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Etiqueta: Defensoría del Pueblo

Defensor del Pueblo pide confirmar cifra de secuestrados al ELN y EMC

La Defensoría del Pueblo de Colombia instó este domingo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Estado Mayor Central (EMC) de las FARC a confirmar el número de personas secuestradas bajo su poder, que el organismo cifra en 91 desde mediados de 2020 y entre los que habría tres menores de edad.

«Debido a la preocupación que nos asiste por el incremento en el último año del secuestro de personas, especialmente en zonas donde delinquen el ELN y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, les hemos solicitado a esos grupos armados ilegales la confirmación de los datos que hemos registrado en la Defensoría del Pueblo sobre las personas que actualmente tienen en su poder», indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo en un comunicado.

 

Además, ha pedido a ambas formaciones guerrilleras la liberación de estas personas «lo más pronto posible» en una carta enviada a los respectivos jefes de las delegaciones de paz ante una situación en la que «el conflicto armado interno arrecia».

Asimismo, enfatizó la necesidad de priorizar la «liberación inmediata» de los tres menores secuestrados por su «condición de especial protección constitucional y la urgencia humanitaria que implica su secuestro».

Camargo explicó que en lo que va de año ya han sido contabilizados 69 secuestros, cifra que podría ser más alta debido al temor de muchas familias a denunciar por las posibles represalias de estos grupos.

Las regiones afectadas desde mayo de 2020 hasta principios de diciembre de este año son Arauca (con 33 secuestros), Norte de Santander (con trece), Valle del Cauca (ocho), Antioquía (siete), César (seis), Chocó (cinco), Cauca (cinco), La Guajira (cuatro), Nariño (tres), Meta (tres), Bolívar (dos), Magdalena (uno) y Casanare (uno).

El Gobierno se encuentra en diferentes fases sobre la negociación de la paz con los dos grupos armados, lo que no les ha impedido seguir con algunas de sus actividades como los secuestros. Así, mientras que las negociaciones con el ELN ha llevado al alivio humanitario en algunas de las zonas más afectadas, el EMC paralizó el diálogo tras acusar al Gobierno de no cumplir sus promesas, aunque sí ha mantenido el alto el fuego.

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Defensoría del Pueblo acompaña 7.300 casos de violencia de género

Defensoría del Pueblo señaló que ha acompañado casi 7.300 casos de violencia de género en Colombia a lo largo del 2023 en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.

«Hemos acompañado 7296 casos en los que las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas han sido víctimas de diferentes tipos de violencia. Ante este panorama, es imperativa la implementación de políticas públicas que permitan avanzar en acciones reales para mitigar todas las formas de violencia contra las mujeres”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

 

Entre los casos a los que más se le hicieron seguimiento destacan las violencias psicológicas con el 42 % de los casos, violencia física 24 % y violencia económica con el 15 %, 10 % de casos violencia patrimonial y 9 % de casos de violencia sexual.

Desde la Defensoría del Pueblo se hizo el lanzamiento de la App Contigo para registrar más casos concernientes a la violencia de género.

La Defensoría del Pueblo también señaló que ha tenido conocimiento de 115 casos de feminicidio y 429 de tentativa de feminicidio.

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Ni Cruz Roja, ni Defensoría del Pueblo participan en liberación del papá de Luis Díaz

Aunque en las últimas horas por medio de Otty Patiño, del delegado del gobierno nacional en los diálogos de paz con el ELN, se señaló que ya están las garantías para que la guerrilla del ELN libere a Luis Manuel Díaz -papá del futbolista Luis Díaz– organismos como la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja no participan de esta operación.

«Hemos manifestado a las partes nuestra disposición en facilitar la operación, dada nuestra experiencia en la materia. Sin embargo, no hemos sido contactados por las partes para participar. En ese sentido, no es cierto que haya un equipo de nosotros en La Guajira movilizándose con ese propósito», señaló a el diario El País un vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja.

 

Generalmente, estos organismos humanitarios suelen ser los principales mediadores en operaciones de liberación de secuestrados por la guerrilla en la zona fronteriza con Venezuela.

