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Últimas noticias de Gustavo Petro

Más allá de lo apenas predecible

En cada una de las visitas a las comunidades, en cada reunión de cafetín o en encuentros virtuales, no falta la pregunta, ¿cómo ves el gobierno del cambio? ¿Lo está haciendo bien o mal el presidente Petro?, e instintivamente, dependiendo de mi estado de ánimo, me atrevo a lanzar algunas opiniones, unas más optimistas que otras, guardando siempre el decoro y la solidaridad, con el primer gobierno de la llamada izquierda democrática colombiana.

A mi modo de ver, el Gobierno Nacional lo está haciendo bien, si consideramos que se gobierna a un Estado que arrastra el lastre de la corrupción a todos los niveles, que ha heredado la carga de una inmensa deuda externa del sector público, y que estamos atravesados por el fenómeno del narcotráfico y el lavado de activos que rompe con los análisis y las medidas económicas tradicionales, un Estado debilitado por las políticas neoliberales que privilegian las ganancias del sector privado especulador y que niega derechos fundamentales de los trabajadores y las mayorías, una sociedad atravesada por un Conflicto Armado Interno que genera graves daños y mucho dolor a los más necesitados, y que debilita la capacidad de respuesta del gobierno a fenómenos como la pobreza y la exclusión, un gobierno que se enfrenta a una oposición extremadamente mezquina, rencorosa y violenta, organizada a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad, la mayoría de ella parásita, que se ha enriquecido a expensas de debilitar y apoderarse de los recursos del Estado y del narcotráfico.

 

Pero más allá de lo apenas predecible, y a propósito de la convocatoria a la Jornada Nacional por la Vida, la Paz y el Cambio Social, que se realizará este 27 de septiembre, como una actividad más, en donde convergen la iniciativa de las organizaciones sindicales, sociales, étnicas, comunales y el Gobierno Nacional, me atrevo a escribir unas líneas que considero pertinentes, con el ánimo de contribuir al debate constructivo, desde la orilla de quienes llevamos toda una vida luchando por las transformaciones sociales, políticas y económicas, que nos conduzcan al goce pleno de la Vida, la Libertad y la Dignidad.

El Nuevo Gobierno, sin duda alguna, ha dado pasos importantes en la búsqueda de un mejor vivir para lo cual requiere ponerle fin al conflicto armado, al narcotráfico, a la corrupción, y librar una justa batalla contra el cambio climático, producido por la economía construida sobre los hidrocarburos. Un gobierno que busca revertir las prácticas neoliberales y las constantes violaciones a los Derechos Humanos que tanto daño han hecho a la Democracia, al Estado Social de Derecho, a la equidad y al desarrollo del país; un gobierno al cual, a pesar de su evidente compromiso, le surgen desde diferentes orillas, las críticas y los señalamientos, sobre su capacidad real de gobernar, ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, y lograr un gran Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación.

Para el Gobierno Nacional, no es fácil gobernar sin que la coalición -formal y no formal-, bautizada como Pacto Histórico, se haya consolidado y haya logrado construir, unas tesis políticas e ideológicas claras, que sirvan de bitácora ejecutiva, de eje de la deliberación frente a otras expresiones políticas y de centro gravitacional que atraiga conscientemente a la ciudadanía. Quienes hoy nos sentimos parte de esta coalición, no hemos podido construir una propuesta unificada acerca del tipo de Estado que queremos, su modelo de democracia, la descentralización o el reordenamiento territorial, la oferta sobre un nuevo modelo económico, y nos alineamos sin mucha discusión, a la inercia del esquema actual de la estructura del Estado, de la economía de mercado y de la democracia representativa que le sustenta, como si solo bastara, para hacer realidad las reivindicaciones propias del pueblo, que lo que no se gana en el congreso, vía deliberación o concesión -entendiendo o aceptando que somos minorías-, se logrará con la llamada lucha callejera.

A corto y mediano plazo, como PH tendremos que superar el sectarismo y el “canibalismo” político internos, la tensión constante entre el parlamentarismo versus organizaciones sociales, que se define siempre en detrimento de los segundos, la búsqueda de victorias personales, la falta de mecanismos claros para la toma de decisiones que se evidenció en la entrega de algunos avales a los y las candidatas a las próximas elecciones y que seguramente no traerá muy buenas noticias en términos de ganar gran parte de la gobernabilidad local.

Si el Pacto Histórico quiere respaldar y mantener la Gobernabilidad Nacional, evitar los incumplimientos a las promesas electorales, debe avocarse a desatar un debate amplio y generoso, que recorra los territorios e incluya a las organizaciones sociales y políticas de base, para definir y fortalecer la estructura organizativa para este periodo de la historia, es decir, avanzar en la construcción, por ahora, de un Frente Amplio, en donde convivan democráticamente, las personerías políticas que hoy existen,  y en donde las organizaciones sociales, en igualdad de condiciones, sean reconocidas como actoras fundamentales del cambio y la gobernabilidad.

