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Etiqueta: Energía

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas: ¿una solución sostenible para Colombia?

Durante las primeras décadas del siglo XX, Colombia recurrió, en la gran mayoría de sus pueblos y ciudades, e incluso en las empresas y fincas productivas, a la generación de energía a través de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), mediante el aprovechamiento de caídas de agua. Nuestra topografía patria, en gran parte de su territorio, favorecía y aún favorece este amigable, sostenible y sustentable medio de producción energética. Esta práctica cayó en desuso durante la década de los 70, cuando se impusieron los grandes embalses.

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente provenientes de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), han llevado a un aumento sin precedentes de la temperatura global. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), para limitar el calentamiento global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, es crucial reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente un 45% para 2030, en comparación con los niveles de 2010, y alcanzar emisiones netas de cero para 2050. Es decir, aunque parece imposible de lograr, todavía la humanidad está a tiempo de revertir los impactos del uso de combustibles fósiles y evitar su posible extinción.

 

Colombia, a pesar de ser un país con una baja contribución a las emisiones globales de GEI (menos del 0.5%), ha sido proactiva en sus compromisos climáticos. La instalación de PCH representa una estrategia eficaz para disminuir la dependencia de los hidrocarburos, que aún representan una parte significativa de la matriz energética del país. Según el Ministerio de Minas y Energía, en 2019, el 65% de la energía eléctrica de Colombia provenía de fuentes hidroeléctricas, mientras que el restante 35% provenía de fuentes térmicas (cuyo principal combustible es el carbón) y renovables no convencionales (paneles solares, proyectos eólicos, etc.). Incrementar la proporción de energía hidroeléctrica mediante PCH puede contribuir significativamente a una reducción adicional de las emisiones de GEI.

La preocupación por el fuerte impacto ambiental de las grandes represas ha llevado a un creciente interés en las pequeñas centrales hidroeléctricas, que pueden operar con un menor impacto ecológico. Las PCH, a diferencia de las grandes infraestructuras hidroeléctricas, no requieren la construcción de grandes embalses que alteran drásticamente los ecosistemas fluviales. En lugar de ello, las PCH utilizan el flujo natural del río, minimizando la alteración del hábitat acuático y terrestre. Un impacto que puede ser balanceado si las empresas generadoras de energía realizan un mayor esfuerzo en términos de mitigación y de responsabilidad social empresarial.

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia destaca que las PCH pueden integrarse de manera más armónica con el medio ambiente, preservando la biodiversidad y garantizando el flujo ecológico necesario para la salud de los ecosistemas fluviales. Además, la regulación de caudales y la implementación de tecnologías de paso de peces son medidas que pueden adoptarse para mitigar aún más los impactos ambientales.

La instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas también puede ser un motor para el desarrollo tecnológico y la innovación en Colombia, pues no solo requieren ingeniería avanzada y soluciones tecnológicas adaptadas a las características específicas de cada ubicación, sino que también pueden ofrecer, reconociendo los derechos de los ríos y por supuesto de las comunidades como cuidadoras del agua o como habitantes de zonas de influencia de los ríos, oportunidades de fortalecimiento de las capacidades locales para generar ingresos sostenibles mediante proyectos económicos de carácter social en donde la misma empresa sea un acompañante decisivo, en términos económicos, tecnológicos y de mercadeo. Un gana-gana para el país, para la comunidad y para el sector privado que puede traducirse en un impulso significativo para la economía local y nacional.

Con algunos cambios normativos y tecnológicos, el desarrollo de PCH también puede asumir un fuerte componente social, posibilitando el desarrollo de otras fuentes energéticas alternativas a nivel rural, como los paneles solares y la electrificación de zonas rurales remotas. Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), aproximadamente el 5% de la población colombiana no tiene acceso a electricidad. Las PCH pueden ser una solución eficiente y sostenible para cerrar esta brecha, facilitando la implementación de redes de telecomunicaciones. Esto no solo permite una mayor integración de estas comunidades en el tejido social y económico del país, sino que también abre nuevas oportunidades en educación, salud y comercio.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resalta que el acceso a la electricidad y a las telecomunicaciones en zonas rurales es crucial para el desarrollo socioeconómico. No podrá haber una Reforma Rural Integral sin el acceso adecuado a la energía a nivel rural. La electrificación permite el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que son herramientas poderosas para la educación a distancia, la telemedicina y la promoción de pequeñas y medianas empresas.

Departamentos como Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, Cesar y Santander pueden convertirse en grandes generadores de energías limpias mediante este sistema. Las comunidades pueden tener un impacto positivo en su autonomía y fortalecimiento, los entes territoriales pueden recibir una no despreciable inyección de capital mediante las regalías, y el planeta podrá respirar un poco más si somos capaces de generar concertadamente, acudiendo al poder soberano del pueblo, acuerdos que beneficien a toda la sociedad.

La generación de energía debe ser democratizada, superando los monopolios reinantes en manos de Isagen, EPM, la Empresa de Energía de Bogotá, entre otros pocos, reduciendo vía competitividad y regulación los precios descomunales que este infortunado monopolio impone. Se podría pensar nuevamente en instalar PCH mediante alianzas público-privadas, en donde las asociaciones de municipios y las empresas criollas se conviertan en aliados estratégicos para generar la energía que su propio territorio requiere. La instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas en Colombia representa una solución integral a varios de los desafíos contemporáneos más apremiantes y el retorno de la soberanía que en esta materia se requiere para planificar acertadamente el territorio.

Tenemos la oportunidad de ser líderes regionales en la adopción de energías renovables a pequeña escala. Es fundamental que los gobiernos, motivados por un fuerte compromiso social, y el sector privado responsable socialmente a través de programas que hagan posible que los beneficios económicos de la actividad también lleguen a las comunidades, y una comunidad más proactiva y vigilante, trabajen juntos para impulsar esta transición energética, asegurando un futuro más sostenible y equitativo para todos los y las colombianas.

Luis Emil Sanabria D

El alcalde Galán y el ministro de Minas y Energía dialogaron sobre la energía para Bogotá

Este lunes el alcalde Carlos Fernando Galán junto con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho se reunieron para hablar de diversos temas relacionados con la demanda y la infraestructura energética para Bogotá.

“Tuvimos una conversación muy productiva y positiva con el ministro Andrés sobre los retos energéticos para Bogotá, lo que estamos viviendo en este momento. Vamos a articularnos para trabajar de arranque en unas campañas de ahorro de energía para enfrentar la situación que tenemos” explicó al término de la reunión el alcalde Carlos Fernando Galán.

