Por: Attila Lenti
Algunos sabios de la patria sugieren que hay una crisis institucional y le recomiendan con énfasis al presidente resolverla desde la institucionalidad. La comunicación presentada encubre varias suposiciones: 1. Existe el riesgo de que el presidente no quiera respetar la institucionalidad; 2. Ellos son los demócratas con legitimidad moral para defender las instituciones; 3. Las instituciones que hoy tiene “la democracia más antigua de América Latina” son manifestaciones divinas del concepto mejor imaginado, fruto maravilloso de una construcción bien pensada por siglos. Mejor dicho, son ejemplos para el mundo moderno.
Frente a los planteamientos de que la democracia puede ser operante en un país que constitucionalmente calificaba a decenas de miles de sus ciudadanos como “salvajes” y permitió el genocidio de movimientos políticos enteros y cinco candidatos presidenciales —sin mencionar los de antes como Uribe Uribe y Gaitán — yo prefiero creer que la construcción de la verdadera democracia apenas comenzó con la Constitución de 1991, con el empuje determinante del M-19 que acababa de dejar las armas. En este sentido, hoy tenemos, sin duda, un presidente que es heredero de la coyuntura democrática más importante de la historia nacional. Es heredero del Estado Social de Derecho que solo existe en el papel porque los gobiernos consecutivos de derecha decidieron no implementarlo. Cierto dominio de los medios de comunicación, por supuesto, permite vender otras versiones de “amenaza chavista” basadas en los principios de la propaganda de que una mentira repetida se convierte en verdad. Petro puede afirmar cien veces que respetará las instituciones y la investigación que se lleve a cabo, pero ante la cizaña mediática masiva hasta estas declaraciones quedarán en duda. Aunque sean declaraciones de un demócrata respetuoso, teniendo en cuenta que las entidades de control hoy no son imparciales e investigan a su conveniencia.
Existe un esfuerzo de décadas del Uribismo para cooptar las instituciones y alterar el equilibrio entre los poderes públicos, muy bien presentado en las obras de diferentes centros de pensamiento, como Dejusticia. El fiscal general es amigo íntimo de Duque y su nombramiento fue fuertemente cuestionado en su momento por este conflicto de intereses. La procuradora, Margarita Cabello, es otra ficha del ex presidente. Obviamente, la oposición, acostumbrada a ejercer el poder, no es ingenua, y no dudará en usar estos poderes para torpedear el trabajo del gobierno.
Lo que primero debería enseñarse en cualquier programa de ciencia política es que las instituciones en abstracto no existen. El concepto se define bien lindo como algo robusto, eterno y justo, que nos vigila con una cultura institucional consolidada y que absorbe a todo integrante de manera homogénea. En la vida real las instituciones se constituyen de personas mortales con intereses que les dan un carácter y orientación bien mundanas. Su configuración es resultado de una lucha de poderes. Así mismo, la calidad de su trabajo dependerá de las lógicas y mecanismos humanos de operatividad: no produce los mismos resultados una entidad profundamente clientelista que una entidad transparente basada en méritos y profesionalismo. Nuestra institucionalidad idealizada también requiere de una profunda renovación en este sentido.
En Colombia la democracia se percibe como un asunto meramente procedimental. Si hay elecciones más o menos libres y un Estado de derecho más o menos operante, tenemos democracia. Se les olvida que ninguna democracia es viable sin una clase media votante amplia, próspera, estable y bien informada, con una distribución territorial equilibrada. Cuando hablamos de democracia, deberíamos hablar de dónde están los fundamentos sociales de esta democracia y de las instituciones encargadas de fomentarlos.
En este sentido, nuestra institucionalidad presenta un rotundo fracaso histórico. Por muchas décadas se ha dedicado a defender intereses privados y a sostener la desigualdad social, alimentando injusticias distintas y sembrando todo tipo de conflictos sociales. La razón no es la complejidad del territorio, ni alguna inexplicable inviabilidad cultural que el señor Laureano Gómez nos quiso vender en los años 50, sino la falta de voluntad política y los enfoques de política económica encaminados a mantener el statu quo y a la mayoría de la población en una miseria vergonzosa.
Así que, caballeros escuderos de la democracia y de la institucionalidad, deberían haberse preocupado mucho antes. Lo que ustedes defienden es un paisaje devastado. Ni que estuviéramos en Finlandia o Dinamarca para estar tan preocupados. Como tienen fondos suficientes, les recomiendo un viaje de estudio con el mismo destino para ver cómo funciona un sistema educativo que forma una ciudadanía pensante para la ciencia y la democracia; un sistema de transporte que no agobia a sus usuarios; una administración fluida, rápida y eficiente; o un sistema de salud que brinda la misma atención de calidad para su población entera. No hacen milagros, solo toman decisiones racionales e invierten el dinero donde es. Saben que la democracia no es llevar a cabo una elección cada 4 años repartiendo lechona y poniendo propaganda en pueblos empobrecidos.
Por primera vez Colombia tiene un gobierno que está decidido a construir estas instituciones y esta calidad de vida para la gente que representa, con un programa que tiene el potencial de resolver los problemas estructurales del país. La deuda frente a la sociedad es enorme porque el desastre acumulado de nuestra “institucionalidad” también lo es, pero los indicadores del primer año muestran victorias tempranas. La visión es acertada: entrega de tierras, soberanía alimentaria, bioeconomía para los territorios periféricos y restauración de ecosistemas, inversión en investigación y desarrollo y reindustrialización con alto valor agregado, transición energética, y por último, pero no menos importante, por fin una política exterior digna y basada en las ventajas geopolíticas del país, que lo coloca en una posición de liderazgo regional. Por primera vez Colombia tiene ministros y ministras cuyos nombres la gente recuerda porque vale la pena recordarlos.
La gran novedad es que las instituciones y las políticas públicas están para servirle a la sociedad, no para alimentar burocracias inútiles y la codicia de unos pocos. Con respecto a los estimados defensores de la institucionalidad (más bien defensores del statu quo), algún día quizás entiendan que gozar de sus riquezas es más chévere en un entorno seguro donde el otro también puede disfrutar de una vida digna. No se preocupen tanto; más bien, dejen trabajar.