Aún no tenemos claro, si lo que queremos es fortalecer o renovar el Capitalismo, al que señalamos de culpable del calentamiento global y sus consecuencias, e involucrar en esta teoría a los pueblos étnicos que lo rechazan, o dejar que la autofagia haga su trabajo y algún día, si la evolución humana continúa, tener un modelo económico, político y social mejor; no hay acuerdo explícito, si lo que queremos es un modelo planificador centralizado, con un presidencialismo fuerte, como hasta ahora sigue ocurriendo, o un modelo que heche mano del federalismo, reconozca las autonomías y gobiernos propios de los pueblos étnicos y sea a su vez una república unitaria.

No tenemos una decisión colectiva sobre, si debemos avanzar hacia una sociedad en donde el poder popular, la soberanía y la democracia directa, sean o no eje fundamental de la convivencia y el desarrollo, o no; no hay consenso sobre, si queremos una reforma rural que favorezca la propiedad privada individual y el modelo capitalista que posiblemente luego la revierta por la vía de la oferta y la demanda, o una reforma rural que privilegie la propiedad de la tierra y el territorio en manos del Estado, de las organizaciones solidarias campesinas o de los pueblos étnicos, con planeación de la producción, comercio justo y centros de producción y desarrollo regionales.

Muchas personas afirmamos que este gobierno es de transición democrática, pero todavía en el PH, no hemos logrado consensuar hacia dónde queremos que nos conduzca esa transición democrática, ¿hacia un modelo liberal keynesiano renovado o modernizado? ¿hacia un socialismo democrático o una socialdemocracia? ¿hacia un modelo de planeación y democracia centralizada, con partido único?, o seremos capaces de escucharnos, de revisar y reconocer nuestras culturas y tradiciones milenarias, de estudiar y examinar en los avances científicos, tecnológicos y productivos contemporáneos ligados a la economía de mercado y otras estructuras sociales, la posibilidad de crear las condiciones necesarias, para que germine una propuesta incluyente, que nos saque de este círculo vicioso de pobrezas, miserias y violencias, en medio del llamado País de la Belleza.

Luis Emil Sanabria D.

Petro en Manrique

Más que analizar su discurso, que recoge las exigencias de la Medellín olvidada que necesita más que ladrillos y cemento, me interesa resaltar el gesto de subirse para el barrio, Comuna 3, barrio Jardín, en un escenario lleno de familias, niñez y gente expectante. No llegaron los medios hegemónicos porque ellos sí niegan el rostro del pueblo. Solo suben a mostrar violencia y registrar balaceras.

Para la mayoría de habitantes de esta comuna que tiene uno de sus barrios y parques con el nombre Gaitán, una comuna obrera y habitada por gente que vivió el desarraigo del campo por la violencia, fue un honor recibir por primera vez a un presidente. Esta zona de la ciudad, después de la conocida Comuna 13 (San Javier), es la que más población desplazada ha recibido desde los años 80. Petro, con más sensibilidad que intelecto, leyó el lugar y lo homenajeó no solo con su presencia sino con una reflexión poderosa: democratizar las oportunidades para las barriadas en el llamado Valle del Software.

 

Fue el pasado jueves 14 de septiembre, un sol iluminaba la ladera y las casas apretujadas pintadas de colores, un barniz que Medellín sabe poner en sus barrios más complejos. La gente esperaba un rimbombante anuncio sobre el futuro de UNE, sobre la intervención estatal en este importante activo público, pero el presidente se animó más bien a hablarle al barrio. El escenario se llenó cuando él salió, y su mensaje podríamos decir que fue esperanzador, en medio de un contexto electoral cargado de estigmatización y polarización mediática.

De esta visita, más que la anécdota de subir al barrio, queda la importancia de que estos territorios dejen de ser estigmatizados por ser cuna de bandas como La Terraza u otras expresiones de delincuencia organizada funcional en su momento a las estructuras paramilitares.

 La gente escucha razones, recibe el cambio y respeta a quien lo hace con ella. Gracias presidente por cumplir esta cita con el barrio. Allí la gente no es del barrio sino que son el barrio, pues lo autoconstruyeron a pulso y lucha cotidiana.

Ojalá que el gobierno del cambio siga siendo un gobierno para la gente de a pie: madres jóvenes solteras con ansias de oportunidades, juventudes en movimiento pidiendo pista para lograr mayor incidencia en su territorio, oportunidades de educación y empleo digno.

Petro y el espejo de Allende

Este pasado 11 de septiembre se conmemoraron cincuenta años del horroroso golpe de Estado al Gobierno de Salvador Allende, en Chile. Este hecho, no solo significó la muerte del presidente de los chilenos —oficialmente, un “digno” suicidio, en medio de teorías alternas de asesinato—, sino, el comienzo de un terror inimaginable para miles de personas y familias que sucumbieron ante la dictadura de Pinochet, que padecieron sus torturas, cuyas vidas fueron tomadas sin el más mínimo respeto por los derechos humanos. Por supuesto, además de lo anterior, se perdió el valor fundamental de la democracia para el país austral y, como si fuera poco esta tragedia, fue pieza estructural de la macabra ‘Operación Cóndor’, que creó un bloque en el cono sur de nuestro continente, en donde nadie que tuviera ideas distintas al régimen imperante, pudiera escapar.

