Mal le salió a Gustavo Petro su viveza del 20 de julio de pedir excusas por los delitos de Olmedo López. Porque esas fueron lágrimas de cocodrilo para desviar la atención de la gran ola de indignación que en ese momento ya había contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, promotor de que Olmedo López y Sneyder Pinilla tramitaran a las volandas platas del ministerio de Hacienda para obras en tres municipios en los que eran mayoría electoral los congresistas de la Comisión de Crédito Público, hoy acusados por la Fiscalía de haberle aprobado al gobierno normas a cambio de las coimas que les dieron.
Y a Petro le fue muy mal con esa astucia porque la Fiscalía, acogiendo las informaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, acusó a Ricardo Bonilla, a Carlos Ramón González y a otros de sus altos funcionarios, acusación que obligó a renunciar a González.
Así informó la prensa sobre la audiencia del jueves: “Fiscalía dice que ministro Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, Sandra Ortiz y el director de la Función Pública hicieron parte de una organización criminal”. “La Fiscal delegada Andrea Muñoz ha hecho serios señalamientos en lo que llamó una ‘empresa criminal’ que formaron varios funcionaros del Estado y empresarios, con el fin de lucrarse a través del dinero destinado a emergencias y calamidades”.
Agregó la Fiscalía: “Usted señor Olmedo López, coordinó con Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos (…) en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda del Congreso”. Camilo Romero, Gloria Inés Ramírez y César Manrique, “los otros tres altos funcionarios del gobierno de Petro mencionados en la investigación por corrupción”. “La Fiscalía señaló que Carlos Ramón González, ex director del Dapre y hoy cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, habría sido la persona que dio la orden de pagar 4.000 millones de pesos en sobornos a Iván Name, expresidente del Senado, y a Andrés Calle”, expresidente de la Cámara.
Y Petro, con descaro e irresponsabilidad, fue capaz de afirmar: “Creo en la inocencia del ministro de Hacienda”, a pesar de haber pruebas de sobra de sus presiones a Olmedo Pinilla y a Sneyder Pinila para que agilizaran, ilegalmente, 92 mil millones de pesos en obras en tres municipios, plata que era
una forma de pagarles los votos a los congresistas de la Comisión de Crédito público para facilitarle las trapisondas a Ricardo Bonilla.
Cuando además Gustavo Petro sabe que él no tiene cómo demostrar su declaratoria de “inocencia” de Bonilla y que su irresponsabilidad es una violación autoritaria de la separación de los poderes que ordena la Constitución, como fundamento de la democracia que rige en Colombia, y presiona indebidamente a la Fiscalía, que ya acusó a Ricardo Bonilla por sus ilegalidades. Charlatanería y autoritarismo.
¿Gobierno “del cambio”? ¿De cuál cambio? Demagogia. Petro está imponiendo la misma práctica corruptora tradicional en Colombia, que señala que “la Justicia es un perro bravo que solo muerde a los de ruana”, es decir, a quienes no tienen el poder del Estado para protegerse de sus desvergüenzas, en esta ocasión además en asocio con los mismos políticos clientelistas que dijo haber derrotado en 2022,
Jorge Enrique Robledo
