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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Farc

El mea culpa de Timochenko

Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, presidente del Partido Comunes y último líder de la extinta guerrilla de las Farc,  reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el secuestro y la retención ilegal de miles de víctimas en medio del conflicto armado.

Timochenko aseguró sentirse arrepentido de haber cometido el abominable crimen del secuestro y ser el causante del dolor de miles de colombianos.

“Hemos venido aquí cómo último secretariado de la desaparecida guerrilla de las FARC y cómo Rodrigo Londoño Echeverry, en mi calidad como último comandante a asumir nuestra responsabilidad moral y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización”, señaló.

En su declaración, Londoño consideró que  política criminal produjo crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que esta fue en contravía de los principios que pregonaban.

“Nunca imaginé que la guerra iba a alcanzar tales extremos de crueldad (…). Años después en la negociación en La Habana… entendí lo duro y desgarrador que eso sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos”, agregó.

Londoño Echeverry dijo además  que el intercambio humanitario representó un acto de insensibilidad para quienes fueron condenados a años de secuestro y dolor en las selvas colombianas.

Víctimas y victimarios se dieron un abrazo

Foto: El Heraldo.co

Víctimas del conflicto armado de los Montes de María, ex comandantes de las antiguas Farc, y excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  se dieron un abrazos en medio de un acto convocado por la Comisión de la Verdad en Cartagena.

Para la coordinadora en el Caribe de la Comisión de la Verdad, Ana María Ferrer, fue un encuentro “histórico”, que servirá como abrebocas para un diálogo constante entre los actores que participaron en el evento.

“Fue un bonito ejemplo de lo que puede hacer un grupo de hombres que el pasado integró diferentes grupos armados, ex miembros de diferentes guerrillas y de las Autodefensas Unidas de Colombia, para mirarse a los ojos con sus víctimas y, desde la humanidad, reconocerse como seres humanos que viven en un mismo territorio y reconocer que lo ocurrido fue muy grave y así iniciar un camino juntos para evitar que esto se repita”, aseguró Ferrer.

La Comisión de la Verdad hará entrega al país de su informe final el próximo 28 de junio, cuando termina su  mandato.

Gobierno se niega a pagarle pensión a hijos de excombatientes asesinados

El Gobierno de Colombia ha presentado una tutela a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evitar tener que pagar una pensión a los hijos de los guerrilleros desmovilizados de las FARC que han sido asesinados.

A través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Gobierno del presidente, Iván Duque, ha vuelto a negarse a indemnizar a los hijos de los desmovilizados, después de que la JEP ordenara en dos ocasiones hacerlo con el fin de proteger a quienes se sumaron a los acuerdos de paz y sus familias.

«El hecho de que el proceso de reincorporación tenga un carácter integral e involucre a las familias de los exintegrantes de ese extinto grupo guerrillero no significa que estas tengan derecho a gozar de los beneficios económicos en ausencia de los desmovilizados», señala la tutela, que si bien fue presentada el pasado 24, no se ha hecho pública hasta este jueves 9 de junio, informa ‘El Espectador’.

El documento señala que los beneficios de estas personas se limitan a «medidas y asistencias de contenido social», ya que los beneficios económicos son en exclusiva para quienes en su día formaron parte de la ya disuelta guerrilla y acreditaron su abandono de las armas ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La primera vez que la JEP ordenó al Gobierno de Duque garantizar no solo esta pensión, sino el pago de un seguro de vida en caso del asesinato de los progenitores, así como de los gastos funerarios fue en noviembre de 2021. La ARN apeló, pero el tribunal volvió a dejar en firme la sentencia en febrero.

Cuando la JEP inicio allá por abril de 2020 los mecanismos legales para otorgar medidas cautelares en este sentido a los antiguos combatientes y sus familias, eran 193 los que habían sido asesinados. Ahora, dos años después, son ya 333 los muertos por homicidio, a quienes se suman una treintena de familiares asesinados.

Mientras la ARN sostiene que la situación de seguridad de quienes se sumaron a la firma de La Habana y sus familias ha mejorado, las críticas contra el presidente Duque y su Gobierno por el olvido al que han sometido a los acuerdos continúan desde varios frentes a nivel nacional e internacional

En su último informe trimestral sobre la situación de estos acuerdos de paz, Naciones Unidas ha denunciado que los hijos de los guerrilleros desmovilizados siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a derechos básicos como educación, sanidad, alimentación, tanto dentro como fuera de los espacios habilitados para su reincorporación en la vida civil, así como a los riesgos de reclutamiento forzoso por parte del resto de grupos armados que operan.