Bueno, esta pequeña narración de ese episodio tan difícil de nuestra historia latinoamericana debería dejarnos lecciones que no permitan que algo semejante pueda pasar de nuevo, algo tan lesivo para la dignidad y existencia humana.  Creo que los actos conmemorativos y la presencia de varios jefes de Estado en Santiago de Chile, recordando el golpe, es un statment político que debe ir más allá de la actual coyuntura de Gobiernos de izquierda, y perseverar en el empeño de la región de no olvidar semejante tragedia. Desafortunadamente, en nuestro propio vecindario existen aún ejemplos en donde la democracia y sus derechos están seriamente amenazada, si es que no perdida por completo, lo que nos deja en un escenario contradictorio y —hay que decirlo—, frustrante e indignante.

 

Ahora, luego del incuestionable deploro que merece el golpe militar a Allende —sin ningún atenuante— parece singular encontrar algunas semejanzas entre las intenciones del gobierno Petro —es difícil darles la connotación de políticas, aún— y el programa de gobierno del inmolado Allende.  Empecemos por el agro. La Unidad Popular —coalición política que llevó a Allende, y la izquierda, al poder por medio de las urnas— profundizó con gran ahínco la repartición de tierras mediante expropiaciones forzadas, con y sin compensación de los otrora latifundistas; sin embargo, más allá de la legalidad de las acciones gubernamentales, en algunas regiones, este proyecto político fue tomado por mano propia por ciertos grupos campesinos y civiles, invadiendo predios, lo que dio lugar a un conflicto social violento, esto es, micro guerras civiles entre ciudadanos que defendían sus intereses por la tierra, sea heredada o sea reclamada —¿suena familiar para nosotros por estos días? —. Por su parte, el gobierno Petro comenzó por un acuerdo histórico —sin ironías ni histrionismos— con los ganaderos para la compra de más de tres millones de hectáreas —que se ha diluido en la operativización luego del anuncio—, entregado una pequeña cantidad de tierras confiscadas a los narcos y ha coqueteado con la figura de la expropiación.

Pasemos a la educación.  Allende pretendía darle vida a la ´Escuela Nacional Unificada (ENU)´, como un gran instituto de educación Estatal, a través del cual se educara a la mayoría de la población, por supuesto, haciendo énfasis en las áreas vulnerables. Por su parte, en medio del debate que comienza sobre la reforma Estatutaria a la educación presentada al Congreso por el Presidente Petro, su gobierno busca una expansión de la educación posmedia y superior, a través del Estado, soslayando en cierta medida el papel de la educación privada. Hay que decirlo, el programa del ENU estaba enfocado en educación básica-media y el de Petro, en educación superior.

Otro punto compartido por ambos, algo más sutil — y que, creo, debe manejarse con mucho cuidado— es el relacionado con las fuerzas militares. Para simplificar esto, ambos coinciden en la “democratización” de la carrera militar, flexibilizando el proceso para el ascenso en la cadena de mando, buscando que haya una rápida sucesión de las cúpulas formadas por entre la doctrina burocrática militar, en favor de personas con una formación más “fresca” y libre de esto.

Hablemos ahora de un ámbito algo más abstracto: el llamado “poder popular”, algo que está en directa relación con la materialización democrática. Aquí, las similitudes son mucho más evidentes. El programa de Allende contemplaba los Comités de Unidad Popular y los Consejos Comunales Campesinos, como mecanismos de acción directa de las comunidades sobre la gobernanza de sus territorios, sin embargo, su implementación real fue poco efectiva y la retórica le ganó a la gerencia, una vez más.  Por estos lados, el Presidente Petro ha hablado varias veces sobre la creación de “Asambleas Populares”, aparatos extraños a nuestro orden jurídico.

Finalmente, en la dimensión económica, Allende impulsaba la transición hacia un modelo francamente socialista, con la instauración de “áreas económicas”, comenzando por una grande Estatal —área de prosperidad social—, catalizando la expropiación de múltiples empresas privadas, lo que, junto con todo lo anterior, incrementó enormemente el gasto social más allá de las capacidades fiscales de Chile, compensado con una espantosa emisión de dinero que, por supuesto, llevaría a una hiperinflación y sería uno de los gatillos de su trágico final.  Si bien es cierto, el Presidente Petro juega dentro del capitalismo —deja una extraña sensación su confusa disertación en meses pasados, en Alemania, sobre la caída del Muro de Berlín—, comparte la visión de un aparato del Estado cada vez más grande, que jalone el crecimiento económico, presionando fuertemente a la regla fiscal.