 

Así mismo el mandatario señaló: “hablamos de lo que viene en los próximos meses y próximos años. Ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto desde el Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital, el Grupo Energía de Bogotá y las comunidades. Vamos a articularnos bien para que entre todos logremos sacar los proyectos que necesita Bogotá para garantizar la transmisión de energía”.

El Alcalde Mayor explicó la necesidad de incorporar en el Plan Distrital de Desarrollo herramientas que en cierta forma dialoguen con la puesta nacional de transición energética “Estamos de acuerdo en avanzar en ese sentido en que Bogotá sea cada vez más eficiente en materia eléctrica. Ahí tendremos unas grandes oportunidades para Bogotá para el transporte masivo de energía”, sostuvo el mandatario.

A su turno el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho aseguró que “vamos a instalar una mesa de trabajo conjunta con la Alcaldía de Bogotá para hablar de transición energética justo en esta contingencia que estamos superando con el concurso de todas y de todos de la fase final del Fenómeno del Niño pero que no se queden en medidas coyunturales sino que podamos mantenerlas en el tiempo y por supuesto también otras medidas que podamos desarrollar con programas de profundidad sobre la transición energética justa que ha propuesto el gobierno nacional y que vamos a trabajar conjuntamente”.

Alerta por un inminente apagón en el alumbrado público en tres departamentos

La Asociación Nacional de Ciudades Inteligentes e Iluminación – ANAP, emitió una alerta que se suma a la preocupación por la crisis que hoy enfrentan varias ciudades del país por cuenta de los niveles bajos de los embalses, responsables de los actuales racionamientos de agua.

De acuerdo con el gremio, existe el riesgo de un apagón del alumbrado público en tres Departamentos; La Guajira, Magdalena y Atlántico.

 

Este hecho se da por cuenta de la apropiación indebida de los impuestos de alumbrado público del comercializador de energía eléctrica en estas zonas del territorio nacional, que al parecer con el beneplácito del Gobierno Nacional participan sistemáticamente de la omisión de la vigilancia y control

«Por lo anterior, queremos anunciar denuncia penal en contra de los presuntos responsables del delito de agente recaudador en concurso con una eventual apropiación de recursos del impuesto de alumbrado público, cuya causa se deriva de los autodescuentos no permitidos que se estarían realizando sobre el componente del suministro de energía con destino a esto servicio» confirmó, Armando Gutiérrez, Director Ejecutivo de ANAP.

Y no menos preocupante se hace indispensable insistir en la improcedencia del proyecto de decreto del Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Minas y Energías, que estaría formulando erróneamente la supuesta disminución de la tarifa del servicio de energía suprimiendo el cobro de alumbrado público. De persistir en esta iniciativa Colombia en todo su territorio se verá evocada a vivir un apagón generalizado tal como sucedió en Venezuela, donde tuvieron que reversar las medidas que hoy se pretenden implementar en el país.

«Finalmente, queremos invitar al gobierno del cambio para llevar a cabo mesas de trabajo conjuntas y abordar esta problemática en los mejores términos», concluyó Gutiérrez.

Bogotá tendrá racionamiento de agua por bajo nivel de los embalses

La capital del país tendrá racionamientos de agua a partir de la próxima semana por los bajos niveles que presentan los diferentes embalses.

De acuerdo con el alcalde, Carlos Fernando Galán, el lunes se anunciarán las medidas que tomará la administración para iniciar las jornadas de ahorro de agua durante los siete días de la semana.

 

Los embalses que presentan los niveles más críticos son Chisacá 49,4%; Regadera 30,57%; Chuza 15,41%; San Rafael 1,75%.

Alcalde de Bogotá advierte sobre una posible crisis de energía en la capital del país

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alertó a la ciudadanía por un posible apagón que se podría presentar en la capital del país en uno o dos años sí no se actualiza el sistema de interconexión eléctrica.

Dijo el mandatario de la ciudad capital que, aunque la energía que se genera en los embalses es suficiente en principio en el país, los canales de transmisión donde se emite la energía para Bogotá son insuficientes y que es necesario realizar una pronta intervención.

 

“Los canales de transmisión de donde se genera la energía a Bogotá son insuficientes. Entonces, si no se hace algo vamos a tener crisis grave en uno o dos años, de eso no se está hablando tanto”, advirtió el alcalde Galán.

El burgomaestre hace un llamado al Gobierno Nacional para encontrar salidas a esta posible crisis energética que se podría presentar no solo en Bogotá sino además en Cundinamarca.

La Costa y sus costos de energía

Cuando hablamos de precios e impacto en las tarifas de energía y que han sido tema de conversación todo el año para el sector y los usuarios, siendo Sincelejo, Montería, Valledupar y Cartagena las ciudades que mayor variación anual en el servicio de energía tienen, nos lleva a analizar la problemática en la Costa Caribe.

Son tres los aspectos que han impactado las tarifas de energía:

 

1.            La estructura tarifaria: tiene funcionalidad desde el año de 1994 a través de la ley 194, y si observamos el artículo 87 pretende que, con las tarifas se garantice la suficiencia financiera para las compañías, es decir que el beneficio costo no se vea afectado y siempre se cuente con una tasa de rentabilidad.

En ese entendido, cada uno de los componentes que hacen posible que el servicio este en nuestros hogares, esté por encima del 12% esta rentabilidad, haciendo de este uno de los más altos en el mundo y a diferencia de la unión europea que se ubica en 5,8%.

2.            Desde el pasado gobierno, se generó un régimen especial tarifario para la costa, teniendo en cuenta las perdidas eléctricas, hurtos y fraudes, que, al trasladarse al usuario final, ha impactado en más de 130 pesos el Kilovatio (kWh) por persona, con un agravante de cobro por inversiones futuras anticipadamente.

3.            La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), aprobó al finalizar el año pasado, la resolución 101028, para generar un nuevo aumento tarifario o mejor, una recuperación tarifaria a través del costo de opción tarifaria, el cual fue financiado en pandemia e inicio su recuperación durante 120 meses, es decir 10 años.

En cualquiera de estos casos, ya que hablamos de normatividad, podría aplicarse el artículo 126 de la ley 142 de 1994 y que menciona, que cuando una norma tarifaria golpea a la mayoría de la población se debe modificar por parte de la Creg de manera inmediata o a petición de parte. En la costa, si sumamos el costo de opción tarifaria (COT) mas el costo unitario (CU), el valor es superior a los 1000 pesos.

La cumbre generada en el Palacio de Nariño el mes pasado sobre el impacto de los servicios públicos en la costa, ha dado algunos frutos de forma, pero no de fondo:

El primero fue el estudio de la rebaja y precio en las tarifas de energía (siendo la más costosa el componente de generación eléctrica) adicional, la omisión de tarifas de monopolio; el segundo lugar y a largo plazo, encontramos el impulso de las comunidades energéticas junto a la reunión de los parlamentarios y diferentes sectores para analizar la situación, recordemos que días atrás hubo un llamado por varios congresistas aludiendo la frase “O comemos o pagamos la luz”; y el tercero, la opción tarifaria y normatividad vigente que no se discutió y se propuso una nueva fecha, el pasado 9 de Marzo en Sincelejo.

En esta cumbre, con los gobernadores de Sucre, Córdoba y Atlántico se plantearon medidas como:

–              Excluir de la facturación los cobros excepcionales como perdidas y opción tarifaria.

–              Modificar limites de consumo de subsistencia por debajo de 340 mts a partir del próximo mes, incluyendo los estratos 1,2 y 3.

–              Proyectos de energías renovables (construcción de granjas solares), comunidades energéticas y que el gobierno ofrezca mayor participación accionaria de Gecelca y Urrá.

–              Participación diferencial en los departamentos que les permita trasladar las utilidades a los estratos 1 y 2.

Al final de todo, el gobierno dejo un billón sobre la mesa, que se destinaran en proyectos con comunidades y hogares energéticamente sostenibles… por lo demás, seguramente continúen pagado la injusta alza.

Les doy moral, se viene el fenómeno de la niña, y las lluvias pueden influir en la reducción de precios mientras se sigue el debate de las costosas y monopólicas tarifas de energía.

Iván Santisteban

De vuelta la interinidad de la CREG

La Comisión de Regulación de energía y gas (CREG) ha venido dando tumbos, zarandeada por decisiones desatinadas que han venido prolongando su interinidad, entorpeciendo su normal funcionamiento. Como se recordará, el presidente Petro intentó, sin éxito, hacerse a las competencias propias de la CREG mediante la expedición del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, a lo cual se interpuso el Consejo de Estado dejándola sin efecto, a través de un fallo en respuesta a la demanda del mismo. .

Se procedió, entonces, a designar los expertos comisionados ante las vacantes que generó la decisión del Consejo de Estado al declarar la nulidad del nombramiento de varios de ellos por parte del Presidente Duque. Pero dichos nombramientos no lo fueron en propiedad sino en calidad de encargados, a contrapelo de lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que les establece un periodo fijo de 4 años, para así garantizar la independencia administrativa que le atribuye a la CREG el artículo 69 de la misma.

 

Esta interinidad de la CREG llegó al extremo de tornarla inoperante, a tal punto que el 5 de octubre del año anterior, al vencerse los términos del encargo de los expertos comisionados encargados, se quedó sin quorum para decidir, conduciendo inexorablemente a un apagón regulatorio.

Tuvo que intervenir la Procuradora general Margarita Cabello, quien mediante Oficio 678 del 10 de octubre pasado, le requirió al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho proveer las plazas de los expertos comisionados, el cual tuvo por respuesta el nombramiento de 4 de los 6 expertos comisionados, pero solo uno de ellos (Omar Fredy Prías) en propiedad.

Tan anómala situación llevó al Tribunal administrativo de Cundinamarca el 25 de enero de este año a ordenarle al Presidente Petro que “dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la Sentencia se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la CREG con 6 expertos en asuntos energéticos DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, nombrados por el Presidente de la República PARA PERÍODOS DE 4 AÑOS”.

A pocos días de cumplirse el plazo perentorio establecido por el Tribunal de Cundinamarca para el cumplimiento de su Sentencia, en lugar de su cumplimiento el Gobierno la recurrió ante el Consejo de Estado. Entre tanto,

se les venció el encargo de los tres comisionados designados en tal calidad, sin abandonar su vinculación laboral con la UPME y con el Despacho del Ministro (José Medardo Prieto, Antonio Jiménez y Manuel Peña Suárez) volvió a quedar la CREG en interinidad y sin quorum para tomar decisiones, ya que para ello se requiere contar con al menos 4 de los 6 expertos comisionados que la integran. Y ello, en momentos de alta tensión del sector eléctrico por cuenta de la severidad del fenómeno de El Niño que ha venido afectando los embalses de las hidroeléctricas cuyo agregado a la fecha está en un 46,7% y el crecimiento de la demanda de energía registra un preocupante 7.8%!

Esto es inaudito y es una pésima señal a los agentes de la cadena del Sistema, cuando más se requiere inspirarles confianza y garantizarles mayor seguridad jurídica, que se ha visto conturbada en estos días por la propuesta contemplada en el anunciado proyecto de ley que presentará el Gobierno para su trámite en el Congreso de la República para reformar la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, mediante el cual se le atribuirían al Presidente de la República las funciones y competencias que hoy están en cabeza de la CREG y de la Comisión de regulación de agua potable (CRA).

En el artículo 40 del borrador del proyecto se propone un cambio drástico en materia regulatoria, al establecer que “la regulación de los servicios públicos estará a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley o delegarla en las comisiones de regulación”. Y para que no quede duda sobre las intenciones del Gobierno, se prevé en el artículo 131 del mismo que las funciones delegadas en la CREG podrán ser ejercidas si y sólo sí el Presidente de la República así lo dispone, “de lo contrario, dichas funciones deberán ser ejercidas directamente por el Presidente”. Más claro no canta un gallo!

Su sólo anuncio ha causado escozor y está minando la confianza entre los inversionistas por los temores a los cambios en volandas de las reglas de juego que han regido con éxito la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ininterrumpidamente, durante tres décadas. Y de contera, al pretender darle a la Superintendencia de servicios públicos poderes discrecionales y funciones jurisdiccionales, ello puede dar pábulo al abuso y a la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y competencias.

Amylkar D. Acosta Medina

El presidente no puede regular los precios de energía

Si bien es cierto que se debe hacer un control político y reformar el monopolio que se tiene en los servicios públicos, darle alcance al presidente que lo haga de manera directa no soluciona nada de fondo, al contrario, el valor político del privado en las campañas políticas pasaría a hacerse de manera directa y a dedo sin contemplar elementos técnicos, económicos y sociales.

El borrador menciona que “El presidente podría regular directamente los servicios públicos o delegar esa responsabilidad a las comisiones de regulación” actualmente, el presidente no tiene la capacidad de hacer una regulación específica.

 

Lo que, si el presidente debiera asumir, es señalar toda la política general delegada a la Creg, no de carácter regulatorio, pues ningún presidente lo ha hecho, y también podría tomar la ocupación al señalar políticas generales de administración y control de los servicios públicos, la cual fue encargada a la Creg por el decreto 2253 de 1994.

