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Confidencial Noticias 2025

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“Hoy el ELN es un grupo paramilitar y no una guerrilla”: Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en entrevista para Confidencial Colombia explica los objetivos del proyecto con el que busca que los pequeños agricultores accedan al crédito a través de Finagro y dice además que para ella al ELN no se le debe invitar a un proceso de paz.

Usted radicó un proyecto para que los pequeños agricultores accedan al crédito a través de Finagro pero han pensado además en que este sector del campo se una con los grandes cultivadores para proyectos estratégicos?

 

Paloma Valencia: Por supuesto pero esto es algo complementario. Las alianzas estratégicas para que el campo logre un desarrollo adecuado para las economías de escala que son fundamentales. Entiendo que esto es para cuando se necesita maquinaria y que esta sirva no importa si es para cinco hectáreas o para mil. La idea es que este tipo de asociaciones se trabaje a escala y porque muchas veces lograr estar aliado con un grande le abre los mercados internacionales y  facilita también los trámites para la exportación y se accede a grandes tecnologías.

¿Coincide entonces con el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien cree en este tipo de asociaciones?

Paloma Valencia: Por supuesto es que uno no puede pretender que el sector agrícola se convierta en un campo de batalla entre grandes y pequeños cultivadores

El proyecto que usted radica de una u otra manera tiene que ver con lo que el Gobierno Nacional presentará más adelante como una reforma agraria, ¿existe la posibilidad de que se una a la iniciativa que vendrá desde el Palacio de Nariño?

Paloma Valencia: Nuestra idea es que el campesino tenga el acceso al crédito porque para producir en el agro se requiere de dinero, que muchas veces el pequeño agricultor no tiene y puede que lo logre pero hoy día la tasa de interés que paga por esa deuda es altísima y es por eso que se requiere de estos préstamos para que la gente pueda tener una mayor tecnificación en sus cultivos y mejorar la productividad.

Se viene una reforma política y desde ya la Misión de Observación Electoral (MOE) dio la alerta porque considera que no está bien mezclar la arquitectura institucional con los temas electorales y de partidos, ¿Está de acuerdo?

Paloma Valencia: Eso hay que mirarlo bien y discutirlo porque hay asuntos que es necesario revisar, le pongo un ejemplo: la selección de mérito, usted  recordará cuando se hicieron los concursos públicos para la elección de los directores de las ESE y hospitales públicos. Las universidades montaron un negocio y terminamos con unos directores que se robaron estas instituciones. Hay que buscar mecanismo de elección que reflejen un diseño institucional de frenos y contrapresos que le permitan al Estados tener instituciones con límites, quien las controle y quien los investigue porque el concurso de méritos no me parece que haya funcionado y eso hay que debatirlo.

¿Cómo sería ese mecanismo?

Paloma Valencia: Por ejemplo, el contralor(a) podría  eligirlo(a) la oposición; pensar además en un tribunal de aforados donde se pueda llevar a todas las cabezas de todos los poderes públicos; que el Congreso tenga iniciativa de gasto para que no sea dependiente del Ejecutivo; se necesita de unos jueces que no se metan en la política, porque la política contamina la justicia y, se necesita además un sistema electoral que represente las mayorías en momentos susceptibles de cambios cada 4 años. Creo que es un tema mucho más complejo.

El ELN dijo que no estaba de acuerdo con sentarse en una misma mesa de diálogo con las bandas criminales ¿Usted qué opina?

Paloma Valencia: El ELN es una banda criminal y tiene que tener un trato de delincuente común.  Cuando Gustavo Petro ganó ellos manifestaron su agrado de que fuera candidato y presidente y compartieron con él las mismas inspiraciones para la lucha insurgente. Cuando gana Petro, la lucha insurgente se acaba y por lo tanto ellos ya no están en contra del Estado y del orden político ahora lo respaldan, hoy el ELN es un grupo paramilitar y no una guerrilla, y por lo tanto siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando se es un grupo paramilitar, tiene que recibir un tratamiento de delincuente común.

¿Cree que es sensata la propuesta de sentarse a hacer una paz total con guerrilla,  narcotraficantes y paramilitares?

Paloma Valencia: Yo la veo muy ingenua, está pensando el presidente que el problema de la criminalidad es la falta de diálogo, y el problema de la criminalidad son los negocios ilícitos. Se suspenden los bombardeos, se suspenden la radicación forzosa, se acaba la extradición, ya no hay sometimiento a la justicia sino acogimiento y la respuesta fue una masacre de 8 policías, un hecho que ha debilitado la fuerza pública y va terminar perjudicando la seguridad de los colombianos.

El departamento del Cauca hoy enfrenta la invasión de fincas ¿qué opinión tiene al respecto?

Paloma Valencia: La ministra dio unas señales de que lo que había que hacer era invadir y el mismo presidente Petro dijo en su cuenta de Twitter que él iba a estar detrás de los poseedores de las fincas que las tuvieran produciendo y no de los propietarios. Creo que el derecho a la propiedad hay que defenderlo porque es el origen de todo tipo de mercado

Petro busca ayuda internacional para salvar la selva amazónica

En la reunión que sostuvieron el presidente, Gustavo Petro, con Laura Richardson, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, se habló de cooperación en seguridad, la política antidrogas y el rescate de la selva amazónica.

Este último tema es de vital interés para el Gobierno de Gustavo Petro quien lo ha considerado como un asunto de «seguridad nacional», y pidió además a los organismos de seguridad y de investigación capturar a los «grandes depredadores» del medioambiente.

 

Durante su más reciente visita en calidad de primer mandatario al departamento del Amazonas, el jefe de Estado anunció que pedirá a los países ricos y a grandes empresas pagar a los campesinos por cuidar la selva amazónica y recuperar las zonas deforestadas. Una iniciativa que espera llevar a la próxima conferencia de la ONU sobre el clima, la COP27, que se realizará en noviembre en Egipto.

«Tiene que construirse un fondo financiero de aproximadamente 500 millones de dólares al año, permanentemente durante 20 años, para que las grandes empresas del mundo y los gobiernos más ricos sean capaces, si de verdad quieren adelantar la lucha contra el cambio climático, de financiarnos ya sea a través de los bonos de carbono u aportaciones directas», dijo.

Ideam advierte cambios en la calidad del aire: por la quema de biomasa en el Amazonas

Petro advirtió que los implicados detrás de los incendios en la selva amazónica están cometiendo un delito en contra de la humanidad y no un delito ambiental, al indicar que ese tipo de zonas, de ser afectadas, perjudican al ser humano y a la vida misma.

Luego de la cita con comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el Gobierno de Colombia espera afianzar lasos de amistad con los Estados Unidos, especialmente para los temas medio ambientales.

Petro consolida mayorías en el Congreso

El presidente de la república, Gustavo Petro, logra mayorías en Senado y Cámara al agrupar las bancadas del Pacto Histórico, Alianza Verde, La U, Partido Liberal, Partido Conservador, Comunes y las curules de paz en la Cámara de Representantes.