Así pues, más allá de esta corta radiografía, encuentro pertinente hacer algunas reflexiones.  Por un lado, es cierto que el o los modelos económicos neoliberales, no han podido dar completa respuesta a la pobreza y desigualdades de nuestros países latinoamericanos, sin embargo, es igualmente cierto que la vía chilena al socialismo parecía haber sido un estruendoso fracaso ya antes del estruendo de las bombas sobre la Moneda.  Por otro lado, el mundo de hoy es mucho más dinámico, interconectado, diverso de pensamiento y expresiones individuales y colectivas.  Hay que reconocer que Colombia necesita —y lo expresó en las pasadas elecciones— transformaciones sociales, al campo, a la educación, a la salud; hay que admitir, también, que es imperativo ser un país más justo y equitativo. Sin embargo, me cuesta trabajo imaginar que fórmulas de hace medio siglo puedan simplemente aterrizar al año 2023.  Yo prefiero imaginar una tercera vía para impulsar la innovación social, en donde el Estado tenga un rol modulador, coordinador e impulsor del sector privado, garantizando plenamente los derechos fundamentales y superando las necesidades básicas insatisfechas con extrema eficiencia en el gasto, fomentando la prosperidad a través de una explosión de iniciativas diversas, productivas, de valor.  Para ello, hay que superar la visión asistencialista de subsidios sin generación de capacidad humana y movernos hacia un nuevo tejido social, que promueva la diversidad de emprendimientos individuales y colectivos.  Espero que Colombia encuentre esa tercera vía y no se deje llevar por paradigmas fracasados, tanto de derecha, como de izquierda.  Queda, pues, el llamado de estas líneas para que el debate nacional sobre las reformas logre diseñar esas alternativas. Queda la esperanza de una Colombia moderna, que por fin entre al siglo XXI y supere su violencia, que encuentre un proyecto común de largo plazo en el que todos quepamos y podamos desarrollar nuestro máximo potencial, sin depender exclusivamente de “la mano dadivosa de un gran hermano Estado.”

Germán Escobar Morales

No usar la verdad para venganzas, pide el primer mandatario

Al hablar de la Audiencia de reconocimiento de verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Casanare, el presidente Gustavo Petro recalcó que la verdad no debe ser usada para la venganza, sino para llegar a un momento de reconciliación social, a través de la verdad.

El jefe de Estado hizo referencia a la confesión del general en retiro Henry Torres Escalante, quien admitió su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, lo que lo convirtió en el oficial de más alto rango en aceptar su culpabilidad ante esa instancia.

 

“Por primera vez un general de la República confiesa que se cometieron crímenes de lesa humanidad en pasados gobiernos, asesinando, sistemáticamente, a miles de jóvenes inocentes.

Ni en las peores dictaduras militares de América Latina llegaron a este punto y a tal volumen de asesinatos. La justicia ha establecido la cifra de 6.402 jóvenes asesinados por funcionarios en otros gobiernos”, indicó.

Pese a la gravedad de estos crímenes perpetrados por funcionarios públicos, escribió, el Estado colombiano no ha sido sancionado por instancias internacionales debido al buen desempeño de la JEP.

“No hemos sido sancionados mundialmente solo porque la justicia transicional ha actuado, la misma que se quería derogar y silenciar”.

Esta es la segunda vez que el jefe de Estado escribe esta semana en su cuenta de X (antes Twitter) sobre la audiencia de reconocimiento por los casos de ‘falsos positivos’ en el Casanare. De hecho, el miércoles dijo que ese episodio de la historia del país “es la peor derrota de una nación”.

Petro pide investigar el asesinato de un candadito

El Presidente Gustavo Petro Urrego, solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar investigación del asesinato del candidato de una campaña política en el municipio de Majagual, Sucre.

“No amedrantarán al gobierno, los asesinos de Pedro Juan, militante de Colombia Humana, asesinado a machetazos en Majagual, serán descubiertos. Le pido a @FiscaliaCol Fiscalía iniciar la investigación”

 

El jefe de Estado hizo la solicitud desde su cuenta X (antes Twitter), al comentar un mensaje del Director del Observatorio de DD.HH. y conflictividades de INDEPAZ, defensor de DD.HH. Leonardo Ronzales, quien denunció los hechos.

Nota relacionada: En Colombia se ha utilizado la violencia política con fines electorales: Laura Bonilla

La pelea de Duque y Petro en la red social X

El presidente Gustavo Petro, y su antecesor en el cargo, Iván Duque, se han enzarzado en las últimas horas en un cruce de acusaciones y reproches a través de redes sociales originado en la defensa de Petro del fin de las sanciones impuestas a Cuba.

Duque, presidente entre 2018 y 2022, ha afirmado al respecto que «aún hoy existan idiotas útiles de ese modelo que lo exaltan como ejemplo cuando deberían rechazarlo ante el fracaso evidente». «Los niños, los mayores, los abuelos y el pueblo cubano, ha sufrido hambre, falta de oportunidades y opresión por la dictadura comunista de los Castro y sus herederos que ha cercenado las libertades y asesinado a sus detractores», ha planteado.

