

De acuerdo con el organismo de control, entre febrero del 2023 y enero del 2025, la Defensoría tuvo conocimiento de al menos 20 homicidios en Chiriguaná. De estos, 11 son atribuidos al EGC (como método de la mal llamada ‘limpieza social’), cinco fueron cometidos en contextos de criminalidad, de tres
sería responsable el ELN (cuyas víctimas fueron un exmilitar, un ex-Farc y, presuntamente, un exparamilitar) y uno tendría como autor a un grupo disidente (la víctima, un exparamilitar).

La Defensoría del Pueblo les formuló 31 recomendaciones a los entes estatales competentes, como los Ministerios del Interior y de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía
Nacional, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Chiriguaná, entre otros, con el propósito primario de que pongan en marcha acciones urgentes, bajo la perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).

Así mismo recomienda a las demás entidades del departamento y la Nación encargadas de la atención humanitaria y derechos humanos, brindar la atención humanitaria necesaria e impulsar medidas que
aporten al desarrollo económico, territorial y de inclusión socioterritorial —para disminuir las brechas de inequidad y las vulnerabilidades de la población y fortalecer la presencia institucional— se hace perentorio, partiendo de los principios de subsidiariedad, complementariedad, coordinación y concurrencia.

Defensoría del Pueblo presenta un alarmante informe de desplazamiento en Colombia

Foto: Unidad Para las Víctimas

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades nacionales para que se trabaje fuertemente en garantizar la permanencia y tranquilidad de los colombianos en sus territorios ante el alarmante crecimiento de las cifras de desplazamiento y confinamiento divulgadas por el organismo de control en un reciente informe.

 

De acuerdo con el Ministerio Público, «Entre el 1 de enero y el 30 de junio, 82.819 personas tuvieron que desplazarse masivamente, dejando sus bienes y territorios. Mientras tanto, 50.713 resultaron confinadas debido a combates, presencia de actores armados ilegales y, en general, por el conflicto que sufre el país».

El informe del organismo control revela que 856 mujeres y hombres, principalmente de Antioquia, Chocó y Valle, se vieron obligadas a salir de sus casas, para buscar seguridad en otras zonas, donde sus vidas
no corrieran peligro; sumado a esto, 14.993 personas se confinaron, siendo Guaviare, con 10.000 casos, el departamento donde más personas vieron restringido el acceso a necesidades básicas.

La Defensoría del Pueblo reitera el llamado a las diferentes instituciones del Estado, para que redoblen esfuerzos en la protección de las comunidades más vulnerables, garanticen la asistencia humanitaria y las condiciones de seguridad.

Informe completo:

Informe desplazamiento Defensoría del Pueblo Junio2025 by Confidencial Colombia

Los nueve funcionarios secuestrados en el Cauca regresaron a la libertad

Foto: Defensoría del Pueblo

Fueron liberados los 9 funcionarios de la Gobernación del Cauca secuestrados por por las disidencias de las Farc en el municipio de López de Micay.

 

Los siete hombres y dos mujeres fueron secuestrados por el grupo armado ilegal mientras realizaban un trabajo de campo relacionados con sus labores en el departamento. La comisión tenía como propósito desarrollar jornadas de articulación institucional con las comunidades locales.

En la labor de mediación para que fueran liberados participó el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). Estas personas fueron sometidas a exámenes médicos para descartar cualquier riesgo de salud.

Los funcionarios fueron secuestrados por las disidencias del frente Jaime Martínez, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, quienes les señalaron de transportar equipos tecnológicos de las Fuerzas Militares y de la Policía.

Defensora del Pueblo critica a Petro por participar en un evento en Medellín con criminales presos

La defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un comunicado expresando su preocupación tras la polémica desatada por el acto público donde el presidente de la república llevó a algunos jefes de organizaciones criminales presos en las cárceles de Medellín.

Al evento asistieron: José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.

 

Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, mostró su desacuerdo con el evento porque según su punto de vista, «los responsables de crímenes graves como homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento y uso de niñas y niños, violencia sexual, entre otros, no deben tener un lugar de honra y distinción, sino que deben comparecer ante la ley y someterse plenamente a ella».

La funcionaria expresa su acuerdo con que se busquen espacios de diálogos que conduzcan a la paz, sin embargo, dijo que esto se debe hacer de manera articulada con las diferentes autoridades y respetando la ley.

Iris Marín hizo un llamado a las autoridades de Antioquia, Medellín y al Gobierno Nacional a bajarle a la agresividad y buscar de manera mancomunada las soluciones que el territorio necesita.

«Más que una desarticulación, se percibe una rivalidad política que no debería tener lugar en una ciudad como Medellín, que necesita soluciones integrales, no confrontaciones institucionales», expresó la defensora en el texto divulgado.

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Confirman nueva masacre en el Valle del Cauca

Tres personas han muerto en una nueva masacre registrada en el departamento del Valle del Cauca, lo que sitúa en 31 los ataques de este tipo registrados en el territorio colombiano desde que arrancó 2025.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha denunciado que «tres personas han sido asesinadas, dos hombres y una mujer, en la carretera que une Potrerito con La Feria, en la zona del Pedregal. Todos ellos viajaban en un mismo vehículos cuando fueron atacados.

 

Así, ha indicado que en esta zona, precisamente, actúan los Frentes Dagoberto Ramos, Adán Izquierdo, el Bloque Occidental, así como la Segunda Marquetalia, el Frente 57 y otras bandas de carácter local, además del Ejército colombiano.

Esto ha llevado a la Defensoría del Pueblo ha emitir una alerta por las «acciones de dos grupos armados ilegales que operan en esta zona y que configuran un escenario mixto» en lo referente a la disputa territorial. Asimismo, ha alertado del peligro que suponen estos grupos para la población colombiana.

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Alerta de la Defensoría del Pueblo por escalada violenta liderada por alias Mordisco en el Guaviare

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la grave situación de orden público que viven en estos momentos las comunidades del departamento del Guaviare, especialmente en el corregimiento Charras Boquerón (San José del Guaviare) y el caserío La Paz (El Retorno), como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado entre estructuras disidentes de las extintas FARC-EP.

De acuerdo con el organismo de control, «el día domingo 8 de junio se restringió el ingreso a la vereda La Paz y aledañas, impidiendo el acceso de docentes y forzando la evacuación improvisada de estudiantes, personal de cocina y profesoras en condiciones de altísimo riesgo».

 

La Defensoría advierte sobre un desplazamiento masivo de la población, «sin garantías mínimas de seguridad ni atención humanitaria».

Dice además que, en Charras Boquerón, se han impuesto confinamientos, bloqueos de vías por parte de actores armados y amenazas sistemáticas a la población. Se han presentado ataques a patrullas militares y enfrentamientos cercanos a centros poblados. Estos hechos constituyen violaciones flagrantes al DIH, que prohíbe expresamente poner en riesgo a la población civil y utilizar su presencia para fines de guerra.

Esta escalada violenta en el Guaviare es promovida por el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de alias Calarcá, y los Frentes 1 y 44 del Bloque Amazonas, liderado por alias Iván Mordisco. La Defensoría recuerda al Gobierno Nacional que ya había advertido en alertar anteriores de esta situación, sin que hasta el momento se haya prestado atención.

El Ministerio Público hace el llamado para que se active de manera urgente un corredor humanitario que
permita la evacuación segura de quienes permanecen en zonas de alto riesgo.

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Alerta de la Defensoría del Pueblo por ola de violencia en el Catatumbo y el Bajo Calima

La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional para que atienda de inmediato la crisis en seguridad que se vive en la región del Bajo Calima y el Catatumbo.

De acuerdo con la jefa del organismo de control, el grave deterioro de la situación humanitaria en el Bajo Calima ha afectado a más de 4.000. En este territorio se libra una fuerte disputa entre el ELN y el Clan del Golfo, quien actúa en alianza con el Frente Jaime Martínez de las disidencias al mando de Mordisco.

