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Etiqueta: Fracking

Esmeralda Hernández señala a ocho de sus colegas de querer archivar proyecto antifracking

La senadora Esmeralda Hernández denunció que grupo de ocho congresistas de la Comisión V de la Cámara de Representantes presentaron una ponencia de archivo del proyecto de ley por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y producción de yacimientos no convencionales (YNC) y la utilización de la técnica del fracking en Colombia.

Se trata de los representantes a la Cámara Nicolás Barguil, Ana Rogelia Monsalve, Teresa Enríquez, Leonor Palencia, Óscar Villamizar, Flora Perdomo, Sandra Ramírez y Héctor Cuéllar.

 

Según Hernández, es un hecho lamentable pues, a su juicio, con él se pretende evitar cualquier discusión y, peor aún, abrirle a la puerta en el futuro a esta actividad polémica, señalada de generar grandes impactos ambientales y sociales en zonas de explotación petrolera.

Criticó además el hecho de que el recurso se postule en esta época, justamente cuando la ciudadanía está concentrada en temas como la temporada navideña y no propiamente en el debate político.

“Pido a la Comisión que abra el debate, escuche con seriedad y rigurosidad los argumentos técnicos, a las comunidades y organizaciones frente a los impactos ambientales y sociales que se derivan del fracking. De seguro que con esos elementos se tendrá una información más certera para que se tome una decisión objetiva y no atendiendo simplemente los intereses económicos y políticos de las multinacionales”, apuntó.

Prohibición del fracking supera el segundo debate

El Senado de la República aprobó hoy, en segundo debate, el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país, así como la exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Con una contundente votación, el Legislativo dio luz verde a la ponencia de la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien, explicó que entre los principales coletazos socioambientales que tiene esta actividad se encuentra: el excesivo uso de agua, contaminación de acuíferos (agua subterránea), emisión de gases de efecto invernadero, degradación ambiental a perpetuidad, posible amenaza sísmica y afectaciones a la salud. De allí que resaltó este gran logro alcanzado en el Congreso.

 

“El respaldo a esta propuesta de la ciudadanía que hemos impulsado desde el año pasado en la Comisión V del Senado y que cumple con uno de los compromisos de campaña del presidente Gustavo Petro, es un hecho muy importante en el camino de que Colombia se convierta en una potencia mundial de la vida y un país líder en el ámbito latinoamericano frente a la transición energética que es, ni más ni menos, lo que definirá el futuro mismo de la humanidad en los próximos años”, afirmó la senadora Hernández.

La congresista aclaró que si bien es cierto que el país hoy obtiene regalías del sector petrolero y minero energético, esta determinación no tiene ningún impacto fiscal pues la explotación con fracking no está incluida en el marco fiscal de corto y mediano plazo.

Por último, reiteró el llamado a la ciudadanía a que siga acompañando, como lo ha hecho desde siempre, esta iniciativa legislativa a fin de que se surta el trámite restante con miras a convertirse en Ley de la República.

Comisión V, votará este martes proyecto contra el fracking

Al cierre del presente periodo legislativo, al cual le quedan dos semanas, la Comisión Quinta del Senado de la República agendó mañana para primer debate el proyecto de ley por medio de la cual se prohíbe el fracking, la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos, se ordena la reformulación de la política de transición energética y se dictan otras disposiciones.

La iniciativa fue radicada por parlamentarios del Pacto Histórico, coalición de fuerzas de izquierda y alternativas que funge como partido de gobierno.

 

El gobierno del presidente Gustavo Petro, por intermedio de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que no entregará licencias para utilizar la técnica del fracking en la explotación de petróleo y gas por los posibles efectos sobre los recursos naturales, pues consiste en la inyección de agua a muy alta presión para fracturar la roca y lograr obtener estos energéticos.

Un reciente fallo del Consejo de Estado dejó viva la normatividad por la cual se puede hacer fracking en el país. Sin embargo, las empresas interesadas en llevarlo a cabo, porque garantizaría mayor productividad, se encuentran con la negativa del Gobierno.

