La Fiscalía General de la Nación aplicó la figura de Extinción de Dominio a bienes que harían parte del patrimonio ilícito de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, el extinto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pelusos’.
Entre los bienes incautados se encuentran nueve propiedades, representadas en un apartamento, un parqueadero, una casa, dos fincas, dos sociedades y dos vehículos, que habrían sido adquiridos con recursos provenientes del envío de cocaína a destinos internacionales, entre 2003 y 2011.
Los inmuebles, avaluados preliminarmente en 1.200 millones de pesos, estarían a nombre de tres de los señalados articuladores de la organización criminal, quienes serían los encargados de coordinar la salida de los cargamentos de estupefacientes desde Colombia hacia Panamá y República Dominicana, rumbo a Estados Unidos.
Personal especializado en el rescate de animales silvestres acudieron a una vivienda en la ciudad de Medellín (Antioquia) en donde encontraron cinco boas constrictor y a una tortuga matamata, dos especies de la amazonia que habrían sido extraídas de su hábitat y trasladadas en precarias condiciones al inmueble, donde permanecían en un espacio no apto para su conservación.
Los animales fueron recuperados y puestos a disposición de la autoridad ambiental. Entre tanto, Ospina Muñoz fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y tráfico de fauna.
En otro operativo en el municipio de Sabaneta (Antioquia), fue rescatada una canina, llamada ‘Sasha’, y a sus cachorros que presentaban un estado avanzado de desnutrición y otras complicaciones.
‘Sasha’ y sus cachorros fueron trasladados a un centro de recuperación integral. Aguirre Marulanda fue citado a audiencia de imputación, en la que le fue formulado el cargo de maltrato animal.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de 21 personas presuntamente vinculadas a actos de violencia y abuso, que incluso habrían provocado la muerte de varios pacientes, la Fiscalía General de la Nación intervino la actividad de ocho fundaciones privadas que se dedicaban a la rehabilitación de población vulnerable y con problemas de adicción en Santander.
Los elementos de prueba indican que harían parte de una estructura delictiva que, a través de instituciones que ofrecían servicios de atención a ciudadanos con problemas de adicción, habrían incurrido en conductas en contra de la dignidad y la vida de los internos, que dejaron ocho muertos y algo más de 500 víctimas.
Estas personas enfrentan cargos por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, acto sexual violento, tortura y acceso carnal violento.
Los centros de rehabilitación referenciados estaban ubicados en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón (Santander). En las investigaciones se estableció que recibían personas provenientes de diferentes municipios de Santander, Norte de Santander y Atlántico, quienes padecieron condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de suministro de comida, entrega indiscriminada de tratamientos psiquiátricos y largos periodos de incomunicación.
Asimismo, se conoció que algunos de los empleados de estas fundaciones habrían abusado sexualmente de varios menores de edad que permanecían sedados por los medicamentos que les proporcionaban. También se acreditaron casos en los que los internos fueron llevados a ‘cuartos de reflexión’, donde recibieron baños de agua fría, fueron golpeados y amarrados.
Los testimonios recibidos en contra de esta organización delincuencial coinciden en señalar que los posibles integrantes se hicieron pasar como autoridades en distintas oportunidades para intimidar a las víctimas, con el supuesto de que iban a ser capturadas por tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.
De acuerdo con la investigación, «el exmandatario habría aprovechado la emergencia social y económica decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia del Covid-19, para celebrar 23 contratos para el suministro de 73.500 kits alimentarios para población vulnerable del departamento, en marzo de 2020».
La Fiscalía atribuye a Monsalvo Gnecco el posible direccionamiento irregular de la contratación de los paquetes alimentarios, por un valor de 9.000 millones de pesos.
En el curso de la investigación se conoció que no existió un adecuado estudio de mercado para establecer el costo real de cada kit. Es así como se impuso arbitrariamente un valor unitario de 126.600 pesos, sin atender factores de calidad, cantidad y lugar donde iban a ser entregados. De esta manera, al parecer, fueron vulnerados los principios de transparencia, selección objetiva y economía.
Para la Fiscalía, el hoy acusado omitió la función de ejercer supervisión, control y vigilancia sobre los contratos celebrados durante su administración, y permitió un detrimento patrimonial por 408 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación judicial que se le sigue a Fredy Caro Villalba, señalado de ser la cabeza principal de una estafa en masa relacionada con el ofrecimiento y venta de viviendas de interés social en Villavicencio (Meta).
Esta persona es señalada de hacerse pasar como funcionario y utilizar documentación oficial para ofertar sin autorización un proyecto urbanístico del que no hacía parte, ni ejercía como intermediario para comercializarlo.
Para sustentar el engaño, al parecer, exigía a las víctimas copia de las cédulas de ciudadanía, de los registros civiles de nacimiento de los hijos y de las afiliaciones al Sisbén; además del pago de una cuota para asegurar el supuesto negocio, que oscilaba entre los 3 y 4 millones de pesos en efectivo.
