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La construcción de un Frente Amplio creíble exige tanto contenidos programáticos como reglas de juego internas que permitan sostener la gobernabilidad colectiva. No basta con acordar plataformas de gobierno. Es imprescindible pactar públicamente la existencia de mecanismos de consulta interna y de gobernabilidad democrática que obliguen a quien sea elegido o elegida presidente a responder al colectivo. Sin esos acuerdos previos la unidad corre el riesgo de transformarse en una maquinaria que concentra poder, reproduce liderazgos unipersonales y traiciona la promesa de democracia profunda.

Un pacto público sobre gobernabilidad colectiva cumple funciones esenciales. Protege la coherencia política del proyecto al garantizar que las decisiones centrales se adopten con deliberación y no por decreto personal. Genera confianza social porque la ciudadanía puede verificar que hay rendición de cuentas y contrapesos internos. Reduce la posibilidad de captura por clientelismos y la peligrosa tendencia al personalismo que ha fracturado tantas experiencias progresistas en la región.

Ese pacto debe formalizar un mecanismo permanente de consulta interna que sirva para definir la hoja de ruta programática y las grandes decisiones de gobierno. Dicha consulta debe ser vinculante para las principales opciones de política pública que afectan derechos y recursos. Las personas electa debe asumir por escrito y de forma pública compromisos claros de colegiación en el ejercicio del gobierno y el legislativo, aceptar someter a instancias del Frente las decisiones de alto impacto político, presupuestal, social y territorial, y respetar límites frente al liderazgo unipersonal.

Además de la consulta vinculante son necesarias instancias de gobernabilidad colegiada con representación territorial y social que actúen como espacios de deliberación y control político. Estas instancias deben poder emitir recomendaciones públicas, convocar debates obligatorios sobre asuntos clave y supervisar criterios objetivos para nombramientos. Evitar la práctica de designaciones discrecionales que consolidan clientelas y fracturan la alianza es una condición ética y política que fortalece la credibilidad del Frente.

La transparencia y la rendición periódica de cuentas tienen que ser la norma. Informes públicos, comparecencias regulares y auditorías ciudadanas no son gestos ceremoniales, son herramientas para sujetar al poder a la deliberación. Igualmente necesarias son reglas operativas para la resolución de conflictos internos que privilegien la mediación, el cumplimiento de acuerdos y, en casos extremos, mecanismos de revocatoria interna que permitan al colectivo corregir rumbos sin expulsar la política del debate.

Estos acuerdos reducen la posibilidad de lo que algunos llaman mesianismo y otras formas de liderazgo carismático que eclipsan la deliberación. No se trata de debilitar la figura presidencial en caso de victoria, o la figura del congresista, sino de institucionalizar la corresponsabilidad. Un gobierno coherente con la promesa de paz y justicia social necesita una arquitectura de poder que lo haga resistente a tendencias autoritarias y que mantenga el vínculo con los territorios.

El logro democrático de una bancada parlamentaria mayoritaria es otra pieza decisiva dentro de esta estrategia. Una bancada cohesionada tiene la responsabilidad de tutelar los compromisos del Frente, de convertir las decisiones colectivas en proyectos legislativos y de blindar los recursos para las políticas de paz y desarrollo territorial. Para que esta bancada cumpla su función es imprescindible que rija por reglas internas públicas que privilegien la deliberación, la transparencia y la rendición de cuentas ante las instancias del Frente y ante la ciudadanía.

La política de los próximos años debe complementar el trabajo legislativo con espacios de diálogo social y acuerdos multisectoriales que convoquen a sindicatos, organizaciones sociales, gremios, comunidades étnicas y gobiernos locales. Estos espacios de diálogo permiten dirimir tensiones con legitimidad social, facilitar consensos de largo plazo y dotar de respaldo popular a las grandes reformas. Fortalecer el diálogo social no es debilitar al Congreso, es enriquecer la democracia y crear canales que acerquen las decisiones al territorio y a la vida cotidiana de la gente.

Evitar el protagonismo vacío exige una cultura política orientada por reglas y prácticas. Publicar criterios de selección para cargos de confianza, vincular designaciones a mérito y representación, y comprometerse a someter decisiones de alto impacto a procesos de consulta son medidas que protegen al Frente de los personalismos. La bancada debe invertir en fortalecimiento colectivo, capacitación política y en la conexión permanente con las bases territoriales. Hacer público el pacto desde el inicio evita rupturas posteriores y convierte la gobernabilidad en un activo colectivo. La colegiación no puede devenir en club de intereses, en el rencauche del llamado centralismo democrático, ni en excusa para la parálisis. Los procedimientos de control deben ser ágiles y deliberativos a la vez.

Unitarios y sus aliados tienen la oportunidad de convertir la prioridad por la paz y la justicia social en una práctica democrática ejemplar si pactan públicamente cómo van a gobernar internamente. Ese pacto debe incluir mecanismos vinculantes de consulta, órganos de gobernabilidad colegiada y el compromiso expreso de la persona elegida a cualquier cargo, a responder al colectivo.

Si la convergencia asume este compromiso con seriedad estará dando un paso político que trasciende el corto plazo. No solo aumentará la probabilidad de implementar reformas profundas, sino que también demostrará que es posible gobernar sin sacrificar la deliberación y la participación. La ciudadanía exige coherencia entre el discurso y la práctica. Pactar la gobernabilidad democrática es la mejor manera de honrar esa expectativa y de convertir la esperanza en capacidad de transformación duradera.

Luis Emil Sanabria D