El problema: el mercado.
Lo que dijo el presidente Petro en la campaña presidencial está en la reforma tributaria que se tramita en el Congreso de la República. Incluso, la reforma es más moderada porque para el primer año pide la mitad de los cincuenta billones anuales a que aspira llegar en su último año de gobierno.
Entonces, no es entendible la quejadera de los empresarios y de sus emisarios antes de presentar propuestas alternativas que sustituyan unos impuestos por otros con el fin de lograr los 25 billones que necesita el gobierno para financiar la agenda social y la reestructuración productiva, porque el desarrollo de la producción es la que permite que el recaudo cumpla con los objetivos sociales y económicos de las políticas.
Es claro que otorgar beneficios no soluciona problemas estructurales como ha ocurrido con las políticas de competitividad y de transformación productiva de los últimos treinta años puesto que no han tenido propósitos definidos y metas cuantificables centradas en crear una economía del conocimiento de alta productividad con sectores industriales y de servicios avanzados.
El fracaso de las zonas francas como instrumento para dinamizar las exportaciones se traduce en que la canasta exportadora no ha cambiado por eso las cuentas internacionales son negativas dado que exportamos menos de lo que importamos, además, exportamos materias primas e importamos tecnología. Es un descuadre estructural que tiene efectos en los agregados sociales de pobreza, inequidad, violencia, informalidad, evasión y baja tasa de tributación, es decir, una suma de supuestos equivocados. El mercado lo tuvo todo, fracasó y el país perdió la posibilidad de construir un proyecto nacional de desarrollo duradero y sostenible.
Esta realidad plantea un problema que no es menor, por el contrario, es de gran dificultad, el cual, si ahora no se asume, la reforma tributaria tendrá problemas para cumplir los objetivos que pretende, pues no estaría amparando la reestructuración para abatir la dependencia del petróleo y del carbón por la vía de nuevas especializaciones que conduzcan a desarrollar el sistema agroalimentario, las energías alternativas, nuevas industrias y nuevos servicios con el fin de construir una oferta exportadora robusta en valor tecnológico y en valor económico, que genere oportunidades duraderas y superiores a técnicos, profesionales, investigadores, emprendedores, campesinos y empresarios, y más ingresos frescos y abundantes al Estado porque el sistema productivo crecería en calidad, cantidad, cobertura y sostenibilidad.
La razón por la cual Colombia ha tenido más de quince reformas tributarias en treinta años, se debe a que las políticas de competitividad y de desarrollo productivo han sido una mentira puesto que el propósito era la desindustrialización y acabar la soberanía alimentaria con las importaciones, de lo contrario no se explican las malas políticas internas y todas las ventajas para la competencia internacional a través de las importaciones. Ya vimos como en la reforma no se puede poner IVA a las importaciones de Estados Unidos por razones del TLC. De esa manera ¿cómo puede Colombia desarrollar industrias avanzadas si entran con desventaja a construir capacidades? No olviden que Colombia sólo invierte el 0.30% del PIB en CyT y la OCDE el 2% en promedio. Adicionalmente, cuando las empresas colombianas no pagan aranceles para ingresar al mercado de Estados Unidos, poco hacen ellas y el estado colombiano para elevar la productividad y el cambio estructural y tecnológico con el fin de aumentar la factura y la oferta con nuevos bienes innovadores. Al final, la balanza comercial con los TLC es negativa, y la brecha en desarrollo es cada vez más amplia frente a esas economías.
Como el objetivo no era desarrollar la producción para desarrollar la economía y la sociedad, las reformas tributarias han sido para cubrir las necesidades inmediatas de caja de los gobiernos.
Treinta años de mentiras, treinta años engañando al país y deformando la educación, la investigación, mal formando instituciones, y preservando los equilibrios macroeconómicos castigando decisiones contra cíclicas que sirven para suscitar cambios estructurales.
Desarrollar la producción superando la cota de la regla fiscal, no es déficit, es superávit, porque los retornos son inmensos sin sacrificios sin retornos como lo exige el FMI. Es irresponsable que ciertos economistas ortodoxos, exministros y gremios digan que no se necesita la reforma tributaria. Es igualmente irresponsable que lloren los milmillonarios y los que tienen salarios superiores a los veinte millones, por pagar más impuestos para beneficio de las mayorías olvidadas, cuyo bienestar sería más ventas para las empresas y más riqueza para ellos porque sus salarios aún podrían ser mejores con una economía más avanzada. La inequidad, la injusticia social, son enfermedades sociales cognitivas, bañadas de estupidez y mezquindad.
La solución: más estado más empresariado para más economía de la innovación.
