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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Gobierno

Políticos estarían metiendo mano en elección de gobernador Arhuaco

La Confederación Indígena Tayrona “CIT” anuncia que, desde la Ley de Origen, el Pueblo Arhuaco posee un sistema de Gobierno Tradicional Propio que ejerce acciones dentro de su territorio, que es un ser viviente y es el espacio espiritual y físico donde se desarrolla su cultura, su conocimiento, sus relaciones sociales, culturales y espirituales.

Este sistema que está basado en la Ley de Origen y orientado por Zaku Jina – Kaku Jina, se cimenta en los Ka’dukwu -lugares de consulta espiritual- de los cuatro centros tradicionales que son las Kankurwas mayores: Seykúmuke, Numa´ka, Séynimin y Kunzínkuta-Negragaka, quienes orientan y asesoran primeramente a los Mamus y estos orientan al órgano político que representa al Pueblo Arhuaco.

 

Sin embargo, el gobierno de Iván Duque ha venido reconociendo y registrando figuras legales no electas por el pueblo, con la pretensión sistemática de desestabilizar la estructura de gobierno propio, el reconocimiento y la armonía con la Ley de Origen, el territorio y las Madres y Padres espirituales. Esta desestabilización ha tenido consecuencias que, al tratarse de un conflicto de intereses políticos, ha hecho que la autonomía y la autodeterminación del pueblo Arhuaco se sienta amenazada por parte del Estado colombiano.

El pasado 10 de mayo de 2022 en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 149 de 16 de febrero de 2022 “[los Mamus de las cuatro Kunkurwas Mayores podrán], en ejercicio de su autonomía y autodeterminación, acordar la elección del Cabildo Gobernador del Pueblo Arhuaco y convocar a la mayor brevedad a la Asamblea General”, se reúnen durante 3 días los principales líderes indígenas del pueblo Arhuaco, para elegir a su nuevo Cabildo Gobernador (Presidente de la Directiva General) con el fin de acabar con la situación de desgobierno que desató el nombramiento irregular de otros gobernadores que fueron prácticamente impuestos por el Gobierno Nacional.

“Tenemos conocimiento que políticos y empresarios quieren incidir para obstaculizar el normal desarrollo de esta asamblea general. Esto implica que van a incidir ante el gobierno, incluso ante el Gobierno Nacional para que nuestras decisiones no sean acatadas. Estamos seguros que detrás de esto hay intereses extractivos, agroindustriales y turísticos sobre nuestro territorio. Es por ello que el gobierno ha reconocido figuras jurídicas que no corresponde a nuestro gobierno indígena y eso amenaza nuestra economía y autodeterminación”, denunció la líder arhuaca Seinarin Torres.

Hay indicios por parte de algunos voceros que indican que nuevamente los intereses de algunos empresarios y políticos estarían detrás en el complot para el normal desarrollo de estas elecciones, con el fin de continuar con el otorgamiento de licencias ambientales sin la realización del proceso de consulta previa que está consagrado en la ley colombiana al tratarse de territorios indígenas.

Por otra parte, la amenaza directamente en su derecho a la Autonomía y Autodeterminación por parte del Estado colombiano al vulnerar su derecho de Gobierno Propio cuando la Corte Constitucional se adjudica decisiones que desde años anteriores ella misma declara, le corresponde a los Pueblos Indígenas.

Actualmente el Pueblo Arhuaco se encuentra en una desarmonía espiritual y de Gobierno Propio porque algunos miembros del Pueblo Arhuaco insisten en desconocer las instancias de conformidad con las disposiciones de nuestra Ley de Origen y consulta a la Zaku, para la elección de Cabildo Gobernador y de esta manera, respondiendo a intereses particulares, conseguir la elección de otros “gobernadores” que pactan, sin tener en cuenta al pueblo Arhuaco, el desarrollo de importantes proyectos minero-energéticos en zonas de reserva indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta.

¿Sometimiento a cambio de beneficios?: la oferta del Gobierno al Clan del Golfo

El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, ha pedido a los miembros del grupo narcoparamilitar Clan del Golfo que se sometan a la justicia, después de la extradición a Estados Unidos del que fuera su líder, Darío Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, que ha llevado a la organización a iniciar un ‘paro armado’ en el norte del país como represalia.

Restrepo ha recordado que los miembros del Clan del Golfo pueden presentarse de manera voluntaria e individual ante una autoridad civil o militar para someterse a la Justicia y abandonar de manera definitiva cualquier acto de criminalidad, lo que les reporta beneficios jurídicos y socioeconómicos.