Esta noticia se da después de que en varios medios de comunicación se informara que equipos de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo harían parte de la comisión de liberación.

Vale la pena destacar que Luis Manuel Díaz se encuentra secuestrado desde el pasado 28 de octubre y el rapto se dio en el municipio de Barrancas (La Guajira). El 2 de noviembre se supo que el ELN fue el grupos que lo había secuestrado y desde esta semana se comprometieron a su liberación.

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Defensoría advierte sobre un posible desplazamiento masivo al municipio de Tierralta

La población de las veredas Crucito, Bocas de Cruz Grande, San Pablo, Gilgal, Tucú, Ballenas, Sancón, Gloria 1, Gloria 2, Llanos del Tigre y Palestina, del municipio de Tierralta, Córdoba, establecidas desde hace varios días en Bocas del Manso, dicen que continúan temerosos de una situación como la ocurrida recientemente, cuando militares encapuchados los intimidaron haciéndose pasar por un grupo de las disidencias. Según lo dado a conocer por los lugareños, fue aumentado el número de militares en la zona desde el 21 de septiembre.

“Lo que nos han manifestado las distintas comunidades es que harán un desplazamiento masivo para que sus peticiones sean atendidas por la institucionalidad. En consecuencia, llamamos al Gobierno Nacional, al departamental y al municipal para que actúen en beneficio de las familias. Es obligación del Estado atender sus reclamos y buscar las soluciones”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

 

El defensor hace un llamado a las autoridades del municipio y del departamento de Córdoba para que se preparen ante un posible desplazamiento masivo de estas comunidades. Así mismo, llama al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el posible escenario de desplazamiento.

“A la Secretaría de Salud del departamento le solicitamos estar preparadas para atender hechos que puedan afectar a la población de Boca del Manso y de las demás veredas derivados de las dinámicas propias de un desplazamiento masivo”, indicó el Defensor del Pueblo.

Habitantes del corregimiento de Berástegui, Córdoba bloquearon la vía de acceso

Las inundaciones producto de las fuertes lluvias en el corregimiento de Berástegui, jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba terminaron por desesperar a la población de este territorio, quienes bloquearon la vía principal en señal de protesta.

Personas de la comunidad y líderes sociales argumentaron que llevaron a cabo el bloqueo debido a que las lluvias de las últimas horas inundaron decenas de casas, por lo que pedían ayuda inmediata de parte de las autoridades locales.

 

De acuerdo con los líderes de la protesta, las obras de infraestructura realizadas por una empresa sería la causa de estas inundaciones.

La mediación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo permitió el desbloqueo de la vía y se acordó que dentro de ocho días se llevará a cabo una reunión en la Alcaldía de Ciénaga de Oro para dar seguimiento a los acuerdos.

Tres muertos en una nueva masacre

 

Tres personas han sido secuestradas y asesinadas en el municipio de San José de Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte  de Santander, en la que sería la masacre número 55 en lo que va de año, según el recuento del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz  (Indepaz).

 

Las victimas han sido identificadas como Juan Gabriel Duarte, Jimmy Geovanni Vargas y Robinson Mora. Dos de las víctimas fueron interceptadas por hombres armados cuando se desplazaban en un vehículo y poco después fue secuestrado el tercer individuo.

El cuerpo de la primera víctima fue encontrado en la trocha de Los Mangos; el segundo, en la vía de en San Faustino, y el último hombre en Heliópolis, zonas que pertenecen a los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario.

La Defensoría del Pueblo tenía en vigor un alerta que advertía del riesgo persistente y con tendencia a gudizarse por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Indepaz alerta también de la presencia del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras bandas de carácter local.

Mientras, la Defensoría del Pueblo publicó un informe que recoge que al menos 92 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia en los primeros tres meses de 2023.

La cifra incluye a 22 líderes comunales, 20 líderes comunitarios y 16 indígenas y suponen el 63 por ciento de los asesinatos registrados en todo el país.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, ha advertido además que la tendencia podría ir en aumento debido a las elecciones regionales que están previstas para el mes de octubre.

«Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos», ha espetado Camargo.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo contrastan con la del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que en el mismo periodo ha contabilizado 82 defensores asesinados. Según la Defensoría del Pueblo, Colombia sumó 215 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en el 2022.

 

ELN deja en libertad a la sargento Karina Ramírez

Foto suministrada

El Ejército de Liberación Nacional (Eln), dejó en libertad a la sargento segunda Karina Ramírez, y de sus dos hijos- ellos, secuestrados en la vía que conduce de Fortul al municipio de Arauca.

 

La guerrilla entregó a la mujer y a sus dos hijos una comisión de la iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.

El secuestro fue confirmado por el Ejército Nacional, quien dijo además que se presentó la noche del pasado lunes festivo 3 de julio.

La sargento es miembro de la familia de un oficial perteneciente a la Fuerza de Tarea Quirón de la Octava División del Ejército Nacional.

Nota relacionada: “El ELN debe demostrar voluntad de paz”: Carlos Ardila

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ELN libera a 5 personas secuestradas

Foto: Defensoría del Pueblo

Los 5 funcionarios de la alcladía de Santa Rosa del sur que se encontraban en poder del ELN, acabaron de ser entregados a una comisión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo Regional del Magdalena Medio.

 

Los liberados son Bladimir Díaz Ravelo, secretario de Movilidad municipal; Anyi Lorena Roa, pasante de Comunicación Social, y los agentes de Tránsito, Arnold Delgado Quitian, Dany Tuesta Reyes y Andrey Martínez.

El secretario de Movilidad del municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, Bladimir Ravelo, agradeció a la Defensoría del Pueblo y a la iglesia católica por el corredor humanitario y toda la gestión realizada.

 

Van más de 18 mil desplazados en los primeros seis meses de 2023: Defensoría

 

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que en lo que va de año 18.755 personas han tenido que desplazarse de sus casas por culpa de la presencia de grupos armados ilegales.

 

Estos datos los ha dado a conocer durante la presentación del informe ‘El Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022’, documento que detalla el número y la localización de los confinamientos, los desplazamientos y riesgos..

Además, 103 comunidades han sido obligadas a confinarse a nivel nacional, lo que equivale a 5.825 familias, siendo el Chocó el departamento más afectado que ha registrado el 79 por ciento del total total de este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades.

«Es urgente advertir que las comunidades prefieren confinarse a desplazarse, y la razón es que la atención de emergencia que brinda el Estado no es buena y no se entrega de manera oportuna», ha explicado Camargo.

El informe asegura que las principales causas del confinamiento estuvieron relacionadas con el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, con 47 eventos; enfrentamientos, 32; amenazas, siete, y finalmente, un evento debido a un paro armado.

«Las comunidades se ven obligadas a permanecer prácticamente secuestradas en sus territorios, al quedar en medio de los enfrentamientos de grupos armados ilegales, que son los causantes de los riesgos, las amenazas y señalamientos», ha denunciado.

Con estas cifras el Defensor del Pueblo ha querido llamar la atención del Gobierno Nacional sobre el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos de sus territorios, a causa de las amenazas de los grupos armados ilegales.

«Estas son las cifras frías que debemos entregar y con las que esperamos llamar la atención de las autoridades del Estado para no permitir que eventos como el confinamiento se vuelvan paisaje, sin que el Estado atienda de manera oportuna y eficaz las vulneraciones contra las comunidades», ha zanjado Camargo.

 

Alerta de la Defensoría en cuatro municipios del Atlántico

La Defensoría del Pueblo dio a conocer una nueva Alerta Temprana para el departamento del Atlántico que involucra a Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.

El Ministerio Público lanzó la advertencia a las autoridades municipales y del departamento porque de acuerdo al seguimiento que ha realizado la entidad, «en estos territorios se ha evidenciado un “escalamiento” de las acciones de estructuras del crimen organizado y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo)».

 

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que la aparición de organizaciones como Los Papalópez, Los Vega, Los Pepes y Rastrojos Caleños, se han sumado  a antiguas estructuras como Los Costeños y Los Rastrojos, protagonizando hechos como masacres, asesinatos selectivos, extorsiones, amenazas y desplazamientos internos.