Al hacerlo, lo puede manifestar a través de políticas, fijándole un procedimiento a la Creg y a la Cra (la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico), sobre cómo administrarlo, controlarlo y sin restringirle la autonomía de autoridad tarifaria.

En el artículo 23 de la ley 143, se señala que la Creg es la que debe definir las tarifas a través de unas fórmulas tarifarias complejas, así, el presidente Petro, no puede decirles a los generadores de energía: ahora la generación vale 200 pesos el KW hora mes, porque eso desborda sus facultades, tampoco establecer una metodología tarifaria especifica.

De esta manera el gobierno podría señalar un protocolo, para que se logren tarifas justas y razonables, buscando una estructura real del mercado, viabilizando los costos y rentabilidades desde las comisiones de regulación.

El borrador también menciona sobre la instauración de tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios, y es importante precisar que las alzas de tarifas tampoco son un problema generalizado del país, están especialmente concentradas en la Costa atlántica, donde, de acuerdo con el senador Marcos Pineda para la W, en menos de un año el valor del kilovatio hora aumentó en un 33% y las facturas han visto alzas de hasta un 40%. En otros lugares del país no se ven quejas generalizadas por las tarifas.

Frente a la Creación de empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliario (EICE E.S.P): considero, que el modelo mixto funciona bien, encontrando empresas públicas y privadas que prestan sus servicios, donde el estado está en todo su derecho de regulación y fiscalización que garantice el ejercicio y la operación.  

El volvernos a lo público podría ser un problema, y mirando espejos, podría pasar lo que sucedió en México antes de la reforma constitucional que cambio el modelo, que destinaba gran parte del presupuesto nacional para realizar las inversiones en el sector.

Iván Santisteban

Con proyecto de ley buscan evitar mayores cobros en el servicio de energía

Un proyecto de ley de iniciativa del senador, Antonio José Correa, que es apoyado por colegas de la región Caribe como Karina Espinoza, Laura Fortich, Claudia Pérez, Julio Alberto Elias, Julio Elías Chagui, busca evitar que a los recibos de luz se le cuelguen otro tipo de arandelas, relacionadas con temas de inversión que terminan por incrementar lo que deben pagar los usuarios.

Los congresistas coinciden en que con los recursos provenientes del sistema general de regalías, recursos del sistema general de participaciones, recursos propios o recursos de OCAD PAZ se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en la tarifa.

 

El Senador Antonio Correa en diálogo con varios de los afectados aseguró que el clamor general es que las inversiones no se reflejan en una mejora del servicio, son frecuentes los apagones, las fluctuaciones de voltaje y los daños a electrodomésticos.

“En menos de un año el valor del kilovatio hora aumentó en un 33% y las facturas han visto alzas de hasta un 40%, en Montería por ejemplo tenemos el deshonroso primer lugar en ser la ciudad colombiana con el mayor aumento en las tarifas de energía eléctrica en el último año, es inadmisible que paguemos semejantes tarifas sin recibir al menos un buen servicio”.

En congresista hizo un llamado a las autoridades locales para que promuevan campañas educativas que incentiven el uso responsable de la energía y además pidió a los organismos de control poner el ojo en quienes insisten en robo de energía.

¿Para qué es el parque solar que inauguró Petro en el Cesar?

Con una dimensión equivalente a 552 canchas de futbol el presidente Gustavo Petro inauguró el parque solar en el municipio de La Loma, departamento del Cesar. En medio de este evento el mandatario lanzó la propuesta que los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, por su potencial eólico y calorífico solar, se conviertan en un en un experimento de generación de energías limpias.

En el evento de inauguración del parque, con el que se beneficiaran alrededor de 600 mil personas en los corregimientos de La Loma, y El Potrerillo, esto en el municipio de El Paso, el primer mandatario de los colombianos afirmó; que es necesario aprovechar la crisis del carbón para proyectar la nueva economía regional ya que la gran minería de exportación de carbón es la más vulnerable.

 

Además, explicó, se está creando una conciencia a no comprar carbón y que la sociedad, es más consciente de no seguir consumiendo carbón para no acelerar la extinción de la vida humana.

“Esta región debería ser el primer experimento, no el último. La riqueza de la región, hoy medida por la extracción de petróleo y carbón, que se mide en dólares y no vuelven a la región porque se los lleva el dueño del carbón, se puede convertir en riqueza de la región solo usando el sol”, afirmó Petro Urrego en su discurso.

Así mismo recalco que la empresa productora de energía térmica en La Guajira, Geselca, solo utilizará el sol o el viento en lugar de carbón, y que “toda La Guajira sería 100% una economía descarbonizada”. Además, sostuvo que, La Guajira es el segundo lugar del mundo de tierra continental donde más rápido y permanente fluyen los vientos, y favorece la energía eólica, aclaró.  

También el presidente se refirió al temor en la región si se acaba el carbón, pero subrayó que esta transición se logrará con ayuda del Gobierno Nacional, incluyendo en el diálogo a las empresas carboneras, y sabiendo cómo se va a reconvertir la fuerza de trabajo que actualmente está en las minas de carbón y transformarla fuerza laboral para producir energía limpia.

Para esto se ello se necesita que la industria que trabaja con energía solar tenga un desarrollo más ágil, “Ya estamos haciendo paneles solares, solo que poquitos”. Así mismo impulsar comunidades energéticas y desarrollar el turismo ambiental en el norte del país “mostrándole al mundo cómo es posible salir de un mundo fósil y pasar a un mundo limpio” aseguró el mandatario.

En las 400 hectáreas que conforman el parque Solar de La Loma, se invertirán 126 millones de dólares y se fortalecerá la generación de energías limpias los tres departamentos del norte del país.

La comedia de la CREG en seis actos

Desde el comienzo de la actual administración la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) ha estado en la mira y la ojeriza del Gobierno, atribuyéndole la responsabilidad del alza desmedida de los precios y las tarifas de energía que se ha venido dando sobre todo en los últimos dos años, superando el 20% anual, más del doble de la tasa de inflación. El cuestionamiento a la CREG se extiende la estructura del Sistema energético, que se sustenta en las leyes 142 y 143 de 1994 de servicios públicos y eléctrica, respectivamente. Por ello el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho le dio la bienvenida a “las propuestas, al debate para mejorar el modelo, para superar el neoliberalismo y para garantizar la seguridad energética del país”.

Desde el comienzo de la actual administración la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) ha estado en la mira y la ojeriza del Gobierno, atribuyéndole la responsabilidad del alza desmedida de los precios y las tarifas de energía que se ha venido dando sobre todo en los últimos dos años, superando el 20% anual, más del doble de la tasa de inflación. El cuestionamiento a la CREG se extiende la estructura del Sistema energético, que se sustenta en las leyes 142 y 143 de 1994 de servicios públicos y eléctrica, respectivamente. Por ello el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho le dio la bienvenida a “las propuestas, al debate para mejorar el modelo, para superar el neoliberalismo y para garantizar la seguridad energética del país”2.

