En el marco de la conmemoración de los 50 años de la muerte del político Salvador Allende, Gustavo Petro protagonizó una confusión que no le perdonaron los internautas con la hija del líder chileno.
«Con Isabel Allende, hija del presidente compañero Salvador Allende, una de las mejores escritoras de Latinoamérica», dijo el mandatario en primera instancia reseñando la foto que logró con la política que sobrevivió al golpe de Estado de 1973 que sufrió su papá a manos de Augusto Pinochet.
El lapsus es que la Isabel Allende de la foto con Petro es diferente a la Isabel Allende que es una de las escritoras latinoamericanas más importantes del mundo.
Si bien ambas tienen el mismo nombre de cabecera, son personas distintas. De hecho, la escritora sí tiene un vínculo familiar con Salvador Allende. Sin embargo, la Allende en cuestión es senadora de Chile.
En las redes sociales le cobraron el error a Gustavo Petro y rápidamente corrigió el error cometido con una publicación en la que borró el rol de la escritora que puso en primera instancia.
La propuesta del presidente Petro de ofrecer gratuidad en el transporte público a cambio de un pago en la factura de luz ha recibido sorprendentes apoyos como el de Enrique Peñalosa, su más aguerrido contradictor. La mayoría de alcaldes vigentes recibieron con beneplácito la propuesta sujeta a mayor detalle. Claudia López en sus cálculos estimó que en el caso de Bogotá la contribución sería de 200 mil pesos, una cifra por fuera del alcance de la mayoría de ciudadanos. Sin saber la metodología para alcanzar esa cifra, lo que sí es un hecho es que la falta de empadronamiento en Colombia hace difícil la focalización efectiva. Considerando que el transporte público no tiene progresividad en tarifa, sería bueno tomar la idea del gobierno y explorar, por si solo no es suficiente la calidad y implementación son problemas.
Desde el Plan de Desarrollo de 2014, al transporte público pasó de se le abrió la puerta para subsidiarlo. La idea de que el gobierno nacional subsidie el transporte público, como ha insinuado el Min Transporte, sería novedoso. Aunque existen dudas sobre las capacidades fiscales del gobierno, no hay chequera que aguante, solo ayudar a crear un nuevo esquema de financiación sería útil.
Pasar de un esquema de pagar por usar a otro donde todos contribuimos al transporte público, puede ser controversial, pero sin duda crearía una sociedad más igualitaria. El simple ejercicio de tomar el gasto anual y dividirlo por el número de predios, podría causar facturas de energía imposibles de pagar para la mayoría de colombianos, especialmente si viene un niño en energía el próximo año. Para poder calibrar una tarifa progresiva, hace falta tener mejor información de ingresos y saber cuántos miembros tiene cada hogar. Esto sería útil, no solo para optimizar el gasto en transporte público sino para todos los subsidios.
El riesgo de fijar subsidios es que remueve el incentivo de buscar eficiencias operativas, en el caso de Buenos Aires estos subsidios pueden llegar al 1% del PIB nacional. La incapacidad de los mandatarios locales de eliminar el transporte paralelo causo en Colombia un déficit estructural de demanda y financiero para los sistemas masivos. Una oferta con precio cero eliminaría por la fuerza de mercado el transporte paralelo y solucionaría los temas de demanda de muchos sistemas.
Uno de los retos del costo de transporte en Colombia es que la estructura tarifaria no prevé una tasa diferencial para usuarios recurrentes. En la mayoría de ciudades, el ciudadano local paga tarifa diferente a la del turista. Adicionalmente, el factor salarial de subsidio de transporte que desincentiva la formalización laboral, podría ser utilizado de manera más eficiente en un esquema de gratuidad en el transporte público. Un reto para abordar sería cómo manejar el transporte intermunicipal que es parte fundamental del mercado laboral.
Los sistemas de transporte masivo nacieron del pecado de muchos gobernantes que, con el afán de hacer obras, cargaron su construcción a la tarifa. Esto causó tarifas elevadas que significaron que no se materializó la demanda esperada. Después de pandemia, lo que venía mal resultó peor. Cualquier esfuerzo para reorganizar la financiación del transporte público es bienvenido, incluyendo la propuesta del presidente.
Esta semana se suscitó una polémica de esas que uno no entiende el por qué o de dónde vienen, al conocerse el decreto de las movilizaciones campesinas para la reforma agraria con el objetivo de socializar y hacer pedagogía con el campesinado colombiano; sin embrago, y sin decirlo en ninguna parte, salieron cuestionamientos sobre si el gobierno iba a entregarles armas, un hecho a todas luces absurdo especialmente porque estamos ante un mandatario comprometido con la paz.