La Alerta Temprana indica que en el primer trimestre del año se han presentado 201 casos, que representan un aumento del 14 % en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se presentaron 171 homicidios y del 43 % frente a 2021 (140 homicidios).

 

ELN libera a menor de edad secuestrado

A una comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, fue entregado el menor de edad, Brayan Camilo Carrillo Flórez, que estuvo en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así lo dio a conocer el Frente de Guerra Oriental del ELN en un comunicado público.

 

El joven de 17 años, habría sido retenido cerca a Panamá de Arauca el pasado 6 de mayo por integrantes del Ejército de Liberación Nacional, quienes lo sindican de pertenecer a las disidencias de las Farc.

Se informó que el joven de 17 años, está en buenas condiciones de salud, quien será puesto a disposición del ICBF para restablecer sus derechos y entrega a sus familiares.

Grupo ilegal libera un trabajador de una empresa de energía

La Defensoría del Pueblo de Colombia reportó la liberación de Camilo Marín González, un contratista de la empresa de energía Celsia que había sido secuestrado el pasado 15 de febrero en zona rural de Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca.

Marín fue entregado en las últimas horas a una comisión de la Defensoría del Pueblo.

 

«Desde el momento en que nos enteramos del secuestro se activaron todos los protocolos de articulación interinstitucional para garantizar el retorno de Camilo, situación que se generó gracias al trabajo conjunto con el alto consejero para la Paz, al cual le agradecemos su gestión de diálogo para que una misión se desplazara y retornara Camilo al municipio de Jamundí», explicó el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez.

Ramírez ha explicado que el contratista ha recibido  atención médica para verificar que se encontraba en buenas condiciones de salud antes de su regreso a su hogar.

Marín estaba retenido por la disidencia columna Jaime Martínez, según Ramírez, que ha realizado por ello un llamamiento a respetar a la población civil dirigido a los grupos adheridos a la denominada paz total que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Defensoría advierte sobre alianzas entre el Clan del Golfo y grupos delincuenciales en el Tolima

La última alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo advierte sobre alianzas entre Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC- Clan del Golfo) y grupos delincuenciales para controlar las actividades ilícitas de los municipios de norte del Tolima y así recobrar el corredor estratégico que conecta el centro del país con el oriente caldense y antioqueño, y hacia el Magdalena Medio.

De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, las AGC están contratando a pequeños grupos delincuenciales para cometer acciones violentas o delictivas, en este caso, en zonas rurales y urbanas de Armero Guayabal, Ambalema, Honda, Mariquita y Lérida.

 

Los principales hechos denunciados han sido: atentados contra la vida e integridad personal, amenazas y otros métodos para generar terror en la población y el uso y utilización de adolescentes y jóvenes.

Los grupos poblacionales que están en mayor riesgo son precisamente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; luego estudiantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, comerciantes, funcionarios públicos y miembros de Juntas de Acción Comunal.

“El escenario de riesgo está ligado a los antecedentes de violencia y conflicto armado, así como también a las dinámicas de criminalidad urbanas dada la posición geográfica. Esta situación se puede tratar de un proceso de fortalecimiento, el cual ha venido tomando fuerza en diferentes zonas del país por parte de estructuras posdesmovilizadas del paramilitarismo. Estos hechos se han informado en algunas alertas tempranas ya emitidas por la Defensoría del Pueblo”, explicó el Defensor del Pueblo.

Defensor del Pueblo pide al Gobierno Nacional los protocolos del cese al fuego bilateral

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dio a conocer la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en donde pone en evidencia 6 acciones armadas protagonizadas por los actores armados ilegales que aceptaron ser parte del cese al fuego bilateral.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “estos hechos habrían involucrado a facciones disidentes de las antiguas Farc-EP adscritas al Comando Coordinador de Occidente, macroestructura que se presume parte del denominado ‘Estado Mayor Central’ y en un evento, a miembros de la fuerza pública”.

