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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Gustavo Petro

Últimas noticias de Gustavo Petro

MOE pide a Gustavo Petro no intervenir en las elecciones regionales

La Misión de Observación Electoral (MOE), manifestó su «preocupación» por las intervenciones en política del presidente Gustavo Petro en contra de la neutralidad que exige la Constitución.

La MOE se refiere así a «algunos mensajes que se han publicado en su cuenta y la cuenta de la Presidencia de la República, que podrían ser interpretados como una posible intervención en política generando un desequilibrio en la contienda electoral» para los comicios regionales previstos para el 29 de octubre.

 

«Hacemos un llamado para que sus declaraciones y acciones muestren la neutralidad que desde la Constitución se exige al más alto cargo del Estado y su compromiso indeclinable con el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, equitativo, transparente, auténtico, seguro y basado en el estricto cumplimiento de las normas vigentes», ha apuntado la directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, en una carta abierta dirigida a Petro.

Estas intervenciones «pueden afectar la libertad de los votantes, en la medida en que podrían ver comprometida su voluntad de decidir libremente por la injerencia de los funcionarios que ostentan altos cargos en las instituciones públicas», ha añadido.

Petro en los últimos días ha cuestionado al Consejo Nacional Electoral y ha convocado manifestaciones en apoyo a sus reformas. Por eso, «de requerirse cambios en los diseños institucionales, sean estos para garantizar un recurso judicial efectivo frente a las decisiones de las autoridades electorales, para dotar a la organización electoral de mayor independencia y autonomía, o para modificar las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación, es necesario un trámite y discusión en el Congreso de la República», recuerda el organismo civil.Copiar al portapapeles

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Iván Mordisco reclama a Petro y Petro le responde

En un video publicado en redes sociales, el jefe del Estado Mayor Central, Iván Mordisco, aseguró que el grupo ilegal mantiene el cese a los ataques a la Fuerza Pública y pide al presidente Gustavo Petro, parar la guerra.

“Hoy el camino de la paz es espinoso, en este momento se necesita altura para transitar por encima de los retos y los riesgos a los que nos enfrentamos”, dijo el cabecilla.

 

Asegura además que el Estado Mayor Central ha cumplido con su palabra de no atacando ni a la Policía ni al Ejército y que además han permitido el libre ejercicio de la democracia en los lugares donde hacen presencia.

De inmediato el presidente Gustavo Petro respondió desde su cuenta de X:

La instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los delegados del Estado Mayor Central, se iniciarán el próximo de octubre.

Petro dijo que no permitirá la demolición de la torre central del Hospital San Juan de Dios y culpó a Peñalosa por el poco avance en su recuperación

Durante la reunión con la comunidad que vive en la localidad de Engativá en Bogotá, el presidente Gustavo Petro recordó que durante su alcaldía en la capital del país se adquirió el Hospital San Juan de Dios y que la idea era convertirlo en el mayor centro de salud del país y que su sucesor Enrique Peñalosa cambió los objetivos del proyecto.

“A mí me sucedió (Enrique) Peñalosa y lo que pensó Peñalosa fue en cómo dinamitarlo y construyó un contrato con una firma española que tiene como objetivo, como objetivo no, pero una de sus cláusulas es demoler el San Juan de Dios, el edificio central y fusionarlo con el hospital Santa Clara”, manifestó.

 

Esta decisión, enfatizó, era que “el pueblo se olvide, en su memoria, que existió un hospital que se llamaba el Hospital San Juan de Dios, que Bolívar y Santander se lo expropió a los españoles para ponerlo al servicio de la ciudadanía bogotana”.

Aseguró que el Ministerio de Cultura tiene una orden que no se ha cumplido en un año.

“Y es que, explícitamente, firma la carta el ministro y firma la carta el presidente, que debe decir que la Torre Central del Hospital San Juan de Dios, por ser patrimonio nacional, por Ley de la República, no se va a demoler, no se va a dinamitar, se tiene que restaurar como el patrimonio nacional que es. Eso lo prometimos en campaña y eso se tiene que cumplir”, enfatizó.

Explicó que esa carta le servirá a la administración distrital para liquidar el contrato o para que se modifique. “Pero la Torre Central del Hospital San Juan de Dios no se demuele y no se fusiona con el Hospital Santa Clara”, reiteró.

“Cuando Petro fue alcalde demostró que no quiere el progreso de Bogotá”: Javier Ospina

El concejal de Bogotá, Javier Ospina, explica sus preocupaciones por las reiteradas diferencias entre el Gobierno Nacional y el Distrital frente a las obras de infraestructura en la ciudad.

Quedó la duda en Bogotá de si hay o no corrupción en la construcción del metro, ¿usted qué piensa?

