El próximo 7 de agosto se cumple el primer año del gobierno de Gustavo Petro. En el argot popular colombiano se dice: “mientras la economía vaya bien, el país va bien”; pero esta no es la ocasión. A pesar de que las cifras presentadas por el DANE evidencian que el desempleo bajó a un dígito, la inflación se redujo, el dólar estuvo en picada y ha aumentado el recaudo de impuestos, las declaraciones del hijo del presidente, Nicolás Petro, sobre el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial, ocasionaron un escándalo político de proporciones monumentales.
Desde antes que Nicolás Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, desataran el terremoto político y judicial, en medio de la audiencia de medida de aseguramiento, ya se había roto la coalición política. Si bien pasaron en la anterior legislatura reformas constitucionales importantes como la ratificación del acuerdo de Escazú, el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos, la ley de jurisdicción agraria y la ley que crea el Ministerio de la Igualdad, quedaron pendientes transformaciones sociales cruciales para el plan de gobierno como la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, entre otras.
El balance de Petro en su discurso del 20 de julio, frente a las reformas en el Congreso, fue optimista. Señaló que la mayoría de las reformas pasaron; las que no, fue por dificultades, más de trámite, que de voluntad política. Para esta legislatura, además de las ya presentadas y que están haciendo trámite, incluirá la reforma a la educación, al código minero, a la ley de servicios públicos, entre las más relevantes.
En la legislatura que está en curso, seguramente, el Congreso se enfrascará en discutir las acusaciones que Nicolás Petro está haciendo en contra de la campaña presidencial, dilatando las reformas del gobierno. A la oposición le cayeron “como anillo al dedo” las fuertes acusaciones que, de ser verdad, no solamente enlodan al presidente, sino a varios funcionarios del alto gobierno.
El mismo día en que se hizo el lanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria (uno de los propósitos más sentidos del programa de gobierno) y se oficializó el Comité Nacional de Participación (en el que se busca avanzar en la Paz Total con el ELN), Nicolás Petro y su exesposa afirmaban que en la campaña se habían superado los topes mínimos permitidos por la ley y, una parte de ellos, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales.
Paradójicamente, el balance de la reforma agraria no es halagüeño. Según el mismo presidente, en el primer año de gobierno solo se han entregado 30.000 de las 3 millones de hectáreas acordadas con las extintas FARC. En materia de Paz Total si se ha avanzado en un histórico cese al fuego con el ELN y se estableció un equipo negociador con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
Donde ha repuntado (y con creces) el discurso de Gustavo Petro ha sido en materia ambiental. Su postura de canjear la deuda externa latinoamericana por acción climática y el cuidado de la amazonia ha calado en los países desarrollados. Colombia logró reducir en 76% la deforestación de la amazonia en el primer trimestre de 2023, según datos del propio presidente. Del lado de las ambiciosas propuestas de transformación energética y minera se han quedado en veremos. La puesta en marcha de los parques solares y eólicos está estancada y, hasta el momento, sólo están en funcionamiento dos de las ocho turbinas de hidroituango, razones que evidencian las dificultades que el gobierno tiene para poner en marcha la transición energética.
Entretanto, un avance importante está en el combate a los cultivos y tráfico de uso ilícito. Al parecer, los cultivos de hoja de coca se han reducido, pues ya no es negocio para los campesinos cocaleros. Las incautaciones están en picada al asegurar el gobierno que se persigue a los narcotraficantes y se les limita la utilización de insumos. Incluso, el presidente anunció hace poco la propuesta de que el Estado compre la hoja de coca para hacer fertilizantes. Vale decir, además, que la llegada del fentanilo a Estados Unidos ha reducido el consumo de cocaína.
Aunque el presidente ha afirmado que gobernará hasta 2026, como lo establece el mandato popular, no tiene un escenario fácil en lo que le resta. Los disensos con el Congreso han limitado varias de sus propuestas legislativas y, en lo que se avecina, difícilmente llegará a acuerdos. Al ser el primer presidente de izquierda que llega al poder, hay que sumarle que los medios de comunicación han hecho un control minucioso de su gestión (como debe ser), pero han dificultado muchas de las decisiones políticas y podría decirse que están en su contra. Aunque tiene avances importantes de su programa de gobierno, el presente escandalo desdibuja su legitimidad y compromete seriamente su gobernabilidad ¿Será que al presidente le tocará ahora empezar a “gobernar por decreto”?