 

En este contexto, en lo que va corrido del cuatrienio del presidente Gustavo Petro los tropiezos y desvaríos de la CREG, que es considerada el eje del Sistema y de la institucionalidad del sector, más parece una comedia, que ha puesto en entredicho su funcionamiento, dando señales que afectan la confianza y generan incertidumbre, exponiendo al sector energético a un grave predicamento. Veamos:

Primer acto: finalizando el año 2022, ante la creciente inconformidad y la protesta por parte de los usuarios debida a la espiral alcista de las taifas de energía, el presidente Petro, en la clausura del XXIV Congreso de ANDESCO anunció y ordenó al ministro de Minas y Energía “asumir funciones de la CREG para intervenir el mercado de energía eléctrica”.

En efecto, el 16 de febrero de 2023 se expidió el Decreto 227, mediante el cual el Presidente Petro, apelando al artículo 68 de la Ley 142, para según el “reasumír” las funciones “delegadas” en la CREG. No obstante, a poco andar el Consejo de Estado suspendió dicho Decreto al considerar que “la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG”. No podía, entonces, el Presidente “reasumir” funciones que no habían sido “delegadas”.

Segundo acto: el mismo Consejo de Estado que dejó sin efecto el desafuero del Decreto 227, concomitantemente, anuló la designación por parte del expresidente Iván Duque de 4 de los 6 expertos comisionados. Así las cosas, la

CREG le quedó servida en bandeja de plata para que el Presidente procediera a nombrar sus reemplazos, ya no requería “reasumir” sus funciones puesto que además de los expertos comisionados tienen asiento permanente y por derecho propio en la misma los ministros de Hacienda y Minas y Energía, amén del Director del DNP. Empero, en lugar de nombrarlos en propiedad lo hace pero en calidad de encargados, designando para el efecto funcionarios del Despacho del Ministerio de Minas, tornando nugatorio el cumplimiento de lo dispuesto en el 44 de la Ley 2099 de 2021, que establece que dichos comisionados tienen, además de dedicación exclusiva, período fijo de 4 años y convirtiendo a la CREG en un mero apéndice del mismo.

Tercer acto: Como el encargo no puede prolongarse por más de tres meses prorrogables por otros tres meses, concluidos los cuales se generaba la vacancia en el ejercicio del cargo, ello abocó a la CREG a una situación de interinidad a todas luces inconveniente. Tal situación condujo a que el pasado 5 de octubre la CREG no contara con el quorum suficiente para tomar decisiones, a tal punto que su director ejecutivo José Fernando Prada manifestó que estábamos en presencia de “un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. La situación y el funcionamiento de la CREG, entonces, se tornaron críticos, tanto más en cuanto que él se vio precisado a renunciar por vencimiento de su período y la CREG, entonces, quedó al garete, acéfala, a partir de su retiro el 6 de noviembre.

Cuarto acto: A todas esas la Procuradora General Margarita Cabello, mediante Oficio 678 del 10 de octubre, le había hecho el requerimiento al Ministro de Minas Andrés Carreño para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos. Pese a ello y de manera contumaz, ante la virtual parálisis de la CREG por sustracción de materia y en respuesta al clamor de los gremios y los agentes del sector se procedió por parte del Gobierno a proveer 4 de las 6 plazas de expertos comisionados, pero sólo uno de ellos fue nombrado en propiedad, el resto en calidad de encargo.

Quinto acto: después de anunciar y amagar reiteradamente con la intervención del mercado mayorista de la energía, finalmente el 18 de diciembre del año anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió, a través de la CREG, para comentarios, la Resolución 701 028, mediante la cual se estableció como precio tope de la energía en Bolsa $532 el KWH. Ello, so pretexto de impedir el ejercicio del abuso de posición dominante en el mercado de energía en donde prima un oligopolio de generadores.

No se entiende por qué el Gobierno anda con rodeos, porque para prevenirlo está la Superintendencia de servicios públicos y para sancionarlo si llega a darse está la Superintendencia de industria. Desde luego que la CREG debe regular el mercado para evitar distorsiones en la formación de precios de la energía en Bolsa, basado en el esquema marginalista, que afectan al usuario final, dado que el despacho por méritos da lugar a ello, en virtud de que los generadores hídricos en no pocas ocasiones terminan vendiendo su energía equiparando su precio con el de las térmicas sin incurrir en los mayores costos de estas, derivando de dicha operación pingües e injustificadas utilidades. Convendría abrir este debate, así como la conveniencia de optar por otro esquema basado en los costos marginales, reconociendo una tasa de retorno acotada, razonable, al generador.

Sexto acto: Finalmente, el Tribunal administrativo de Cundinamarca le puso coto a la situación anómala de la CREG el 25 de enero y en respuesta a una demanda incoada contra el Departamento administrativo de la Presidencia, de manera perentoria ordenó que “dentro de los de treinta (30) días siguientes a la notificación de la Sentencia, si aún no se ha hecho, se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas

– CREG con seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años”. Así de claro.

Por fortuna, el sistema de pesos y contrapesos del Estado social de derecho que rige en Colombia funciona y desmanes o entuertos como el que nos ocupa, cometidos por el ejecutivo, puedan frenarse y de esta manera se defiende la institucionalidad, evitando males mayores como lo es la pérdida de la confianza por parte de los agentes de la cadena.

Termina la función y cae el telón!

Riohacha, febrero 2 de 2024

www.amylkaracosta.net

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Las tarifas de energía al alza

La Comisión de regulación de energía y gas (CREG) levantó una polvareda con la expedición el 18 de diciembre pasado, para comentarios hasta el 15 de este mes, de la Resolución 701 028, mediante la cual “se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de energía mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño”, asumiendo que este se prolongará hasta el mes de abril, cuando según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se podría prolongar hasta el mes de junio. Como antecedente es muy importante recordar que el Presidente Gustavo Petro anunció en la clausura del XXIV Congreso de ANDESCO en septiembre de 2022 la intervención de la CREG y asumir sus funciones en respuesta al brote alcista de las tarifas de energía que venía despertando protestas e inconformidad entre los usuarios de este servicio tan esencial.

Según manifestó el Presidente Petro “si no se anuncia un porcentaje de reducción significativa en las tarifas de energía por parte de las empresas, el Gobierno tomará medidas más radicales…Si vemos que no hay voluntad suficiente de estas empresas, otras decisiones serán tomadas”. A renglón seguido la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció al país que “cumpliendo con lo que el Presidente Gustavo Petro dijo hace ocho días, hoy anunciamos al país que antes de finalizar el año los colombianos verán una reducción en su tarifa de energía.