De acuerdo con el organismo de investigación, «Una vez cumplidos los requisitos por parte de los interesados, se habría comprometido a entregar las promesas de compraventa de los inmuebles, algo que no cumplió. Asimismo, presuntamente citó a los afectados en dos grupos para devolverles el dinero de la inversión; sin embargo, a los encuentros programados en el centro de Villavicencio tampoco acudió».
En el curso de la investigación se acreditó que 33 familias creyeron en la falsa iniciativa y confiaron parte de sus ahorros. Hay un cálculo preliminar de pérdidas por algo más de 123 millones de pesos.
Un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, en donde participó la DIJIN y agencias estadounidenses, permitió la captura de 13 de los presuntos integrantes de dos redes delictivas señaladas de facilitar el tránsito irregular y la salida de migrantes por el Golfo de Urabá y San Andrés Islas para seguir su camino a países de Centroamérica y Estados Unidos.
Nueve de los hoy procesados harían parte de un grupo delincuencial que recibía en Medellín (Antioquia) a haitianos, cubanos y asiáticos, entre otros extranjeros de distintas nacionalidades. Por sumas que oscilaban entre 200 y 450 dólares, al parecer, les brindaban hospedaje, alimentación y transporte terrestre hasta el Golfo de Urabá, donde eran embarcados en lachas rápidas para trasladarlos a Panamá.
Cuatro investigados pertenecerían a una estructura ilegal que estaría involucrada en el traslado aéreo de ciudadanos chinos desde Medellín hasta San Andrés Islas, para posteriormente moverlos por vía marítima a Nicaragua.
Entre ellos se encuentra una funcionaria de la Gobernación de San Andrés, Deabreach Nasstasja Pomare Stephens; y el servidor de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE), Jeffry Allen Christopher Thyme, quienes presuntamente permitían la entrada irregular de los migrantes al archipiélago y les autorizaban la permanencia, mientras se concretaba su salida en embarcaciones a Centroamérica. Estas cuatro personas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Brayan Campo Pillimué, de 32 años, aceptó ser el asesino de la menor Sofía Delgado, de 12 años, en hechos ocurridos en Candelaria, Valle.
Este sujeto aceptó los cargos imputados por las Fiscalía General de la Nación, por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro tentado agravado.
Tras la aceptación de cargos, el organismo de investigación pedirá al juez de garantías medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario.
Lorduy fue denunciado por la representante a la Cámara del partido Fuerza Ciudadana Ingrid Aguirre, quien le señala de haberle hecho propuestas indecorosas a cambio de no firmar una resolución que le quitaba la personería jurídica al movimiento político.
De acuerdo con la congresistas, el presidente del Consejo Nacional Electoral le habría hecho la propuesta luego de que esta se negara a pagar una suma de quinientos millones de pesos como contraprestación para que el partido consiguiera la personería jurídica y además colaborar en la votación de Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para que no fuera revocada la inscripción de candidatura de la doctora Carmen Patricia Caicedo, entonces aspirante a la Alcaldía de Santa Marta.
El proceso en contra de Lorduy se encuentra en indagación fue asumido por la Fiscalía Primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Jorge Hernando Londoño Zapata, alias Jorgito, aceptó mediante preacuerdo pertenecer al ‘Clan del Golfo’ y coordinar la instrumentalización de menores de edad para vender estupefacientes al menudeo en Vegachí (Antioquia
Un juzgado penal del circuito especializado de Antioquia avaló la negociación judicial y condenó al procesado a cinco años y tres meses de prisión, y al pago de una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como responsable de los delitos de uso de menores para la comisión de delitos, suministro de estupefacientes a menores y concierto para delinquir agravado. La decisión precisó que la pena deberá hacerse efectiva en establecimiento carcelario.
La investigación de la Fiscalía da cuenta de que, entre 2022 y 2023, alias Jorgito contactó a niños y adolescentes, y los convenció de almacenar, transportar y comercializar sustancias ilícitas.
Un juez condenó a 6 meses de prisión y multa equivalente a 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes a Jacinto Hernando Romero Espitia, quien golpeó a un perro llamado ‘Max’ el 24 de mayo de 2023, en la vereda San José de Pacho (Cundinamarca).
El animal fue trasladado de inmediato a un médico veterinario, pero su estado de salud era crítico y le fue aplicada la eutanasia humanitaria.
Así mismo, Helmer Andrés Díaz González recibió una pena de 18 meses de prisión y una multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por su responsabilidad en la agresión con arma blanca a dos caninos en Chaguaní (Cundinamarca).
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, se dieron cita en el Salón de la Constitución del Senado de la República para radicar un proyecto de reforma que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.
El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004 para potenciar las actuaciones a través de la justicia premial, pero que ha ido sufriendo modificaciones aumentando las restricciones a figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos.