 

Javier Ospina: Es más el daño que se le hace a la obra de mayor envergadura de infraestructura de la ciudad. Son muy débiles las pruebas que tiene la Fiscalía, y debería la Corte Suprema empezar a investigar más a fondo y quitar ese manto de duda a una obra tan importante como el metro y no dejar la excusa al Gobierno Nacional para que diga que como tiene dudas sobre el tema de corrupción, pueda parar la obra.

¿Teme que el Gobierno Nacional aproveche esta coyuntura de duda para tratar de frenar el metro?

Javier Ospina: De este Gobierno se puede esperar cualquier cosa, mire que está instrumentalizando a cientos y a miles de indígenas trayéndolos desde muy lejos para montar un circo promoviendo marchas.

¿Qué piensa de la tendencia que hay en el Gobierno Nacional de querer cambiar las obras que hay en Bogotá como el metro y los regiotram?

Javier Ospina:  Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá manifestó su claro interés de no querer el progreso para la ciudad; cuando fue alcalde no hubo progreso en la ciudad en temas de infraestructura y ahora como presidente quiere seguir en la misma línea.

¿Puede ocurrir lo mismo con la ampliación de la Avenida Boyacá hacia la 200, obra a la que la ministra de Medio Ambiente parece no gustarle?

Javier Ospina:  Obviamente y es injusto porque tenemos un tapón en la ciudad en la parte occidental de la Avenida Boyacá donde miles de bogotanos sufren la inclemencia de la inmovilidad.

¿Esta oposición de parte de la ministra de medio ambiente es por su ideología o podrían ser órdenes del presidente Gustavo Petro?

Javier Ospina: Deben ser varios componentes, uno por su ideología y otra que la ministra cumple con su deber de defender un gobierno que claramente quiere frenar las horas de infraestructura de gran envergadura para la capital.

El presidente Petro anuncia viaje a China donde hablará del metro de Bogotá

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, anunció que se reunirá el próximo 25 de octubre en Pekín con su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping?, y uno de los temas será el futuro del Metro de Bogotá.

“Tengo entrevista con el presidente chino el 25 de octubre y son temas de los que hablaremos –no sólo de eso– en Pekín”, indicó el mandatario.

 

“Veremos qué dice el jefe de Estado chino sobre estos temas, si nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico”.

El presidente Petro precisó que en la reunión de este jueves no se trató el tema del sistema de transporte masivo, que se había abordado en ocasión anterior, en la que se habló de la posibilidad de construir un tramo subterráneo en lugar de hacerlo de superficie.

Petro cambió la terna para elegir fiscal general de la Nación

El presidente Gustavo Petro presentó a la Corte Suprema de Justicia una nueva terna para la elección del Fiscal General de la Nación.

Los ternados son las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra, de donde saldrá el nombre de la persona que reemplazará al actual jefe del ente investigador, Francisco Barbosa.

 

Ángela Buitrago Ruiz es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Ciencias Penales y Criminológicas de la misma alma mater. Además, tiene un posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Especialidad de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. También es Doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la misma institución.

Exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2010. Bajo su responsabilidad tuvo casos de investigación, acusación y juicio como el del holocausto del Palacio de Justicia, la infiltración del paramilitarismo en el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ejecuciones extrajudiciales de civiles y otros.

Amelia Pérez cuenta con estudios de Derecho en la Universidad Libre y especialización en Criminología de la Universidad Externado de Colombia.

Ha sido fiscal delegada ante la Unidad Nacional de DD.HH.; fiscal especializada; fiscal regional; jueza de Instrucción Criminal; jueza penal municipal.

Luz Adriana Camargo Garzón fue magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia e investigadora de la parapolítica. También hizo parte del grupo de abogados que estuvo con el actual ministro de Defensa Iván Velásquez, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Más allá de lo apenas predecible

En cada una de las visitas a las comunidades, en cada reunión de cafetín o en encuentros virtuales, no falta la pregunta, ¿cómo ves el gobierno del cambio? ¿Lo está haciendo bien o mal el presidente Petro?, e instintivamente, dependiendo de mi estado de ánimo, me atrevo a lanzar algunas opiniones, unas más optimistas que otras, guardando siempre el decoro y la solidaridad, con el primer gobierno de la llamada izquierda democrática colombiana.