Y es que claro, en un país que por décadas ha estigmatizado territorios y en especial a los campesinos, que los mataba por sospecha como ha quedado claro en las declaraciones de la JEP y que ve la movilización como sinónimo de violencia es entendible que se generen esos ruidos por parte de un sector político que se sigue oponiendo al cambio.
Basta dar una lectura a la imagen que circuló con las fechas y lugares en que se iban a realizar para entender que se trataba de un proceso centrado en la pedagogía y que propendía la articulación del gobierno nacional con los campesinos colombianos, y claro con un gran componente de lo que es nuestro gobierno: plural, social, de las bases y que le gusta estar en los territorios y con la gente.
Uno de los mayores retos que tenemos como sociedad es entender a Colombia en su diversidad, en sus expresiones, en sus costumbres y en sus necesidades para de esa manera dejar de ponerle etiquetas a las personas, especialmente en un país como el nuestro tan plural y que tiene deudas históricas con comunidades y territorios a los que solo les ha llegado el olvido estatal.
Así pues, que sean las movilizaciones campesinas y sociales las que marquen la pauta de los grandes acuerdos nacionales con las comunidades para que el cambio siga siendo imparable.
El subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional de Estados Unidos, Todd Robinson, durante una audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en la que se analizó el tema de las prioridades presupuestales para el 2024, destacó el trabajo de Colombia en la lucha antidrogas.
En la audiencia, la Oficina de Asuntos Internacionales y de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó 160 millones de dólares paraColombia y 41,3 millones para Perú, recursos del presupuesto de 2024 que apoyarán una variedad de áreas estratégicas para incrementar la seguridad y reducir la criminalidad.
Estas áreas incluyen: promover la seguridad, justicia y desarrollo rural, lucha contra la corrupción, y prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros para privar a las organizaciones criminales transnacionales de las ganancias del narcotráfico.
“Tradicionalmente Estados Unidos y Colombia han tenido una excelente relación en seguridad; esa relación todavía continúa. El nuevo gobierno de Petro quiere ir en una dirección diferente en temas como la erradicación”.
“Dicho esto –subrayó Robinson–, ellos continúan trabajando con nosotros en el tema de interdicción, en la estrategia de seguridad, en nuevos enfoques de nuestra estrategia, como perseguir los delitos ambientales”.
El alto funcionario señaló: “Nosotros estamos trabajando con nuestros aliados de USAID en entrega de títulos de tierras a colombianos que nunca antes han tenido tierra. Seguimos teniendo un compromiso integral de seguridad y desarrollo con Colombia, que se ha convertido en un proveedor de seguridad no solo en la región sino global”.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que participó en la audiencia, indicó que mantener la ayuda a Colombia era “vital” y que su gobierno está dialogando con el Congreso de EE.UU. para demostrar cómo esos recursos no solo sirven a Colombia sino a Estados Unidos, “pues todos nos beneficiamos con una Colombia estable y democrática”.
Es evidente la desconfianza que existe entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el sector empresarial, como también es evidente que el primer mandatario ha contribuido bastante para que la distancia entre las dos partes aumente.
Por el bien del país y del mismo Gobierno ha llegado la hora de que el presidente cambie de actitud, porque de continuar así, será muy difícil que se apruebe una reforma laboral que debe ser acordada con todos los sectores y no únicamente con los sindicatos.
Para esto, lo primero que debe hacer el Gobierno Nacional es invitar al sector empresarial a un diálogo respetuoso y amable, y con esto no se pretende que Gustavo Petro se convierta en el nuevo mejor amigo del sector privado, pero sí de que se inicie una conversación que permita reducir las prevenciones que con justa razón existen de parte de este sector hacia el primer mandatario.
Las cifras del DANE revelaron que el Producto Interno Bruto colombiano avanzó únicamente un 0,3% anual en el segundo trimestre de este año, una reducción notoria frente al 3% del primer período, lo que debería indicar al Gobierno Nacional que algo anda mal y que debe corregirse a tiempo.
Es aquí donde es necesario escuchar al sector privado sí en realidad se quiere generar un aumento considerable en la tasa de empleo; que se reduzca la informalidad y por que no, mejorar también las condiciones laborales de miles de personas, una petición más que justa para los trabajadores de los estratos 1 y 2 especialmente.
En esta discusión el sector empresarial tiene mucho que aportar, pero se requiere que desde el Gobierno Nacional se muestre disposición para un acuerdo que quede plasmado en el papel, evitando que esos diálogos terminen por convertirse en una conversación de sordos, tal como sucedió en las reuniones que se citaron para redactar el texto de la reforma a la salud.
No se si será posible que en el corto plazo el primer mandatario entienda que en la economía de un país la empresa privada juega un papel fundamental; que por tanto no se le puede ignorar ni tratarla como si fuese un invitado al que se sienta en la mesa del rincón en medio de una gran fiesta.