La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia proponen ajustes como el levantamiento de restricciones a mecanismos procesales implementados por la Ley 906 de 2004, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad de manera eficiente.
El articulado plantea elementos como:
La extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas.
Aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía desde el momento de la indagación.
La posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia.
Procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que existe un plan para «acabar» con su mandato, después de conocer que la Fiscalía del Estado está investigando al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por la presunta compra del software espía ‘Pegasus’ al Gobierno israelí.
«Esta es toda una intención de acabar con la figura presidencial en Colombia. ¿A qué presidente de Colombia habían fallado en desacato?, ¿ A cuál (…) le habían quitado su competencia constitucional en servicios públicos? ¿A qué presidente de Colombia lo habían desaforado inconstitucionalmente? ¿A cuál (…) intentan impedirle que sus subalternos entreguen los informes que ponen en peligro la seguridad nacional y los Derechos Humanos de los colombianos?», ha señalado en su cuenta de la red social X.
Estas palabras se producen en respuesta a una denuncia anónima interpuesta ante la Fiscalía contra el director de la UIAF –el organismo que trabaja para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo–, Luis Eduardo Llinás Chica, por haber entregado el informe sobre la compra de ‘Pegasus’ a Petro.
El escrito presentado ante la Fiscalía denuncia que, a principios de septiembre, cuando el mandatario se pronunciaba en televisión sobre la polémica generada en torno al director de la UIAF y el software espía israelí, revelase un documento clasificado como ‘ultrasecreto’ y causase la suspensión de Colombia del Grupo EGMONT –el foro mundial que reúne a las unidades de inteligencia financiera de 152 países–.
«Hay que decir la verdad, a pesar que el voto popular se expresó, hay una parte de la sociedad y del Estado que no admite un presidente progresista, para ellos la democracia son sólo palabras vacías», ha lamentado el presidente.
Petro aseguró a mediados de septiembre que «un grupo poderoso» pretendía derrocarle por las «reformas y políticas públicas» implantadas por su Gobierno. «Están buscando artificios y manipulaciones jurídicas tumbar a Petro», llegó a decir tan solo unos días después de pedir movilización popular frente a un «golpe de Estado» respecto al que ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones.
Judicializan a tres presuntos integrantes de dos redes delictivas dedicadas a la falsificación y distribución de moneda nacional y extranjera.
La medida cobija a Fidelina Hurtado García, alias La Mona, quien sería una de las cabecillas de ‘Los Magníficos’, un grupo ilegal señalado de elaborar billetes nacionales de diferentes denominaciones, y de coordinar su distribución desde imprentas clandestinas ubicadas en Bogotá hacía otras ciudades.
Fidelina Hurtado García, alias La Mona, quien sería una de las cabecillas de ‘Los Magníficos’, un grupo ilegal señalado de elaborar billetes nacionales de diferentes denominaciones, y de coordinar su distribución desde imprentas clandestinas ubicadas en Bogotá hacía otras ciudades.
A estas tres personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de falsificación de moneda nacional y extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Gustavo Alexander Corredor Torres, alias El Enano; y Linda Yesbel Araque Cárdenas, alias Yoqui, dos señalados integrantes del grupo AK 47 por el crimen del líder social y periodista Jaime Alonso Vásquez, ocurrido el 14 de abril del año en curso, en el barrio La Riviera, en Cúcuta (Norte de Santander).
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) presentó a estas dos personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron los cargos, y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la estructura criminal fue contactada para que atentara en contra del veedor ciudadano, por la labor de liderazgo que ejercía y las denuncias de hechos de corrupción que hacía constantemente.
‘El Enano’ habría vigilado a la víctima horas antes del ataque y alertado a los sicarios sobre todos sus movimientos, desde el momento en el que salió de su lugar de residencia hasta la llegada a un establecimiento de comercio, donde finalmente sucedió el homicidio.
De otra parte, ‘Yoqui’ presuntamente condujo la motocicleta en la que el sicario huyó del sitio del crimen. Un día después viajaron juntos a Bucaramanga (Santander) para evadir la acción de las autoridades.
El intendente en retiro Carlos Augusto Fernández Raigosa, fue condenado a 7 años de cárcel por participar en una red criminal que captaba jóvenes en Medellín (Antioquia) y coordinaba su traslado a Francia, donde eran explotadas laboral y sexualmente.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación demostró que Fernández Raigosa, mientras estuvo activo y y desempeñó funciones en la estación La Candelaria, en Medellín, entre 2022 y 2023, contactó a mujeres y les ofreció trabajar como modelos en Francia, con un sueldo fijo. Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval.
La mujeres que recibían la aprobación de la estructura delictiva tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova, en Rionegro (Antioquia), rumbo a Madrid o Barcelona (España). Posteriormente, eran llevadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia).
En territorio francés las jóvenes se percataban que los registros fílmicos y fotográficos habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda que les imponía la organización delictiva por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje.