A mi modo de ver, el Gobierno Nacional lo está haciendo bien, si consideramos que se gobierna a un Estado que arrastra el lastre de la corrupción a todos los niveles, que ha heredado la carga de una inmensa deuda externa del sector público, y que estamos atravesados por el fenómeno del narcotráfico y el lavado de activos que rompe con los análisis y las medidas económicas tradicionales, un Estado debilitado por las políticas neoliberales que privilegian las ganancias del sector privado especulador y que niega derechos fundamentales de los trabajadores y las mayorías, una sociedad atravesada por un Conflicto Armado Interno que genera graves daños y mucho dolor a los más necesitados, y que debilita la capacidad de respuesta del gobierno a fenómenos como la pobreza y la exclusión, un gobierno que se enfrenta a una oposición extremadamente mezquina, rencorosa y violenta, organizada a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad, la mayoría de ella parásita, que se ha enriquecido a expensas de debilitar y apoderarse de los recursos del Estado y del narcotráfico.

 

Pero más allá de lo apenas predecible, y a propósito de la convocatoria a la Jornada Nacional por la Vida, la Paz y el Cambio Social, que se realizará este 27 de septiembre, como una actividad más, en donde convergen la iniciativa de las organizaciones sindicales, sociales, étnicas, comunales y el Gobierno Nacional, me atrevo a escribir unas líneas que considero pertinentes, con el ánimo de contribuir al debate constructivo, desde la orilla de quienes llevamos toda una vida luchando por las transformaciones sociales, políticas y económicas, que nos conduzcan al goce pleno de la Vida, la Libertad y la Dignidad.

El Nuevo Gobierno, sin duda alguna, ha dado pasos importantes en la búsqueda de un mejor vivir para lo cual requiere ponerle fin al conflicto armado, al narcotráfico, a la corrupción, y librar una justa batalla contra el cambio climático, producido por la economía construida sobre los hidrocarburos. Un gobierno que busca revertir las prácticas neoliberales y las constantes violaciones a los Derechos Humanos que tanto daño han hecho a la Democracia, al Estado Social de Derecho, a la equidad y al desarrollo del país; un gobierno al cual, a pesar de su evidente compromiso, le surgen desde diferentes orillas, las críticas y los señalamientos, sobre su capacidad real de gobernar, ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, y lograr un gran Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación.

Para el Gobierno Nacional, no es fácil gobernar sin que la coalición -formal y no formal-, bautizada como Pacto Histórico, se haya consolidado y haya logrado construir, unas tesis políticas e ideológicas claras, que sirvan de bitácora ejecutiva, de eje de la deliberación frente a otras expresiones políticas y de centro gravitacional que atraiga conscientemente a la ciudadanía. Quienes hoy nos sentimos parte de esta coalición, no hemos podido construir una propuesta unificada acerca del tipo de Estado que queremos, su modelo de democracia, la descentralización o el reordenamiento territorial, la oferta sobre un nuevo modelo económico, y nos alineamos sin mucha discusión, a la inercia del esquema actual de la estructura del Estado, de la economía de mercado y de la democracia representativa que le sustenta, como si solo bastara, para hacer realidad las reivindicaciones propias del pueblo, que lo que no se gana en el congreso, vía deliberación o concesión -entendiendo o aceptando que somos minorías-, se logrará con la llamada lucha callejera.

A corto y mediano plazo, como PH tendremos que superar el sectarismo y el “canibalismo” político internos, la tensión constante entre el parlamentarismo versus organizaciones sociales, que se define siempre en detrimento de los segundos, la búsqueda de victorias personales, la falta de mecanismos claros para la toma de decisiones que se evidenció en la entrega de algunos avales a los y las candidatas a las próximas elecciones y que seguramente no traerá muy buenas noticias en términos de ganar gran parte de la gobernabilidad local.

Si el Pacto Histórico quiere respaldar y mantener la Gobernabilidad Nacional, evitar los incumplimientos a las promesas electorales, debe avocarse a desatar un debate amplio y generoso, que recorra los territorios e incluya a las organizaciones sociales y políticas de base, para definir y fortalecer la estructura organizativa para este periodo de la historia, es decir, avanzar en la construcción, por ahora, de un Frente Amplio, en donde convivan democráticamente, las personerías políticas que hoy existen,  y en donde las organizaciones sociales, en igualdad de condiciones, sean reconocidas como actoras fundamentales del cambio y la gobernabilidad.

Aún no tenemos claro, si lo que queremos es fortalecer o renovar el Capitalismo, al que señalamos de culpable del calentamiento global y sus consecuencias, e involucrar en esta teoría a los pueblos étnicos que lo rechazan, o dejar que la autofagia haga su trabajo y algún día, si la evolución humana continúa, tener un modelo económico, político y social mejor; no hay acuerdo explícito, si lo que queremos es un modelo planificador centralizado, con un presidencialismo fuerte, como hasta ahora sigue ocurriendo, o un modelo que heche mano del federalismo, reconozca las autonomías y gobiernos propios de los pueblos étnicos y sea a su vez una república unitaria.