Estas fuerzas políticas conformaron la bancada de Gobierno en el Congreso de la República, quienes serán las encargadas de sacar adelante los proyectos de Acto Legislativo y de Ley que presente el Ejecutivo, como la reforma tributaria, reforma política y reforma agraria.

 

Los últimos en declararse petristas fueron los liberales, quienes se reunieron por cerca de dos horas en el Capitolio Nacional para confirmar si se declaraban como bancada de Gobierno o si se decidían por la independencia.

En los últimos días los liberales se mostraron inconformes porque según ellos, algunos ministros no les habían tenido en cuenta y había sido difícil mantener comunicación con ellos, sin embargo, la reunión con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sirvió para bajar las tensiones entre la bancada y el Gobierno Nacional.

En la independencia se declaró el Partido Cambio Radical y de la oposición hará parte el Centro Democrático, y la Liga Anticorrupción.

 

Sin Paz Total y Sin Seguridad

Indudablemente en el gobierno de Gustavo Petro han cambiado muchas cosas y era de esperarse, fue lo que eligió el pueblo. El Esmad será reformado desde su nombre, la policía entrará a un modelo pedagógico y más humano, quizás tengan la oportunidad de prepararse y algo muy interesante, tal vez populista por el presidente, que un patrullero pueda ser general. Sin olvidar que esta institución podría salir del Ministerio de Defensa.

Dentro de mis entrevistas reiteradamente a los invitados les preguntaba qué tan viable podría ser la paz total de Gustavo Petro y cuál era el papel del gobierno frente aquellos grupos que no decidan entrar en el acuerdo de paz que propone, la respuesta es, que no se sabe con certeza cuál es el modelo de seguridad para ellos y no se ha dado una claridad de lo que realmente podría pasar.

 

A mí me preocupa que lleguemos a la época del 1998 con Andrés Pastrana, en la que se les dio todas las garantías para que estos grupos conciliaran y por el contrario lo que hicieron fue abusar de la confianza, secuestrar y matar como si fueran los dueños principales del país y con unas fuerzas armadas reducidas a sus funciones.

Esta semana, mientras el presidente hablaba con bombos y platillos de la paz total, mueren siete policías en el corregimiento de san Luis, jurisdicción del municipio de Neiva (Huila), en medio de un atentado terrorista, rematados, con el fin de enviar un claro mensaje, pues no todos están con su teoría de la Paz.

¿Cuál será el papel del presidente con estos grupos? ¿Cuál será el papel de la fuerza pública en las regiones? ¿Cuál es mecanismo de respuesta a las comunidades? Porque el que olvida su historia está condenado a repetirla.

La figura de Gustavo Petro quizás apacigüe los ánimos con algunos grupos por lo que fue en el pasado, pero no todos estarán dispuestos a someterse y dejar un negocio que más que muertes, es una lotería de dinero y poder… pues no creo que algún mecanismo de sustitución de meses se logre cambiar, más aun sin presencia de la fuerza púbica.

Eso conlleva más que una asamblea cocalera, un consejo de seguridad, hablar de soluciones sin soluciones… Eso conlleva vías, agroindustria, educción, salud, deporte, economía y mejor calidad de vida, que no se han logrado en muchos años y que posiblemente no se logren en este gobierno, porque nadie tiene una varita mágica para cambiar el rumbo tan complejo y con tantos intereses que en aquellas zonas de conflicto.

Si nos fijamos día a día mueren miembros de la fuerza pública, líderes sociales, campesinos, miembros de economía ilegales y me inquieta que no hay una ruta clara frente a ello. No podemos pensar que si en el pasado vivimos tiempos de terror por falta de voluntad por un lado e inversión social por el otro, tengamos que seguir bajo sus cimientos, que crecen más en el cementerio de los que mueren que en el desarrollo propuesto.

Regresividad y Petroreforma Tributaria

Al contrario de lo que ordenan los criterios democráticos y la Constitución, hoy el sistema tributario colombiano es regresivo. Porque en amplias proporciones grava con tasas iguales a los que tienen mucho y a los que tienen poco, muy poco o nada.

Así, el 54 por ciento –$94 billones– del total del recaudo sale de impuestos indirectos, regresivos por definición, como ocurre con el IVA, por $46,6 billones, o con el 4 por 1.000, por 9,8 billones. Lo regresivo también se expresa en que la tasa de renta de las empresas –del 35 por ciento– es la misma para las pequeñas y las medianas, las grandes y las enormes. Con toda razón, las pymes llevan años reclamando por tasas que vayan de menores a mayores, como en otros países, para estimularles su progreso.

 

Tampoco es progresivo que sean iguales las tasas de renta de las empresas grandes y las super grandes. O que mediante malabares tributarios –incluidos los ilegales– sean tan desiguales las tasas reales de renta que se pagan, con ventaja para las más poderosas.

Es regresivo también aceptar la receta del FMI para Colombia y aumentarle el impuesto al consumo en tres billones de pesos –más del 10 por ciento de los $25,9 billones a recaudar– a las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, los plásticos y los combustibles en las zonas de frontera, bienes todos de ineludible consumo popular en un país donde el 30 por ciento de las familias está aguantando, literalmente, hambre.

La reforma recurre al sofisma de incluir en el 10 por ciento “más rico” de Colombia –para justificar aumentarles los impuestos– a quienes tengan ingresos, incluidos sueldos y pensiones, por $10 millones mensuales o más, con lo que a las clases medias les hacen el honor de volverlas igualitas a Don Luis Carlos. Por regresivo e inconstitucional, las organizaciones de trabajadores han rechazado que se graven las pensiones y han advertido que, a semejanza de lo que ocurrió con el IVA al aumentarle la tasa inicial, en el futuro los neoliberales buscarán bajar de $10 millones la línea de los “más ricos”.

La regresividad también aparece al aumentar la tasa de renta de las personas naturales con mayores ingresos. Porque, si se observa con cuidado, la progresividad desaparece en beneficio de las de mayores ingresos. E igual pasa con el impuesto al patrimonio.

Yerra también la reforma cuando le aumenta los impuestos a Ecopetrol en $5 billones, al gravarle el barril de petróleo que pase de 48 dólares, y porque no podrá descontar lo que le pague al Estado por regalías. Craso error tratar a Ecopetrol como a otra empresa más, cuando es pilar insustituible de la operación petrolera nacional y de las finanzas públicas. Que estas decisiones no empujen hacia su privatización. También es errado gravar más las exportaciones de carbón metalúrgico, porque golpea a empresas nacionales con ingresos muy inferiores a las trasnacionales del sector.

Y la reforma no toma las medidas necesarias para darles cárcel a los grandes delincuentes tributarios y a quienes les diseñan sus ilegalidades.

