Un informe elaborado por la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) y que será publicado este lunes señala a las fuerzas de seguridad de Venezuela de complicidad con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en numerosos abusos contra la población civil en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia.
Según la organización, «múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios», les confirmaron la alianza de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con el grupo guerrillero colombiano y su participación en crímenes, que incluyen asesinatos y desapariciones forzadas.
La investigación incluye visitas a a los departamentos colombianos de Vichada y Arauca en febrero de este año y entrevistas con más de 100 personas, entre ellos desplazados, líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
Según esta ONG, los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera han provocado «un aumento dramático de la violencia» en los primeros meses de 2022, forzando a miles de personas a huir de sus hogares, de acuerdo con el documento.
El corazón de este informe es la violencia que se viene registrando en el marco de los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente -una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y el ELN, que se disputan el control del territorio y el tráfico de droga en el departamento de Arauca y el estado venezolano de Apure.
Comando conjunto de Oriente y ELN
«Los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos», denuncia HRW.
Según Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas en HRW, pese a algunas medidas, «la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente». «Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas», ha apuntado.
En la mayoría de los casos, los grupos armados acusaron a las víctimas de ser cómplices de otros grupos armados como justificación para asesinarlos o perpetrar su desaparición.
Cita el caso, por ejemplo, de dos habitantes de El Ripial, en Venezuela, a los que el ELN y miembros de las FANB acusaron de ser colaboradores del Comando Conjunto de Oriente el pasado 2 de enero.
«El soldado de la FANB acusó a ambos de ser ‘informantes’ del Comando Conjunto de Oriente. Salcedo (nombre cambiado para proteger su identidad) lo negó y los miembros del ELN lo amenazaron de muerte. Salcedo dijo que, cuando los guerrilleros se fueron, vio a través de una rendija en su puerta cómo dos miembros del ELN empujaban a Murillo (el otro acusado), quien estaba atado de pies y manos, al suelo en el patio trasero de Salcedo. Otro testigo le confirmó estos hechos a HRW. Salcedo dijo que un miembro del ELN le disparó dos veces a Murillo y los guerrilleros arrastraron su cuerpo a una camioneta».
Otro testigo ha relatado que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas acusadas de colaborar con las disidencias. «Los militares llegaron junto con los del ELN. Pensé: ‘nos van a matar a todos’. Los militares y miembros del ELN empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se las llevaron amarradas», ha explicado.
Según un tercero testimonio, a su población llegaron una mañana diez hombres armados en motos y camionetas que se identificaron como miembros del ELN y de la fuerza militar venezolana. «Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes», ha aseverado.
Según HRW, la Policía Nacional de Colombia confirmó hace poco la muerte de 103 personas en Arauca entre enero y febrero de este año, la cifra más alta de asesinatos al menos desde el 2010. Si bien algunos de ellos eran miembros de estos grupos, muchos fueron civiles.
Desde que se iniciaron los enfrentamientos, a comienzos de año, al menos 3.860 personas han tenido que huir de sus hogares y más de 3.300 personas han huido de Venezuela hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada.
Reclutamiento forzado
El informe también se da cuenta de numerosos casos de reclutamiento forzoso en ambos lados de la frontera, incluyendo el de menores, y critica al Gobierno por su inconsistencia y falta de recursos para frenar la violencia y atender la crisis humanitaria.
La ONG aclara que si bien intentó obtener la versión del Gobierno venezolano, éste no quiso atender sus solicitudes. HRW presenta, además, una serie de recomendaciones, tanto para el Gobierno colombiano y la Fiscalía como para la comunidad internacional.
A la Misión de Investigación de la ONU le pide incluir estas denuncias sobre complicidad de las fuerzas de seguridad con el ELN como parte de la investigación abierta sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.
Al gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, le sugiere realizar un diagnóstico integral de las necesidades de todas las personas obligadas a huir de Apure que se encuentran en Arauca y Vichada, así como de los desplazados internos, adoptar e implementar un plan integral de respuesta humanitaria que asegure que los venezolanos que lleguen a ambas regiones tengan acceso a asistencia humanitaria básica, y garantizar que las fuerzas de seguridad prioricen la protección de la población, en particular de los desplazados y líderes indígenas y comunitarios.
Asimismo, ha pedido garantizar que los menores de edad estén protegidos contra su reclutamiento y uso por grupos armados en el conflicto y procurar que la Unidad Nacional de Protección, organismo gubernamental encargado de proteger a las personas en situación de riesgo, fortalezca los esquemas de protección para defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, comunidades indígenas y excombatientes de las FARC en Arauca y Vichada.
En el caso de la Fiscalía le piden dar prioridad a las investigaciones sobre abusos cometidos por grupos armados en Arauca, aumentar el número de fiscales e investigadores en la zona e incrementar su capacidad técnica para investigar estos delitos.