Pero de lo que sí puedo estar seguro es que sí el Gobierno no hace lo necesario por crear escenarios donde exista un mínimo de confianza, quienes pagarán los platos rotos son los colombianos de los estratos 1,2 y 3 que pueden perder sus empleos por una posible recesión económica que puedo evitarse.
Después de las declaraciones a Los Informantes de Caracol por parte de Juan Fernando Petro sobre un supuesto diagnóstico del «síndrome de Asperger», trastorno hoy conocido dentro del espectro autista, Gustavo Petro rompió el silencio.
“Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano”, dijo el mandatario.
El presidente confirmó que nunca ha recibido dicho diagnóstico por medio de sus redes sociales este lunes al referirse a su estado de salud.
“Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, cuando tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica”, explicó Petro.
Este síndrome del espectro autista afecta la comunicación e interacción entre las personas que lo tienen. A pesar de ser descubierto por Hans Asperger en un artículo publicado en Viena en 1944, la investigación “no se conoció hasta fines de los años 80 y no fue clasificada oficialmente como un trastorno psiquiátrico hasta 1994”.
Actualmente, a los niños que presentan señales de este trastorno se les diagnostica autismo y se les considera como parte del ‘espectro autista’.
A través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro propuso que los ciudadanos paguen el transporte público a través de los recibos de energía.
La idea según el primer mandatario es que los ciudadanos paguen el transporte público a través de una pequeña cuota mensual en sus facturas de luz, lo que les daría derecho a utilizar el servicio de transporte público de manera ilimitada durante todo el mes.
Si se llegase a implementar la medida, transportes masivos como el TransMileniopor ejemplo sería aparentemente gratuito y su costo se pagaría mensualmente a través de las facturas de servicios públicos, teniendo en cuenta los estratos sociales de cada hogar.
«Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público pero subsidiarían a los menos pudientes», escribió el mandatario.
“Lo invitamos a perseverar en la búsqueda de acuerdos nacionales a través del acercamiento con la sociedad civil colombiana, de la cual el sector empresarial es un actor trascendental que genera empleo y crecimiento para todos», expresó la compañía a través de un comunicado.
Dijo además que las decisiones judiciales que al respecto se han proferido, no relacionan a la empresa en despojo de tierras y recordó que el Grupo Argos donó las 6.600 hectáreas a la comunidad a través de la Fundación Crecer Paz en 2015.
El presidente Gustavo Petro en medio de una declaración en el Salado, Bolívar, aseguró que la firma promovió despojos de tierras en los Montes de María, y que por esto decenas de familias se vieron obligadas a salir desplazarse a otras tierras.
“Indudablemente es un país que uno puede comprender no solo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, sino por el enorme acumulado de codicias. Por ejemplo en una empresa como Argos, se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado”, indicó Petro.
En un Acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por el caso de la ejecución extrajudicial del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo—asesinado por un policía el 19 de agosto de 2011—, el presidente Gustavo Petro pidió perdón a la familia del joven.
El primer mandatario aseguró que “una democracia significa que este Estado es sirviente de la ciudadanía” y este acto es el reconocimiento de un Estado que mata la ciudadanía, “no es democrático”.
En presencia de Gustavo Arley Trejos y Liliana Lizarazo Flórez, padres del joven grafitero, el ministro de Defensa, Iván Velásquez dijo: “Quiero, en este acto, pedirle perdón a la familia de Diego Felipe Becerra y al conjunto de la sociedad, porque estos hechos y violaciones a los Derechos Humanos y al derecho fundamental a la vida no solo mancilla el nombre de la Policía Nacional sino la política de seguridad”.
Becerra, fue asesinado el 19 de agosto de 2011, en el norte de Bogotá, cuando mientras estaba pintando una pared y un agente le disparó.
Otro escándalo en torno a la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia surge este jueves con Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) de protagonista.
Según un artículo de La Silla Vacía, el gremio de docentes hizo una donación de 500 millones de pesos a la campaña del hoy presidente de Colombia por medio de Colombia Humana.
“Si la dimos (la plata) para la finalidad de la campaña presidencial… Tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice todos los trámites, yo hice los contactos, hablé con el gerente de campaña”, dijo a La Silla Vacía Nelson Alarcón, exdelegado del Comité Ejecutivo de Fecode.
El dinero se hizo por medio de una triangulación. Como Fecode es una persona jurídica (organización) no podía donar a la campaña de Petro, así que la federación hizo la donación a Colombia Humana para que el movimiento los usara en la campaña.
El lío que denota dicho artículo es que ese dinero no se reportó ante Cuentas Claras, ni en las campañas de primera o segunda vuelta de la campaña presidencial del año pasado.