¿Quién es Andrés Vásquez, el exasesor que ‘echó al agua’ a Piedad Córdoba?

La senadora Piedad Córdoba, hoy se encuentra en la picota pública por cuenta de los señalamientos que en su contra hizo su exasesor Andrés Vásquez, quien fue una persona de su total confianza.

Vásquez trabajo como asesor de la excongresista en su unidad de trabajo legislativo (UTL) en el Senado, desde el año 2002, convirtiéndose en su mano derecha y la persona que le acompañaba en la mayoría de sus reuniones privadas.

Andrés fue elegido como secretario de juventudes del Partido Liberal, coincidiendo en el tiempo con el paso de la exsenadora por la presidencia de la colectividad en el año 2003. Hizo parte también del equipo de codirectores del Instituto de Pensamiento Liberal (IPL).

El entonces director del IPL, Alpher Rojas, le vende la idea a la excongresista de llevar a Andrés a la UTL, en donde se gana su total confianza. Su relación con Andrés no solo era laboral, además tenían una gran amistad, que le llevó a considerarlo como una especie de “hijo de bobo”.

Nació en Barranquilla pero vivó mucho tiempo en Bogotá, en donde estudio Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana. Conoce a Piedad gracias a un amigo con quien llega a sostener una relación sentimental, quien le lleva a una reunión donde se habló del proyecto de ley de parejas del mismo sexo y por sus opiniones y aportes llama la atención de la entonces senadora liberal.

En el año 2005, Córdoba nota que en los países de Suramérica se comienza a dar un cambio con la llegada al poder de políticos de izquierda como Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kichtner, Michel Bachelet y Evo Morales, de donde le surge la idea de buscar la misma opción para Colombia con ella como presidenta. Es entonces cuando busca la manera de llegar hasta Hugo Chávez, asistiendo a la mayoría de eventos que este convocaba, y es precisamente Andrés en compañía de su profesor Alberto Cienfuegos en el año 2010, quien le aconsejan el uso del turbante, como estrategia para que el presidente venezolano la identificara más fácil al verla, más no como un tema de identidad con la etnia afrodescendiente como se creía, era la razón de uso constante.

Andrés se instala en Caracas, Venezuela por recomendación de Piedad para que le manejara las relaciones con Hugo Chávez y le ayudara además con el trabajo de facilitación para las liberaciones de los policías, militares y políticos secuestrados por las Farc.

Según fuentes consultadas por Confidencial Colombia, «Vásquez comienza a volverse incómodo para Piedad, por la intervención de su hijo Camilo en las gestiones que la excongresista hacía ante el gobierno venezolano y con empresarios, quien pidió se le dejara hacerse cargo de estos asuntos, hasta que logró sacar del camino al entonces asesor de la exsenadora».

Al verse desplazados por el hijo de la excongresista, Andrés retorna a Colombia, esperando el momento para recomponer su relación de amistad con Piedad Córdoba, hecho que nunca se presenta, por lo que toma la decisión de enfocar sus asuntos laborales en la empresa privada en compañía de su esposo Felipe con quien se instaló en los Estados Unidos.

“Piedad Córdoba si era Teodora de Bolívar”, confirma su exasesor

La excongresista y candidata al Senado por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, fue señalada de abusar de la calidad de facilitadora con las Farc para lograr las liberaciones de los militares, policías y políticos secuestrados, que le otorgó el gobierno de Álvaro Uribe.

Las acusaciones las hizo Andrés Vásquez, quien fue su asesor en su unidad de trabajo legislativo, durante su paso por el legislativo mientras hizo parte de la bancada liberal.

Según los detalles narrados por Noticias Caracol, que fueron entregados por Vásquez en audiencia en la Fiscalía, Córdoba habría pactado con la cúpula de las extintas FARC un plan que la impulsaría como posible presidenta de Colombia, indicándoles además la manera en cómo se debía dar las liberaciones, dejando a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt y la de los tres contratistas norteamericanos, en último lugar.

Vásquez confirmó en sus declaraciones que Piedad Córdoba si era Teodora de Bolívar, personaje que aparece mencionada en los computadores de alias Raúl Reyes, incautados durante el gobierno de Álvaro Uribe en el bombardeo a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano.

El exasesor afirmó que Piedad Córdoba gestionó pagos por deudas del Gobierno venezolano a empresarios colombianos. La exsenadora tendría una lista para favorecer a sus aliados y frenar pagos a empresarios uribistas. Esta información habría sido entregada al servicio de inteligencia venezolano (SEBIN). Entre los empresarios favorecidos por Córdoba estaría Alex Saab, quien hoy responde por un juicio en Estados Unidos por ser presunto testaferro del Gobierno venezolano.