Ahora bien, el nuevo presidente, sus ministros y el Director del Departamento Nacional de Planeación, han dado las primeras señales para iniciar un proceso de reestructuración productiva. Sin embargo, todo lo que se pretende en agricultura, energías alternativas, fortalecimiento industrial, nuevas industrias digitales, industrias de salud, otras industrias estratégicas, en turismo y otros servicios, no cuenta aún con una política de reestructuración productiva. Los lineamientos disponibles no dicen todavía de estrategias, programas, con cuánta plata, a qué tiempo, y con qué agenda se piensa iniciar un proceso de reestructuración de largo plazo, jalonado por el estado y las empresas, pues se carece de un marco de política acompasada con la reforma tributaria.
Sabemos que Petro lo quiere hacer y lo va a intentar, pero tiene que hacerlo junto a la reforma tributaria, de lo contrario, no puede proponer ninguna discrecionalidad según grandes agrupaciones sectoriales (agenda vertical de la política), porque no se trata de generar incentivos a todos los sectores por igual, ni sector por sector, porque nada se logra. Solo derivaría en beneficios para unos empresarios en detrimento de otros, con escasos o negativos retornos para la economía y para el Estado porque no se gana en competitividad ni en productividad con políticas que no discriminan sectores, puesto que en las políticas existentes todos los sectores son iguales. Es un enfoque torpe, perezoso, irresponsable y teóricamente irracional.
La reestructuración productiva implica acciones productivas sectoriales diferenciadas, acciones de ciencia y tecnología relacionadas con la reestructuración productiva, acciones de educación para formar el recurso humano necesario, y medidas macroeconómicas complementarias. En concreto, implica la articulación entre los ministerios de hacienda, de comercio industria turismo, de ciencia tecnología innovación, y planeación nacional, e inmediatamente incluir los ministerios de agricultura, minas y energía, salud, transporte por aquello de industrias del sistema de movilidad, educación y medio ambiente. De esa manera se lograría armonizar la productividad, la innovación, la movilidad física en todas sus expresiones y la movilidad social para personas calificadas, y todo lo anterior le daría sostenibilidad de largo alcance al nuevo modelo.
Se tiene ministro de hacienda desde hace dos largos meses, de comercio desde hace ocho días, de educación desde hace un mes, y ayer nombró ministro de ciencia tecnología e innovación. De esta manera, aún no puede haber política de reestructuración. Entonces, los ministerios sectoriales clave para el presidente Petro, como: agricultura, minas y energía, salud, caminan por su carril, se miran, pero aún no conversan. En estas condiciones, todavía es imposible establecer mesas de negociación y de acuerdos entre el estado y los empresarios para reestructurar el sistema productivo nacional.
El presidente debe armonizar de inmediato acciones, priorizar la política de reestructuración productiva o política industrial como la denominó en el congreso de la Andi. Es un trabajo complejo, sistémico y sincronizado con la reforma tributaria. Como recién empieza la construcción del plan de desarrollo hay tiempo para diseñar en detalle la reestructuración, acogiendo la idea de misiones de Mazzucato, donde, a manera de ilustración, la soberanía alimentaria sería una misión con sus componentes de producción, investigación, formación, salud, comunicaciones.
El presidente debe convocar a los ministros de comercio e industria, de salud, de ciencia y tecnología, al Invima, a los investigadores y empresarios que participaron en 2020 en la Cienciatón para dar respuestas tecnológicas que permitieran enfrentar el covid. Con base en la práctica se sacarían conclusiones de aprendizaje con el propósito de impulsar la innovación y la creación de nuevos productos y empresas de alta tecnología. Se lograron desarrollos muy buenos, pero el gobierno, el Invima, los empresarios y los investigadores cometieron errores, comenzando por el presidente, los ministros de salud y de comercio, y el Invima, solo hizo la tarea la ministra de ciencia y tecnología de entonces. Si se aprende de esa experiencia, Colombia podrá desde su propia experiencia reestructurar su economía, y entender como desde sus capacidades puede transformar la especialización de su sistema productivo .
En consecuencia, no es aconsejable pedirle al Congreso que actúe con urgencia en el trámite de la reforma. Faltan cosas por pensar e integrar a gran velocidad antes de pedirle velocidad al Congreso.
Un problema debe atenderse, no es menor, es gigante, alude a que los empresarios no están muy interesados en ponerse a pensar en una reestructuración productiva. Están cómodos con los espacios ganados en treinta años, tienen lavado el cerebro, por eso están dedicados a llorar y no a crear. Basta ver a Bruce y a los Cabal anunciando catástrofes, cuando la catástrofe son ellos.