En ese sentido la iniciativa de la bancada del oficialismo busca prohibir por una ley el uso del fracking, con el objeto de que con el cambio de gobierno no se dé marcha atrás.

El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo la audiencia pública “No al fracking”, en la cual la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), de la Comisión Quinta, socializó el proyecto de ley 114 de 2022.

“La postura del Gobierno es respaldar el proyecto, no queremos suspender fracking por 90 días, sino que se suspenda definitivamente, no podemos continuar en un marco de crisis climática mundial”, afirmó la senadora Hernández, ponente de la iniciativa.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, destacó que “creemos que el fracking y los no convencionales no son un camino que acelere la transición energética, sino que la dilataría, tiene altos costos ambientales especialmente en el uso del suelo, en el uso del agua y riego no conocidos y difíciles de conocer solamente, como es el impacto en la muy compleja geología colombiana”.

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Foto: cortesía

Minambiente radica proyecto antifracking en Colombia

La ministra de Minambiente, Susana Muhamad, inició sus labores con la radicación del proyecto de ley que le cierra la puesta al fracking en el país.

“Hoy estamos iniciando el camino de cumplimiento de ese compromiso político y esa posición de que en Colombia no entra la técnica del fracking y las técnicas de yacimientos no convencionales. No es lógico que si queremos iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre e impacto social y ambiental”, así lo aseguró la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, durante la radicación hoy del proyecto de ley que le cierra la puerta a esta técnica en el país.

 

Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno Nacional en pleno, a través de la cartera ambiental, el Ministerio de Minas y Energía, congresistas, organizaciones socioambientales y la Alianza Colombia Libre de Fracking, entre otros representantes de la sociedad civil, buscan ahora fortalecer la protección del medio ambiente y la salud de las actuales y futuras generaciones.

También se pretenden prevenir los conflictos socioambientales asociados al fracking, y cumplir con los compromisos internacionales plasmados en el Acuerdo de París, ratificado por Colombia.

Así las cosas, de convertirse en ley este proyecto, en Colombia se prohibiría expresamente la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales; la suscripción, adición u otorgación de contratos, concesiones, licencias y permisos ambientales para dichas explotaciones y el fracking. Además, también se reformularía la política de transición energética.

El Fracturamiento Hidráulico Multietapa (fracking) es la técnica con la que se realiza la inyección, en más de tres etapas, de un fluido compuesto por agua, propante y aditivos químicos, con el objetivo de generar o inducir fracturas en las rocas de los yacimientos no convencionales para facilitar el flujo de la formación productora.

“Estamos avanzando en blindar a los territorios de lo que sería la expansión de la frontera extractiva de hidrocarburos. Estamos entonces prohibiendo la explotación de yacimientos, de roca generadora, que son, básicamente, los que hemos conocido que están en Puerto Wilches, con los pilotos”, explicó Andrés Gómez, de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Asimismo, la ministra Muhamad puntualizó: “La presentación de este proyecto de ley tiene varios argumentos: nuestro compromiso de trabajar por un país que haga una transición social, económica y ambiental, para enfrentar la crisis climática; nuestra creencia en la democracia ambiental, que significa la necesidad de tomar la voz de las comunidades y lograr concertaciones en las políticas de desarrollo, y nuestra coherencia ambiental con los compromisos de Colombia”.

Cabe resaltar que este proyecto de ley, que será debatido próximamente en la Comisión Quinta del Senado de la República, no afectará la explotación de los yacimientos convencionales que hoy se encuentran operando en el país.

Autosuficiencia del petróleo no se logrará por más exploración o fracking

A pocos días de la toma de posesión del nuevo Gobierno aún existe la expectativa negativa que se pare la exploración petrolera y el país entre en una senda de desabastecimiento en los años subsiguientes con fuertes alertas de la devastación de la economía nacional y las finanzas públicas, que también fue duramente repudiado por muchos políticos y economistas durante la campaña. Lo que muestran los datos del sector es que no tenían el conocimiento necesario sobre el tema como para vociferar como lo hicieron.