 

«Estas personas sólo tienen tres caminos: enfrentarse la institucionalidad y ser dados de baja, ser capturados o acceder al sometimiento, a través de la Ruta de la Legalidad», ha señalado el Alto Comisionado para la Paz, que ha detallado que, durante el Gobierno de Iván Duque, más de 250 integrantes del Clan del Golfo han elegido esta opción y se ha reintegrado en la vida social.

Los beneficios previstos en el decreto no sólo se aplican al integrante del grupo, sino también a su grupo familiar –esposa, hijos o padres–.

El Clan del Golfo ha comenzado en varias localidades de Colombia un ‘paro armado’ como consecuencia de la extradición de ‘Otoniel’ a Estados Unidos. Según la información recogida por el citado medio, en localidades han aparecido panfletos intimidatorios, viviendas pintadas con grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o vehículos quemados, entre otros actos. Las acciones violentas aumentan con el paso de las horas y está previsto que el paro dure varios días.

Considerado durante años como el principal jefe de la droga en Colombia, ‘Otoniel’, fue detenido en octubre de 2021. Desde entonces ha estado intentando desesperadamente evitar su extradición a Estados Unidos, donde será juzgado por delitos relacionados con el narcotráfico, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP.

Actualmente el Clan del Golfo está formado por unos 3.250 hombres y mujeres, repartidos en cuatro estructuras principales que a su vez se dividen en 22 subestructuras repartidas en doce departamentos.

¿Gobierno se hace el de la ‘vista gorda’ con paro armado del ELN?

El gobierno del presidente Iván Duque ha intentado bajarle el tono al paro armado del ELN que comenzó este miércoles en las zonas del país donde ese grupo armado ilegal hace presencia.

A través de varios pronunciamientos el presidente Duque y su ministro del Interior han insistido que «el país no está paralizado», a pesar de las acciones terroristas que siembran terror los habitantes del Catatumbo, Santander, Arauca, Chocó, Cauca y otras zonas.

 

“Todas las acciones han sido atendidas por la Fuerza Pública. Hoy estamos en una normalidad en el territorio nacional en movilidad, en donde tenemos un despliegue de la fuerza pública y donde llegaremos a cualquier lugar.” indicó Daniel Palacios, Jefe de la Cartera Política.

De otro lado, el Ministro Daniel Palacios aseguró que donde actúe el ELN llegará la Fuerza Pública.

“Lo que ha caracterizado al ELN es hacer incursiones en donde se atraviesan momentáneamente en las vías”, señaló el Ministro del Interior.

Frente a los hechos ocurridos en Pailitas, Cesar se activó con Policía de Carreteras un plan para desviar y garantizar la movilidad. De igual forma, se activó la instalación de un puente militar.

El Ministro del Interior se refirió a la Poliza antiterrorista del Gobierno Nacional, aclarando que está se ponente en marcha cuando se altera el orden público.

“Para precisamente darle una garantía adicional a los ciudadanos y tengan la tranquilidad de que en caso tal , que llegue a suceder algo, el Estado responde.”

Gobierno sigue en estado de negación: Ahora es con los venezolanos deportados de EE.UU.

El Gobierno de Colombia ha negado este martes la existencia de acuerdos con la Administración estadounidense para recibir migrantes venezolanos deportados.

«No es cierto que yo haya firmado un acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados», ha aseverado la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

 

Previamente, autoridades migratorias colombianas declararon el inicio de estas deportaciones desde Estados Unidos, amparadas en al Título 42 aprobado bajo el mandato del expresidente Donald Trump.

En esta misma línea, la cadena estadounidense CNN, aludiendo a fuentes de Seguridad Nacional, apuntó este lunes que la Administración del presidente Joe Biden había comenzado a deportar a migrantes venezolanos arrestados en la frontera con México.

Así pues, en declaraciones a la emisora colombiana, Ramírez ha desmentido el ingreso al país de 6.000 migrantes venezolanos, aunque ha reconocido que el Gobierno de Estados Unidos sí ha propuesto a Bogotá un acuerdo en esta materia.

«Estados Unidos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos, que han llegado con colombianos, de manera irregular, sean deportados a Colombia», ha declarado Ramírez, quien ha apuntado que el Gobierno aún no se ha manifestado al respecto de la propuesta.

El mencionado Título 42 consiste en una disposición de salud pública impulsada por la anterior Administración, que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección.