Tomó más o menos tres semanas, la discusión de la elección de quién dirigirá la Defensoría del Pueblo y tres mujeres llegaron a la recta final. ¡Es la hora de las mujeres, la gran cosecha de la siembra Feminista! Y aunque no todas las mujeres que están en altos cargos de elección popular o de denominación sean feministas, lo cierto es que este cambio sí se debe al movimiento Feminista. La presión social se ha hecho inminente y el reto para las mujeres en este patriarcado no solamente es hacer las cosas bien y mejor, sino de manera transparente e impoluta; y allí es donde también se nota la desigualdad pues no vemos como ante estos nombramientos a un hombre le vayan a señalar la manera de ejercer el cargo, la transparencia y además el hecho de ser hombre.
La terna fue constituida por las tres abogadas Iris Marín Ortiz, Jomary Ortegón y Dora Lucy Arias y este viernes la abogada Marín se convirtió en la primera mujer Defensora del Pueblo en los 32 años de historia de esa entidad. Se posesionará a partir del 1 de septiembre y es un hecho significativo porque por primera vez, desde que la entidad fue creada por la Constitución de 1991, sera dirigida por una mujer.
La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo que ha ido adquiriendo capacidades con el correr de los años, no sólo en materia del impulso procesal de las violaciones y atropellos contra los DDHH, sino que ha desarrollado la capacidad de crear el sistema de alertas tempranas para monitorear las situaciones de riesgo de violaciones masivas de los DDHH en las regiones del país.
La defensora fue elegida por la plenaria de la Cámara de Representantes para un periodo de cuatro años, a partir de una terna que elabora el presidente. Cómo ya se mencionó la candidata elegida fue Iris Marín Ortiz, en cuyo nombramiento tal vez incidió el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el cual señaló que el cargo siempre había sido ocupado por hombres y pidió una terna de candidatas femeninas para “garantizar la participación de las mujeres en cargos directivos” y reconocer “el rol de liderazgo que estas deben jugar en las instituciones estatales” lo cual influyó, pues hoy en día la variable género tiene peso ante la opinión pública.
Se postularon 73 personas y se eligieron estas 3 mujeres. Iris Marín Ortiz es abogada experta en justicia transicional y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Trabajó en su momento con entidades relacionadas a los procesos de paz como la JEP, la Unidad de Víctimas, el programa de mujeres de las Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad. En su experiencia destaca también su presencia en los comités asesores del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, al cual llegó después de su tarea como promotora de la ley de víctimas y restitución de tierras. Si bien no se le puede asociar directamente a una corriente política, sí es verdad que su paso por el gobierno de Santos y su cercanía con las instituciones derivadas del Acuerdo de Paz, la hacen cercana al bloque Santista y cercana al gobierno de Gustavo Petro. Frente a las propuestas para la Defensoría, Marín enfatiza en la necesidad de legitimar la institucionalidad y generar puentes entre diferentes sectores de la burocracia estatal con la población para la defensa de sus derechos. La defensora electa no hace énfasis en propuestas modificatorias de sanción y persecución, no promete mayores transformaciones dentro del aparato institucional, ni se atisba la promoción de algún proyecto que amplíe o modifique sus funciones. El mensaje es claro y sencillo: con lo que hay es suficiente, concentrémonos en hacerlo bien y usar tanto las medidas de garantía de derechos como el del sistema de alertas tempranas.
De las tres candidatas, ninguna propuso una transformación profunda de la Defensoría, y es que esta etapa está mediada por el factor político; y como ya lo dijimos anteriormente, quien la elige es la plenaria de la Cámara y allí la novedad aparte de la elección de nuevas mesas directivas, son los escándalos en los que los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castill, Karen Astrith Manrique Olarte y Julián Peinado Ramírez quienes son presuntos implicados en la corrupción de la Ungrd, que además serán investigados por la Corte Suprema de Justicia y por solicitud de la Fiscalía, lo cual supone que afinar relaciones con la fiscalía y tocar estos temas no es lo más deseado para la deliberación de la plenaria.
Así las cosas, Iris Marín Ortiz, quien gracias al coletazo Santos, la U, los liberales, los alternativos y claramente parte del voto de la derecha, quedó elegida. Esperamos que la defensora recoja las propuestas de sus competidoras y defienda los derechos de las mujeres, pues de acuerdo con las proyecciones del DANE, en 2024 Colombia tiene 52.7 millones de habitantes siendo 26.98 millones de mujeres (51.2%) y 25.72 millones de hombres (48.8%), es decir somos casi el 52% de la población.
Las cifras de violencia de género de la Procuraduría General de la Nación muestran un panorama preocupante: En 2022 se registraron 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, cifra que, en comparación con el 2021, presentó un aumento de 7.713 casos. El reporte de exámenes medicolegales por presunto delito sexual en mujeres aumentó en 3.650 casos en el 2022, frente a lo reportado en el 2021. En el 2023, se registraron 3.483 casos de violencia intrafamiliar y 1.516 exámenes medicolegales efectuados por presunto delito sexual. Solo el 32%de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación por feminicidio han terminado en una sentencia condenatoria, mientras que el 35% sigue en etapa de indagación. En lo que va corrido del año, fueron notificados al INS, a través de los registros en instituciones prestadoras de servicios de salud, un total de 66.621 casos de violencia de género y las cifras de violencia de género en Colombia indican que el 75% de los casos registrados en 2024 son contra mujeres.
Si el 51.2% de las personas de Colombia son mujeres y sobre ellas alarma la vulneración de sus derechos, se hace inminente la construcción de un sistema de indicadores con perspectiva de género, para el sistema de alertas tempranas, así como el acercamiento con la fiscalía general de la nación para reducir la impunidad y la revictimización, fortalecer la periferia y los territorios donde todavía el conflicto armado toma como herramienta de guerra los cuerpos de las mujeres y donde La Paz no avanza.
Por último, la Defensoría del pueblo tendrá que exponer públicamente la situación de las y los migrantes en nuestro país y lo que se requiere y esperamos para bajar esta bandera roja, que sea garante del derecho a la salud y que con sus investigaciones nos ayude a fortalecer una reforma donde ésta sea verdaderamente un derecho y no un negocio ni una cuenta por saldar. Somos ciudadanos y ciudadanas de un estado constitucional de derecho, ahora estamos en el ojo, en la mira del iris… del iris de Iris Marín Ortiz.
Marcela Clavijo