No sobra advertir que estos reclamos también tienen que ver con que los impuestos regresivos le hacen daño a Colombia porque reducen la capacidad de compra nacional y le achican el mercado a los productores y los vendedores.

Petro culpa a Duque por la situación de orden público que vive el país

Sin mencionar al hoy expresidente, Iván Duque, desde el departamento del Huila en su visita luego de la masacre de siete policías, el primer mandatario, Gustavo Petro, culpó al Gobierno anterior por la situación de orden público que vive el país.

“¿Cómo es posible que después de firmados los Acuerdos de Paz y siendo obligatoria la inversión estatal, de acuerdo en ese tipo de zonas, para volverlas zonas prósperas y pacíficas, no haya habido un solo tipo inversión pública en la carretera?”, dijo el presidente durante su discurso.

 

Recalcó además que luego del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón, no se había presentado un hecho violento en esa región a gran escala y reclamó que el Estado no se hizo presente en la región.

Señaló además que los territorios que eran considerados como ‘zonas de conflicto’ antes de los acuerdos en el Teatro Colón deben seguirse considerando de esta manera, “así no hayan aparecido hechos de violencia aún”.

El Mandatario también le pidió a la cúpula de la Policía Nacional no enviar más auxiliares a zonas de conflicto.

“Le he pedido al director general de la Policía, general (Henry Armando) Sanabria, que haga ya el balance y saque de ese tipo de zonas a lo que hoy se denomina auxiliares de Policía, que no mueran, ojalá, más muchachos de 18 a 19 años”, sostuvo.

En el mismo sentido, el presidente enfatizó: “No puede haber más auxiliares de Policía en las zonas que denominamos de conflicto. Hay que cuidar a esa primera juventud, de 18 a 20 años, que equivale más o menos a lo mismo que el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas, por su nivel de experiencia, que es bajo”.

Asimismo, el Mandatario anunció que, como consecuencia de los hechos de violencia contra la Policía en el Huila, se retomará el concepto de zonas de conflicto, existente antes del Acuerdo de Paz del Teatro Colón con la extinta guerrilla de las Farc.

El presidente aseguró que los resultados que hasta el momento arrojan las investigaciones sobre la masacre de los siete policías, señalan en un 99% a los disidentes de las Farc como los responsables del hecho.

En el mismo acto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que el Gobierno Nacional ordenó a los mandatarios locales del país “instalen un ‘plan de mando unificado por la vida’ en cada uno de sus municipios”.

Resultados del consejo de seguridad del presidente y la alcaldesa de Bogotá

Del qué, al cómo y al cuándo

Son varios los anuncios que hicieron el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López después del Consejo de Seguridad que se celebró el pasado 31 de agosto en la noche, anuncios importantes para mejorar la seguridad y convivencia que deben ser definidos en compromisos concretos de parte y parte.

 

Lo primero que se debe destacar, es el compromiso de seguir trabajando en equipo, Nación – Distrito, como se venía haciendo con el gobierno anterior. En esta línea, para hacer más efectiva esta relación sería importante que al Consejo de Seguridad de Bogotá siempre asistiera un delegado del Gobierno Nacional, que puede ser uno de los viceministros de Defensa y que por lo menos cada dos o tres meses se repitiera la reunión con el presidente, para entregar resultados a la ciudadanía.

Con relación a los siguientes anuncios, hay que pasar del qué, al cómo y al cuándo.

  1. Fortalecimiento inteligencia y la investigación criminal. Muy importante, si se tiene en cuenta que hoy la violencia y la criminalidad en Bogotá y en país es cada vez más estructural, ligada a la criminalidad organizada. Para enfrentar esta criminalidad se requieren más hombres y mujeres policías formados y dedicados a la inteligencia y más investigadores judiciales de la policía y la fiscalía, así como más fiscales especializados en bandas criminales y contra el homicidio. Es decir, en concreto la pregunta es: ¿cuántos profesionales de estas especialidades más, van a llegar a trabajar a Bogotá y cuándo llegan?

Mientras esto sucede y buscando resultados pronto, la Policía Nacional y la Fiscalía podría asignar más unidades de investigación criminal para enfrentar los problemas generados por los “embolsados”, el sicariato y la presencia y accionar del Tren de Aruagua.

  1. Nuevas casas de justicia. Junto con el Ministerio de Justicia, hay que definir cuántas nuevas casas de justicia se van a construir y poner en funcionamiento y en qué localidades van a funcionar.
  2. Desarme: El presidente solo adiciona al decreto de restricción al porte de armas que está vigente desde 2014, la eliminación de los permisos especiales que contempla esta restricción y ordena incrementar los operativos para el decomiso de armas ilegales y legales. En este campo hay que avanzar en Bogotá y en el país en una política en contra del comercio nacional e internacional de armas de fuego, que es tan rentable como el narcotráfico y que, en algunos casos, el pago de la droga que se exporta se hace con armas de fuego que ingresan al país de manera ilegal.
  3. Apoyo a los dos proyectos presentados al congreso por asocapitales: regular competencias carcelarias y justicia restaurativa. Los dos proyectos son muy importantes.
  • El primero, busca regular competencias carcelarias porque para algunos funcionarios del orden nacional, con base en el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), y para la Corte Constitucional que extendió el estado de cosas Inconstitucional a las URI y estaciones de policía hacinadas (Sentencia SU-122-22), todos los municipios deben construir y administrar sus propias cárceles y los que no lo hagan deben establecer convenios con el INPEC para que las cárceles nacionales reciban presos del orden local. Sin embargo, estas órdenes no están reglamentadas de manera clara, más del 90% de los municipios no cuentan con recursos para cumplir estar órdenes. Lo que busca el proyecto es que se defina de manera clara y realista las responsabilidades nacionales y locales en esta materia. Ver Sin cárceles no habrá seguridad – Columnistas – Opinión

En el tema de las cárceles los anuncios se quedaron cortos, no basta con reformas legales, Bogotá requiere una nueva cárcel. La Picota, la Modelo y el Buen Pastor están hacinadas por encima de 20% y por la antigüedad y deterioro de estos inmuebles presentan grandes problemas de seguridad, resocialización y de violación de DD HH, solo la cárcel distrital cumple con los estándares internacionales.

Por otro lado, en las URI y estaciones de policía hay un hacinamiento de cerca del 200%, son más de 3000 personas que viven todos los días en menos de un metro cuadrado por persona, una violación flagrante de los DD HH.

Frente a esta situación, se debe avanzar en los compromisos adquiridos en el convenio que se firmó con el Ministro de Justicia del gobierno anterior de diseñar, construir y poner el funcionamiento la nueva Cárcel Distrital para 2200 internos en predios de la Picota.

Esta infraestructura la requiere la ciudad, así avance la justicia restaurativa. A las personas privadas de la libertad se les debe garantizar condiciones de respeto de los DD HH, como lo hizo Bogotá desde el año 2000 con la construcción de la Cárcel Distrital, la mejor cárcel del país, que hace muchos años se quedó corta frente a las necesidades de justicia de la ciudad.

Mientras se avanza en este proyecto, es necesario que el INPEC ayude a deshacinar las estaciones de Policía y las URI y el Distrito acabe en Centro Especial de Retención -CER- de Puente Aranda. Cada día que pasa se incrementa la violación de los DD HH en URI y estaciones y aumentan los riesgos de que se produzca una tragedia.

  • El segundo, busca que la justicia restaurativa, que se viene aplicando en el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes -SRPA-, se extienda a los adultos como medida alternativa a la privación de la libertad en establecimiento carcelario.

En este caso no basta con una reforma legal que amplíe la aplicación de la justicia restaurativa al sistema penal de adultos, es necesario saber que los municipios van a tener que invertir importantes recursos para atender a las víctimas y adelantar procesos de resocialización y reinserción social de los victimarios, en compañía de sus familias, como lo hace Bogotá y que ha tenido importantes logros. Este programa dentro del SRPA ha logrado reducir la reincidencia delincuencial y violenta de los jóvenes que infringen la ley penal a menos del 10%. Para lograr esto Bogotá ha invertido en los últimos cuatro años cerca de 25 mil millones de pesos.

  1. Aumento del pie de fuerza de la policía. La alcaldesa solicitó cumplir los compromisos de aumento anual de 2000 policías nuevos cada año, que se tenía con el presidente Duque. En 2021 se cumplió y este año no se ha cumplido. El acuerdo es que por lo menos será de 1500 este año e igual número el año entrante, como ya lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana.
  2. Cofinanciación de inversión social. En este caso hay coincidencia respecto a que la inversión social en determinados sectores, como política preventiva, puede disminuir el riesgo de que muchos jóvenes terminen involucrados en hechos de violencia y delincuencia.

Borrador del proyecto de reforma política de Petro deja sin algunos dientes a la Procuraduría

Confidencial Colombia conoció el borrador del proyecto de reforma política que el Gobierno de Gustavo Petro radicará en el Congreso de la República en los próximos días. Los cinco puntos más polémicos de la iniciativa son los siguientes:

  1. El primer punto que trata la iniciativa y que promete ser uno de los más polémicos es que le quita las competencias a la Procuraduría y la Contraloría de poder suspender o inhabilitar a funcionarios de elección popular, dejándola en manos de una “Corte Electoral”.
  2. propone es la financiación estatal de las campañas electorales.
  3. Modifica la edad para ser elegido congresista (25 años para senador y 18 año para representante a la cámara)
  4. Abre la puerta al transfuguismo político.
  5. Crea las listas cerradas para las elecciones a Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, concejos y juntas administradoras locales.

La iniciativa gubernamental busca darle un vuelco total a la manera en como se ejerce la política en Colombia y, además modificar el funcionamiento de algunos órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, quienes actualmente tienen facultad de sancionar y destituir funcionarios públicos que llegan al cargo mediante elecciones populares.

 

El borrador del texto descarta la posibilidad de que los congresistas puedan ejercer de manera simultánea la labor de ministros del Gobierno de turno.

El proyecto se encuentra en revisión del presidente, Gustavo Petro, quien podrá sugerir algunos cambios antes de ser presentado a consideración del legislativo en los próximos días.

Las peticiones de Claudia López a Gustavo Petro durante el Consejo de Seguridad

En el reciente Consejo de Seguridad en Bogotá, liderado por el presidente, Gustavo Petro, la alcaldesa de Bogotá pidió al jefe de Estado cofinanciar programas sociales de alto impacto como la renta básica para mujeres y adulto mayor, ’Parceros’, Jóvenes a la U, Sistema de Cuidado y mejoramiento de vivienda.

“Hemos analizado los fenómenos de multicrimen que requieren inteligencia, articulación conjunta. Le he reiterado mi gratitud a la Policía por la desarticulación de bandas. Aquí ningún grupo criminal ni banda multicrimen tiene el control territorial de la ciudad de Bogotá”, afirmó la mandataria.

 

A su turno, el presidente Petro indicó: “Vamos a cumplir con dificultades el aumento de pie de fuerza. Le pedí a la Policía cuidar menos a los funcionarios y más a la ciudadanía. Hoy hemos generado un marco que realmente son los pilares de la seguridad humana distrital y nacional”.

El Jefe de Estado, al aceptar las propuestas, hizo un recuento de la evolución de Bogotá desde hace 30 años en materia de seguridad para lo que insistió hoy es la capital más pacífica entre las ocho principales ciudades del país.

“En el año 93, Bogotá era nueve veces más violenta que hoy y era una de las ciudades más violentas del mundo. Hoy está a punto de dejar el mundo de las ciudades violentas y pasar al mundo de las ciudades en pacificación, porque estamos a punto de llegar a la cifra de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes”, afirmó el presidente de la República.

La Alcaldía de Bogotá pidió además al primer mandatario aumentar capacidades de inteligencia e investigación criminal; cumplir el incremento efectivo de pie de fuerza y vigilancia: 1.500 en 2022 y 1.500 en 2023; redefinir las metas de operación y eficacia de la Policía: menor homicidio, mayor desarme, mayor desarticulación y judicialización de bandas, menor denuncia de abuso y mayor confianza; liderar el plan de desarme por la vida; darle mensaje de urgencia a los proyectos de Justicia Restaurativa y de competencias carcelarias; apoyar la labor de la Fiscalía: más fiscales especializados, capacidades tecnológicas y analíticas; cofinanciar programas sociales de alto impacto como renta básica para mujeres y adulto mayor, ‘Parceros’, Jóvenes a la U, Sistema de Cuidado, mejoramiento de vivienda y de barrios.

 

 

Providencia, ¿Casas caras, corrupción o precariedad en la atención de desastres? (1) costo alto.

La construcción de las casas en Providencia está muy comentada por todos los medios de más sintonía en el país y hasta por la Contraloría (CGR). Todo debido a que el presidente Petro fue, miró, oyó y “reclamó por lo que consideró que fueron millonarios sobrecostos en la reconstrucción de viviendas” del gobierno Duque (1), y claro, ese tipo de disparadores cumplen su objetivo. Los medios conocidos han lanzado sus conclusiones pero vale la pena ir hasta las causas últimas (o raíz) del asunto para poder aprender y mejorar de este resultado del que, realmente, no es posible estar muy orgullosos.

Aquí encontrará el lector planteamientos urdidos con base en todo tipo de información de los medios y testimonios de personas locales o que estuvieron durante los trabajos, lo cual implica que para un análisis riguroso, con pruebas más duras, hay que solicitarle a la Contraloría y a los periodistas de investigación sugiriéndoles que lleven sus trabajos hasta un alcance parecido al que aquí se presenta.