No tenemos una decisión colectiva sobre, si debemos avanzar hacia una sociedad en donde el poder popular, la soberanía y la democracia directa, sean o no eje fundamental de la convivencia y el desarrollo, o no; no hay consenso sobre, si queremos una reforma rural que favorezca la propiedad privada individual y el modelo capitalista que posiblemente luego la revierta por la vía de la oferta y la demanda, o una reforma rural que privilegie la propiedad de la tierra y el territorio en manos del Estado, de las organizaciones solidarias campesinas o de los pueblos étnicos, con planeación de la producción, comercio justo y centros de producción y desarrollo regionales.

Muchas personas afirmamos que este gobierno es de transición democrática, pero todavía en el PH, no hemos logrado consensuar hacia dónde queremos que nos conduzca esa transición democrática, ¿hacia un modelo liberal keynesiano renovado o modernizado? ¿hacia un socialismo democrático o una socialdemocracia? ¿hacia un modelo de planeación y democracia centralizada, con partido único?, o seremos capaces de escucharnos, de revisar y reconocer nuestras culturas y tradiciones milenarias, de estudiar y examinar en los avances científicos, tecnológicos y productivos contemporáneos ligados a la economía de mercado y otras estructuras sociales, la posibilidad de crear las condiciones necesarias, para que germine una propuesta incluyente, que nos saque de este círculo vicioso de pobrezas, miserias y violencias, en medio del llamado País de la Belleza.

Luis Emil Sanabria D.

Petro en Manrique

Más que analizar su discurso, que recoge las exigencias de la Medellín olvidada que necesita más que ladrillos y cemento, me interesa resaltar el gesto de subirse para el barrio, Comuna 3, barrio Jardín, en un escenario lleno de familias, niñez y gente expectante. No llegaron los medios hegemónicos porque ellos sí niegan el rostro del pueblo. Solo suben a mostrar violencia y registrar balaceras.

Para la mayoría de habitantes de esta comuna que tiene uno de sus barrios y parques con el nombre Gaitán, una comuna obrera y habitada por gente que vivió el desarraigo del campo por la violencia, fue un honor recibir por primera vez a un presidente. Esta zona de la ciudad, después de la conocida Comuna 13 (San Javier), es la que más población desplazada ha recibido desde los años 80. Petro, con más sensibilidad que intelecto, leyó el lugar y lo homenajeó no solo con su presencia sino con una reflexión poderosa: democratizar las oportunidades para las barriadas en el llamado Valle del Software.

 

Fue el pasado jueves 14 de septiembre, un sol iluminaba la ladera y las casas apretujadas pintadas de colores, un barniz que Medellín sabe poner en sus barrios más complejos. La gente esperaba un rimbombante anuncio sobre el futuro de UNE, sobre la intervención estatal en este importante activo público, pero el presidente se animó más bien a hablarle al barrio. El escenario se llenó cuando él salió, y su mensaje podríamos decir que fue esperanzador, en medio de un contexto electoral cargado de estigmatización y polarización mediática.

De esta visita, más que la anécdota de subir al barrio, queda la importancia de que estos territorios dejen de ser estigmatizados por ser cuna de bandas como La Terraza u otras expresiones de delincuencia organizada funcional en su momento a las estructuras paramilitares.

 La gente escucha razones, recibe el cambio y respeta a quien lo hace con ella. Gracias presidente por cumplir esta cita con el barrio. Allí la gente no es del barrio sino que son el barrio, pues lo autoconstruyeron a pulso y lucha cotidiana.

Ojalá que el gobierno del cambio siga siendo un gobierno para la gente de a pie: madres jóvenes solteras con ansias de oportunidades, juventudes en movimiento pidiendo pista para lograr mayor incidencia en su territorio, oportunidades de educación y empleo digno.

Petro y el espejo de Allende

Este pasado 11 de septiembre se conmemoraron cincuenta años del horroroso golpe de Estado al Gobierno de Salvador Allende, en Chile. Este hecho, no solo significó la muerte del presidente de los chilenos —oficialmente, un “digno” suicidio, en medio de teorías alternas de asesinato—, sino, el comienzo de un terror inimaginable para miles de personas y familias que sucumbieron ante la dictadura de Pinochet, que padecieron sus torturas, cuyas vidas fueron tomadas sin el más mínimo respeto por los derechos humanos. Por supuesto, además de lo anterior, se perdió el valor fundamental de la democracia para el país austral y, como si fuera poco esta tragedia, fue pieza estructural de la macabra ‘Operación Cóndor’, que creó un bloque en el cono sur de nuestro continente, en donde nadie que tuviera ideas distintas al régimen imperante, pudiera escapar.