Actualmente la excongresista Piedad Córdoba integra la lista de candidatos al Senado de la República, por el Pacto Histórico.

Las órdenes precisas de la Corte en beneficio de los excombatientes

En las últimas horas la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional y ordenó al Gobierno garantizar la seguridad de los excombatientes de las extintas Farc.

La decisión se produjo al fallar varias tutelas que estaban en revisión en el alto tribunal interpuestas por ex combatientes de las Farc de Guaviare y Nariño, quienes argumentaron que sus vidas corren peligro y las medidas del Gobierno han sido insuficientes por la amenaza en que viven de grupos armados.

La decisión obliga al gobierno a adoptar una serie de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, entre las que se destacan:

  • La Unidad Nacional de Protección tiene cuatro meses para reevaluar el riesgo que tienen los firmantes de paz e integrantes del partido Comunes, priorizando los esquemas de protección colectiva de los Antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación para mantenerlos o fortalecerlos.
  • El Gobierno Nacional deberá adoptar las medidas que hagan cumplir las garantías de seguridad establecidas en el acuerdo de paz, para facilitar la reincorporación efectiva y pronta a la vida civil de los desmovilizados y sus familias.
  • Se deben priorizar las regiones afectadas por grupos armados y la ausencia del Estado, que según un informe de la ONU son 25 municipios ubicados en Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
  • El Ministerio del Interior y la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación deberán en dos meses adoptar “medidas concretas para garantizar la articulación entre los PDTS y los programas de sustitución de desarrollo alternativo que a nivel municipal se han venido ejecutando de manera asincrónicamente frente a la estrategia de seguridad”.
  • La Defensoría del Pueblo tendrá un mes para entregar a la JEP y a la Fiscalía General un informe actualizado sobre las alertas tempranas sobre los ex Farc, para que de esta manera se siga avanzando en la investigación de los crímenes en contra de estas personas.
  • La Procuraduría General deberá adoptar, por su parte, un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento de la sentencia. Es así que la Corte asumirá, a través de una sala especial de seguimiento, el cumplimiento de las órdenes emitidas con el propósito de superar el Estado Cosas Inconstitucional.

La ponencia de la magistrada Cristina Pardo fue acogida por 5 magistrados y cuatro estuvieron en desacuerdo de declarar el estado de cosas inconstitucional.

El mea culpa de varios ex Farc por la masacre de Bojayá

Varios exguerrilleros de las antiguas Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) han reconocido su responsabilidad en la masacre de Bojayá, que tuvo lugar el 2 de mayo de 2002 y en la que murieron 117 personas.

Los antiguos miembros de la extinta guerrilla Fancy María Orrego, Luis Oscar Úsuga Restrepo, José Ignacio Sánchez Ramírez, Vianey de Jesús Hernández, Pedro Baracutao García Ospina y Nelson Elías Benites Urrego han dado su versión sobre lo ocurrido aquel día durante una vista ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Todos ellos formaban parte del Frente 34 del Bloque José María Córdoba de las FARC, que operó desde 1987 en Urabá, según informaciones de la emisora Radio Caraco. Además, han admitido su responsabilidad en diferentes actos guerrilleros y asesinatos.

En este sentido, han reconocido la autoría por parte del grupo de la toma de Uramita, en el departamento de Antioquia, que tuvo lugar el 8 de junio de 1991 y en la que fueron secuestrados varios miembros de las fuerzas colombianas.

Asimismo, han reconocido su participación en la organización y ejecución de ataques y hostigamientos a las Fuerzas Militares, entre las que se encuentra una emboscada realizada en la vereda Tacidó, de Mutatá, en 1999.

Entre los hechos reconocidos también están las tomas guerrilleras a los puestos de Policía de poblaciones como Santa María la Antigua del Darién (1987), Balboa (1989), y Acandí, en Chocó (1993); y San Pedro de Urabá, en Antioquia (1994), entre otros ataques.

La antigua guerrilla ha pedido perdón en varias ocasiones por esta matanza, incluso durante las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno, que se materializaron finalmente en 2016.

La matanza de Bojayá se produjo cuando los guerrilleros de las FARC lanzaron un cilindro bomba que cayó sobre una iglesia donde se refugiaban centenares de civiles, lo que dejó al menos 117 muertos , entre ellos 47 niños