 

En respuesta, Petro ha destacado que «los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio tú, Duque, los bombardeaste».

«Creíste que si morían los niños, moría el comunismo. Tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro», ha apuntado en referencia a la cifra de «falsos positivos» que atribuyen las últimas investigaciones a la época de Duque.

Los «falsos positivos» son casos de civiles ejecutados por las Fuerzas Armadas colombianas para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.

«Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos», ha espetado Petro en su mensaje.

Previamente, Duque había reprochado al actual mandatario que condene la dictadura de Augusto Pinochet en Chile mientras «idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos» en un ejercicio de «doble moral». «Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios», ha argumentado.

«La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros», ha afirmado en referencia a varias guerrillas armadas, una de las cuales, el M-19, contó entre sus filas con Gustavo Petro hace décadas.Copiar al portapapeles

La disputa entre Lafaurie y Petro

Recientemente se desató una polémica entre José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y Gustavo Petro, presidente de la república, por la propuesta del gremio ganadero de crear “brigadas solidarias” para prevenir y proteger la invasión de tierras ganaderas, una iniciativa que el primer mandatario de los colombianos calificó como “invitación al paramilitarismo”. Esta discusión se enmarca en el perenne contrapunteo entre “defensa de la propiedad” y “acceso a la tierra” que incrementó los niveles de violencia en nuestro país. Al hacer una revisión histórica se encuentran, al menos tres momentos, en los que este contrapunteo ha desencadenado oleadas de hechos victimizantes en los campos.

Inicialmente, el intento de reforma agraria de Alfonso López Pumarejo con la ley 200 de 1936 buscó que la propiedad sobre la tierra tuviera una “función social”, es decir, que la propiedad estuviera sujeta al “bien común”. En ese sentido, la ley posibilitaba que las tierras improductivas podían ser expropiadas por el Estado, en un término de 10 años, para adjudicarlas a quienes las necesitaban y podían trabajarlas. Se edificó, así, la esperanza de acceso a tierras en millones de campesinos colombianos que no eran propietarios. Sin embargo, con la expedición de la ley 100 de 1944 se echó al traste todo el proceso de reforma agraria; además de ampliar el plazo de expropiación a 15 años, empoderó a los terratenientes que decidieron armar a sus peones para atacar a campesinos que, previamente, habían ocupado tierras pensando en la adjudicación. Las primeras masacres por ocupación de tierras privadas se empiezan a registrar en 1945 y, posteriormente, con del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, darían paso a lo que se conoce en la historia nacional como el periodo de la Violencia “con V mayúscula”.

 

El segundo momento se registró en el marco de la malograda reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. En esta ocasión el presidente impulsó la creación de una confederación campesina que sirviera como interlocutor válido con el gobierno con miras a defender y reivindicar los derechos de los campesinos y el acceso a la tierra. Con el nombre de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la confederación, que tuvo su acta de constitución en 1970, inspiró el proceso más significativo que, en materia organizativa, habían tenido los sectores rurales en la historia nacional. Se promovió, de esta forma, la ocupación o toma de tierras para que el Estado las adjudicara. La costa caribe fue una de las regiones donde más ocupaciones se registraron y un número importante de campesinos se benefició. No obstante, la arremetida terrateniente no se hizo esperar. Con la promulgación de las leyes 5 y 6 de 1973 (producto del acuerdo de grandes tenedores de tierra conocido como el Pacto de Chicoral) se frenó el intento de reforma agraria promovido por Lleras Restrepo al eliminar la expropiación del latifundio improductivo y priorizar la explotación empresarial por encima del desarrollo campesino. Como consecuencia, nuevamente, la violencia por la defensa de la propiedad se incrementó en los campos colombianos.

El tercer momento se viene presentando desde la década del ochenta y se materializó en la connivencia de algunos terratenientes con paramilitares para expulsar a campesinos de tierras con vocación productiva. El despojo y abandono forzado de tierras propiciado por grupos organizados al margen de la ley contra millones campesinos, afectó, en mayor medida, a poseedores de predios privados y ocupantes de baldíos, justamente, por la informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia. En varios de los casos trabajados por la Unidad de Restitución de Tierras se da cuenta que propietarios infringieron violencia sobre poseedores utilizando grupos al margen de la ley para recuperar sus tierras y afianzar el derecho a la propiedad privada.