 

De la amenaza se pasó a la concertación con las empresas auspiciada por la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, dando lugar al denominado Pacto por la Justicia tarifaria, tendiente a reducir las tarifas, que se firmó en Medellín en la sede principal de ISAGEN, el cual destacó la Ministra como algo “inédito”. Al final dicho Pacto fue un fiasco total, la rebaja no superó los 4 puntos porcentuales, atribuible en gran medida a la suspensión temporal del cobro de la deuda de los usuarios por concepto de la opción tarifaria que ya supera los $5 billones4. Concluyó el año 2022 con un alza de la tarifa del 22.4% en promedio a nivel nacional y en la región Caribe entre 26.28% y 37.19%, en contraste con el 13.12% del Índice de precios al consumidor (IPC). De poco sirvió el tal Pacto por la Justicia tarifaria.

El Presidente Petro volvió a la carga y expidió el Decreto 0227 fechado el 16 de febrero de 2023, a través del cual “se reasumen algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios”. A poco andar el Consejo de Estado suspendió como medida cautelar los efectos del mismo por considerar que tales funciones, especialmente las atinentes al régimen tarifario, están sometidas a reserva legal, habida cuenta que Las leyes 142 y 143 de 1994 se las atribuyó a la Comisión de regulación de energía y gas (CREG).

El zaperoco de la CREG

Después del fallido intento por parte del ejecutivo de arrogarse las funciones propias de la CREG, el mismo Consejo de Estado que se le atravesó en su intentona, anuló el nombramiento de varios de los expertos comisionados que hacen parte de la misma, quedándole servida en bandeja de plata al presidente Petro. Pero, increíblemente, en lugar de integrarla nombrando en propiedad a sus reemplazos optó por designarlos en encargo, con lo que la Comisión entró en interinidad, perdiendo de paso la autonomía que le reconoce la Ley, luego se daría una especie de apagón regulatorio debido a que carecía de quorum reglamentario para tomar decisiones y así entramos en un limbo prolongado perdiendo un tiempo precioso en el cumplimiento de sus funciones y competencias.

Inaudito, después que se quiso intervenir a la CREG y se intentó sin éxito, ahora que por un hecho fortuito quedaba en sus manos, el Gobierno no supo qué hacer con ella. Esta situación se prolonga, porque de los 6 expertos comisionados sólo se han nombrado 4 y sólo uno de ellos en propiedad (¡!). Entre tanto el año anterior el aumento de la tarifa de la energía, una vez más, superó el 20%, más del doble del IPC, que registró el 9.28% (¡!).

En medio de este zambapalo, el 13 de junio de 2023 la CREG expide la Resolución 101018, dizque para controlar las ofertas de precios de los generadores mediante “un esquema de vigilancia que permitiera detectar el posible ejercicio de poder de mercado”, al que el Superintendente la atribuía la escalada alcista de los precios de la energía en Bolsa y de la tarifa de energía a los usuarios finales. Y si ello venía dándose, no se entiende por qué no se apeló al artículo 126 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, el cual prevé que las fórmulas tarifarias “excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa”. ¡Sin embargo, con esta Resolución, como diría el poeta, todo pasó sin que pasara nada!

En el mes de julio del año anterior se produjo el relevo en el Ministerio de Minas y Energía y asumió Andrés Camacho, quien con las mismas razones que se esgrimieron para expedir la Resolución anterior y se amagaba con meterle la mano a la formación del precio, se procedió a intervenir el mercado mayorista de energía, luego que los precios en Bolsa se elevaron escandalosamente, superando el precio de escasez, trepándose por encima de los

$1.500 el KWH7. Con tal fin, al cierre del año anterior, se expidió la Resolución a través de la cual se estableció un tope de $532 el KWH al precio en Bolsa, cambiando las leyes del mercado por unas “reglas transitorias” que, a la postre en lugar de beneficiar al usuario final lo perjudica.

Se trata, como lo afirma la Directora ejecutiva de Asociación de grandes consumidores de energía ASOENERGÍA Sandra Fonseca “de una intervención híbrida al precio de Bolsa, que mezcla un esquema marginal para plantas variables (hidro, solar y eólicas) y uno de costos (térmicas). Que, a propósito de estas últimas, al fijar el precio en Bolsa de $532 por KWH, se asume por parte de la CREG que, como lo acota el Director ejecutivo de la Asociación Nacional de empresas generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, “el precio de generación con gas natural nacional, el cual sólo representa el 3% de la energía en firme del país, dejando al 70% de las plantas térmicas subremuneradas, sin posibilidad de recuperar el capital invertido y sin rentabilidad”, atentando contra uno de los principios rectores de esta actividad, según lo reconoce la Ley de servicios públicos, el de las suficiencia financiera, que va de la mano con el de los costos eficientes.

Y ello en momentos en los que, merced al fenómeno de El Niño el parque de generación térmica ha pasado de un 15%, en promedio, de participación en la generación de electricidad en condiciones normales, al 45% y de contera en vísperas de la apertura de una nueva subasta de expansión de Cargo por confiabilidad, pues esta es una pésima señal para los eventuales inversionistas, generando un riesgo de desabastecimiento de energía en el mediano y largo plazo, estropeando de refilón la Transición energética, que, dada la intermitencia de le energía eólica y la solar – fotovoltaica, no es viable si no se cuenta con el respaldo de la energía térmica y la hídrica, de las cuales no se podrá prescindir a la bulla de los cocos.

Los usuarios serán los paganines

Según el Ministro Camacho, “ninguna de las medidas tomadas va a afectar negativamente las tarifas de energía. Nosotros venimos, desde que arrancó el Gobierno, con el propósito de bajar las tarifas de energía y todas las medidas que estamos tomando buscan cumplir ese propósito”. Y añadió, “la medida que se está adoptando tiene unas condiciones que buscan aplicar en uno de los segmentos de la cadena que es la generación”. Él está pensando con el deseo. El quid del asunto está en que la adopción de tales condiciones “que busca aplicar en uno de los segmentos de la cadena”, terminan por afectar a los otros segmentos de la misma cadena y al final no sólo puede hacer nugatorio lo que se propone sino que lo puede tornar contraproducente. Y este es el caso.

De aplicarse la disposición prevista en esta Resolución que le establece un techo al precio en Bolsa, este sólo impacta, en promedio, al 20% de la energía transada, lo cual limita su efecto, traduciéndose en una reducción en uno de los cargos de la fórmula tarifaria, el de la generación (G), que podría representar una baja entre $60 y $100 el KWH. Pero, concomitantemente, como lo afirma el Director ejecutivo de Óptima consultores Alejandro Lucio, “la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido. Este costo sin duda debe ser reconocido, pero claramente asociado al componente que lo genera, no ahondando la bolsa de costos escondidos inherente a este componente tarifario”. Ello se traducirá en un incremento en la tarifa al usuario final de $350 por KWH, aproximadamente, a través del cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria. Si descontamos de este la disminución en el cargo por generación (G), el saldo neto en contra del usuario un incremento entre el 25% y el 30% en su factura de electricidad.

Por lo demás, como lo acota el experto Alejandro Lucio, la cifra de $530 por KWH, que sale del magín de la CREG, es “un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen (a las hídricas), pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía”. Y para rematar “además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor” al generador hídrico a expensas de los usuarios, que es al que, según el Ministro Camacho, se busca proteger de los abusos de posición dominante en que incurran los generadores.

A todas las críticas que desde distintos flancos le han llovido a la Resolución de marras, el Ministro Camacho se ha limitado a afirmar, pero sin ningún sustento técnico, que “los

impactos que esto pueda tener en otros segmentos, como en las restricciones o en la comercialización y distribución, los estamos evaluando y tomando medidas para cumplir el propósito de bajar tarifas13. Y repite la cantinela de que “todas las medidas están orientadas a bajar las tarifas y tener costos eficientes y justos para la gente”14. Pero los hechos son tozudos, como lo sostiene la Directora ejecutiva de ASOENERGÍA, “la gran mayoría de los colombianos podrían estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el proyecto de resolución”.

Están en juego la confiabilidad y firmeza del SIN

Esta medida, de aplicarse tal cual como está proyectada, agudizaría la tendencia inercial al alza de la tarifa de energía y de paso acarreará, como lo sostiene el experto Alejandro Lucio, “mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón”.

Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año, como lo dispuso la Resolución 101 029 del 24 de noviembre de 2023 expedida por la CREG, de la deuda, con sus intereses causados, que por concepto de la opción tarifaria tienen todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio de energía que, como es bien sabido sobrepasa la suma de los $5 billones, cuyo impago las había puesto en calzas prietas, al punto que el Gobierno tuvo que abrirles un crédito en FINDETER para solventarlas y evitar así un apagón financiero de las mismas. Esta es la cereza del pastel envenenado de la espiral alcista de las tarifas de energía, la cual tiene su principal catalizador en el déficit en la oferta de energía, debido al atraso y al aplazamiento de importantes proyectos, tanto de generación como de transmisión, con un margen de maniobra que no supera el 5%, manteniendo al Sistema interconectado nacional (SIN) en el máximo grado de stress.

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En el 2024 se deben regular los precios de energía

Pensar en el pago de los servicios públicos y en sí, la energía, que el año pasado estuvo llena de especulación por el fenómeno del niño y la crisis de algunas comercializadoras, junto con el cambio de gobierno y sus políticas públicas, me han llevado a analizar el proceso que nos lleva a generar en muchos casos cobros injustificados y alzas no razonables donde no hay salida justa.

En Colombia, un salario MLMV en una condición social popular esta desglosado en arriendo, alimentación, educación, servicios públicos y transporte. De ahí la importancia en vincular este servicio que, de acuerdo al ministerio de minas, en los últimos cinco años el incremento por kilovatio hora (kWh) es del 15% y que, según la superintendencia de servicios públicos, los hogares colombianos destinan cerca del 20% para cubrir este servicio.

 

En el año 2007 la Creg generó la resolución 199, donde se pretendía que las tarifas de energía sean asequibles y comprensibles al consumidor, situación que no es tanto cierta y se ha quedado en el papel.

La fórmula utilizada en la tarifa esta manifestada por seis componentes (generación, transmisión, distribución, comercialización, perdidas y restricciones) y de estas un complejísimo método de cálculo con su falta de transparencia, donde se omite la divulgación mensual de costos máximos, restringiendo la participación de los usuarios y generando inconsistencias en los datos presentados. A esto le adicionamos más de 100 fórmulas que van ligadas a los componentes mencionados y al comportamiento del IPC y el IPP.

El índice de precios del productor ha generado un alza desde el año 2021 y de la misma manera los contratos de compra bilateral han incrementado en un 33,2% al finalizar el 2022, generando una variación importante que al compararlos con el año 2018 y 2019 fue del 4,7%, siendo este un factor de impacto en los precios de la energía en todo el territorio nacional.

Tradicionalmente el índice de precios del productor (IPP) debería estar por debajo del índice de precios del consumidor (IPC), en la actualidad se ha desdibujado esa afirmación si observamos la tendencia que ha tomado desde el año 2019, pues al comparar ambos factores, se analiza el aumento más significativo sobre el incremento en los ingresos de las personas en cada año presentado, lo que genera un impacto directo a los bolsillos del consumidor y de tajo la inviabilidad de la formula.

Tomado del Informe de Política Monetaria para enero de 2023, Banco de la Republica.

De ahí vemos con buenos ojos la intervención de la Creg en el mercado de energía para regular precios elevados con el fin de prevenir abusos de posición dominantes, destacando las prácticas de precios elevados de generadoras hídricas y la necesidad de una regulación que refleje los costos reales de generación.

Muchas asociaciones, consultores y compañías saldrán a especular como lo han hecho injustificadamente el año pasado por fenómeno del niño y la condición del mercado. Su bastón será relucir la crisis, buscándole una justificación al fruto de una configuración oligopólica del mercado y las fluctuaciones en la generación hidroeléctrica.

El ministro de minas lidera proyecto de comunidades energéticas

El pasado fin de semana se lanzaron por parte del Ministerio de Minas las comunidades energéticas que son una estrategia del gobierno del cambio para constituir en colectividad servicios energéticos, estas agrupaciones podrán “generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -(FNCER)-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”.

Esta estrategia que ya completa casi mil inscritos en una semana, busca la dignificación de las comunidades al mejorar la cobertura y garantizar el acceso a poblaciones vulnerables a partir de la participación de los usuarios, esto permitirá sin duda descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de la energía, pero en especial será el punto de partida para generar energías más limpias y para proveerle mejores condiciones económicas a las comunidades por el uso de la energía.

 

Desde esta curul que es de todas y todos los antioqueños celebramos esta iniciativa que han definido de una manera hermosa como un abrazo colectivo para organizarnos y unidos crear la energía del cambio, por eso quiero invitar a los colombianos a acogerse ingresando a la página del Ministerio y postularse, pero especialmente al departamento de Antioquia -el cual representó- quiero ponerle a disposición mi equipo de trabajo para que juntas y juntos desarrollemos la economía local y territorial en el marco del desarrollo sostenible.