Lo que no se ha dicho es que la exploración en Colombia desde hace más de 30 años no ha sido la principal vía por la cual hemos tenido petróleo. El éxito de esas exploraciones ha representado menos del 10% de las adiciones de reservas probadas de petróleo y gas; por ejemplo, para 2021 fue tan solo el 6% y 13% respectivamente, según cifras oficiales de la ANH. La gran mayoría de la producción (entre el 80% y el 90%) en las últimas tres décadas ha provenido de reservas descubiertas antes, en 1970´s, 1980´s y 1990´s, y principalmente lograda mediante sistemas productivos que llaman los ingenieros de petróleos recuperación primaria y algo de recuperación secundaria en campos “viejos”; también se explica por una de esas vueltas de la rueda de la fortuna debido a que el régimen Venezolano bajó la producción de crudos pesados, permitiendo que nuestros crudos pesados tuvieran mercado. Es decir, pareciera que toda la histeria que generó el tema en campaña era inocua.

 

Tampoco se ha dicho que el Fracking, que es un tipo de estimulación hidráulica a los yacimientos como la que se hace desde hace años en la recuperación primaria y secundaria, solo que a formaciones más duras y generalmente mediante pozos horizontales,  y por ello más costosa, puede ser una alternativa siempre y cuando los precios internacionales lo permitan. Pero no pareciera la más lógica porque primero, por ser más viable, rentable y sostenible para el país y para Ecopetrol,  estarían la recuperación secundaria y terciaria de las reservas ya descubiertas en los campos “viejos”.

Ecopetrol ha emprendido el aprendizaje del Fracking asociándose en algunos campos en USA y el discutido piloto en el país; pero por increíble que parezca, sabe poco de recuperación secundaria y terciaria cuando es su principal fuente y su mayor potencial. Solo hasta hace pocos años ha venido cambiando su estrategia de explotación, la cual ha debido hacer al menos hace tres décadas cuando empezaba a recibir campos con grandes reservas ya descubiertas, producto de la reversión de contratos petroleros; campos donde de hecho era socio desde antes de las reversiones.

También hay que decirlo, toda la histeria que genera el Fracking debe moderarse y de lo que debe hablar Ecopetrol, con prioridad, es de recuperación secundaria. A hoy hemos extraído del subsuelo menos del 20% de las reservas ya descubiertas de petróleo, de las llamadas reservas in situ: esto es lo que se conoce como el factor de recobro. En el mundo este factor supera el 30%. Estamos lejos de raspar la olla con lo que ya tenemos descubierto, podemos hacer mucho más en recobro mejorado en campos viejos donde, además, podríamos usar la misma infraestructura de superficie que ya tenemos y tener un menor impacto ambiental y menores costos.

Con las recomendaciones de la OCDE para “evitar” una mala influencia gubernamental sobre una empresa industrial del Estado, se eliminó la participación de los ministros en su junta directiva, en especial del de economía. Esto tiene un error estructural en la concepción de la relación de la empresa con la economía nacional, dado que ésta depende en una importante proporción de aquella, y por lo tanto no se podía seguir a rajatabla la recomendación de la OCDE, bien intencionada, pero que aplica a casos genéricos de Empresas de Propiedad del Estado y no a una como Ecopetrol que hace parte íntima del manejo económico y fiscal del país. Y es que estamos acostumbrados a ser “el vagón de la cola” y no hemos desarrollado el criterio suficiente para revisar las “mejores prácticas” que fueron desarrolladas en otros contextos para localizarlas debidamente al nuestro.

Y en cambio sí se dio paso al manejo politiquero y amiguero que le han dado, con exactitud lo contrario a lo que intenta proteger la recomendación de la OCDE. Se supone que el Gobierno que representa al mayor accionista presenta y elige para su junta directiva a prohombres con enormes conocimientos en el negocio y a toda prueba. La realidad que hemos visto es al revés, lamentablemente: ni conocimiento del negocio ni de economía (Fonseca, 2021). El petrolero es un negocio de mucho cuidado, no solo por las complejidades tecnológicas y de los mercados, sino porque es de grandes números, y cualquier riesgo materializado va contra los recursos públicos. Cuando el riesgo asumido no ha sido razonable comparativamente con otras empresas del sector, privadas, termina siendo un error, y ya le hemos visto varios a esta administración (Perú, Brasil, USA, ver Suárez, 2022).