Vale decir que la legislación colombiana, en parte, ha sido condescendiente con la creación de “grupos de autodefensa” para la amparar del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente. Con el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965 (que tenía una vocación transitoria, pero fue adoptado como normatividad permanente con la ley 48 de 1968) se estableció la posibilidad que personas civiles podían integrar “grupos de autodefensa” e, incluso, utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequible” el parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965 que posibilitaba la creación de grupos de autodefensas, con el Decreto 535 de 1993 y el Decreto Extraordinario 356 de 1994 se facultó dotar de armamento de uso privativo de las fuerzas militares a los Servicios Especiales de Seguridad Privada “Convivir”. El funcionamiento de estas organizaciones (instrumentalizadas por el paramilitarismo y algunos terratenientes para la protección del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente), finalizó en 1997 cuando la Corte Constitucional publicó la Sentencia C-572 y declaró su ilegalidad. Se selló, por esta vía, la laxitud del Estado en la promoción de grupos de autodefensa.

Los colombianos esperamos que las “brigadas solidarias” que está impulsando el presidente de Fedegan no devengan en más violencia y, peor aún, como lo ha señalado Gustavo Petro, inviten al paramilitarismo. Aunque Jose Felix Lafaurie ha sido tajante en mencionar que estos grupos son pacíficos y que los propietarios “tenemos el derecho a movilizar la solidaridad de los ganaderos para el buen propósito de evitar que la propiedad privada sufra cualquier tipo de menoscabo”, la historia de la violencia no debe repetirse, más cuando la actual administración está promoviendo la movilización y organización campesina por la reforma agraria por medio de comités municipales para dicho fin.       

Regaño de Petro a los militares por lo ocurrido en la vereda El Manso

Al hablar sobre la presencia de militares encapuchados intimidando a la población de la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, el presidente de la república, Gustavo Petro, señaló que no es un hecho aislado y que los miembros del Ejército no pueden volver a caer en esas prácticas.

“No era un mensaje a los habitantes de El Manso, el mensaje era para la sociedad y para decirles que el Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden y en caos. Eso decían cuando Salvador Allende gobernaba», dijo el mandatario.

 

Durante el discurso, el primer mandatario preguntó: ¿Qué buscaban quiénes dieron la orden? Y aseguró que «Los que dieron la orden de lo ocurrido ayer, es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”.

El jefe de Estado le recordó a los miembros de la Fuerza Pública que su deber es cuidar de la honra y la vida de los colombianos.

“Ningún soldado se debe prestar otra vez a fusilar a un jovencito y a matar campesinos. Eso no puede ser en Colombia. Ningún soldado de la patria se puede prestar a ese tipo de órdenes. Porque eso sólo nos lleva a la barbarie”.

La respuesta del presidente Petro al exviceministro Ricardo Díaz

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se refirió en un mensaje en su cuenta X (antes Twitter), a las declaraciones del exviceministro de defensa General Ricardo Díaz.

El primer mandatario reveló que Díaz pidió ser tenido en cuenta para el cargo de ministro de Defensa pero que este ya estaba previsto para Iván Velásquez, actual jefe de esta cartera.

 

“Pensé que el general Díaz podría ayudar en este propósito. Mi primera decepción estuvo en que solo al final, cuando el triunfo era posible, decidió apoyar mi campaña. Meses atrás habíamos acordado dar ese paso que sería un mensaje de unidad”, anotó el primer mandatario.

Dijo además que fue el mismo quien decidió nombrarlo como viceministro y días después le llegaron los informes sobre maltrato agudo al personal laboral por parte de Díaz y la inconformidad del ministro con sus actuaciones, lo que motivó su salida del ministerio.

El primer mandatario aseguró la decisión de no permitir que los helicópteros rusos fueran llevados a Rusia a mantenimiento con la empresa contratada en otros gobiernos fue suya.

“Colombia no está con la guerra sino con la paz en cualquier lugar del mundo. Cuando firmaron papeles para desobedecer la orden del presidente, se retiró al personal que insistía en mantener un contrato oscuro”, puntualizó.

En cuanto a la supuesta solicitud de compra de tres helicópteros para la Presidencia, negó que se hubiese hablado o considerado.

“La plata de la Nación es para la justicia social. El único helicóptero italiano que tiene la presidencia lo compró Duque”.

Luego de que el exviceministro Díaz asegurara que la primera dama, Verónica Alcocer, habría intervenido en la supuesta compra de tres helicópteros, el abogado Mauricio Pava apoderado de la esposa del primer mandatario anunció una demanda por calumnia e injuria.

El lapsus de Petro con la hija de Salvador Allende

En el marco de la conmemoración de los 50 años de la muerte del político Salvador Allende, Gustavo Petro protagonizó una confusión que no le perdonaron los internautas con la hija del líder chileno.

«Con Isabel Allende, hija del presidente compañero Salvador Allende, una de las mejores escritoras de Latinoamérica», dijo el mandatario en primera instancia reseñando la foto que logró con la política que sobrevivió al golpe de Estado de 1973 que sufrió su papá a manos de Augusto Pinochet.

 

El lapsus es que la Isabel Allende de la foto con Petro es diferente a la Isabel Allende que es una de las escritoras latinoamericanas más importantes del mundo.

