La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV, publicó parte de los archivos de los Estados Unidos desclasificados por el National Security Archive, NSA, organización no gubernamental, ONG estadounidense. Me dejan algunas preguntas y reflexiones.
Primero, como resaltó el periódico El País de España, los documentos ponen en debate si la asistencia militar estadounidense a Colombia incidió en las ejecuciones extrajudiciales de civiles, mal llamadas “falsos positivos”, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Aunque se cita una comunicación de diciembre de 2002 del entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General James T. Hill, que precisó que habían “evitado conscientemente caer en el síndrome del recuento de cadáveres”, se cita también un memorando de julio de 2003 del principal adjunto del Pentágono a cargo de operaciones especiales, Marshall Billingslea, en el que se celebra el aumento de bajas de la guerrilla de las FARC, compara las cifras favorablemente con los dos últimos años del gobierno de Andrés Pastrana, y concluye que “las FARC estaban ganando terreno”.
En un tercer documento mencionado, de diciembre de 2003, se compara la campaña de contrainsurgencia del plan Patriota (2003-2006) con la del plan Lazo (1962-1966), que incluyó entrenamiento militar en bases estadounidenses, y destaca el aumento de muertos en combate. Según Michael Evans, analista y director del proyecto de documentación sobre Colombia del NSA, “Con esa acción de asistencia [de los Estados Unidos] había también mucha presión para mostrar éxito, mostrar resultados. Lo más normal durante la Guerra Fría y campañas de contrainsurgencia es mostrar que el conteo de cuerpos está aumentado”. La CEV en su Informe Final concluyó que esta presión sí “alentó la comisión de crímenes muy graves, como los llamados ‘falsos positivos’.”
Por décadas la política de seguridad de Colombia ha estado bajo la tutela de los Estados Unidos, realidad reconocida en el Informe de la CEV. Los apoyos a las fuerzas armadas se daban en el contexto de la Guerra Fría y la lucha contrainsurgente, y el resultado fue “la escalada del conflicto y, sobre todo, la victimización de la población civil.” ¿Hasta qué punto el Estado estadounidense también es responsable de las atrocidades cometidas?
Cuando se cumplía la primera audiencia de reconocimiento de estos crímenes por militares en el Catatumbo, Norte de Santander el 27 de abril 2022, reconocimiento que no toca a los oficiales de alto rango ni a la cúpula militar -me pregunto, ¿No debería ir más allá de soldados, suboficiales y oficiales de bajo rango?- la embajada de Estados Unidos en Colombia publicó un mensaje elogiando “la valentía de los soldados que reconocen su responsabilidad en falsos positivos y que piden perdón a las víctimas. Al contar lo que saben, ayudan a construir el proceso de justicia y paz”, ¿No faltaría que Estados Unidos también contribuyera a la construcción de justicia y paz compartiendo todo lo que sabe?
El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, sostuvo en un comunicado, de junio de 2022, que “mienten aquellos que afirman que existía una doctrina de Vietnam o body counting”. Agregó que “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los ‘falsos positivos’ en el país”. Pero, La Silla Vacía encontró que tres de los cuatro puntos del comunicado se prestaba a engaño. El expresidente Uribe ha reiterado que durante su mandato se tomaron decisiones para frenar estos delitos. Sin embargo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, documentó 6.402 casos de civiles inocentes asesinados durante los gobiernos de Uribe Vélez (2002 – 2008). Uribe contó con respaldo casi ilimitado de EE.UU.
El análisis publicado en 2013 por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU, red que aglutina a 285 organizaciones sociales y de derechos humanos de la que hace parte el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, sostiene que “existe una correlación entre las unidades y los oficiales que recibieron la asistencia y el entrenamiento de Estados Unidos y la comisión de ejecuciones extrajudiciales”.
Hay más de 15.000 documentos desclasificados, sostuvo el comisionado Alejandro Valencia Villa en agosto de 2022. Dijo que “históricamente estos documentos han sido importantes para esclarecer violaciones de derechos humanos y fueron centrales para el ejercicio de contraste realizado por la Comisión de la Verdad”.
Una de las recomendaciones de la CEV es que el presidente de la República Gustavo Petro, solicite a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, la desclasificación acelerada de documentos relacionados con el conflicto armado colombiano por su valor para el esclarecimiento de la verdad. Esto es fundamental. Como colombianos, merecemos contar con acceso a toda documentación que permite seguir profundizando en la verdad del conflicto.
Pero no se trata solamente de los Estados Unidos. También merecemos acceso a los documentos de inteligencia que están en manos del Estado colombiano. Desde por lo menos la década de los 90, el movimiento de derechos humanos ha exigido acceso a los archivos de inteligencia que sabemos contiene información falsa que se ha usado para la persecución de defensores de derechos humanos. Nunca se ha logrado.
Ahora, contando con los resultados del trabajo tal valioso del NSA y particularmente de Michael Evans, debemos exigir más. No se puede limitar la exigencia sólo a los archivos de inteligencia. Nosotros necesitamos y merecemos la desclasificación de los documentos en manos del Estado colombiano relacionados a todos los aspectos del conflicto armado tan prolongado y cruel. Mientras se sigue analizando lo desclasificado desde EE.UU, nos falta nuestro propio NSA para Colombia.