Y no se trata solamente de la conformación de la Junta como bien resalta el profesor Cuéllar (Uniandes, 2022). Pero hay que ir más allá, con una comprensión más estratégica de las dos funciones que deberían estar encadenadas: una, la del manejo económico y fiscal del país, y dos, la función empresarial de Ecopetrol, en ese orden. Las decisiones estratégicas de política económica y energética del país deben tomarse en el Gobierno y delimitar así la cancha de juego en que la empresa debe moverse y desarrollar su negocio. Y no al revés, porque no solo queda como una rueda suelta en el manejo económico y fiscal, sino que puede representar una contravía a las políticas económicas del Gobierno. Es decir, no solo no es una herramienta sino que puede volverse un arma en su contra, y de reflejo, en contra de los colombianos. Por su parte, la función empresarial no tiene por qué ser interferida por el Gobierno una vez definida la política económica y energética, y la debe desarrollar la empresa autónomamente siguiendo los lineamientos de la OCDE.

Un ejemplo monumental que ilustra esto claramente es el de la gestión de la demanda. Los análisis de la UPME muestran que el consumo energético de los automóviles en el país es demasiado ineficiente, menos de un 23% (de toda la energía consumida a través de la combustión en los motores, tan solo 23% termina siendo energía útil en el movimiento de los vehículos).

La mayor parte de esto ocurre porque el parque automotor es viejo y mal mantenido, con tecnología de muchos años atrás, que no solo impacta al medio ambiente de manera grave (razón suficiente para ser retirados del mercado) y afecta de manera negativa a la seguridad vial, sino que en términos económicos es un pésimo negocio para el país. Si el parque automotor, que tiene en promedio una vejez de 17.5 años, fuera actualizado, se tendría un potencial de ahorro entre 38 y 50% por ciento, según las estimaciones de la UPME.

Una reducción de consumo nacional de petróleo del 50%, significa en términos relativos haber aumentado las reservas al doble en forma equivalente, sin discusiones de exploración ni de fracking siquiera. O liberando capacidad para exportar más si se requiriera como lo explica el próximo ministro Ocampo (Semana, 2022). Si Ecopetrol se maneja como empresa independiente del manejo económico del país y de la política energética, está solamente encaminada a generar utilidades, así esas utilidades se vuelvan humo tóxico en la ineficiencia del parque automotor, lo cual no es su problema. Es decir, torpemente encaminada a generar utilidades empresariales, sin tener en cuenta los efectos económicos, sociales y ambientales negativos para sus propios dueños, los colombianos.

Por lo que es imprescindible tomar decisiones estratégicas de país, antes que decisiones estratégicas de empresa. La reducción de la demanda de esta manera ahorraría al país en exploración, divisas para compra de combustibles, y el efecto en el medio ambiente. Es decir, que se podría invertir una parte importante de ese ahorro anual en generarlo ya, a través de incentivos y programas de ayuda al servicio público por tecnologías ultra-modernas incluida la electrificación del parque automotor público y privado. Podría hacerse hasta un monto tal que la tasa interna de retorno iguale la mejor de una inversión en exploración (teniendo el % de éxito anotado). No sorprenda que podrían ser montos enormes: como comparación hipotética, es posible que se obtenga una rentabilidad superior a la de Reficar invirtiendo los mismos 8.000 millones de dólares en reducir la demanda.

Estaríamos gerenciando el país como se debe, siguiendo el bienestar de la gente como único derrotero válido y el mayor beneficio económico, social y ambiental de los colombianos como objetivos supremos, y no dejando que se gerencie la empresa solamente, que aunque se hiciera muy bien terminaría en resultados negativos netos comparados. Mucho que reaprender y aplicar en el nuevo Gobierno, en la OCDE y en Ecopetrol.

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Este articulo ha sido escrito con base en las enseñanzas de los análisis estratégicos del sector energético del ingeniero Julián Garcia, compañero de comisión técnica en la Sociedad Colombiana de Ingenieros y profesor universitario. Mi gratitud con el ingeniero García por su profundidad.