Si bien ambas tienen el mismo nombre de cabecera, son personas distintas. De hecho, la escritora sí tiene un vínculo familiar con Salvador Allende. Sin embargo, la Allende en cuestión es senadora de Chile.

En las redes sociales le cobraron el error a Gustavo Petro y rápidamente corrigió el error cometido con una publicación en la que borró el rol de la escritora que puso en primera instancia.

Le puede interesar: Petro vuelve a criticar intervención a la reserva Van der Hammen

*Foto: X @petrogustavo

Transporte subsidiado

La propuesta del presidente Petro de ofrecer gratuidad en el transporte público a cambio de un pago en la factura de luz ha recibido sorprendentes apoyos como el de Enrique Peñalosa, su más aguerrido contradictor. La mayoría de alcaldes vigentes recibieron con beneplácito la propuesta sujeta a mayor detalle. Claudia López en sus cálculos estimó que en el caso de Bogotá la contribución sería de 200 mil pesos, una cifra por fuera del alcance de la mayoría de ciudadanos. Sin saber la metodología para alcanzar esa cifra, lo que sí es un hecho es que la falta de empadronamiento en Colombia hace difícil la focalización efectiva. Considerando que el transporte público no tiene progresividad en tarifa, sería bueno tomar la idea del gobierno y explorar, por si solo no es suficiente la calidad y implementación son problemas.

Desde el Plan de Desarrollo de 2014, al transporte público pasó de se le abrió la puerta para subsidiarlo. La idea de que el gobierno nacional subsidie el transporte público, como ha insinuado el Min Transporte, sería novedoso. Aunque existen dudas sobre las capacidades fiscales del gobierno, no hay chequera que aguante, solo ayudar a crear un nuevo esquema de financiación sería útil.

 

Pasar de un esquema de pagar por usar a otro donde todos contribuimos al transporte público, puede ser controversial, pero sin duda crearía una sociedad más igualitaria. El simple ejercicio de tomar el gasto anual y dividirlo por el número de predios, podría causar facturas de energía imposibles de pagar para la mayoría de colombianos, especialmente si viene un niño en energía el próximo año. Para poder calibrar una tarifa progresiva, hace falta tener mejor información de ingresos y saber cuántos miembros tiene cada hogar. Esto sería útil, no solo para optimizar el gasto en transporte público sino para todos los subsidios.

El riesgo de fijar subsidios es que remueve el incentivo de buscar eficiencias operativas, en el caso de Buenos Aires estos subsidios pueden llegar al 1% del PIB nacional. La incapacidad de los mandatarios locales de eliminar el transporte paralelo causo en Colombia un déficit estructural de demanda y financiero para los sistemas masivos. Una oferta con precio cero eliminaría por la fuerza de mercado el transporte paralelo y solucionaría los temas de demanda de muchos sistemas.

Uno de los retos del costo de transporte en Colombia es que la estructura tarifaria no prevé una tasa diferencial para usuarios recurrentes. En la mayoría de ciudades, el ciudadano local paga tarifa diferente a la del turista. Adicionalmente, el factor salarial de subsidio de transporte que desincentiva la formalización laboral, podría ser utilizado de manera más eficiente en un esquema de gratuidad en el transporte público. Un reto para abordar sería cómo manejar el transporte intermunicipal que es parte fundamental del mercado laboral.

Los sistemas de transporte masivo nacieron del pecado de muchos gobernantes que, con el afán de hacer obras, cargaron su construcción a la tarifa. Esto causó tarifas elevadas que significaron que no se materializó la demanda esperada. Después de pandemia, lo que venía mal resultó peor. Cualquier esfuerzo para reorganizar la financiación del transporte público es bienvenido, incluyendo la propuesta del presidente.

¿Por qué el miedo a la movilización social?

Esta semana se suscitó una polémica de esas que uno no entiende el por qué o de dónde vienen, al conocerse el decreto de las movilizaciones campesinas para la reforma agraria con el objetivo de socializar y hacer pedagogía con el campesinado colombiano; sin embrago, y sin decirlo en ninguna parte, salieron cuestionamientos sobre si el gobierno iba a entregarles armas, un hecho a todas luces absurdo especialmente porque estamos ante un mandatario comprometido con la paz.

Y es que claro, en un país que por décadas ha estigmatizado territorios y en especial a los campesinos, que los mataba por sospecha como ha quedado claro en las declaraciones de la JEP y que ve la movilización como sinónimo de violencia es entendible que se generen esos ruidos por parte de un sector político que se sigue oponiendo al cambio.

 

Basta dar una lectura a la imagen que circuló con las fechas y lugares en que se iban a realizar para entender que se trataba de un proceso centrado en la pedagogía y que propendía la articulación del gobierno nacional con los campesinos colombianos, y claro con un gran componente de lo que es nuestro gobierno: plural, social, de las bases y que le gusta estar en los territorios y con la gente.