Bueno, esta pequeña narración de ese episodio tan difícil de nuestra historia latinoamericana debería dejarnos lecciones que no permitan que algo semejante pueda pasar de nuevo, algo tan lesivo para la dignidad y existencia humana.  Creo que los actos conmemorativos y la presencia de varios jefes de Estado en Santiago de Chile, recordando el golpe, es un statment político que debe ir más allá de la actual coyuntura de Gobiernos de izquierda, y perseverar en el empeño de la región de no olvidar semejante tragedia. Desafortunadamente, en nuestro propio vecindario existen aún ejemplos en donde la democracia y sus derechos están seriamente amenazada, si es que no perdida por completo, lo que nos deja en un escenario contradictorio y —hay que decirlo—, frustrante e indignante.

 

Ahora, luego del incuestionable deploro que merece el golpe militar a Allende —sin ningún atenuante— parece singular encontrar algunas semejanzas entre las intenciones del gobierno Petro —es difícil darles la connotación de políticas, aún— y el programa de gobierno del inmolado Allende.  Empecemos por el agro. La Unidad Popular —coalición política que llevó a Allende, y la izquierda, al poder por medio de las urnas— profundizó con gran ahínco la repartición de tierras mediante expropiaciones forzadas, con y sin compensación de los otrora latifundistas; sin embargo, más allá de la legalidad de las acciones gubernamentales, en algunas regiones, este proyecto político fue tomado por mano propia por ciertos grupos campesinos y civiles, invadiendo predios, lo que dio lugar a un conflicto social violento, esto es, micro guerras civiles entre ciudadanos que defendían sus intereses por la tierra, sea heredada o sea reclamada —¿suena familiar para nosotros por estos días? —. Por su parte, el gobierno Petro comenzó por un acuerdo histórico —sin ironías ni histrionismos— con los ganaderos para la compra de más de tres millones de hectáreas —que se ha diluido en la operativización luego del anuncio—, entregado una pequeña cantidad de tierras confiscadas a los narcos y ha coqueteado con la figura de la expropiación.

Pasemos a la educación.  Allende pretendía darle vida a la ´Escuela Nacional Unificada (ENU)´, como un gran instituto de educación Estatal, a través del cual se educara a la mayoría de la población, por supuesto, haciendo énfasis en las áreas vulnerables. Por su parte, en medio del debate que comienza sobre la reforma Estatutaria a la educación presentada al Congreso por el Presidente Petro, su gobierno busca una expansión de la educación posmedia y superior, a través del Estado, soslayando en cierta medida el papel de la educación privada. Hay que decirlo, el programa del ENU estaba enfocado en educación básica-media y el de Petro, en educación superior.

Otro punto compartido por ambos, algo más sutil — y que, creo, debe manejarse con mucho cuidado— es el relacionado con las fuerzas militares. Para simplificar esto, ambos coinciden en la “democratización” de la carrera militar, flexibilizando el proceso para el ascenso en la cadena de mando, buscando que haya una rápida sucesión de las cúpulas formadas por entre la doctrina burocrática militar, en favor de personas con una formación más “fresca” y libre de esto.

Hablemos ahora de un ámbito algo más abstracto: el llamado “poder popular”, algo que está en directa relación con la materialización democrática. Aquí, las similitudes son mucho más evidentes. El programa de Allende contemplaba los Comités de Unidad Popular y los Consejos Comunales Campesinos, como mecanismos de acción directa de las comunidades sobre la gobernanza de sus territorios, sin embargo, su implementación real fue poco efectiva y la retórica le ganó a la gerencia, una vez más.  Por estos lados, el Presidente Petro ha hablado varias veces sobre la creación de “Asambleas Populares”, aparatos extraños a nuestro orden jurídico.

Finalmente, en la dimensión económica, Allende impulsaba la transición hacia un modelo francamente socialista, con la instauración de “áreas económicas”, comenzando por una grande Estatal —área de prosperidad social—, catalizando la expropiación de múltiples empresas privadas, lo que, junto con todo lo anterior, incrementó enormemente el gasto social más allá de las capacidades fiscales de Chile, compensado con una espantosa emisión de dinero que, por supuesto, llevaría a una hiperinflación y sería uno de los gatillos de su trágico final.  Si bien es cierto, el Presidente Petro juega dentro del capitalismo —deja una extraña sensación su confusa disertación en meses pasados, en Alemania, sobre la caída del Muro de Berlín—, comparte la visión de un aparato del Estado cada vez más grande, que jalone el crecimiento económico, presionando fuertemente a la regla fiscal.