* @refonsecaz

Consejo de Estado le dijo Sí al fracking

El Consejo de Estado negó la demanda que buscaba tumbar la reglamentación expedida por el Gobierno para ejercer la actividad del fracking.

La Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que las normas eran “un reglamento técnico”, por lo cual su función como juez no es decir qué debe hacer la administración sino verificar que las normas estén ajustadas a derecho”

 

La demanda hace referencia a lo establecido en el Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución 90341 de 2014, firmados por el presidente de la república. Según el demandante, estas decisiones representan un riesgo para los recursos naturales, la salud humana y animal, además de violar el principio de precaución”.

El Consejo de Estado dijo además que, “la demanda no demostró que las normas acusadas no satisfacían las exigencias jurídicas del principio de precaución. No probó que fueran contrarias, ajenas o irrazonables de cara al conocimiento científico o de la disciplina correspondiente y que tampoco probó que sus reglas sean arbitrarias, inadecuadas o irrazonables para mitigar los riesgos de la actividad regulada”.

La decisión se dio con una votación de cinco a favor y tres con salvamento.

 

 

Una Junta independiente para las decisiones del Ambiente y Desarrollo Sostenible

Siendo el desarrollo sostenible y el cuidado de nuestro planeta tierra un tema de orden superior, no solo para el país sino para la humanidad, resulta cada vez más importante que las políticas de Estado y las decisiones de Gobierno sean precisas y equilibradas, por lo que se ve altamente recomendable adoptar un mecanismo de aseguramiento como la de tener una Junta independiente que apruebe o desapruebe los proyectos sujetos a licencia ambiental. Aquí las razones.

La palabra independiente es clave porque denota que las decisiones no pueden depender del Gobierno de turno, porque su esencia es el largo plazo, apuntan a asuntos estratégicos del país y porque dejadas en manos del Gobierno de turno pueden terminar siguiendo sus sesgos según las afugias por las que esté pasando. Para ilustrarlo contamos con un buen símil.

 

Desde la Constitución Política de 1991 la junta del Banco de la República tiene independencia “en política monetaria, cambiaria y crediticia, obligando al Gobierno a coordinar la política macroeconómica con este, siempre y cuando las políticas macroeconómicas gubernamentales estuvieran alineadas con el control de la inflación; en caso contrario, el Banco no está obligado a ninguna coordinación, es decir que prevalece la estabilidad de precios sobre otros objetivos, como el empleo y el crecimiento(Maya).

La razón de esta independencia dada por “los economistas ortodoxos: porque los Gobiernos tienen un sesgo inflacionario; quieren ser reelegidos y para ello quieren demostrarles a los electores su compromiso con el empleo, financiando directamente el déficit público para generar más empleos, pero terminan generando más inflación vía emisión monetaria”. Y la inflación es “el impuesto más cruel e injusto para los pobres como sugiere Kalmanovitz”. Aunque no se puede decir que haya consenso frente a todas sus implicaciones, se sabe que ha funcionado para bajar y mantener la inflación desde que es independiente.

La inflación es una variable del país, que aunque es influenciada por la economía mundial (como en estas épocas), es local. La promesa de su manejo cuidadoso es que no deje caer al país en espirales decadentes que desencadenen inflaciones inmanejables que se traduzcan en pobreza y terminen cerrando el paso a la competitividad y por ese conducto al crecimiento también.

Las decisiones relativas al Ambiente y al Desarrollo Sostenible le son también naturalmente contrarias a las metas de un Gobierno de turno, que quisiera desarrollar minería, fracking, proyectos de infraestructura, sin tener tantas talanqueras ambientales ni sociales, y así poder mostrar resultados de corto plazo en exportaciones, en suministros estratégicos, en empleo, etcétera, por lo que tiene un lógico sesgo con el que quisiera subordinarlas a sus propósitos de manejo económico. Pero las decisiones del Ambiente y del Desarrollo Sostenible no son variables locales, son globales, y por lo tanto deberían tener aún más jerarquía que las puramente económicas, si nos atuviéramos a la inteligencia colectiva frente al planeta y a que hemos prometido honrar las promesas de hacer esfuerzos para parar el cambio climático. Sería un coherente y avanzado mensaje para respaldar el “Unidos es que lograremos salvar a nuestro planeta y generar una conciencia donde la sostenibilidad esté presente en nuestras acciones” (Duque).