Por años he visitado los lugares más apartados de Colombia, los lugares donde tradicionalmente no han llegado y he visto las necesidades y dificultades que pasan aquellos territorios en los que la energía es un lujo, en donde el abandono estatal ha sido a tal punto que pueden contar con el servicio por mucho una o dos horas al día, así que este tipo de iniciativas de verdad representan un abrazo para las comunidades y una esperanza para mejorar su calidad de vida.

El gobierno del cambio sigue cumpliendo y sigue desarrollando soluciones pensadas para los territorios y su población. Seguiremos imparables por Antioquia y Colombia.

Alejandro Toro

La CREG al garete II

Amylkar D. Acosta M1

El fallido intento de toma de la CREG

 

La Comisión de regulación de energía, gas y combustibles (CREG) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley eléctrica 142 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad vigente por casi 30 años. El desempeño de esta arquitectura ha merecido las más altas calificaciones del Foro económico mundial (FEM) y gracias a ella el sector eléctrico ha sido capaz de soportar y sortear con éxito tres fenómenos de El Niño sin verse abocado a la necesidad de racionar el servicio de energía. El último de ellos en 2015.

El año anterior, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento y las protestas de los usuarios, el Presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso anual de la Asociación nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones (ANDESCO), anunció la intervención de la CREG con el objeto de asumir sus funciones. En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la CREG, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas no son delegadas por parte del Presidente, sino que son propias de la CREG por ministerio de la Ley que la creó.

Pese a ello, ha podido más la tozudez y la contumacia, el Ministro insiste y persiste en arrogarse las funciones de la CREG expidiendo resoluciones suplantándola, es el caso de la Resolución 40611 del 11 de octubre “por la cual se adoptan medidas para darle continuidad a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica durante el período de baja hidrología y eminente (SIC!) llegada del fenómeno del Niño”. Otro tanto ocurre con la Resolución 40619 del 14 de octubre “por la cual se adoptan medidas transitorias para las exportaciones de electricidad durante el fenómeno de El Niño 2023-2024” y el proyecto de Resolución publicado el 26 de octubre para comentarios por medio de la cual “se adoptan medidas de carácter transitorio para otorgar alivios a los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración con contratos de suministro de energía y almacenamiento de energía con baterías, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño y se adoptan otras disposiciones”.

La CREG en manos del presidente Petro

El mismo Consejo de Estado que tumbó el Decreto de marras, posteriormente, terminó anulando el nombramiento que había hecho el presidente Iván Duque de

varios de los expertos comisionados que integraban la CREG, quedando esta prácticamente desmantelada y en manos del Presidente Petro. No obstante, este en lugar de proceder a nombrar en propiedad y por el período de 4 años, como manda la Ley, sus reemplazos, dispuso más bien encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a estos se les terminó el encargo la CREG quedó sumida en una total interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se acaba de reemplazar con el nombramiento de Omar Prías Caicedo.

Lo cierto es que la CREG se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar con el qüorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su Director ejecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. Ello es muy grave, porque, como se lo hizo saber oportunamente la CREG al Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho “la Comisión tiene en proceso de estudio y aprobación varias medidas regulatorias, las cuales consideramos relevantes para el funcionamiento de los sectores regulados”2, sin poder avanzar ni decidir.

Posteriormente, la CREG, a través de un Boletín reiteró la “necesidad de mantener una regulación actualizada y flexible que pueda adaptarse a las demandas cambiantes”3. Y no es para menos, porque como lo sostuvo Prada “la regulación debe ser un habilitador que acompañe el desarrollo de nuevas alternativas sin condicionar o limitar su desarrollo”4. Ni mas ni menos.

La CREG a la deriva

Y para rematar, luego vendría lo peor. El Director ejecutivo de la CREG José Fernando Prada, quien al terminársele su período renunció ante el despacho del Ministerio de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley sin que se la aceptaran, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el día 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete, desoyendo de paso la alerta emitida por parte de la Procuradora general Margarita Cabello, quien con fecha 10 de octubre, mediante Oficio 678, le hizo el requerimiento al Ministro para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos, de los cuales, como ya quedó dicho, sólo ha nombrado a uno de ellos.

Así se ha venido prolongando la parálisis de la CREG, siguen vacantes las otras 5 plazas por cuenta de la desidia y el desdén del Gobierno. En un hecho sin precedentes, la propia CREG se pronunció a través de una circular, cuyo texto más

parece el canto del cisne, “informa que las solicitudes y peticiones mediante las cuales se eleva una consulta y las de interés general o particular…sólo podrán ser atendidas cuando haya al menos 3 expertos comisionados en ejercicio de sus funciones5. Y remata advirtiendo que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”6. Ello es inaudito!

Los usuarios pagaremos los platos rotos

Y todo ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la semana anterior la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla. Las consecuencias de esta abulia gubernamental no se han hecho esperar. Como lo pudo constatar el Contralor General Carlos Mario Zuluaga, al expirar el Pacto tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y las empresas comercializadoras en septiembre pasado, tendiente a pausar las alzas tarifarias, “la ausencia de expertos en la CREG impide tomar decisiones para diferir el impacto por el vencimiento de la opción tarifaria7.

De ello se sigue que las empresas operadoras de red, que son las que prestan el servicio, quedaron con las manos libres para incrementarlas e iniciar la recuperación por esa vía de los saldos por concepto de la opción tarifaria, que ya superan los $5 billones. El proyecto de Resolución de la CREG que contempla un mecanismo alternativo, que procura limitar dichos aumentos, ante la parálisis de la CREG, se quedó en el tintero. En consecuencia seremos los usuarios quienes terminaremos pagando los platos rotos por semejante dislate.

Como lo reveló el Delegado para Minas y Energía de la Contraloría General Germán Castro “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1, 2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”8. Y ello, de contera, pondrá en aprietos a las empresas comercializadoras que verán postergado el reintegro por parte del Gobierno de los subsidios reconocidos y descontados por parte de ellas a sus usuarios en sus facturas.

Y mientras tanto el Ministro, que dice estar “del lado de los usuarios”9, se hace el de la vista gorda, afirmando que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años10. Será esta una de esas profecías autocumplidas? Porque, ni el mejor modelo funciona apropiadamente si se opera mal o de mala fe. Por lo demás, no es dable invocar el propio desatino para exculpar su responsabilidad por los estragos causados.

Nota relacionada: ¡La CREG al garete!

Bogotá, noviembre 11 de 2023

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