 

informó que los casos tuvieron lugar en la zona costera de Valle del Cauca, norte y sur del Cauca.

“Vale destacar que las zonas de ocurrencia de estos eventos cuentan con Alertas Tempranas activas y en proceso de seguimiento. En varias de ellas se ha advertido la ocurrencia de acciones bélicas que, al desarrollarse cerca de los lugares que habita la población civil, pueden implicar efectos indiscriminados sobre sus vidas o bienes”, recalcó Carlos Camargo.

El 3 de enero se registró un hostigamiento contra la estación de Policía de Suárez (norte del Cauca), donde opera el Comando Coordinador de Occidente del Frente Jaime Martínez.

El 4 de enero, integrantes de la Armada Nacional, en el marco de sus labores de patrullaje, habrían realizado disparos de advertencia contra grupos armados ilegales en la comunidad de Primavera, en zona rural de Buenaventura. En ese sector opera el Frente Jaime Martínez del comando coordinador de Occidente y el ELN.

El 9 de enero se presentó un hostigamiento contra las estaciones de Policía de Corinto en el departamento del Cauca. Allí opera el Comando Coordinador de Occidente, Columna Móvil Dagoberto Ramos.

Aunque los dos hostigamientos no generaron afectaciones directas contra la población civil, sí constituye un riesgo para la ciudadanía por estar ubicados en zonas urbanas.

El Ministerio Público dijo además que el 9 de enero se detectó un artefacto explosivo en el corregimiento La Toma, vereda Yolombó, del municipio de Suárez (Cauca), en la ruta que tenía prevista transitar el esquema de seguridad de la vicepresidenta de la República. Aunque el hecho no ha sido adjudicado a ningún grupo armado, en la zona tiene presencia el frente Jaime Martínez.

También advirtió lo sucedido el 11 de enero, en el municipio Patía (Cauca), donde habría sido retenido el sargento segundo del Ejército Juan  Gabriel Chicanoi, quien para el momento de los hechos estaba de permiso. Y dijo además que el 15 de enero se reportó la retención de 3 soldados profesionales que se encontraban en viajando en transporte público sobre la ruta alterna (derrumbe en Panamericana-Rosas) en el sector conocido como El Hoyo (municipio de Patía).

Vale destacar que el 18 de enero, el Frente Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente de las Farc, entregó los 4 militares a una comisión humanitaria.

Finalmente, el Defensor del Pueblo les recordó a los grupos armados que “un compromiso con la paz total requiere de un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos”. Al Gobierno Nacional por su parte le reiteró la necesidad de que expida los protocolos donde se establezcan todos los detalles relacionados con el proceso de monitoreo y verificación.

En 2022 fueron asesinados 215 líderes sociales

La Defensoría del Pueblo  ha contabilizado un total de 215 homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2022, lo que supone un notable incremento con respecto a los 145 del año anterior.

Este es el año con el mayor número de homicidios desde el año 2016, cuando se puso en marcha el registro sistemático de estos ataques a través del Sistema de Alertas Tempranas. Desde esa fecha han sido asesinados un total de 1.113 líderes sociales: 133 en 2016, 126 en 2017, 178 en 2018, 138 en 2020 y 145 en 2021, según datos oficiales.

 

Los asesinatos en 2022 se concentraron en Nariño (35 casos), Cauca (26), Antioquia (22), Putumayo (22), Valle del Cauca (12), Bolívar (11), Norte de Santander (9) y Chocó y Tolima con 7 casos cada uno.

En estas regiones son en las que tienen más presencia de grupos armados, por lo que, según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, habrá avances cuando se logre la Paz Total.

«Se esperaría que los diálogos con el ELN y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales signifique también una disminución de las acciones contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional y se ponga fin a esta situación»..

Por atribuciones de las víctimas, los más afectados son los liderazgos comunales (63 asesinatos), líderes indígenas (47), comunitarios (36), campesinos o líderes agrarios (18), afrodescendientes (12), sindicalistas (8), activistas de Derechos Humanos (7), culturales o deportivos (5), líderes de población con orientación sexual e identidad de género diversas (4) y servidores públicos (3).