Resultaría entonces más lógico que las decisiones en Ambiente y Desarrollo Sostenible le sean confiadas a una Junta independiente que valore tales decisiones sin el peso de las presiones del Gobierno de turno, y las niegue o condicione según trasgredan las líneas rojas que el mundo se ha impuesto para regresar al planeta a una senda de calentamiento (y contaminación) que no atenten contra la vida en el mismo. Que evite que el Presidente pueda darle órdenes directas a la ANLA debido a los silenciosos compromisos adquiridos en campaña o por la estrechez de la coyuntura económica, o la presión de algún país poderoso, o incluso por vulgar corrupción. A los gobernantes actuales puede no gustarle, pero debemos tener en cuenta que en el futuro no sabemos qué tipo de gobernantes tendremos.

Una Junta integrada con mecanismos parecidos a los de la del Banco de la República, que con el tiempo va sumando a personajes de muy alto reconocimiento por sus conocimientos, equilibrio conceptual en torno al Desarrollo Sostenible y sobre todo, amor incondicional por nuestra casa mayor – la tierra – y a nuestra patria hermosa pero amenazada y no bien protegida a la vez, puede asegurar una sana instancia de discusión con los Gobiernos para la política ambiental necesaria y unas decisiones que no se vean sesgadas por las necesidades de crecimiento o preferencias ya anotadas.

Este tipo de reformas deberían estarse debatiendo por los candidatos para saber su real compromiso con el mundo, por encima de sus intereses locales. Asociado a esto también deberíamos estar revisando en la Ley de Delitos Ambientales, y especialmente qué pasa con las omisiones de los funcionarios a cargo de la protección de la naturaleza: ¿qué les pasa si no hacen la tarea? ¿qué penas afrontan si se hacen “los de la vista gorda” con los delitos ambientales? No son asuntos menores.

Ante la mirada estupefacta del mundo por lo que sucede con la deforestación de nuestra selva amazónica, que es demasiado dolorosa, se está matando la diversidad espectacular que tenemos: solo en la mitad de diciembre y este enero “se presentaron 1.950 incendios forestales y quemas prohibidas… el abandono estatal es palpable allí donde las autoridades no llenaron el vacío que dejó la salida de los rebeldes” (refiriéndose a las desmovilizadas FARC) (Torrado); para 2020 la cifra ascendió a 172.000 hectáreas deforestadas (¡los datos oficiales solo se saben 1 año y medio después!). Se puede consultar el tamaño del desastre en la web de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Pese a los compromisos en la COP26, que promulgó el Presidente levantando aplausos y todo, no vamos a cumplir, y la razón que esgrime el Gobierno es que faltan cooperantes con dinero. Pero se conocen las estrategias que no tienen que ver con ello: el International Crisis Group (ICG) le ha advertido al Gobierno que “debe redirigir sus esfuerzos contra los delitos ambientales hacia los actores económicos que impulsan la destrucción de bosques, en lugar de los taladores más pobres”. Se sabe que la ganadería es el principal deforestador, el país sabe quiénes son, pero no se ven los resultados de una acción consecuente. Esta omisión es imperdonable. “Las acciones deben ser preventivas, no reactivas. Esta es una tragedia anunciada y año tras año en temporada seca vemos, con impotencia y dolor, al Amazonas arder”, apuntan más de 180 académicos colombianos en una carta pública a Duque y su ministro de Ambiente”, recuerda la misma fuente (Torrado).

El Ambiente y el Desarrollo Sostenible es el asunto más serio e importante que enfrenta el mundo, y desde luego Colombia debe estar ahí, poniendo su parte. En consecuencia, solo nos corresponde actuar con las debidas seriedad e importancia.

* @refonsecaz