 

Así mismo, dijo que en el Catatumbo sigue la guerra: «en la vereda 20 de Julio del municipio de Tibú fueron arrojados artefactos explosivos desde un dron, lo que causó la muerte de un niño de tan solo 12 años, y dejó heridos a su mamá, a 5 niños y a 3 adultos».

En los últimos días la violencia se ha intensificado en la región del Catatumbo por ataques con drones en la zona rural de Tibú.

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Accionista del Unión Magdalena considera que el fútbol no es para las mujeres

El mayor accionista del equipo de fútbol, Unión Magdalena, Eduardo Dávila, generó un fuerte debate al decir en entrevista para la Wradio, «el fútbol no es un deporte para la mujer”.

Dávila dijo aconsejó además para las deportistas que deben espacios en el tenis, voleibol, dominó, «Que vayan a jugar tenis, voleibol, dominó, pero fútbol no”.

 

El empresario del fútbol dio estas declaraciones en momentos en que Linda Caicedo brilla en el Real Madrid y la Selección Colombia Sub-17 en el Suramericano Femenino ha realizado una buena actuación en el torneo internacional.

Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín escribió en su cuenta de X rechazó las declaraciones de Eduardo Dávila pidiendo a los colombianos apoyar a las jugadoras de fútbol en Colombia.

«Sus declaraciones son lamentables y obsoletas, discriminan a las mujeres en el fútbol, reproducen estereotipos machistas y perpetúan la violencia de género y las barreras que históricamente han obstaculizado el acceso y desarrollo de talentos femeninos en condiciones de igualdad en el sector del deporte, la recreación y la actividad física», escribió la defensora del Pueblo.

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«El Gobierno debe atender las alertas de la Defensoría del Pueblo»: Alirio Uribe

En días pasados el Consejo Gremial publicó una carta manifestando su preocupación por algunos focos de violencia que se están presentando en la mayoría de territorios del país. El presidente dijo que esto no era así, usted es de la región del Catatumbo, que tiene un problema de orden público bastante complicado, denos su opinión por favor.

Alirio Uribe: El Gobierno debe atender las alertas de la Defensoría del Pueblo, también el informe de Naciones Unidas. Hay varias regiones del país con fuertes brotes de violencia como el Catatumbo, por eso se declaró la conmoción interior para tratar de que el Estado haga presencia integral, para que la fuerza pública garantice el retorno de los desplazados, para que se hagan políticas sociales como la universidad en Catatumbo y se además implementen programas de sustitución.

 

¿Eso quiere decir que discrepa de la opinión del primer mandatario?

Alirio Uribe: Hay zonas del país que están siendo azotadas por problemas de violencia, no solamente en el Catatumbo, también en el Cauca, en Nariño, en Arauca, en el Chocó, en Putumayo, y creo que lo que ha venido haciendo el gobierno con la política de paz total, con el diálogo de diferentes grupos armados es combinar políticas de paz con políticas de seguridad humana, y esperamos pues que eso ayude a mejorar la situación del país.

¿La política de paz total sí está ayudando está generando más problemas?

Alirio Uribe: Si nosotros queremos tener unas elecciones en paz en el año 2026, en estos 18 meses o en este año se requiere sentar a los grupos armados ilegales. El gobierno ha sido claro en decir que mantiene la mano extendida a aquellos grupos que efectivamente quieran negociar y los que no quieren hay que neutralizarlos, hay que capturarlos. Hay que hacer un llamado también a la fuerza pública para que garantice pues la seguridad humana, que no se mide en el número de bajas y capturas, sino en la protección a la población civil.

Puede el nuevo ministro de Defensa solucionar el problema de orden público que hay en esos momentos?

Alirio Uribe: Yo creo que si. Ya no van a tener la disculpa de que había un ministro civil que maniataba a los militares Ahora tenemos un general a la cabeza del Ministerio de Defensa y creo que eso va a generar un mejor diálogo entre la entidad con los generales que están activos, los coroneles, los capitanes, los policías, bueno, todos los que están en las zonas operacionales. El tiempo nos dirá si tener un general retirado de ministro de Defensa puede ser una mejor forma de hacer que se cohesionen las fuerzas militares y se protejan los territorio.