 

El disparador: lo dicho por Petro

Lo siguiente resume lo que dijo el presidente después de su revisión de la reconstrucción en la isla y centra sus conclusiones en 2 aspectos: costo por metro cuadrado exorbitante (casi 10 millones por m2), y desnaturalización de la cultura raizal puesto que los diseños de las casas no corresponden a lo normal en la isla. Y pidió una investigación a los órganos de control. Además afirmó que Duque había incumplido en salud, en aeropuerto y en colegios.  Detalles en (1).

Sobre lo que dijo el presidente algunos habitantes expresaron que se había quedado corto (Amparo Pontón, periodista residente), quienes como ella se han adelantado a las conclusiones de las investigaciones y afirman que se debió a “corrupción, falta de planeación, y falta de conocimiento y respeto de la cultura” (2).

La respuesta: todos a rebatir

De inmediato salieron los trinos de Duque, dos exministros de vivienda (Jonathan Malagón y Susana Correa (quien también fue la Gerente de la Reconstrucción)), un exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia -Dapre- (Muñoz). Entre las declaraciones de los dos exministros se resume la explicación: “el costo fue alto, pero esta reconstrucción ha sido una de “las más complejas y exitosas en nuestro país” y “se tuvo que gestionar el faltante de mano de obra con casi 2.000 empleados y la logística para llevar materiales a 700 kilómetros del continente en medio de una pandemia” y “que las viviendas cumplen normas técnicas de resistencia de viento de 240 kilómetros por hora, y que para su construcción se dialogó con líderes de las comunidades raizales” (1).

Por su parte, las tres constructoras del Consorcio Providencia también dieron su explicación (3). En resumen: el diseño es superior al de una vivienda de interés social -VIS-, son sismorresistentes y diseñadas para soportar huracanes (tipo refugio, soportan vientos hasta 250 km/hr, estructura en acero galvanizado, paredes en concreto reforzado, peso de 75 toneladas cada una, bioclimáticas), la situación geográfica y las condiciones de la isla (transporte de materiales costoso, escasez de todo en este pico de demanda y por lo tanto efecto en los precios (mano de obra tocó llevarla masivamente y asumir costos de transporte y manutención, hasta el agua)), viviendas adaptadas al lote -VAL- que implican un proyecto diferente por casa (mayores costos administrativos), y no menores los efectos de la pandemia, la crisis mundial de contenedores y la escasez del acero. Resaltan que no recibieron ganancia por estos trabajos.

Todo es cierto y además tiene lógica. Hay otros motivos que hay que agregar a las listas de explicaciones: un manejo de monopolio del puerto existente, de los buques de transporte desde el continente y de las ferreterías en las Islas que complica todo aún más en una situación así; si los movimientos no se contrataban a través de ellos, entonces se demoraban y se perdían las mercancías.

Pero…

Toda persona que compre en un mercado puede calificar si un precio es normal o está inflado o exagerado por simple comparación entre las ofertas disponibles para productos iguales o al menos similares. Lo mismo pasa con las casas en Providencia. Comparar con las casas similares hechas en el continente es ilustrativo pero no válido ni suficiente para salir a denunciar despilfarro o corrupción.

Pero en la misma Providencia, en la misma reconstrucción, sí hay contra qué comparar: casas similares para la misma función que costaron mucho menos que lo obtenido y que hacen necesario que se analice cuál fue el origen de las diferencias.

Las casas que el consorcio Providencia hizo para Findeter salieron en promedio a 6’250,000 $/m2 (hay más de una fuente con datos variados (2)(6)(7)) (no 10 millones $/m2 como dijo el presidente (1)).

  • Según testimonios de personas que participaron en los trabajos, los refugios que reconstruyó el PNUD para FONTUR salieron entre 2’500,000 y 3’500,000 $/m2, en las mismas condiciones que las casas en cuestión. Y normalmente la reconstrucción es más costosa que la construcción. Este es un punto de comparación valioso. Según estas personas locales, PNUD fue capaz de conseguir bulto de cemento a $45,000 (normalmente a $38,000, citado en varias fuentes) mientras que el Consorcio a $100,000. Esto último es un comentario que debe verificarse y buscar pruebas duras en documentos de compra.
  • Hay algunas otras referencias, no duras, pero que dan pistas que se deben valorar: por ejemplo, un arquitecto sanandresano, constructor, afirma que en Providencia el m2 salía a $3’000,000 $/m2 antes del huracán (4).

Adicionalmente, había demoliciones. Sobre todo el tema de retiro y disposición de escombros era crítico porque había que llevarlos a Cartagena, con tarifas de 7 millones de pesos por contenedor transportado; se sabía que quien tenía este contrato era ungido con una ganancia adicional por venta para reciclaje de entre 20 a 25 millones por contenedor. Un contratista muy feliz, perteneciente al monopolio del concesionario del puerto y de los buques, y del transporte.

Sobre las casas construidas hay una lista larga de reclamos sobre problemas que ya presentan, en algunos casos en casas sin estrenar. Desde el de los pozos sépticos que no han sido solucionados, hasta problemas aparentemente simples como puertas de madera aglomerada dañadas por humedad, patio de casas sin desnivel que permite que el agua se meta a las cocinas, etcétera. Más quejas y reclamos en la referencia (6).

En el informe de la contraloría (citado en (8)) se encuentran también muchos defectos observados similares, y también fallas en los diagnósticos para reparación que llevaron a irregularidades en los sistemas hidrosanitarios, no conexiones a sistemas de tratamiento o pozos (sépticos) no funcionales y en general falta de planeación en el manejo de las aguas residuales. Subraya las “fallas en el deber de planeación al identificarse contratos con adiciones superiores al 50 %”.

Demasiados defectos.

No deja de llamar la atención testimonios como el de alquiler de una lancha a 5 millones de pesos, cuando el valor normal era 500,000 pesos, pero con la condición de que el lanchero devolviera 4.5 millones al que lo contrataba (2), y que lleva a que se califique como una verdadera “danza de los millones”. Por ello es imprescindible que los investigadores profundicen en los procedimientos de compra del contrato de administración delegada (FINDETER – Consorcio), actas de comités de compra e incluso cotizaciones disponibles, para verificar primero la veracidad de este tipo de afirmaciones, y segundo, a qué precios estaban comprando versus lo conocido en el mercado, como en el caso de los bultos de cemento, para determinar si por esta vía podría haber una parte importante del alto costo final de las viviendas.

¿Casas adecuadas?

¿Era adecuado el diseño de las casas frente al servicio que cumplirían? Hasta donde se entiende de todas las fuentes revisadas, la estructura metálica se complementaba con unos muros de cemento doblemente reforzados (malla venada (para que adhiera el mortero de cemento) y malla electrosoldada) que llevan a pensar que se tenía una doble estructura (redundancia), o que el diseño era demasiado conservador por ponerle algún término. Adicionalmente, las paredes y techos debían ser forrados en paneles de yeso o madera seguramente para confort climático y para dar un aspecto más local.

Según la información en medios, la gente pedía la reconstrucción de una casa similar a la que ya tenían, con un baño y un cuarto que sirvieran de refugio. No más m2 según se desprende de las múltiples entrevistas de las referencias. Todos los proyectos deben ser así, localizados y contextualizados a la gente y a su cultura y su territorio. Es preciso que los investigadores verifiquen los documentos donde hayan registrado lo acordado porque claramente hay divergencias entre lo diseñado y lo que dicen que la gente solicitaba. Un diseñador trabaja con los requerimientos que le suministra su cliente; por lo que es importante también que se verifique cuáles fueron tales requerimientos.

Las casas resultantes tienen aproximadamente de 30 a 34 columnas y 75 toneladas. Hay que recordar que el peso era una variable muy “pesada” para el análisis de una debida decisión entre “alternativas de diseño” de las casas por sus efectos en más transporte y en más mano de obra, el uno costosísimo y lleno de restricciones prácticas y el otro, escaso, difícil de solucionar y muy impactante en forma negativa para la situación que se estaba viviendo (no es para nada deseable llevar 3,600 personas flotantes a un lugar de espacio y servicios limitados, recuperándose de un desastre y en pandemia, donde viven apenas 5,900 personas). Se supone que tal decisión se tomó comparando varias alternativas, por lo que es importante que los investigadores logren conocer su registro en los documentos correspondientes (informe, memoria, acta, lo que sirva para explicar la decisión tomada).

Consultando con personas de la isla e ingenieros, las casas que existían se habían hecho, siguiendo sus tradiciones, en palafitos de madera para prevenir inundaciones que luego fueron sustituidos con zapatas y columnas de concreto; con este sistema se hacen casas de 10×10 metros con luces de 5 metros (distancia entre columnas) resultando solo 9 columnas. O con 3 luces continuas de 3.5 metros que darían 16 zapatas y no 30 o 34 como quedaron. Sobre estas columnas se hace una plataforma de concreto sobre la cual se construye una estructura industrializada, prefabricada y modular en madera, acero o mampostería, debidamente anclada que permite pesos del orden de 30 toneladas (la mitad), lo cual hubiera generado ahorros en materiales y por ende un menor costo de transporte y de mano de obra, menor manutención y menor impacto sobre la población. Y un aspecto no menor, como lo dicen los testimonios de los providencianos: el material de las viviendas es fundamental para el mantenimiento ¿qué pasará cuando haya que hacer arreglos o reparaciones?

Esto podría explicar la mayor parte del alto costo de las viviendas: el diseño se alejó de lo requerido aunque resulte funcional y más seguro. Por lo pronto no es adecuado saltar a conclusiones apresuradas porque la situación era muy compleja. En el próximo artículo tendremos esa oportunidad.

* @refonsecaz

Referencias

(1) Pelea entre Petro y Duque por casas de Providencia: ¿sí valen $600 millones? El Colombiano, 2022.

(2) Saqueo en Providencia: la isla de la fantasía que dejó Iván Duque, A fondo con Maria Jimena Duzán, 2022

(3) ¿Por qué costaron tanto las viviendas que hizo Duque en Providencia? El Colombiano, 2022

(4) Arquitecto San Andresano, constructor habitual. (pendiente verificar fiabilidad)

(5) Twitter del constructor Leonardo Castro (en las respuestas hay quienes desmienten que sean en la isla pero sí en San Andrés y que no han pasado realmente por la prueba de un huracán). (pendiente verificar fiabilidad).

(6) Casas de más de 600 millones en Providencia ya tienen grietas y daños: ¿qué responde el consorcio? Noticias Caracol, Diego Alvira, 2022

(7) ¿Qué pasa con las casas en Providencia? Revista Cambio, 2022

(8) Contraloría confirma sobrecostos y otras irregularidades en reconstrucción de Providencia, Revista Semana, 2022

(9) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD

 

Gobierno presenta propuesta de cambio al manejo de orden público

El ministro del Interior, Alfonso Prada, junto al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia radicaron ante el Congreso de la República la modificación al Proyecto de ley 418 o de Orden Público.

El jefe de la cartera política comunicó los términos que modifican, adicionan y prorrogan la ley 478 de 1997 los cuales buscan un compromiso verdadero con la paz total a través de la Seguridad Humana, generando una política de paz «Hoy la elevamos a categoría de Estado o proponemos al Congreso elevarla a categoría de Estado» agregó el ministro Prada.

 

En la iniciativa gubernamental se propone:

1. Convertir en política de estado la Política de Paz, dando carácter vinculante para que no sean interrumpidos.
2. Propone vincularlos a los planes de desarrollo de los territorios, a los planes de sustitución de cultivo y a planes nacionales sectoriales.
3. Incorpora el concepto de Seguridad Humana como camino para la paz total.
4. Hace apertura a la generación de acuerdos parciales y totales con los diferentes actores del conflicto.
5. Propone un trabajo conjunto entre los ministerios del Gobierno para hacer de manera íntegra la implementación de una paz duradera.
6. Se propone además la realización de un Servicio Social para la Paz, alternativo para el Servicio Militar Obligatorio con posibilidad para que la juventud pueda presentar un servicio en las FFMM o en servicios de alfabetización, protección del ambiente, promoción de DDHH o protección de víctimas del conflicto.
7. Anula cuatro fondos existentes con la creación un Fondo para la Paz que articula y coordina la inversión, y posibilita una mejor rendición y veeduría ciudadana.

El ministro del Interior afirmó que este «es un proceso de paz diferente y audaz que nos llevará a la paz total», e invitó a los actores del conflicto a sumarse a la transformación de la paz a través del diálogo social «hemos pedido que hagan un guiño a todos los actores violentos que quieran allanar el camino del diálogo para la paz y el Gobierno está listo a crear las condiciones para ello» afirmó el jefe de la cartera Política.

Antioquia no quiere que le quiten sus municipios

El gobernador, Aníbal Gaviria, no se mostró muy de acuerdo con la idea del presidente, Gustavo Petro, de conformar un nuevo departamento con algunos municipios de Antioquia, Cesar, Boyacá, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas.

La idea del primer mandatario fue tema de campaña y ahora que es materia de discusión por parte de la opinión pública parece tomar fuerza, y ya se habla de los territorios que harían parte de este nuevo y eventual ente territorial. Estos serían:  Puerto Berrío, Yondó, Puerto Triunfo, Puerto Nare, entre otros.

 

Según el gobernador Aníbal Gaviria, no se puede buscar fragmentar los territorios, sino que se requiere que haya un trabajo articulado entre departamentos.

“Yo he estado más dirigido a sumar que a fragmentar y por otro lado considero que las voces de esos territorios en el caso de Antioquia nuestro Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Caracolí y Maceo, son territorios que siempre han pertenecido a Antioquia y quieren seguir perteneciendo al departamento”, dijo Gaviria.

 

Transición energética sí, ¿pero no así?

El actual gobierno del presidente Gustavo Petro, y su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, parece tendrán que seguir aterrizando más sus propuestas de transición energética para el país que incluye un proceso durante los siguientes 6 u 8 años como lo han propuesto de forma reiterada ante los medios de comunicación y de acuerdo a los planes de gobierno en materia energética. Así como se espera continúen con la intención de continuar con los actuales contratos de exploración de hidrocarburos.

Pongamos sobre la balanza 2 hechos importantes que se unen en estos tiempos en torno a esta propuesta de transición energética, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el despertar de la humanidad para cambiar poco a poco su demanda de energía producida por combustibles fósiles.

 

La guerra entre Rusia y Ucrania ha llevado a los precios del gas, por ejemplo, a los más altos niveles en Europa ahora debido a que la semana pasada Rusia cortó el suministro que venía pasando por el Nord Stream 1 por temas de mantenimiento. Esto hizo que el precio del Megavatio hora llegara a los 342 euros. En Alemania y Francia se lograron tristemente nuevos records en precios también del Megavatio hora por electricidad, 850 euros en Alemania y hasta 1.000 euros en Francia.

Entonces, ante una evidente escases de este y otro tipo de hidrocarburos y subida de precios en la generación de la energía en el mundo, ¿De dónde saldrá ahora la energía que se necesita para suplir estas necesidades? La guerra de Rusia con Ucrania efectivamente ha logrado poner sobre la mesa la eterna discusión de los hidrocarburos, su oferta, sus precios, su distribución, porque lamentablemente aún no se ha llegado al límite de reemplazarlos por energías alternas en tu totalidad, esto es una realidad. Mas no quiere decir que no se busque esa transición, si de algo pueden estar orgullosos muchos países europeos, es de sus avances en la transición energética. Alemania, entre otros tiene metas muy precisas para cambio de combustibles alternativos y dejar los hidrocarburos en el largo plazo. Dinamarca propone solo vender nuevos vehículos eléctricos desde el 2030, pero hasta que todo esto suceda, el problema de escases y altos precios en la energía, ocasionará inestabilidad en el mundo. Incluso el Estado de California ya aprueba la intención de lograr para el año 2035, venta de automóviles nuevos solo funcionando por electricidad o hidrógeno, igual la iniciativa no piensa prohibir los vehículos a gasolina, los nuevos deberán no ser de combustible fósil, por lo tanto, esa transición será más larga de lo que se piensa, pero sucederá. Para el 2045 California también planea alimentar gran parte de su economía con energía eléctrica, no de combustibles fósiles, actualmente cuentan con 80.000 cargadores públicos, y para el 2030 esperan llegar a 1.2 millones de cargadores eléctricos. Con esto se evidencia el despertar para cambiar poco a poco esa demanda de energía tradicional, es algo, es un avance, mas no es suficiente a hoy, son conscientes que la transición tomará más tiempo.

Con estos planteamientos volvemos a Colombia. Si vemos estos ambiciosos planes en varios países del mundo, ¿qué nos hace pensar en nuestro país que lograremos la transición energética en 6 u 8 años como proponen desde este nuevo gobierno? La guerra entre Rusia y Ucrania puede ser una oportunidad para el mundo con el fin de acelerar procesos de búsqueda de energías alternativas, sumado a la urgencia del invierno que se avecina, esto es claro, pero en el largo plazo, hasta no tener estos reemplazos, el mundo debe seguir consumiendo energía con lo que tiene, los hidrocarburos entre ellos.  En Colombia, el 70% de la energía que se consume proviene de los combustibles fósiles, y del consumo total, el 28% viene del gas. Para lograr ese reemplazo de consumo por una energía alternativa, se requieren mayores inversiones en investigación, infraestructura, entre otros factores, para lograrlo en esos 6 u 8 años que manifiestan. En nuestra región latinoamericana, países como Chile, donde se tiene una excelente fuente lumínica por sus desiertos, ente otros, se ha logrado explotar la energía solar, por ejemplo, llegan a los 23 teravarios /hora con estas fuentes alternativas de energía, lo cual no es suficiente aún para suplir a todo el país, pero ya es un avance. Colombia con sus esfuerzos ha logrado llegar a los 2 teravatios/hora en energías alternas. Claro, el gobierno anterior continuó esfuerzos con el tema de energía solar y eólica, pero no llegamos aún a más de eso, 2 teravarios/hora.

Por lo anterior, hay un camino trazado por la humanidad hacia la disminución de emisiones de CO2, existe voluntad política en este gobierno de Colombia para avanzar en esa transición energética, lo cual es muy valioso, pero se debe tener en cuenta que no tenemos aún el desarrollo, la inversión o la infraestructura suficientes para comprometer un cambio en 8 años, o incluso en 12, como lo han mencionado últimamente en el gobierno. Debemos aterrizar estas propuestas, esta transición, la cual es indiscutible, inevitable, se debe dar, pero como lo hemos mencionado, si hay países más desarrollados, con metas más reales, sería importante que Colombia lograra esa transición también con planes a más largo plazo, y sin dejar por fuera los hidrocarburos, que mal que bien, los debemos seguir consumiendo hasta lograr ese reemplazo serio, real, coherente. Hasta no lograrlo, no podemos cerrar nuestras puertas al gas, al petróleo. Tenemos las hidroeléctricas, pero precisamente depender de ellas ante el inminente cambio climático, renunciando al gas, sería depender de suministros de energía externos que pondrían en riesgo la productividad del país. Depender de países hermanos, por más que se reestablezcan relaciones diplomáticas, tampoco es garantía de futuros recursos de gas si se agotan nuestras existencias. Es positivo apostarle en grande a las energías alternativas, como lo hace Chile, entre otros, de forma creciente, ordenada, más debemos tener en claro nuestras limitantes en este tipo de proyectos de producción de energía alternativa, deben ser más ambiciosos, deben pretender abarcar todo el país, ahí está el gran reto para este gobierno y los siguientes.

Cuando se logre una plena transición, se cambiará a las energías alternativas, el planeta y nuestros hijos, lo agradecerán.

 

@Jack80x

Indicadores del cambio anunciado II

Día tras día seguimos viendo indicios de cambio profundo en el enfoque de la política de seguridad pública.

En las guarniciones militares hay tres estratos sociales: los oficiales, los suboficiales y los soldados. Los dos primeros tienen casinos separados  y los soldados el rancho de tropa.  El 17 de agosto el presidente Gustavo Petro escogió almorzar con 200 soldados en el rancho de tropa del cantón militar de la Cuarta División del Ejército en Apiay (Meta), en vez de irse para el casino de los oficiales. Se captó el momento en un trino de Petro: “Comparto almuerzo con la tropa en Apiay. Las opciones para los jóvenes una vez se retiran del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea”. El gesto del presidente con los soldados lanza un mensaje de empezar a romper con el sistema de castas y élites en la institución militar.

 

Esta acción del presidente me trajo a la mente un recuerdo no muy complaciente. En algún momento de los 80 se desarrollaba el segundo Consejo Verbal de Guerra en la Escuela de Artillería de Bogotá, contra integrantes del grupo insurgente Autodefensa Obrera, ADO, acusados de asesinar al ex ministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas por su supuesta responsabilidad en los hechos sangrientos del Paro Nacional del 14 de septiembre de 1977. En un receso, Eduardo Umaña Mendoza y quien escribe, fuimos sacados del casino de oficiales por soldados -al que habíamos entrado en busca de un café-, porque sólo podían ingresar allí oficiales del ejército. Qué bien que el presidente Petro empiece a romper con esos privilegios de los oficiales.

El 19 de agosto, en la Escuela General Santander de la Policía Nacional en Bogotá,  el presidente aseveró “Que un patrullero o patrullera pueda llegar a ser general de la policía sin costo económico alguno y sí con mucho mérito”. Dos días después, ante las tropas de las Fuerzas Militares, Petro ratificó la posibilidad de reducir brechas económicas en la institución y abrir las posibilidades para los rasos . ¿Por qué no nos damos la posibilidad de que todo soldado llegue a ser general por sus méritos? Si quitamos los costos económicos, el hijo de un campesino se puede volver un general y eso se llama paz». Los anuncios se materializaron el 27 de agosto con el nombramiento en la línea de mando de  la sargento mayor Consuelo Diaz Alvárez en el Comando Conjunto de las Fuerzas Militares.

El 20 de agosto el ministro de Defensa Iván Velásquez, ordenó poner fin a la práctica de la fuerza pública conocida como “las batidas” que pretende incorporar jóvenes, especialmente pobres sin libreta militar, a sus filas. A través de un trino aseveró: El Ejército no puede retener y conducir a ningún ciudadano a cuarteles o distritos militares para incorporarlos al servicio. Es una práctica ilegal que debe ser suspendida de inmediato”. Un “no” rotundo al reclutamiento forzado o coaccionado.

El 23 de agosto la teniente coronel de la policía Sandra Mora fue designada la directora del Fondo Rotatorio la de Policía. A Mora se le destituyó en 1999 por ser lesbiana. Consideró que su salida fue injusta, luchó, y en el 2011 el Tribunal Contencioso del Meta le dio la razón. El fallo ordenó su reintegro de inmediato y el reconocimiento de los salarios y ascensos que no recibió durante aquel periodo. Dijo la oficial que continuará con la  defensa de los derechos humanos y de la comunidad LGBTI en la Policía. ¡Que bueno!

De algo sirvió la Sentencia C-507/99 del 14 de julio de 1999 de la Corte Constitucional, en la cual figuro como actor, que declaró inexequible apartes del Decreto 85 de 1989 del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares. Dijo la Corte “Incluir como falta contra el honor militar el hecho de «ejecutar actos de homosexualismo», comporta un estigma a la opción homosexual y, al mismo tiempo, desconoce aspectos que corresponden a la esfera íntima del individuo, los cuales, si se ejercen en forma responsable y en el estricto ámbito de su privacidad, no tendrían por qué interferir con su condición de militar”. Se hace camino al andar.

También el 23 de agosto, el general Henry Sanabria anunció que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, será una fuerza de “último recurso” y que primará el diálogo a la hora de atender manifestaciones. Añadió que se dejarán de utilizar cierto tipo de armas, y que habrá cambios en los uniformes, las herramientas que usan los policías, y en las tanquetas. El ESMAD ha recibido críticas del presidente Gustavo Petro en el pasaado. El ministro Velásquez ya había dicho que la Policía Nacional “se adscribirá al futuro Ministerio de la de Paz, Convivencia y Seguridad y no hay que inquietarse por eso”.  Al menos 82 personas perdieron los ojos durante el Paro Nacional y 43 muertes. ¡Que horror!

El 24 de agosto el presidente Gustavo Petro posesionó a varios funcionarios entre ellos a Manuel Casanova en la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. El primer mandatario señaló que entre los objetivos que tendrá la DNI será perseguir a los corruptos que quieren hacerle daño a Colombia y no a la oposición como se hizo en otros gobiernos: “El objetivo de la inteligencia de la comunidad de inteligencia del Estado es perseguir la corrupción”, y se garantizará “el respeto, por tanto, de la oposición, de la prensa libre, de la justicia y la ciudadanía en sus derechos en general”.

El 25 de agosto el ministro de Defensa Velásquez, anunció que “los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar el momento específico en el que como una directriz específica se pueda disponer, pero hacia allá es a donde debemos tender”. Se refería el ministro Velásquez a los bombardeos de precisión que las Fuerzas Militares hacen contra campamentos de los grupos armados. Durante el gobierno de Iván Duque, este recurso fue duramente criticado porque por lo menos 29 menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado, fueron asesinados en bombardeos. El anuncio va en sintonía con lo dicho antes por el presidente Petro: “hay que preservar siempre la vida por encima de la muerte”.

Algunos dirán que los anuncios citados no alcanzan a ser una política plenamente elaborada. Seguramente sería útil conocer más detalles. Pero lo cierto es que los anuncios del nuevo gobierno son consistentes entre sí, se refuerzan mutuamente, reflejan mayor atención al bienestar de los soldados rasos, e indican una profunda reorientación hacia la protección de la población civil. ¡Bienvenido el cambio!

 

 

 

Mauricio Toro está listo para ocupar la presidencia del ICETEX

El exrepresentante a la cámara, Mauricio Toro, será el nuevo presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX.

Mauricio Toro fue representante a la cámara por el partido Alianza Verde durante el período 2018 – 2022. Fue profesor universitario, Gerente General de iNNpulsa Colombia. Creo empresas de consultoría y tecnología. Ganador del Premio de Innovación en desarrollo de producto en 2011 en la semana global del emprendimiento. Seleccionado por la Cámara Junior Internacional en el año 2016, como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia.

 

Es especialista en Innovación y Desarrollo de Negocios de la Universidad Externado, magíster en Administración de Empresas del Isead Business School asociado con la Universidad Complutense de Madrid, ganador del premio de Innovación en desarrollo de producto de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros logros.

El excongresista sonó para el cargo de ministro de las TIC y también para manejar la cartera de Comercio Exterior, sin embargo, el presidente Gustavo Petro consideró que el ICETEX es el espacio para él porque su cercanía con los jóvenes es necesaria para entender las preocupaciones de los estudiantes en el país.

Al nombramiento de Toro solo le falta la firma del del decreto de designación por parte del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el presidente Gustavo Petro.