Así pues, más allá de esta corta radiografía, encuentro pertinente hacer algunas reflexiones.  Por un lado, es cierto que el o los modelos económicos neoliberales, no han podido dar completa respuesta a la pobreza y desigualdades de nuestros países latinoamericanos, sin embargo, es igualmente cierto que la vía chilena al socialismo parecía haber sido un estruendoso fracaso ya antes del estruendo de las bombas sobre la Moneda.  Por otro lado, el mundo de hoy es mucho más dinámico, interconectado, diverso de pensamiento y expresiones individuales y colectivas.  Hay que reconocer que Colombia necesita —y lo expresó en las pasadas elecciones— transformaciones sociales, al campo, a la educación, a la salud; hay que admitir, también, que es imperativo ser un país más justo y equitativo. Sin embargo, me cuesta trabajo imaginar que fórmulas de hace medio siglo puedan simplemente aterrizar al año 2023.  Yo prefiero imaginar una tercera vía para impulsar la innovación social, en donde el Estado tenga un rol modulador, coordinador e impulsor del sector privado, garantizando plenamente los derechos fundamentales y superando las necesidades básicas insatisfechas con extrema eficiencia en el gasto, fomentando la prosperidad a través de una explosión de iniciativas diversas, productivas, de valor.  Para ello, hay que superar la visión asistencialista de subsidios sin generación de capacidad humana y movernos hacia un nuevo tejido social, que promueva la diversidad de emprendimientos individuales y colectivos.  Espero que Colombia encuentre esa tercera vía y no se deje llevar por paradigmas fracasados, tanto de derecha, como de izquierda.  Queda, pues, el llamado de estas líneas para que el debate nacional sobre las reformas logre diseñar esas alternativas. Queda la esperanza de una Colombia moderna, que por fin entre al siglo XXI y supere su violencia, que encuentre un proyecto común de largo plazo en el que todos quepamos y podamos desarrollar nuestro máximo potencial, sin depender exclusivamente de “la mano dadivosa de un gran hermano Estado.”

Germán Escobar Morales

No usar la verdad para venganzas, pide el primer mandatario

Al hablar de la Audiencia de reconocimiento de verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Casanare, el presidente Gustavo Petro recalcó que la verdad no debe ser usada para la venganza, sino para llegar a un momento de reconciliación social, a través de la verdad.

El jefe de Estado hizo referencia a la confesión del general en retiro Henry Torres Escalante, quien admitió su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, lo que lo convirtió en el oficial de más alto rango en aceptar su culpabilidad ante esa instancia.

 

“Por primera vez un general de la República confiesa que se cometieron crímenes de lesa humanidad en pasados gobiernos, asesinando, sistemáticamente, a miles de jóvenes inocentes.

Ni en las peores dictaduras militares de América Latina llegaron a este punto y a tal volumen de asesinatos. La justicia ha establecido la cifra de 6.402 jóvenes asesinados por funcionarios en otros gobiernos”, indicó.

Pese a la gravedad de estos crímenes perpetrados por funcionarios públicos, escribió, el Estado colombiano no ha sido sancionado por instancias internacionales debido al buen desempeño de la JEP.

“No hemos sido sancionados mundialmente solo porque la justicia transicional ha actuado, la misma que se quería derogar y silenciar”.

Esta es la segunda vez que el jefe de Estado escribe esta semana en su cuenta de X (antes Twitter) sobre la audiencia de reconocimiento por los casos de ‘falsos positivos’ en el Casanare. De hecho, el miércoles dijo que ese episodio de la historia del país “es la peor derrota de una nación”.

Petro pide investigar el asesinato de un candadito

El Presidente Gustavo Petro Urrego, solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar investigación del asesinato del candidato de una campaña política en el municipio de Majagual, Sucre.

“No amedrantarán al gobierno, los asesinos de Pedro Juan, militante de Colombia Humana, asesinado a machetazos en Majagual, serán descubiertos. Le pido a @FiscaliaCol Fiscalía iniciar la investigación”

 

El jefe de Estado hizo la solicitud desde su cuenta X (antes Twitter), al comentar un mensaje del Director del Observatorio de DD.HH. y conflictividades de INDEPAZ, defensor de DD.HH. Leonardo Ronzales, quien denunció los hechos.

Nota relacionada: En Colombia se ha utilizado la violencia política con fines electorales: Laura Bonilla

La pelea de Duque y Petro en la red social X

El presidente Gustavo Petro, y su antecesor en el cargo, Iván Duque, se han enzarzado en las últimas horas en un cruce de acusaciones y reproches a través de redes sociales originado en la defensa de Petro del fin de las sanciones impuestas a Cuba.

