El 30 de noviembre de 2022, en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, pidió perdón a “todas las víctimas, familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado”, en las masacres de Ituango. Hablaba como representante del Estado colombiano en el acto de reconocimiento de responsabilidad ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso emitida el 1 de julio en el 2006. El acto se realizó luego de 16 años porque los presidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, se negaron a hacerlo.
Los hechos ocurrieron en junio de 1996 y octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, del Municipio de Ituango, departamento de Antioquia. Integrantes de la Fuerza Pública en connivencia con paramilitares, asesinaron selectivamente a 19 campesinos, entre ellos 1 niño y 3 mujeres. Muchas de estas personas antes de ser asesinadas fueron torturadas, les saquearon sus viviendas, y una gran parte del casco urbano fue destruido, obligando al desplazamiento masivo de más de 700 campesinos.
Antecedentes similares al pedido de perdón de Petro encontramos muy pocos. El del 31 de enero de 1995 el presidente Ernesto Samper reconoció la responsabilidad del Estado por acción y omisión en los hechos violentos de Trujillo, Valle del Cauca, ocurridos entre 1988 y 1990, ante instancias de la Comisión de Investigación de esos hechos. Veinte años después, el 6 de noviembre de 2015, y obligado por la sentencia del 14 de noviembre de 2014 de la Corte Interamericana en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, presidente Juan Manuel Santos, reconoció la responsabilidad del Estado y pidió perdón a las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.
El presidente Petro fue mucho más allá y marcó la diferencia este 30 de noviembre, al calificar al Estado de “asesino” e impune, resaltando que no es este el Estado previsto en la Constitución de 1991. Dijo que desde ese año “se empezó a construir un Estado que no está en la Constitución, un Estado de la impunidad que encubre a los autores no solo físicos y directos sino a los intelectuales que ordenaban desde atrás”. Indicó que el Estado hubiera podido corregir su rumbo en el momento adecuado, “pero los procesos judiciales, las investigaciones, la institución que llamamos fiscalía y otras no fueron capaces, porque no tenían la voluntad política, en primer lugar, de descubrir los asesinatos sistemáticos de civiles a lo largo y ancho de Colombia, que es un delito de lesa humanidad”.
Enfatizó el presidente que en Colombia hubo un «genocidio» reciente, porque han existido varios en todo nuestro historial. Precisó que el genocidio de que hablaba tiene un móvil político, porque “tenía su función destruir lo que se llamaba desde el Estado, un ‘enemigo interno’, decían ellos, una ideología construida sobre la base de pensarnos como enemigos, de que una parte de los colombianos es enemiga de otra parte de los colombianos”. Se refirió a la teoría del «enemigo interno» que “es producto del miedo, del miedo a la diferencia, del miedo a perder el poder, del miedo a perder los privilegios, del miedo en el fondo a la democracia, del miedo en el fondo a la libertad, del miedo en el fondo al ser humano”.
También reflexionó sobre las dimensiones del dolor de todos los afectados, al decir que “Si tuviéramos la posibilidad de sumar el dolor sufrido por la sociedad colombiana a lo largo y ancho del país durante estas décadas, si pudiéramos tener la posibilidad de recoger todo ese dolor y juntarlo en un solo espacio, ese espacio no cabría en el Congreso de la República, no cabría en la Plaza de Bolívar, no cabría en el Palacio de Justicia, ni en el Palacio de Nariño, no cabría ni en la ciudad de Bogotá. Sería tan inmenso que nos ahogaría a todos, nos aplastaría, como es tan aplastante ese dolor lo evitan, lo ocultan, insinúan que no existió”.
Sobre las garantías de no repetición señaló que hay que investigar las causas, que es lo principal, “sabiendo las causas, sabiendo la verdad, habiendo justicia, es posible que no se repitan, el peligro que tenemos ahora es que se repitan y la sociedad se autodestruya, ninguna decide que su destino es destruirse”. Puso como ejemplo de lo posible a los Estados Unidos que después de su guerra civil construyeron una de las naciones más poderosas del mundo. Dijo que “nosotros no hemos sido capaces de ese pacto, y ese pacto tiene que pasar por reconocer a las víctimas, por reconocer la verdad”. Agregó que “la verdad que se quiere ocultar en Colombia es que el Estado mató a sus propios ciudadanos, esa verdad así no se quiere reconocer”.
Enfatizó el presidente Petro que, el paramilitarismo no hubiera existido sin voluntad política: “fueron entes políticos, fueron sujetos políticos individuales, fueron corrientes políticas dentro de la sociedad que tuvieron el poder de usar el Estado, los que convirtieron al Estado en un Estado asesino de su propia ciudadanía, La verdad así no se quiere reconocer”. Dijo que estos grupos paramilitares fueron construidos desde el poder, creyendo que el poder es hereditario, y subrayó: “creyeron legítimo eliminar lo que ellos consideraban que eran sus enemigos, que no resultaba ser más que otras y otros ciudadanos tan iguales como ellos, con tanto derechos como ellos, con las posibilidades de vivir como las que podían tener ellos”.
Reiteró que “los crímenes que comete el Estado contra su propia ciudadanía son los castigados en el mundo, se les llama crímenes contra la humanidad”. Habló de la proporcionalidad del poder, de poder usar la capacidad del poder para asesinar a sus propios ciudadanos, “un exterminio planificado pensado en términos de eliminar enemigos, porque veían al campesino como enemigo, porque la tierra debe ser de unos pocos” y concluyó diciendo que el país está lleno de fosas comunes.
Nos esperan más reconocimientos de responsabilidad y pedidos de perdón en casos que se ventilan en la Corte IDH, cuyos hechos no son imputables a este gobierno. Se avecinan sentencias en los casos del exterminio de la Unión Patriótica, la violación de varios derechos convencionales a la periodista Jineth Bedoya Lima, la desaparición forzada del integrante del Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista Pedro Julio Movilla, las amenazas y persecución contra integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y la violación de los derechos humanos de la Nación U´wa, entre otros. Lo que señaló el presidente Petro el 30 de noviembre es que no se limitará al cumplimiento meramente formal del reconocimiento de responsabilidad que siempre ordena la Corte IDH, sino que busca arrancar la costra para que por fin se cure bien la herida. Bienvenida la verdad, esta vez con ganas.