Este gobierno viene dando una cruzada valiosa por los derechos del campesinado con acciones claras: titulación y entrega de tierras, restitución de tierras despojadas y el acto legislativo que aprobamos en el Congreso de la República para su reconocimiento como sujeto de derechos constitucionales. Es así como seguimos avanzando por el cambio, incluso de paradigma para dejar de estigmatizar a los colombianos y que ello nos cueste vidas.

Uno de los mayores retos que tenemos como sociedad es entender a Colombia en su diversidad, en sus expresiones, en sus costumbres y en sus necesidades para de esa manera dejar de ponerle etiquetas a las personas, especialmente en un país como el nuestro tan plural y que tiene deudas históricas con comunidades y territorios a los que solo les ha llegado el olvido estatal.

Así pues, que sean las movilizaciones campesinas y sociales las que marquen la pauta de los grandes acuerdos nacionales con las comunidades para que el cambio siga siendo imparable.

EEUU destaca lucha antidrogas en Colombia

El subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional de Estados Unidos, Todd Robinson, durante una audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en la que se analizó el tema de las prioridades presupuestales para el 2024, destacó el trabajo de Colombia en la lucha antidrogas.

En la audiencia, la Oficina de Asuntos Internacionales y de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó 160 millones de dólares para Colombia y 41,3 millones para Perú, recursos del presupuesto de 2024 que apoyarán una variedad de áreas estratégicas para incrementar la seguridad y reducir la criminalidad.

 

Estas áreas incluyen: promover la seguridad, justicia y desarrollo rural, lucha contra la corrupción, y prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros para privar a las organizaciones criminales transnacionales de las ganancias del narcotráfico.

“Tradicionalmente Estados Unidos y Colombia han tenido una excelente relación en seguridad; esa relación todavía continúa. El nuevo gobierno de Petro quiere ir en una dirección diferente en temas como la erradicación”.

“Dicho esto –subrayó Robinson–, ellos continúan trabajando con nosotros en el tema de interdicción, en la estrategia de seguridad, en nuevos enfoques de nuestra estrategia, como perseguir los delitos ambientales”.

El alto funcionario señaló: “Nosotros estamos trabajando con nuestros aliados de USAID en entrega de títulos de tierras a colombianos que nunca antes han tenido tierra. Seguimos teniendo un compromiso integral de seguridad y desarrollo con Colombia, que se ha convertido en un proveedor de seguridad no solo en la región sino global”.

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que participó en la audiencia, indicó que mantener la ayuda a Colombia era “vital” y que su gobierno está dialogando con el Congreso de EE.UU. para demostrar cómo esos recursos no solo sirven a Colombia sino a Estados Unidos, “pues todos nos beneficiamos con una Colombia estable y democrática”.

Petro y los empresarios

Es evidente la desconfianza que existe entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el sector empresarial, como también es evidente que el primer mandatario ha contribuido bastante para que la distancia entre las dos partes aumente.

Por el bien del país y del mismo Gobierno ha llegado la hora de que el presidente cambie de actitud, porque de continuar así, será muy difícil que se apruebe una reforma laboral que debe ser acordada con todos los sectores y no únicamente con los sindicatos.

 

Para esto, lo primero que debe hacer el Gobierno Nacional es invitar al sector empresarial a un diálogo respetuoso y amable, y con esto no se pretende que Gustavo Petro se convierta en el nuevo mejor amigo del sector privado, pero sí de que se inicie una conversación que permita reducir las prevenciones que con justa razón existen de parte de este sector hacia el primer mandatario.

Las cifras del DANE revelaron que el Producto Interno Bruto colombiano avanzó únicamente un 0,3% anual en el segundo trimestre de este año, una reducción notoria frente al 3% del primer período, lo que debería indicar al Gobierno Nacional que algo anda mal y que debe corregirse a tiempo.

Es aquí donde es necesario escuchar al sector privado sí en realidad se quiere generar un aumento considerable en la tasa de empleo; que se reduzca la informalidad y por que no, mejorar también las condiciones laborales de miles de personas, una petición más que justa para los trabajadores de los estratos 1 y 2 especialmente.

En esta discusión el sector empresarial tiene mucho que aportar, pero se requiere que desde el Gobierno Nacional se muestre disposición para un acuerdo que quede plasmado en el papel, evitando que esos diálogos terminen por convertirse en una conversación de sordos, tal como sucedió en las reuniones que se citaron para redactar el texto de la reforma a la salud.

No se si será posible que en el corto plazo el primer mandatario entienda que en la economía de un país la empresa privada juega un papel fundamental; que por tanto no se le puede ignorar ni tratarla como si fuese un invitado al que se sienta en la mesa del rincón en medio de una gran fiesta.

Pero de lo que sí puedo estar seguro es que sí el Gobierno no hace lo necesario por crear escenarios donde exista un mínimo de confianza, quienes pagarán los platos rotos son los colombianos de los estratos 1,2 y 3 que pueden perder sus empleos por una posible recesión económica que puedo evitarse.

@sevillanoscar