Recientemente se desató una polémica entre José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y Gustavo Petro, presidente de la república, por la propuesta del gremio ganadero de crear “brigadas solidarias” para prevenir y proteger la invasión de tierras ganaderas, una iniciativa que el primer mandatario de los colombianos calificó como “invitación al paramilitarismo”. Esta discusión se enmarca en el perenne contrapunteo entre “defensa de la propiedad” y “acceso a la tierra” que incrementó los niveles de violencia en nuestro país. Al hacer una revisión histórica se encuentran, al menos tres momentos, en los que este contrapunteo ha desencadenado oleadas de hechos victimizantes en los campos.
Inicialmente, el intento de reforma agraria de Alfonso López Pumarejo con la ley 200 de 1936 buscó que la propiedad sobre la tierra tuviera una “función social”, es decir, que la propiedad estuviera sujeta al “bien común”. En ese sentido, la ley posibilitaba que las tierras improductivas podían ser expropiadas por el Estado, en un término de 10 años, para adjudicarlas a quienes las necesitaban y podían trabajarlas. Se edificó, así, la esperanza de acceso a tierras en millones de campesinos colombianos que no eran propietarios. Sin embargo, con la expedición de la ley 100 de 1944 se echó al traste todo el proceso de reforma agraria; además de ampliar el plazo de expropiación a 15 años, empoderó a los terratenientes que decidieron armar a sus peones para atacar a campesinos que, previamente, habían ocupado tierras pensando en la adjudicación. Las primeras masacres por ocupación de tierras privadas se empiezan a registrar en 1945 y, posteriormente, con del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, darían paso a lo que se conoce en la historia nacional como el periodo de la Violencia “con V mayúscula”.
El segundo momento se registró en el marco de la malograda reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. En esta ocasión el presidente impulsó la creación de una confederación campesina que sirviera como interlocutor válido con el gobierno con miras a defender y reivindicar los derechos de los campesinos y el acceso a la tierra. Con el nombre de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la confederación, que tuvo su acta de constitución en 1970, inspiró el proceso más significativo que, en materia organizativa, habían tenido los sectores rurales en la historia nacional. Se promovió, de esta forma, la ocupación o toma de tierras para que el Estado las adjudicara. La costa caribe fue una de las regiones donde más ocupaciones se registraron y un número importante de campesinos se benefició. No obstante, la arremetida terrateniente no se hizo esperar. Con la promulgación de las leyes 5 y 6 de 1973 (producto del acuerdo de grandes tenedores de tierra conocido como el Pacto de Chicoral) se frenó el intento de reforma agraria promovido por Lleras Restrepo al eliminar la expropiación del latifundio improductivo y priorizar la explotación empresarial por encima del desarrollo campesino. Como consecuencia, nuevamente, la violencia por la defensa de la propiedad se incrementó en los campos colombianos.
El tercer momento se viene presentando desde la década del ochenta y se materializó en la connivencia de algunos terratenientes con paramilitares para expulsar a campesinos de tierras con vocación productiva. El despojo y abandono forzado de tierras propiciado por grupos organizados al margen de la ley contra millones campesinos, afectó, en mayor medida, a poseedores de predios privados y ocupantes de baldíos, justamente, por la informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia. En varios de los casos trabajados por la Unidad de Restitución de Tierras se da cuenta que propietarios infringieron violencia sobre poseedores utilizando grupos al margen de la ley para recuperar sus tierras y afianzar el derecho a la propiedad privada.
Vale decir que la legislación colombiana, en parte, ha sido condescendiente con la creación de “grupos de autodefensa” para la amparar del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente. Con el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965 (que tenía una vocación transitoria, pero fue adoptado como normatividad permanente con la ley 48 de 1968) se estableció la posibilidad que personas civiles podían integrar “grupos de autodefensa” e, incluso, utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequible” el parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965 que posibilitaba la creación de grupos de autodefensas, con el Decreto 535 de 1993 y el Decreto Extraordinario 356 de 1994 se facultó dotar de armamento de uso privativo de las fuerzas militares a los Servicios Especiales de Seguridad Privada “Convivir”. El funcionamiento de estas organizaciones (instrumentalizadas por el paramilitarismo y algunos terratenientes para la protección del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente), finalizó en 1997 cuando la Corte Constitucional publicó la Sentencia C-572 y declaró su ilegalidad. Se selló, por esta vía, la laxitud del Estado en la promoción de grupos de autodefensa.
Los colombianos esperamos que las “brigadas solidarias” que está impulsando el presidente de Fedegan no devengan en más violencia y, peor aún, como lo ha señalado Gustavo Petro, inviten al paramilitarismo. Aunque Jose Felix Lafaurie ha sido tajante en mencionar que estos grupos son pacíficos y que los propietarios “tenemos el derecho a movilizar la solidaridad de los ganaderos para el buen propósito de evitar que la propiedad privada sufra cualquier tipo de menoscabo”, la historia de la violencia no debe repetirse, más cuando la actual administración está promoviendo la movilización y organización campesina por la reforma agraria por medio de comités municipales para dicho fin.