Duque, presidente entre 2018 y 2022, ha afirmado al respecto que «aún hoy existan idiotas útiles de ese modelo que lo exaltan como ejemplo cuando deberían rechazarlo ante el fracaso evidente». «Los niños, los mayores, los abuelos y el pueblo cubano, ha sufrido hambre, falta de oportunidades y opresión por la dictadura comunista de los Castro y sus herederos que ha cercenado las libertades y asesinado a sus detractores», ha planteado.

 

En respuesta, Petro ha destacado que «los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio tú, Duque, los bombardeaste».

«Creíste que si morían los niños, moría el comunismo. Tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro», ha apuntado en referencia a la cifra de «falsos positivos» que atribuyen las últimas investigaciones a la época de Duque.

Los «falsos positivos» son casos de civiles ejecutados por las Fuerzas Armadas colombianas para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.

«Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos», ha espetado Petro en su mensaje.

Previamente, Duque había reprochado al actual mandatario que condene la dictadura de Augusto Pinochet en Chile mientras «idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos» en un ejercicio de «doble moral». «Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios», ha argumentado.

«La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros», ha afirmado en referencia a varias guerrillas armadas, una de las cuales, el M-19, contó entre sus filas con Gustavo Petro hace décadas.Copiar al portapapeles

La disputa entre Lafaurie y Petro

Recientemente se desató una polémica entre José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y Gustavo Petro, presidente de la república, por la propuesta del gremio ganadero de crear “brigadas solidarias” para prevenir y proteger la invasión de tierras ganaderas, una iniciativa que el primer mandatario de los colombianos calificó como “invitación al paramilitarismo”. Esta discusión se enmarca en el perenne contrapunteo entre “defensa de la propiedad” y “acceso a la tierra” que incrementó los niveles de violencia en nuestro país. Al hacer una revisión histórica se encuentran, al menos tres momentos, en los que este contrapunteo ha desencadenado oleadas de hechos victimizantes en los campos.

Inicialmente, el intento de reforma agraria de Alfonso López Pumarejo con la ley 200 de 1936 buscó que la propiedad sobre la tierra tuviera una “función social”, es decir, que la propiedad estuviera sujeta al “bien común”. En ese sentido, la ley posibilitaba que las tierras improductivas podían ser expropiadas por el Estado, en un término de 10 años, para adjudicarlas a quienes las necesitaban y podían trabajarlas. Se edificó, así, la esperanza de acceso a tierras en millones de campesinos colombianos que no eran propietarios. Sin embargo, con la expedición de la ley 100 de 1944 se echó al traste todo el proceso de reforma agraria; además de ampliar el plazo de expropiación a 15 años, empoderó a los terratenientes que decidieron armar a sus peones para atacar a campesinos que, previamente, habían ocupado tierras pensando en la adjudicación. Las primeras masacres por ocupación de tierras privadas se empiezan a registrar en 1945 y, posteriormente, con del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, darían paso a lo que se conoce en la historia nacional como el periodo de la Violencia “con V mayúscula”.

 

El segundo momento se registró en el marco de la malograda reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. En esta ocasión el presidente impulsó la creación de una confederación campesina que sirviera como interlocutor válido con el gobierno con miras a defender y reivindicar los derechos de los campesinos y el acceso a la tierra. Con el nombre de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la confederación, que tuvo su acta de constitución en 1970, inspiró el proceso más significativo que, en materia organizativa, habían tenido los sectores rurales en la historia nacional. Se promovió, de esta forma, la ocupación o toma de tierras para que el Estado las adjudicara. La costa caribe fue una de las regiones donde más ocupaciones se registraron y un número importante de campesinos se benefició. No obstante, la arremetida terrateniente no se hizo esperar. Con la promulgación de las leyes 5 y 6 de 1973 (producto del acuerdo de grandes tenedores de tierra conocido como el Pacto de Chicoral) se frenó el intento de reforma agraria promovido por Lleras Restrepo al eliminar la expropiación del latifundio improductivo y priorizar la explotación empresarial por encima del desarrollo campesino. Como consecuencia, nuevamente, la violencia por la defensa de la propiedad se incrementó en los campos colombianos.

El tercer momento se viene presentando desde la década del ochenta y se materializó en la connivencia de algunos terratenientes con paramilitares para expulsar a campesinos de tierras con vocación productiva. El despojo y abandono forzado de tierras propiciado por grupos organizados al margen de la ley contra millones campesinos, afectó, en mayor medida, a poseedores de predios privados y ocupantes de baldíos, justamente, por la informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia. En varios de los casos trabajados por la Unidad de Restitución de Tierras se da cuenta que propietarios infringieron violencia sobre poseedores utilizando grupos al margen de la ley para recuperar sus tierras y afianzar el derecho a la propiedad privada.