Ahora todo queda en manos del CNE (Consejo Nacional Electoral), que debe determinar si el dinero entró de manera regular o no. Vale la pena resaltar que la campaña en primera y segunda vuelta estuvo a 150 millones de pesos de superar el tope.
Quiero agradecer al Presidente @petrogustavo su voto de confianza. No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quien lo acompaña y donde, es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño, allí la lucha diaria es por el bien de Colombia.
— Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) August 30, 2023
En los últimos días se dijo que Rusinque pasaría del DPS a la jefatura de gabinete, sin embargo, de acuerdo con fuentes del Palacio de Nariño, la filtración anticipada a la opinión pública a un nombramiento que no se había dado y que solo era una posibilidad, terminó por tumbar la llegada de Cielo al cargo.
Por lo pronto se da por seguro la llegada de Laura Sarabia a la dirección del DPS, entidad que quedaría adscrita al Ministerio de la Igualdad. No se descarta la posibilidad de un nombramiento a futuro de Cielo Rusinque en otro cargo.
El presidente Gustavo Petro y los integrantes del Consejo Gremialsostuvieron un primer encuentro en donde los empresarios manifestaron sus preocupaciones en materia económica, de seguridad y reforma laboral.
Durante la reunión los presidentes de Fenalco y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), pidieron al Gobierno Nacionalleer lo que ocurre en las regiones y plasmarlo mejor en la reforma laboral.
El presidente del Consejo Gremial, Germán Arce, dijo que el sector empresarial no se puede graduar de enemigo del Gobierno, “producimos el 80 % del PIB, pagamos más del 80 % en impuestos y generamos el 75 % de los empleos formales”.
Por su parte el primer mandatario insistió en su idea de descarbonizar la industria en Colombia mediente el uso de energías limpias.
“Un Acuerdo Nacional tiene que hacerse con sinceridad y pasa, entre otras cosas, por tener energía eléctrica barata, que representa un motor de desarrollo; lograr reducir las tasas de interés y democratizar la tierra”, señaló el mandatario.
Dijo además que se abrirán mesas de trabajo para socializar y lograr consensos para los debates de reforma laboral.
“Estamos abiertos a una alianza privada y pública y trabajar mancomunadamente. No podemos ser enemigos, al contrario, tenemos que trabajar unidos para que Colombia avance. Eso es lo importante de la reunión de hoy”, concluyó.
Su intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el presidente Gustavo Petro defendió las sentencias suscritas por Colombia ante el organismo.
“La Convención Americana, la Declaración Americana obliga a todas las partes que la firmaron a hacer obligatorias sus sentencias y, de una manera u otra, esa obligatoriedad viene siendo combatida por quienes quisieran la destrucción de los derechos humanos, para quienes quisieran la destrucción de las libertades de nuestras gentes, de nuestras sociedades.”, dijo el primer mandatario.
El primer mandatario de los colombianos pidió defender la Corte IDHy trabajar arduamente para fortalecer su labor por la defensa de los derechos humanos.
Propuso además, pensar en la posibilidad de reducir los tiempos entre una denuncia y una sentencia, con el ánimo, según Petro, de que se ejerza una justicia eficaz.
Señaló también que Colombia ha firmado 28 sentencias y que únicamente ha cumplido con una y recordó que, para nuestro país, estos fallos son de obligatorio cumplimiento.
“Colombia será un país que no solo respete lo que, para nosotros, es el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, sino que le pide a todos los países de las américas que hagan lo mismo”, afirmó.
Gustavo Petro hizo esta defensa en el marco de su visita a la Corte IDH en Costa Rica.
El presidente Gustavo Petro dejó entrever en una entrevista a la Revista Cambio que está pensando en modificar la terna para que la Corte Suprema de Justicia elija un nuevo fiscal.
“Estamos en la reflexión porque hay otros elementos que quiero ver en este momento», dijo el primer mandatario.
La posibilidad de cambio en la terna estaría motivada por las revelaciones que se han hecho en las últimas horas sobre la abogada Amparo Cerón, candidata al cargo de fiscal general de la Nación.
De acuerdo con la publicación del columnista Daniel Coronell, “Amparo Cerón habría sido nombrada en la Fiscalía General de la Nación por Néstor Humberto Martínez, para que estuviera al frente del caso de Odebrecht siguiendo sus orientaciones.
Coronell reveló una conversación que sostuvo con Gustavo Moreno mientras estuvo preso en una cárcel en los Estados Unidos quién le confesó que el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez, afirmaba que no se quería meter en el caso Odebrecht y le pidió armar un equipo de confianza para que se encargara del asunto.
Moreno reveló además que “lo único que dijo es que hablar del caso Odebrecht significaba meterse con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más poderoso de Colombia y que no quería tenerlo de enemigo”.
El primer mandatario se ha mostrado bastante interesado en que el caso de Odebrecht termine de indagarse.