Vale decir que la legislación colombiana, en parte, ha sido condescendiente con la creación de “grupos de autodefensa” para la amparar del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente. Con el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965 (que tenía una vocación transitoria, pero fue adoptado como normatividad permanente con la ley 48 de 1968) se estableció la posibilidad que personas civiles podían integrar “grupos de autodefensa” e, incluso, utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequible” el parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965 que posibilitaba la creación de grupos de autodefensas, con el Decreto 535 de 1993 y el Decreto Extraordinario 356 de 1994 se facultó dotar de armamento de uso privativo de las fuerzas militares a los Servicios Especiales de Seguridad Privada “Convivir”. El funcionamiento de estas organizaciones (instrumentalizadas por el paramilitarismo y algunos terratenientes para la protección del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente), finalizó en 1997 cuando la Corte Constitucional publicó la Sentencia C-572 y declaró su ilegalidad. Se selló, por esta vía, la laxitud del Estado en la promoción de grupos de autodefensa.

Los colombianos esperamos que las “brigadas solidarias” que está impulsando el presidente de Fedegan no devengan en más violencia y, peor aún, como lo ha señalado Gustavo Petro, inviten al paramilitarismo. Aunque Jose Felix Lafaurie ha sido tajante en mencionar que estos grupos son pacíficos y que los propietarios “tenemos el derecho a movilizar la solidaridad de los ganaderos para el buen propósito de evitar que la propiedad privada sufra cualquier tipo de menoscabo”, la historia de la violencia no debe repetirse, más cuando la actual administración está promoviendo la movilización y organización campesina por la reforma agraria por medio de comités municipales para dicho fin.       

Regaño de Petro a los militares por lo ocurrido en la vereda El Manso

Al hablar sobre la presencia de militares encapuchados intimidando a la población de la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, el presidente de la república, Gustavo Petro, señaló que no es un hecho aislado y que los miembros del Ejército no pueden volver a caer en esas prácticas.

“No era un mensaje a los habitantes de El Manso, el mensaje era para la sociedad y para decirles que el Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden y en caos. Eso decían cuando Salvador Allende gobernaba», dijo el mandatario.

 

Durante el discurso, el primer mandatario preguntó: ¿Qué buscaban quiénes dieron la orden? Y aseguró que «Los que dieron la orden de lo ocurrido ayer, es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”.

El jefe de Estado le recordó a los miembros de la Fuerza Pública que su deber es cuidar de la honra y la vida de los colombianos.

“Ningún soldado se debe prestar otra vez a fusilar a un jovencito y a matar campesinos. Eso no puede ser en Colombia. Ningún soldado de la patria se puede prestar a ese tipo de órdenes. Porque eso sólo nos lleva a la barbarie”.

La respuesta del presidente Petro al exviceministro Ricardo Díaz

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se refirió en un mensaje en su cuenta X (antes Twitter), a las declaraciones del exviceministro de defensa General Ricardo Díaz.

El primer mandatario reveló que Díaz pidió ser tenido en cuenta para el cargo de ministro de Defensa pero que este ya estaba previsto para Iván Velásquez, actual jefe de esta cartera.

 

“Pensé que el general Díaz podría ayudar en este propósito. Mi primera decepción estuvo en que solo al final, cuando el triunfo era posible, decidió apoyar mi campaña. Meses atrás habíamos acordado dar ese paso que sería un mensaje de unidad”, anotó el primer mandatario.

Dijo además que fue el mismo quien decidió nombrarlo como viceministro y días después le llegaron los informes sobre maltrato agudo al personal laboral por parte de Díaz y la inconformidad del ministro con sus actuaciones, lo que motivó su salida del ministerio.

El primer mandatario aseguró la decisión de no permitir que los helicópteros rusos fueran llevados a Rusia a mantenimiento con la empresa contratada en otros gobiernos fue suya.

“Colombia no está con la guerra sino con la paz en cualquier lugar del mundo. Cuando firmaron papeles para desobedecer la orden del presidente, se retiró al personal que insistía en mantener un contrato oscuro”, puntualizó.

En cuanto a la supuesta solicitud de compra de tres helicópteros para la Presidencia, negó que se hubiese hablado o considerado.

“La plata de la Nación es para la justicia social. El único helicóptero italiano que tiene la presidencia lo compró Duque”.

Luego de que el exviceministro Díaz asegurara que la primera dama, Verónica Alcocer, habría intervenido en la supuesta compra de tres helicópteros, el abogado Mauricio Pava apoderado de la esposa del primer mandatario anunció una demanda por calumnia e injuria.